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Registro Público de Administradores porteño

El año pasado bajó el número de nuevas inscripciones

[BPN-15/04/23] Durante el año pasado descendió un 21% la inscripción de administradores de consorcios en el Registro Público de Administradores (RPA) porteño. Mientras que en 2021 se inscribieron 803 nuevos mandatarios, esa cantidad descendió a 631 en 2022.

En total, al último día del año pasado hubo inscriptos 9.463 administradores con matrícula activa de los cuales 4.648 eran varones, 4.618 mujeres y 193 empresas.

Luego de la inscripción masiva del 2003, año tras año se fueron registrando cada vez menos administradores hasta llegar a su nivel más bajo en 2005 con 112 inscripciones. Desde el 2006 hasta el 2017 fue creciendo con altibajos hasta llegar a casi 520 inscripciones. En 2018 la cantidad de inscripciones de administradores creció en un 97% y al año siguiente otro 8%.

La pandemia redujo la cantidad de inscripciones a casi la mitad y si bien en 2021 creció la cantidad de inscripciones en un 16%, como ya se dijo el año pasado bajó un 21%

Cuestión de género

Si bien actualmente hay inscriptos 30 mandatarios varones más que mujeres, esa relación se puede revertir en el corto plazo. Desde 2010 en el RPA se inscribieron en total 300 mujeres más que varones.

Cada vez más erratas

Según los últimos números proporcionados por el Gobierno de la CABA, ya son 26 los administradores inscriptos antes de la sanción de la Ley 941 que creó el RPA porteño el 3 de diciembre de 2022. Siete de los números de registro van del 77 al 99, cuatro van de 135 al 186, catorce del 228 al 279 y el último tiene el número 9.739. Teniendo en cuenta la correlatividad de los números, éste último habría sido asignado con posterioridad a diciembre de 2013.

Impedir que se pueda cargar un número anterior a la sanción de la ley no debería ser complicado para un sistema informático que ya costó a los contribuyentes porteños más de un millón de dólares [ver nota].

Actualmente, el Registro Público de Administradores (RPA) porteño está coordinado por Diego Sarrabayrouse, depende de Defensa y Protección del Consumidor cuya directora general es Vilma Bouza y su superior directo es desde el 1º de agosto de 2021 Julia Domeniconi, secretaria de Atención y Gestión Ciudadana y es dependiente funcional de Eduardo Macchiavelli, secretario de la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial (UPFDT) Envíe desde aqui su comentario sobre esta notaVolver al indice

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