Observaciones al despacho de la Comisión de Legislación General

[BPN-23/06/16] El pasado viernes 3 de junio se presentaron dos observaciones al despacho emitido por la Comisión de Legislación General que pretende modificar la Ley Muñoz ^[1]. Por un lado, el legislador Hernán Arce (Partido Socialista) solicitó que se archive el dictamen y que se derogue la ley que creó un Consejo de la Propiedad Horizontal en la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, la legisladora Silvia María Eva Gottero (Frente para la Victoria) pidió que se realicen modificaciones al despacho para aumentar la representación del SUTERH ^[2] en el Comité Ejecutivo.

Cabe destacar que el pedido de Arce fue acompañado por otros cinco legisladores de otros tres partidos: Socialismo Auténtico, Suma+ y la Coalición Cívica. Si todos los miembros de estos bloques llegaran a votar a favor de la derogación de la Ley 5.464 cuando se trate en el recinto, alcanzaría a 11 el número de legisladores que se pronunciarían en pos de la anulación.

En sus observaciones <texto original>, Arce argumentó que la Ley 5.464 "merecía un debate en profundidad con la participación de los principales actores de la actividad", y recordó que "esa norma ha generado el rechazo de distintos sectores de la sociedad".

A continuación, señaló: "los proyectos que proponen la modificación de la Ley 5.464 se limitan a introducir algunos cambios en la integración del Comité Ejecutivo que desatienden la gravedad general que significa la creación misma del Consejo para los miles de consorcistas de nuestra ciudad".

Prosiguiendo con su argumentación, consideró: "no resulta recomendable delegar atribuciones de control que le corresponden al Estado en este nuevo ente, renunciando total o parcialmente a la fiscalización de una actividad".

En otro orden de cosas, vaticinó que "la aplicación de la Ley 5.464 derivará en una desaparición progresiva de las pequeñas administraciones de consorcios".

Por otro lado, según explicó Arce, "el texto del despacho faculta al Comité Ejecutivo a dictar su propio reglamento sin mayores precisiones, habilitando la posibilidad de desvirtuar y ampliar notoriamente sus áreas de incumbencia".

Además, el legislador socialista indicó: "conforme la propuesta de reforma, el Comité Ejecutivo -que es el organismo a ser ‘fiscalizado’- será quien designe a los miembros de la Comisión Fiscalizadora, quien los removerá y fijará el monto de su remuneración, atentando contra el principio de derecho universal que sostiene la independencia de las instancias de control".

Por último, consideró que este Consejo va a traer aparejado un aumento en las expensas porque los administradores van a trasladar sus costos a los honorarios y agregó que por más que el dictamen prohíba esta transferencia -"en la medida en que no exista una regulación sobre los honorarios ni posibilidades efectivas de control- se vuelve una mera expresión de deseo".

La observación de Arce fue firmada también por Roy Cortina (PS), Hernán Rossi (Suma+), Adrián Camps (PSA), Maximiliano Ferraro (CC) y Paula Oliveto Lago (CC).

En primer lugar, en sus observaciones <texto original> Gottero propuso modificar la composición del Comité Ejecutivo del Consejo estipulada en el dictamen de la Comisión de Legislación General: pretende quitarle un representante a las entidades de administradores para que queden sólo con dos miembros y agregarle uno al SUTERH para que cuente con tres representantes.

Además, indicó que los cargos que ocuparán los representantes de las entidades de administradores que integrarán el Comité Ejecutivo "serán rotativos y por plazos iguales". Éstas podrán ser sólo aquellas que están "facultadas para suscribir los Convenios Colectivos de Trabajo".

Según argumentó Gottero, incluyó estas modificaciones en la composición porque "el despacho en cuestión quita representantes a algunos estamentos vinculados a la Propiedad Horizontal sin dar fundamentos suficientes que lo justifiquen. Ello privaría al Comité Ejecutivo y al Consejo en general del pluralismo con que debe integrarse el organismo, y quedaría conformado con una representación dispar".

Es de recordar que el 18 de mayo esta legisladora del Frente para la Victoria presentó un proyecto de ley para modificar la Ley Muñoz y crear una especie de Colegio de Administradores dentro del Consejo de la Propiedad Horizontal <ver nota>. Sin embargo, no fue tenido en cuenta al momento de elaborar el despacho porque Gottero presentó la iniciativa en el mismo momento en el que se estaba llevando a cabo la reunión de Comisión.

Por otro lado, en sus observaciones, la legisladora porteña propuso eliminar la obligación de que los integrantes del Comité Ejecutivo tengan que presentar una Declaración Jurada Patrimonial anual porque "la regulación en esta materia corresponde a la Ley N° 4.895 de Ética Pública de la CABA, razón por la cual no corresponde sobrelegislar duplicando normativa con un mismo objeto".

Por último, propuso quitarle al presidente el Comité Ejecutivo -cargo que ocupará el director general de Defensa y Protección al Consumidor de la CABA- el poder de veto porque "exhorbita las competencias de un estamento sobre otro y violenta la representación equitativa".

Es de recordar que la Comisión de Legislación General se reunió el miércoles 18 de mayo en la legislatura porteña y elaboró un dictamen para modificar la Ley Muñoz <texto original> a pesar del rechazo de los vecinos que pedían la derogación de la norma. Dicho documento fue firmado por cuatro legisladores del PRO: el presidente de esa Comisión, Daniel del Sol; Mercedes de las Casas; María Cecilia de la Torre; y Roberto Quattromano. Este último no estuvo presente en esa reunión. Por su parte, Diego García de García Vilas de Confianza Pública, firmó en disidencia.

Por último, no firmaron otros cuatro legisladores: María Inés Gorbea (Suma+) –que sí participó de la reunión de Comisión- y tres que no lo hicieron: Patricio del Corro (PTS); Eduardo Petrini (PRO) y María Magdalena Tiesso (FpV)

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[1] Ley Muñoz: El 20 de noviembre de 2015, Fernando Muñoz (Frente para la Victoria) ingresó a la Legislatura porteña un proyecto de ley -bajo el número de expediente 2455-D-2015- para transferirle el control del RPA porteño a un Consejo de la Propiedad Horizontal. La conducción del nuevo Consejo está compuesta por 11 miembros de los cuales una importante mayoría son del SUTERH, de las entidades de administradores que firman los Convenios Colectivos de Trabajo y de un nuevo sindicato que agrupa empleados de administraciones de consorcios (SEARA). Poco tiempo después Muñoz fue nombrado Defensor de los Inquilinos porteños. Trece días después, el 3 de diciembre, la Legislatura aprobó sobre tablas y sin debate parlamentario esa ley que hoy lleva el número 5.464.