Desde su inicio secreto hasta su nervioso final

Pequeñas Noticias acerca a sus lectores un resumen cronológico desde el nacimiento de lo que popularmente ya se llama "Proyecto Carrillo" hasta su final.

Es muy difícil determinar con exactitud cuándo comenzó a pergeñarse el proyecto Consorcio Participativo. Algunos aseguran que inmediatamente después de aprobada la última versión de Expensas Claras –que por aquel entonces había sido bautizado Mis Expensas- mientras que otros sitúan su génesis a fines del año pasado. Lo que sí se sabe es que las primeras ideas sus autores las fueron bocetando en el más absoluto secreto y que a fines de 2016, Facundo Carrillo –la cara visible de la iniciativa- comenzó una ronda de reuniones con un grupo selecto de actores tanto del sector de los administradores como de los consorcistas. El pedido de discreción fue de tal tipo que ninguno de ellos blanqueó esas reuniones hasta que lo anunció Rodríguez Larreta y el proyecto de ley ingresó a la Legislatura.

Uno de los primeros en develar que esas reuniones "privadas" existieron fue el Dr. Eduardo Awad, quien contó que mantuvo una reunión en noviembre de 2016 "con funcionarios" de la Ciudad sobre ese tema específico durante su disertación en la 5ª Jornada de Propiedad Horizontal organizada por APARA (Asociación de Profesionales Administradores de Propiedad Horizontal).

Otro hecho fue cuando, en la primera reunión de legisladores de la Comisión de Legislación General, Carrillo señaló con el dedo a la presidenta de una entidad de consorcistas y le recordó que mantuvieron reuniones sobre el tema. Sin embargo a otra, sentada a pocos metros de la primera y con mucha antigüedad en el sector, nunca la convocó. A Pequeñas Noticias le consta que otras contadas entidades de consorcistas también fueron convocadas.

Fuera de este puñado de entidades "privilegiadas", a las demás las ignoró. Como dato llamativo, Carrillo concertó una entrevista para hablar de su proyecto con el presidente de una entidad de copropietarios de muchos años, luego la reprogramó y por último, no lo volvió a llamar.

También habría mantenido conversaciones con representantes –no se pudo determinar si oficiales u oficiosos- de la CAPHyAI ^[2]. Éstos ahora argumentan que el proyecto que expuso Carrillo en ese momento era totalmente distinto al que terminó entregando a Horacio Rodríguez Larreta para que presente en la Legislatura porteña. Con AIPH ^[3], Fundación Reunión de Administradores y APARA ^[4] no mantuvo reuniones. De AIERH ^[5] y UADI ^[6] no hay datos.

Por último, Carrillo habría mantenido conversaciones con un par de desarrolladores informáticos, cuyos titulares tienen aceitados contactos con el Ejecutivo local. Nunca trascendió lo conversado y las demás empresas fueron mantenidas en la oscuridad.

El 13 de agosto de 2017, Horacio Rodríguez Larreta lanzó la bomba: presentó en el lobby de un edificio porteño el proyecto de Carrillo y adelantó que estaría compuesto de dos puntos: primero se iba a desarrollar un sistema informático gratuito, de uso obligatorio para los administradores que concentraría toda la actividad profesional, comercial, societaria y comunicacional de los consorcios y en segundo lugar se iba a disponer que el Banco Ciudad fuera la única entidad financiera habilitada para ofrecer productos y servicios bancarios para los consorcios.

El 5 de septiembre, el Ejecutivo porteño presentó el proyecto de ley que había anunciado 22 días antes. Con respecto a lo anticipado había dos diferencias: en primer término no mencionó absolutamente nada sobre la concentración de los servicios bancarios en una sola entidad gubernamental y en segundo lugar estableció que los administradores iban a tener que dar de alta a los consorcistas en el sistema del Estado, quieran o no quieran, aunque después no lo fueran a usar.

13 días después AIPH inició una campaña en Change.org contra el programa Consorcio Participativo. Expresaron no estar de acuerdo en que el Estado "se meta" en la intimidad y la privacidad de la vida comercial y laboral de los consorcios. Se preguntaron: "¿quién estará haciendo el gran negocio por detrás?" y especularon que no tienen dudas de que "son los mismos de siempre que pretenden manejar absolutamente la propiedad horizontal [...] como la vergonzosa y derogada Ley 5464 (Ley Muñoz)".

El 19 de septiembre, Marcos Bergenfeld, presidente de la Asociación Propietarios de Inmuebles en Propiedad Horizontal (APIPH) equiparó el proyecto de ley para imponer la "Aplicación Oficial Consorcio Participativo" con la derogada "Ley Muñoz" (Ley 5.464) sobre la que había pronosticado: "esa ley nació muerta".

El 9 de octubre, la Sra. Alicia Giménez, presidenta de la Unión de Consorcistas de la República Argentina (UCRA) opinó sobre el nuevo programa "Consorcio Participativo" que "la actual brecha generacional no nos permite entrar en esta suerte de normativas que -independientemente de que haga falta entrar en detalles- son de imposible aplicación".

El 13 de octubre, Sergio Abrevaya, por aquel entonces legislador electo por 1País, aseguró que la Ciudad de Buenos Aires no tiene la facultad de obligar a los administradores a utilizar un aplicativo oficial para realizar las liquidaciones de expensas mensuales. Aclaró también que el "truco de utilizar la Ley 941 para obligar a los consorcios a hacer algo imponiéndole esa obligación a los administradores tiene un límite". Puntualizó que "si el consorcio en una asamblea vota que quiere usar un aplicativo diferente al oficial lo puede hacer porque el Ejecutivo de la ciudad no tiene la facultad para imponerlo".

Ese mismo día, la Sra. Teresa Villanueva -fundadora de la primera Comisión de Consorcios de la Comuna 2- opinó que la concentración de los datos económicos y laborales de los consorcios en la 'Aplicación Oficial Consorcio Participativo’ le hace acordar a la Gestapo. Explicó que los consorcistas no pidieron auxilio a las autoridades sobre este tema y que antes de tomar iniciativas en este sentido se los debió haber consultado. "[Las autoridades] siempre intervienen y se meten en nuestros edificios para solucionarnos cosas que no hemos pedido", aclaró.

El 31 de octubre, el Dr. Gabriel Mormandi, presidente de la Asociación de Propietarios Horizontales (APH) señaló que la iniciativa "Consorcio Participativo" promovido por el Ejecutivo porteño no sólo es "un desastre" sino que es "impracticable".

El primer día de noviembre un grupo de representantes de empresas que se dedican a la prestación de servicios informáticos para consorcios firmaron una carta de intención como primer paso para la constitución de una asociación civil formal que represente y defienda los intereses del sector. Según varias fuentes, a estas empresas Carrillo les había expresado: "Se deberán dedicar a otra cosa". La nueva entidad fue bautizada Cámara Argentina de Sistemas Informáticos para la Propiedad Horizontal (CASIPH).

El 14 de noviembre, Diego Santilli, vicejefe de Gobierno de la CABA, le hizo saber al coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3, que tiene sus dudas sobre el hecho de que se le exija a los administradores que informen los datos privados, comerciales y laborales de los consorcios a través de la "Aplicación Oficial Consorcio Participativo".

Al día siguiente, 15 de noviembre, se reúnen los asesores de la Comisión de Legislación General. Esencialmente se dedicaron a escuchar a las distintas entidades que representan a los administradores, los consorcistas y las empresas de servicios informáticos.

Ese mismo día y casi a la misma hora, el Dr. Eduardo Awad, director del Instituto de la Propiedad Horizontal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal develó que un año antes funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires -que tenían pensado poner en marcha lo que sería la plataforma de Consorcio Participativo- le pidieron su opinión. Textualmente relató: "Me hablaron de asambleas virtuales a lo que yo dije; que es una locura, tenemos un Código Civil de la Nación que habla de las asambleas presenciales y las regula. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no puede ir en contra de lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación".

El 22 de noviembre, por primera vez se reúnen los legisladores de la Comisión de Legislación General aunque sin quórum. Por esta razón la reunión pasó de ser deliberativa a informativa. Un vecino le preguntó al presidente de la Comisión cuántos miembros "genuinos" de la comisión estaban presentes y recibió una respuesta áspera y evasiva. Nuevamente se dedican a escuchar a los representantes de las entidades de los tres grupos involucrados: administradores, consorcistas y empresas informáticas.

El 23 de noviembre el tema toma estado público y salta a los medios nacionales. Télam bajo el título "Trataron en comisión el proyecto de ley de consorcio participativo para la ciudad de Buenos Aires" produce un video de 1:31 minutos en el cual entrevistan a Facundo Carrillo y Lisandro Cingolani quien habla en nombre de CASIPH.

A las apuradas, el 24 de noviembre se reúne, por segunda vez, la Comisión de Legislación General. Luego de escuchar a los vecinos sin decir palabra firman un despacho. Cuando se conoció su contenido se develó que si bien cinco lo aprobaron, cuatro votaron por la negativa. Ya era prácticamente imposible ocultar la grieta existente.

El 27 de noviembre Lisandro Cingolani es entrevistado en vivo por los conductores del programa TPA Noticias que se emite por la Televisión Pública.

El 4 de diciembre la CAPHyAI denunció que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pretende centralizar los datos de la totalidad de los consorcios de la Ciudad en una sola plataforma manejada por el Estado violentando las garantías constitucionales de los consorcistas.

Ese mismo día una secretaria de Facundo Carrillo, confirmó a un consorcista que el proyecto Consorcio Participativo finalmente se había pasado para el año que viene.

También ese mismo lunes, la CAPHyAI se reúne con AIPH, APARA, empresas que brindan el servicio de recaudación automatizada de expensas y representantes de empresas informáticas para intercambiar ideas sobre el Proyecto Carrillo.

El martes 5, Juan Manuel Acosta y Lara sentenció en un programa de TV por cable que Consorcio Participativo significará una sobrecarga de trabajo que redundará en un aumento de las expensas". Irónicamente acotó: "Me están dando una plataforma supuestamente del siglo XXIII y me hacen pasar a un libro del siglo XVII a precios astronómicos que debe llenar el administrador en forma manuscrita" -en referencia al Libro de Datos que año tras año deben comprar los consorcios por alguna razón que no se entiende-.

En ese mismo programa Facundo Carrillo anuncia lo que todo el mundo ya sabía: Consorcio Participativo se pasa para el año que viene.

Sin embargo, al día siguiente no desmintió a Nelson Castro y Paula García en TN cuando afirmaron que al día siguiente se votaría la iniciativa "Consorcio Participativo". Durante el programa también fue entrevistado Lisandro Cingolani quien corrigió a la periodista cuando afirmó que la mayor cantidad de denuncias que llegaban a Defensa del Consumidor eran por consorcios. "El 20% es contra los bancos, el 17% contra las compañías de celulares, el 14% por electrodomésticos y el 5% los consorcios", aseguró Cingolani. Carrillo no contestó.

El jueves 7 a las 14:37 hs. se trató el despacho 694/2017 según un documento que trataba únicamente la duración del mandato del administrador.

El Proyecto Carrillo había pasado para el año que viene 

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[1] El 20 de noviembre de 2015, Fernando Muñoz (Frente para la Victoria) ingresó a la Legislatura porteña un proyecto de ley -bajo el número de expediente 2455-D-2015- para transferirle el control del RPA de la CABA a un Consejo de la Propiedad Horizontal. Trece días después, el 3 de diciembre, la Legislatura aprobó sobre tablas y sin debate parlamentario esa ley que hoy lleva el número 5.464. La conducción del nuevo Consejo estaba compuesta por 11 miembros de los cuales una importante mayoría eran del SUTERH, de las entidades de administradores que firman los Convenios Colectivos de Trabajo y de un pequeño sindicato que agrupa empleados de administraciones de consorcios (SEARA). Poco tiempo después Muñoz fue nombrado por la Defensoría del Pueblo porteño Defensor de los Inquilinos. Finalmente, luego de siete meses, esa ley fue derogada.

[2] CAPHyAI: Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias.

[3] AIPH: Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal AIPH.

[4] APARA: Asociación de Profesionales Administradores de la República Argentina.

[5] AIERH: Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal.