Aoun multó mal a otros nueve administradores

[BPN-27/01/16] El Crio. Mayor (R) Edgardo Aoun, director general de Defensa y Protección del Consumidor (DyPC), volvió a multar incorrectamente a otros nueve administradores de consorcios por un monto que superó los 200 mil pesos, por infracciones a la Ley 941 que creó y regula el Registro Público de Administradores (RPA) porteño. Para realizar los cálculos de las sanciones tomó el sueldo de un encargado con vivienda en lugar de uno sin vivienda, tal como lo había hecho recientemente con otros 44 infractores.

Así, durante todo el 2015 la Dirección de Defensa del Consumidor multó a 53 administradores por un total de 1.382.809 pesos.

Hay una notable contradicción que se viene repitiendo en los considerandos de todas las disposiciones que impusieron las últimas multas. Allí se explica textualmente que "el monto de la sanción se fija teniendo en cuenta el salario mínimo de un encargado de edificio sin vivienda de 4° categoría" que es de 9.739 pesos. Sin embargo, en la norma se puntualiza que éste es de 8.286 pesos cuando en realidad ese valor corresponde a los trabajadores con vivienda. La escala salarial de referencia fue la de septiembre de 2015 porque las disposiciones que impusieron las multas fueron firmadas el 1° de diciembre más allá de que se publicaron en el Boletín Oficial el 8 de enero de este año.

Tal como ya lo había hecho en las últimas disposiciones que firmó, Aoun multó a cada administrador con 24.858 pesos que equivalen a la suma de tres sueldos básicos de un encargado de edificio de 4° categoría con vivienda. Sin embargo, si se hubiera tomado el monto correcto, la sanción para cada administrador habría sido de 29.217 pesos.

Tomando las últimas nueve multas impuestas por Aoun, el fisco porteño debería recaudar por este concepto 262.953 pesos en lugar de 223.722. La diferencia es de 39.231 pesos a favor de los mandatarios multados y en perjuicio del fisco.

Cabe señalar que todos los administradores fueron sancionados por no presentar en forma correcta las declaraciones juradas anuales que el RPA porteño exige a los mandatarios de los consorcios conforme al Art. 12° de la Ley 941.

Específicamente, estas nueve multas se establecieron mediante las disposiciones 1.973, 1.974, 1.975, 1.976, 1.977, 1.978, 1.979, 1.980 y 1.981.