"Le decimos NO a la Ley Muñoz"

[BPN-15/02/16] Bajo el título "¿Un Consejo de Propiedad Horizontal en la Ciudad? Le decimos NO", la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) consagró la tapa y ocho páginas interiores de su revista de diciembre Nº 330 a su rechazo a la Ley Muñoz (Ley 5.464). Entre los artículos desarrollados le dedicó algunos párrafos de su editorial; una entrevista a su presidente, el Adm. Daniel Tocco; una nota de fondo en la que se argumentó largamente sobre esta negativa y otra en la que tres administradores opinaron sobre la citada ley.

Según consideró el Adm. Tocco en la editorial de la revista "Propiedad Horizontal", la Ley Muñoz "ha puesto a los porteños, y a la profesión en general, en una posición desigual en su participación en el Consejo de la Propiedad Horizontal, motivo por el cual las decisiones que adopten en ese ámbito recaerán en forma directa en las expensas que pagan los vecinos".

Además, el presidente de la CAPHyAI agregó que desde la entidad desconocen qué intereses produjeron la aprobación de esa ley que no contó ni con la intervención, ni con la consulta de los actores de la propiedad horizontal. "Debemos trabajar duro para corregir esta situación", aseveró.

De acuerdo al presidente de la CAPHyAI, "se trata de una norma muy híbrida. No es un Colegio para manejar la matrícula de los administradores, sino que pretende ser un ente conformado por once integrantes de un Consejo Directivo, de los cuales la mayoría la tiene el sindicato sobre el que nosotros dirigimos a su gente, lo cual a nivel institucional estaría generando una incompatibilidad importante".

En la nota principal que ya se había anticipado en la tapa, la entidad calificó al nuevo Consejo de la Propiedad Horizontal como un "atropello", denunció que se enteraron de la existencia del proyecto de ley pocos días antes de su tratamiento en el recinto y amenazaron con recurrir a la Justicia.

En este marco, la CAPHyAI reflexionó: "lamentablemente, se ha perdido una vez más la oportunidad de hacer algo que realmente sirva al vecino. Los acuerdos políticos evidencian el desconocimiento de lo que votaron y una vez más los invitados de piedra fueron los vecinos de la ciudad y los administradores".

En esta misma línea, se les dio lugar a tres socios de la Cámara para que expresen su opinión en relación a la Ley Muñoz.

El Adm. Gabriel Vignapiano, miembro del Tribunal de Cuentas, opinó que "les quieren plantar por ley un Consejo que la Cámara no comparte". De acuerdo al mandatario, esto les va a demandar mucho trabajo en el 2016 ya que buscarán una salida para neutralizar esta "medida inconsulta" o para que le puedan incluir modificaciones "necesarias para que no perjudique la actividad".

Por otra parte, el Adm. Alejandro Casella, suplente del Consejo Directivo, indicó que se trató de una ley "que salió en forma rápida sin haber contado con las consultas a los idóneos de estas cuestiones, que son los administradores", y añadió: "muy por el contrario de lo que algunas voces dicen, somos nosotros los primeros interesados en que esta actividad se profesionalice para elevar el nivel de calidad del servicio que prestamos".

Por último, la Adm. Adriana Graciela Armenia, titular del Tribunal de Cuentas de la entidad, explicó que "el camino a seguir es la profesionalización de la actividad y por eso debe crearse una carrera universitaria o terciaria. Creo que tenemos que darle otra categoría y un estudio más intenso y profundo a la profesión".

El 20 de noviembre de 2015, Fernando Muñoz (Frente para la Victoria) había ingresado a la Legislatura porteña un proyecto de ley -bajo el número de expediente 2455-D-2015- para transferirle el control del RPA porteño a un Consejo de la Propiedad Horizontal. Trece días después, el 3 de diciembre, la Legislatura aprobó sobre tablas y sin debate parlamentario esa ley que hoy lleva el número 5.464. La conducción del nuevo Consejo está compuesta por 11 miembros de los cuales una importante mayoría son del SUTERH, de las entidades de administradores que firman los Convenios Colectivos de Trabajo y de un nuevo sindicato que agrupa empleados de administraciones de consorcios (SEARA).