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Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios Zulberti denunció a Defensa del Consumidor en la Legislatura
[BPN-15/09/26] El pasado 20 de agosto, Andrés Zulberti, titular de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3, denunció a la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor ante la Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Legislatura porteña. Zulberti señaló un deterioro en la capacidad operativa, de fiscalización y de resolución de expedientes del organismo frente a denuncias contra administradores por infracciones a la Ley 941 (Registro Público de Administradores). En el marco de los 30 minutos que la comisión debe destinar a escuchar a los vecinos, Zulberti precisó que –según datos oficiales obtenidos mediante pedidos de acceso a la información pública- en 2025 se publicaron 385 disposiciones sancionatorias a administradores en el Boletín Oficial, a razón de 1,6 sanciones por día hábil. Sin embargo, durante el primer semestre de 2026, el número de disposiciones publicadas descendió a 118, lo que representó un promedio de 0,8 diarias, es decir, la mitad. Además, indicó que desde mayo de 2026, tras la asunción del nuevo director, Alejandro Pérez, solo se emitieron 11 disposiciones en 84 días hábiles, lo que equivale a un promedio de 0,13 diarias. Ante este panorama, afirmó que la capacidad de respuesta del área se redujo drásticamente. Asimismo, señaló que los consorcistas ingresan cerca de 7 mil denuncias anuales contra administradores por incumplimiento de la Ley 941. Esta cifra ubica al rubro de la administración de consorcios en el segundo lugar del ranking de reclamos de la Ciudad, solo por detrás de los servicios bancarios y las tarjetas de crédito. A pesar del volumen, la mayoría de los expedientes queda paralizada en el organismo. En relación con el régimen de sanciones, explicó que la Ley 941 contempla la suspensión y la exclusión del Registro de Administradores en su artículo 16. No obstante, el año pasado solo se aplicaron dos exclusiones, motivadas por la presentación de documentación apócrifa ante el propio Gobierno y no por denuncias presentadas por vecinos. Zulberti aseguró que nunca se aplicó una suspensión o exclusión a partir del reclamo de un consorcista, aun cuando existen administradores que acumulan más de 10 sanciones. Finalmente, sostuvo que el Estado local no brinda la debida protección a los consorcistas y solicitó a los legisladores que requieran informes sobre el funcionamiento real de la oficina encargada de aplicar la normativa. |
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