Cinco legisladores buscan derogar la Ley Muñoz

[BPN-13/04/16] El pasado miércoles 30 de marzo, el legislador Hernán Arce (Partido Socialista) presentó un proyecto de ley en la legislatura porteña para derogar la Ley Muñoz (Ley 5.464) que creó un Consejo de la Propiedad Horizontal en la CABA. A modo de alternativa, propuso que se inicie un debate profundo y participativo porque consideró que la Ley 941, creadora de Registro Público de Administradores, es insuficiente para regular la actividad.

Acompañaron la iniciativa, con su firma, Roy Cortina (Partido Socialista), Paula Oliveto Lago y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), y Gustavo Vera (Bien Común). Cabe remarcar que tanto Arce como Vera no votaron a favor de esta ley el 3 de diciembre pasado cuando se aprobó en la legislatura de la ciudad sin debate y dentro de un paquete de leyes en el marco de un acuerdo entre el Frente para la Victoria y el PRO.

En sus fundamentos, Arce aseguró: "la recientemente aprobada Ley 5.464 -debido a sus implicancias- merecía un debate de mayor profundidad, con la participación de los principales actores de la relación jurídica que se pretende regular para atender sus puntos de vista y sus aportes; máxime cuando en la Ciudad de Buenos Aires existen casi 300 mil edificios ^[1]".

Además, el legislador socialista señaló que "hay varios aspectos de la normativa recientemente sancionada que resultan cuestionables", y afirmó que esa ley "no es adecuada para el cumplimiento de los fines que persigue". Asimismo, citando parte del texto del amparo que presentó a fines de febrero la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) contra la Ley Muñoz, detalló que ésta atenta contra el derecho de igualdad y propiedad.

En otro orden de cosas, Arce advirtió que el incremento de costos para los administradores de consorcios será trasladado "indefectiblemente" al valor de las expensas.

Por último, también se manifestó en contra de la Ley 941: "esta ley y sus modificatorias han devenido insuficientes para la regulación de una actividad compleja -como lo es la administración consorcial- y por eso sostenemos que esta legislatura debe iniciar un proceso participativo que instaure un profundo debate al respecto".

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