La 1ª reunión de legisladores de la Comisión de Legislación General

[BPN-22/12/17] El 22 de noviembre se realizó la primera reunión de legisladores de la Comisión de Legislación General para tratar el proyecto de ley de Facundo Carrillo, "Aplicación Oficial Consorcio Participativo", con la asistencia de sólo tres miembros de los nueve que componen esa comisión. Ante la pregunta de un vecino sobre ese hecho, su presidente Daniel Del Sol (Vamos Juntos) le respondió en forma áspera y con evasivas. La reunión se constituyó con la presencia de Diego García de García Vilas (Vamos Juntos) y Clodomiro Risau (PRO).

Sin embargo se "rellenó" de legisladores de otras comisiones. Éstos fueron Carolina Estebarena (Vamos Juntos), Diego Sebastián Marías (PRO) y Eduardo Antonio Santamarina (Vamos Juntos). Estuvieron presentes para defender el proyecto oficial los funcionarios: Vilma Bouza, directora general de Defensa y Protección de Consumidor y Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana.

Lo llamativo fue que no asistieron a la reunión para defender la iniciativa del Ejecutivo tres legisladores que finalmente votaron afirmativamente el despacho de la Comisión: Mercedes de las Casas y Eduardo Petrini de Vamos Juntos; y Roberto Quattromano del PRO.

Tampoco bajaron los que -a la hora de firmar el despacho- no estuvieron de acuerdo con el proyecto: María Inés Gorbea (SUMA+), Laura Enda Marrone (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) y María Magdalena Tiesso (Frente para la Victoria).

Durante la primera media hora que establece el artículo 147º del Reglamento de la Legislatura expusieron su posición sobre "Consorcio Participativo": Lisandro Cingolani en nombre de CASIPH ^[1], Teresa Villanueva en nombre de ACCABA ^[2] y como fundadora de la primera Comisión de Consorcios de la Comuna 2, Andrés Zulberti en nombre de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3 (CCC3), Jorge Martín Irigoyen en nombre de la CAPHyAI ^[3], Jorge Resqui Pizarro en nombre de ReDeCo ^[4] y Alicia Giménez en nombre de UCRA ^[5].

Todos los disertantes –salvo Jorge Resqui Pizarro- estuvieron total o parcialmente en contra de que el Gobierno de la CABA concentre en sus servidores la información privada comercial y laboral de los consorcios y los consorcistas. Resqui Pizarro se limitó a exigir que -para preservar la intimidad de los consorcios- se encripte la información.

Mientras los representantes de las diversas asociaciones del sector expusieron, Facundo Carrillo tomó notas y, con posterioridad, respondió –desde su punto de vista- cada una de las objeciones planteadas.

Pequeñas Noticias acerca a sus lectores una apretada síntesis de lo más importante expuesto por cada uno de los actores en el orden que se fueron presentando.

Estamos acá para manifestar nuestra oposición al proyecto "Consorcio Participativo" y en dos o tres minutos reseñar nuestros motivos. En líneas generales nos oponemos al proyecto porque estamos convencidos de que perjudica a los propietarios, a los administradores, a las empresas que ofrecemos estos servicios y al Estado.

En este proyecto, en realidad, se está obligando a los propietarios y no sólo a los administradores. Cuando los administradores tienen que volcar información que no les pertenece -porque son de los propietarios- hacen de auxiliares del Estado en la distribución de esa información.

El gobierno dice que con esta plataforma se ampliará el uso de las herramientas de Internet y se armonizará el trabajo del administrador de consorcios. Las aplicaciones que hoy existen en el mercado -que ofrecen más de cuarenta empresas- tienen todas y cada una de las herramientas que se mencionan en el proyecto y muchas más que esas.

Nuestras aplicaciones son libremente elegidas, son demandadas y son útiles. Tienen muchísimos servicios y son acordes a las necesidades de cada uno de los consorcios de Buenos Aires, desde consorcios de quinientas unidades hasta de tres unidades.

Actualmente, hay muchos consorcios que tienen la información online, hay muchos que mandan las expensas por mail, otros que usan redes sociales para comunicarse. Es decir, la informatización avanza como avanza en cualquier otra área y lo que está ofreciendo el gobierno no es una modernización porque esa modernización ya está, y está en marcha.

El gobierno habla de transparencia. Desde hace tres años los consorcios utilizan un modelo de liquidación de expensas parametrizado que se expandió gracias a las empresas que proveíamos esas herramientas y desde ya hace varios años está ampliamente difundido el uso de la cuenta bancaria. Lo que se va transparentar con esto no es la información de los consorcios, si no sus datos privados y estamos hablando de opiniones, foros, chats, preferencias de consumo, situación económica y capacidad financiera. Todo esto se quiere volcar en una plataforma única.

Pareciera que el motivo es la recopilación de la información mucho más que solucionar el problema de la inconducta de los administradores cosa que está muy bien que se haga. La aplicación se propone como gratuita y si la hace el Estado no es gratuita, todo se paga.

En principio tengo que decir que este sistema nuevo que se crearía para que nosotros podamos ver qué es lo que hace nuestro administrador no me convence. En primer lugar porque la propiedad horizontal es de nosotros, es privada y nosotros resolvemos lo que nos conviene, lo que queremos y lo que no queremos. La historia es que todo el mundo quiere meterse ahora en la propiedad privada.

Lo único que nosotros pedimos es la representación general y legítima de nuestros consorcios [en paritarias] y eso no lo dan nunca, eso no lo tratan nunca y hace más de sesenta años que estamos a expensas de un gremio voraz y totalmente anacrónico que hace lo que se le da la gana junto a tres cámaras de administradores. Nosotros queremos salir de eso.

Los datos de nuestros edificios son nuestros. Pasamos poco a poco a ceder espacios y derechos que nos corresponden legítimamente. A mí nadie me pagó mi departamento: ni el SUTHER, ni el Gobierno de la Ciudad. La propiedad es mía y yo tengo todo el derecho de manejarla como a mí se me dé la gana.

Entonces, si yo quiero poner un administrador o dos administradores o cambiarlo, lo cambio. La única herramienta que nosotros tenemos en los edificios es la asamblea y la asamblea, si va ser virtual o cómo va ser, también lo decidimos nosotros. Realmente estamos hartos de que nos estén dando órdenes y direcciones.

A ver si nos despertamos de una vez por todas, nos juntamos, que es lo que hace falta, y hacemos fuerza común. Acá nosotros estamos totalmente desprotegidos, no tenemos leyes, no tenemos nada, así que si nos descuidamos alguien se va meter por arriba y no lo vamos a poder sacar más. Porque esto [Consorcio Participativo] no lo sacamos más. Así que yo les pido por favor que razonemos y pensemos un poco. No es posible que nosotros siempre estemos dando y cediendo.

En este proyecto se plantea la obligatoriedad de que el administrador debe cargar los datos de los integrantes del consorcio y los consorcistas. El Estado no obliga al consorcio, obliga a un tercero, en este caso el administrador.

Posteriormente puede existir otro proyecto alocado que diga que al plomero que viene al departamento a arreglar un caño lo vamos también a obligar a que recabe los datos del departamento donde vive ese propietario o inquilino. Así como también al albañil que viene a arreglar una pared o un techo lo obligaran a que recabe los datos de los ocupantes del departamento y así podemos seguir: el albañil, el pintor y el sodero que viene a entregar la soda que por ahí la deja en la puerta del departamento pero cuando yo la abra puede descubrir qué es lo que pasa dentro de mi unidad funcional que es privada.

Se propone como que va ser gratuita y no es gratuita porque de hecho -ya lo mencionó el jefe de Gobierno- el Banco Ciudad va aportar dinero para este aplicativo con lo cual lo pagaremos todos con nuestros impuestos.

También propone -por lo menos los anuncios que hizo el jefe de Gobierno- que el Banco Ciudad nos va dar una cuenta gratis y que esto va beneficiar a los consorcios y que va ser fácil y ágil conseguir un crédito. No sé cómo lo van hacer porque actualmente el crédito para un consorcio está en el cincuenta por ciento anual.

El tema es que cuando salga la plataforma web, ahí es donde está el problema y es el tema de la intrusión del Estado en la propiedad privada de la gente. Yo creo que si esto fuera una programa en lugar de una plataforma web del cual -mediante una reglamentación- el Registro Público de Administradores pide ciertos datos digitalizados podría ser factible. Entiendo que el problema es que se cargan permanentemente planillas y hay un cumulo de información que después no se pueden procesar y no tiene ninguna utilidad. Una cosa es que la información la mande el privado -o sea cada consorcio al Estado- y otra es que el Estado se meta. Acá la tenemos a la doctora Vilma Bouza de Defensa del Consumidor. Hoy por hoy todos los argentinos tenemos grandes problemas en las liquidaciones de las tarjetas de créditos y a nadie se le ocurriría hacer una plataforma web del Estado para controlar el consumo de los argentinos mediante las tarjetas de créditos. Yo lo que creo es que si en esto se trabaja un poquitito más podemos hacer una buena ley que realmente sea bien aceptada por todos los actores de la propiedad horizontal.

El chat es justamente una de las cosas que más sensibiliza. Nos sensibiliza a todos en este tema de Consorcio Participativo porque las cosas que se ponen en un chat sabemos que exceden lo que cada uno piensa. Hay que tener cuidado con esto. Me parece que tener los datos necesarios y lógicos digitalizados va venir bien y aparte también inclusive para empezar a dejar de cazar en el zoológico porque pienso que hoy por hoy los que más están afectando a la propiedad horizontal son aquellos administradores de consorcios que son ilegales, que no tienen una matrícula y sin embargo es muy poco lo que se puede hacer desde el Registro Público de Administradores.

Con respecto al segundo tema que es Consorcio Participativo en lo personal y en lo grupal de nuestra asociación vemos bien la idea. Creo que va en línea con la Ley 941 y también con la disposición 856 de Defensa del Consumidor. Una de las pocas disposiciones que Defensa del Consumidor del año 2010 hasta esta parte ha acertado es la de Expensas Claras

Lo que sí tenemos que hacer son tres salvedades muy concretas y muy claras: uno que la obligatoriedad tiene que ser para los administradores de la 941 donde se pretende insertar este expediente en el capítulo de consorcio participativo, es una ley que controla y regula la actividad de los administradores, por lo tanto la manda a que deba ser obligatorio para los administradores y eventualmente ante ese cumplimiento por parte de los administradores serán los consorcios los que decidan si aceptan o no el uso de esta plataforma.

Después queremos hacer también una salvedad con respecto al tema de los usuarios que se crean a través de esta plataforma, los usuarios indefectiblemente deben ser los propietarios, si los propietarios acceden a autorizar a terceros dentro del consorcio, ya sea inquilinos, personas que habiten ese departamento, ya sea como datarios, usufructuarios, quienes fueran, deberán pura y exclusivamente ser autorizados por los propietarios porque si no se podría generar algunos conflictos de intereses dentro de los consorcios.

Y tercer tema, fundamental es que esto debe ser bajo un estricto encriptamiento, es decir esta información deberá ser manejada pura y exclusivamente por los consorcios, acá el gobierno, el Estado local no tiene nada que ver, es una facilitación en todo caso, si esa no es la idea estamos hablando de algo ilegal, de algo evidentemente rechazable e impugnable y hay que hacer cumplir además claramente la cláusula que establece este proyecto de Ley donde se habla de protección de datos personales y encriptamiento de la información tanto en una cláusula especial como en los fundamentos. 

Estamos de acuerdo con algunas cosas que se introducen dentro de la plataforma y no que la plataforma esté en manos del Estado, esa es la realidad. Nos interesa la transparencia, o sea todo lo que se pueda transparentar dentro de un consorcio, pero dentro del consorcio, entre el consorcista y el administrador sin que haya una injerencia de otra parte que no tiene absolutamente nada que ver, que solamente tiene que estar a cargo del control. Queremos que el Registro Público de Administradores trabaje y que se actualice porque en algunas cosas a lo mejor tienen que modificarse o tienen que acrecentar un poco su personal, pero eso es una cuestión de ustedes.

El problema grave acá es que los consorcistas no conocen la legislación y ni siquiera conocen a veces la legislación común, la que manejamos todos los días en el consorcio: la Ley 257,  recarga de matafuegos, etc. Eso hace que muchas veces los administradores -a lo mejor distraídamente- hagan algunas renovaciones o algunas cosas que no corresponden, eso lo estamos viendo también en los mails que recibimos.

No estamos de acuerdo con el chat. Ni siquiera con ese sistema de dedo para arriba o dedo para abajo. Eso es algo muy aleatorio y no podría ser un indicador fiel a la actividad del administrador.

Y otra cosa muy importante es que dada la brecha generacional, hoy hay muchísima gente que se quedaría fuera del sistema. Hay mucha gente que hoy no accede a Internet y tampoco es lógico -como se dice a veces- que tenga que esperar a que un sobrino, un amigo o un nieto vaya para introducirlo en el sistema. Esto es muy serio e insalvable por lo menos por un tiempo, habría que ver cómo se podría resolver esto 

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[1] CASIPH: Cámara Argentina de Sistemas Informáticos de Propiedad Horizontal.

[2] ACCABA: Asociación de Consorcistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[3] CAPHyAI: Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias.

[4] ReDeCo: Reafirmación de los Derechos del Consorcista.