Quieren que los CCT sean aprobados por el Gobierno porteño

[BPN-10/11/17] El 19 de octubre, dos legisladores porteños de SUMA+ presentaron un proyecto de ley para que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intervenga en la homologación de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) con el gremio de los encargados como condición para que sea aplicable en el territorio porteño.

El texto del único artículo del proyecto ordena: "Facúltese al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que a través de la autoridad de aplicación que corresponda, proceda a la homologación de los Convenios Colectivos que comprenden a los empleados u obreros que presten servicios en forma habitual en consorcios de propietarios ocupados en edificios o emprendimientos sometidos al régimen de la Propiedad Horizontal, Ley 13.512 <sic> y sus modificatorias, Código Civil y Comercial de la Nación.

Es de recordar que la Ley 13.512 que dio inicio a la propiedad horizontal en nuestro país ha sido derogada expresamente por el inciso a) del artículo 3º del nuevo Código Civil y Comercial de Nación que textualmente indica: "Deróganse las siguientes normas: a) Las leyes números 11.357, 13.512,..."

El proyecto fue presentado por los legisladores María Inés Gorbea y Marcelo Alejandro Guouman el jueves 19 cerca de las 15 horas y se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales desde el viernes 27 a las 16 hs.

Gorbea explicó: "Motiva el presente proyecto de ley, la imperiosa necesidad de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intervenga en la homologación de las Convenciones Colectivas de trabajo sobre propiedad horizontal que se llevan a cabo en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social [de la Nación] como condición de su aplicabilidad en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Es de suponer que este proyecto traerá más de un dolor de cabeza a los legisladores que lo analicen porque cuando los CCT son aprobados (homologados) por una autoridad nacional, se convierten en virtuales leyes de cumplimiento obligatorio en todo el territorio quedando abierta la pregunta si excepcionalmente una jurisdicción –en este caso la Ciudad- puede decidir no cumplirlo.

Sin embargo la legisladora tomó como eje central de su argumentación el vacío legal sobre este tema que se creó en el momento que la Constitución de la CABA se reservó todos los derechos que la Constitución Nacional no ha delegado expresamente en el Gobierno Federal. En sus palabras expresó: "Se trata entonces de preguntarnos acerca de la real naturaleza y extensión de la facultad de homologación por parte de un secretario del Poder Ejecutivo Nacional, sobre todo porque, conforme a la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ésta se reserva todos los derechos que la Constitución nacional no ha delegado expresamente en el Gobierno Federal".