Se dará marcha atrás con cuatro resoluciones de Macri

[BPN-08/02/18] El pasado 27 de enero, Horacio Rodríguez Larreta anunció 14 medidas para bajar las expensas un 20% pero sólo se conoció el contenido de 10. De éstas, cuatro son resoluciones y disposiciones que se ordenaron bajo el mandato de Mauricio Macri de las cuales dos de ellas fueron impuestas por Juan Manuel Gallo durante su gestión como director general de Defensa y Protección de Consumidor porteño.

Otras cinco no dependen de la voluntad del jefe de Gobierno porteño porque deben contar con el visto bueno de la Legislatura en mayor o menor grado: la aprobación del proyecto de ley Consorcio Participativo, la modificación de la Ley Zago ^[1] (Curso del SERACARH ^[2]), la modificación de la Ordenanza 45.593 de 1991 (Limpieza de tanques de agua), la modificación de la Ley 257 (Control de fachadas y balcones) y la modificación de la Ley 2.428 (Vivienda del encargado). Esta dos últimas, son de doble lectura y Audiencia Pública obligatoria por ser modificaciones al Código de Edificación Urbano ^[3].

La 10ª medida anunciada fue la reiteración del ofrecimiento a los consorcios de una cuenta gratuita en el Banco Ciudad.

No se supo el contenido de las restantes 4.

El jefe de Gobierno porteño y el secretario de Atención y Gestión Ciudadana, Facundo Carrillo, anunciaron que para bajar las expensas darán marcha atrás o modificarán cuatro medidas que fueron ordenadas bajo la gestión de Macri:

1.- La racionalización del control de los ascensores que impuso la Resolución 430 de la Agencia Gubernamental de Control en 2013.

2.- La racionalización de la desinfección y desinfestación mensual que ordenó la Disposición 705 por la Agencia de Protección Ambiental en 2015.

3.- Derogación –o modificación- de la obligación del administrador de llevar un Libro de Datos Anuales creado por la Disposición 1.809 en 2013 y cuya obligatoriedad se renueva anualmente mediante las disposiciones pertinentes.

4.- La derogación de la obligación de los administradores de consorcios de gestionar un Certificado de Edificio Seguro creado por la Disposición 5.363 en 2010, derogada y reformulada por la Disposición 411 en 2011 y modificado por la Disposición 1.541 firmada por Edgardo Aoun (sucesor de Gallo en Defensa del Consumidor de la CABA) en 2014.

La primera disposición que Carrillo quiere derogar -o modificar- es la que impuso en 2013 el Libro de Datos anuales en los consorcios (Disposición 1809). Ya su nacimiento había causado cierto malestar porque derogaba tres libros que el mismo Gallo había ordenado poco antes –y que los consorcios ya habían adquirido- e imponía otro que los administradores debían comprar anualmente para cada uno de sus edificios ^[5]. Si bien la certificación de ese y otros libros que son exigidos por el Registro Público de Administradores porteños son gratuitos, el segundo escándalo que lo salpicó fue cuando en enero de 2017 se develó que fabricar un libro similar (el Libro de Propietarios) costaba menos de $ 20 si bien se vendía a un precio que arrancaba de 800 pesos cada uno ^[6].

La segunda obligación de los consorcios que se derogaría sería la de presentar periódicamente un Certificado de Edificio Seguro. Éste fue creado por la Disposición 5.363 en 2010 y, al año siguiente, derogada y reformulada mediante la Disposición 411 ^[7].

El 30 de julio 2014, el Crio. Mayor (R) Edgardo Aoun, sucesor de Gallo, dispuso una segunda versión del Régimen de Certificación de Edificio Seguro mediante la Disposición 1.541. Esta última norma derogó las disposiciones 411, 3.314 y 1.875 (Edificio Seguro I y sus modificatorias) fue publicada en el Boletín Oficial el 4 de agosto ^[7].

---

[1] BPN Nº 471 del 29/08/12: "Los encargados deberán hacer un curso anual en el SERACARH".

[2] SERACARH: Servicio de Resolución Adecuada de Conflictos para la Actividad de Rentas y Horizontal.

[3] Según el artículo 89º y 90º de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires las modificaciones al "Códigos de Planeamiento Urbano, Ambiental y de Edificación" deben ser aprobadas dos veces por la Legislatura (ley de doble lectura) y entre ellas debe producirse una Audiencia Pública obligatoria aunque no vinculante.

[4] BPN Nº 504 del 18/09/13: "Renunció Juan Manuel Gallo".

[5] BPN Nº 472 del 14/09/12: "Gallo dispuso un nuevo libro que reemplazará tres existentes".

[6] BPN Nº 592 del 09/01/17: "Fabricar el Libro de Propietarios cuesta menos de $20".