El 66% piensa que se intentará imponer en el recambio legislativo

[BPN-10/11/17] El 66% de los participantes del grupo de Facebook de Pequeñas Noticias piensa que el Gobierno porteño puede intentar aprobar la "Aplicación Oficial Consorcio Participativo" sin debate, durante el recambio legislativo de fin de año.

Existieron al menos tres antecedentes en el pasado inmediato en los que se logró o se intentó hacer aprobar leyes polémicas relacionadas con la propiedad horizontal que no contaban con el consenso de todos o una parte importante de la comunidad consorcial.

Puntualmente la pregunta que se realizó a los integrantes del grupo fue: "Ante el debate generado por la 'Aplicación Oficial Consorcio Participativo'... ¿Ud. piensa que el Gobierno puede intentar aprobarlo sin debate en el recambio legislativo de fin de año como hizo con la Ley Muñoz?".

Si bien muchos encuestados expresaron a este medio que temen represalias por sus comentarios, algunos, a pesar de todo, hicieron saber sus opiniones:

"¡¡¡ Sin lugar a dudas!!! ¡¡¡Si!!!", opinó María Celia.

Otra participante también llamada María consideró: "Yo creo que no van a imponer algo que atenta contra la propiedad privada. Me parece un ‘currazo’ lo de Consorcio Participativo y que nadie lo va a cumplir".

Osvaldo (consorcista) explicó: "Aprobar leyes atentando contra los consorcistas es propio de las maniobras de lo que denominan oficialismo/oposición para sus negociados y enriquecimiento descomunal".

Por último, Daniel advirtió al Gobierno local: "Larreta los consorcios no son tu caja chica", y llamó a reflexionar: "Analicen todos los sellados/tasas que inventó/creó en los últimos años con la única función de incrementar las expensas".

La encuesta comenzó el 20 de octubre y se tomaron los datos el 6 de noviembre.

A modo de antecedente en 2015, antes de que se renueve medio cuerpo legislativo, el 20 de noviembre, el legislador porteño Fernando Muñoz había presentado un proyecto de ley para transferirle el control del RPA porteño a una entidad colegiada que bautizó con el nombre de Consejo de la Propiedad Horizontal. Según la iniciativa, este Consejo estaba integrado en un 63,64% por tres representantes del SUTERH, tres representantes de las tres entidades de administradores que firman los Convenios Colectivos de Trabajo y uno del Sindicato de Empleados de Administradoras de la República Argentina (SEARA) los que suman 7 miembros. El 36,36% restante -cuatro miembros- lo integraba un representante de las asociaciones de consorcistas, otro de las asociaciones de consumidores, otro de la Defensoría del Pueblo local y el último del Gobierno porteño.

Más allá de los porcentajes de todas las entidades nombradas, la de mayor peso político y económico, como para imponer condiciones a las demás, era la del gremio de los encargados. Luego de una encarnizada batalla de la comunidad consorcial para derogar y –en algunos casos modificar- esa ley, finalmente se abolió por unanimidad el 7 de julio del año pasado a iniciativa del Ejecutivo porteño. Luego de esto, Muñoz obtuvo un cargo en la Defensoría del Pueblo de la CABA: el 14 de febrero fue puesto a cargo de una oficina para inquilinos que se creó dentro de la entidad y en la que se mantiene hasta el día de hoy.

En 2013 se produjo un recambio legislativo y el 28 de noviembre de ese año, la Legislatura porteña aprobó un proyecto de ley del legislador Oscar Zago (PRO) que, desde entonces, obliga a los administradores de propiedad horizontal a "exhortar" al personal de cada uno de los consorcios que administra a concurrir anualmente a una capacitación sobre "higiene, seguridad y medidas de prevención contra incendios".

Según su texto dicha capacitación "deberá ser dictada por una institución especializada, conformada por representantes de todos los sectores de la actividad reconocidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a efectos de asegurar la plena representación de la totalidad de los intereses involucrados en la labor prestada en los edificios de propiedad horizontal". Hasta ahora sólo el SERACARH -cuyo órgano directivo está compuesto por representantes del SUTERH y las tres entidades que firman los convenios colectivos de trabajo- está en condiciones de cumplir estos requisitos.

Este año dicho curso le cuesta a los consorcios 1.450 pesos por trabajador. Según el Ministerio de Trabajo de la Nación, durante el primer semestre de 2016 la propiedad horizontal proporcionó 51.128 puestos de trabajo. Si cada uno de esos trabajadores debe realizar el curso, los consorcios porteños gastarán este año más de 74 millones de pesos. Esa cifra asciende a poco más de 4 millones de la moneda estadounidense.

Zago, el 9 de diciembre del año que presentó esa ley, fue nombrado defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El titular de esa entidad es Alejandro Amor, exlegislador del Frente para la Victoria.