AIPH denunciaría al Gobierno porteño por coerción

[BPN-09/04/15] El 1° de abril, la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal AIPH adelantó que denunciaría al Gobierno porteño ante la Justicia por "coerción" al ponerle trabas para que dicte los cursos de actualización para administradores de consorcio. Según la entidad, esta coerción sería por "decir la verdad", por "defender legítimos intereses", por "no aplaudir ciegamente sus locas ideas y dudosas disposiciones" y por mantener "una intensa actividad en contra de distintas normas emitidas por el Gobierno que chocaban y siguen chocando contra la ley, contra la Constitución y contra los intereses de nuestros socios".

En este sentido, AIPH expresó que "quiere creer" que el Crio. Mayor (R) Edgardo Aoun, director general de Defensa y Protección del Consumidor (DyPC) de la CABA, "podrá poner en orden las andanzas de la funcionaria Paula Scauzillo [según ella, a cargo de la coordinación del Registro Público de Administradores (RPA) porteño durante el último año] quien toma con ligereza la repudiable coerción a las que nos somete".

Estas declaraciones fueron plasmadas en la editorial del boletín Nº 166 de la entidad, firmada por su presidente, Adm. Marcelo Ruiz.

En el editorial de su publicación de abril AIPH denunció que el Gobierno porteño "busca asfixiarnos económicamente y a su vez, provocarnos un deterioro institucional a los efectos de que nuestros socios se vean perjudicados y nos abandonen. Es el costo de decir la verdad y defender legítimos intereses. El costo de no aplaudir ciegamente sus locas ideas y dudosas disposiciones".

Según explicó el organismo que nuclea a los mandatarios de los consorcios "éramos molestos y lo seguimos siendo. El perjuicio económico al negarnos el curso era y es muy notorio ya que es la segunda vía de financiamiento de la institución, y el Gobierno lo sabe y lo usa".

"Esta realidad no sólo nos ocurre con el curso, sino también en otros órdenes, como el acceso a la información sin privilegios. Mientras tanto nos preparamos para ir, una vez más, a la justicia", advirtió.

Por otra parte y dirigiéndose a Aoun, AIPH expresó: "aunque en forma directa usted no firma ninguna de las notas mencionadas, está en su ámbito resolver esta irregularidad caprichosa de sus subordinados. Queremos creer que no está en conocimiento de lo que sucede y que podrá poner en orden las andanzas de la funcionaria Paula Scauzillo quien toma con ligereza la repudiable coerción a las que nos somete".

Según rememoró la entidad de administradores, en 2012 el Dr. Juan Manuel Gallo, por entonces director de DyPC, demoró 100 días para autorizarles el curso "mientras que las demás instituciones obtuvieron la autorización sin dilación y sólo pudo resolverse en una reunión privada entre Gallo y el Adm. Adrián Hilarza, por entonces presidente de AIPH".

"Claro que ello no fue casual. Se dio en medio de una intensa actividad de nuestra parte en contra de distintas normas emitidas por el Gobierno que chocaban y siguen chocando contra la ley, contra la Constitución y contra los intereses de nuestros socios", recordó. AIPH.

"Nuevamente nos llegó un ‘Dictamen’, el 15 de diciembre de 2014 (IF-2014-17200376-DGDYPC) con fecha del 2 de diciembre. Se nos solicitaba documentación sobre el curso. El 22 de diciembre presentamos toda la documentación requerida con el detalle completo conforme a la solicitud", informó la entidad y agregó: "como única respuesta, el 23 de febrero de 2015, nos llegó una "Cédula de Notificación" con la referencia DI-2015-45-DGTALCIU. Allí se nos informaban que se derogaba la disposición que autorizaba los cursos y que debíamos presentar -a fin de regularizarnos y dentro de las 72 hs.- nueva documentación adaptada a requisitos novedosos originados en la disposición notificada".