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Paritarias encargados de edificios

Buscan que las homologaciones se publiquen en el Boletín Oficial

[BPN-15/11/26] El pasado 18 de octubre, Silvia Bercovsky inició una petición en la plataforma Change.org para que la Secretaría de Trabajo publique en el Boletín Oficial, en un plazo no mayor a 72 horas hábiles contadas a partir del dictado del acto administrativo, las disposiciones homologatorias de los CCT 589/10 y 590/10. La iniciativa establece que, si el Estado no efectúa la publicación oficial, el acuerdo no entrará en vigencia ni resultará exigible a los consorcios.

Con el objetivo de visibilizar el reclamo, la profesional redactó un anteproyecto de ley para presentar en la Cámara de Diputados de la Nación. Su propósito es que los legisladores adopten la propuesta o, en su defecto, ingresarla como petición ciudadana respaldada por las firmas recolectadas en la campaña.

Bercovsky anunció la iniciativa el 23 de octubre en el programa de radio y streaming Consorcios 360. El proyecto consta de cuatro artículos, de los cuales uno es de forma [adherir a la iniciativa].

Sus argumentos en detalle

Bercovsky argumentó que el proyecto de ley busca resolver una compleja problemática de seguridad jurídica, económica y laboral que afecta a diario al ecosistema de la propiedad horizontal en la Argentina, al garantizar la publicidad fehaciente de las disposiciones homologatorias de los acuerdos paritarios del sector.

Muchos empleadores y pocos trabajadores

Explicó que, a diferencia de las negociaciones colectivas de otros rubros, las paritarias de la propiedad horizontal poseen un impacto masivo: sus decisiones afectan a millones de personas que habitan en edificios y pagan expensas, a decenas de miles de administradores que deben liquidar haberes en plazos estrictos, y a cerca de 60 mil encargados y trabajadores de edificios en todo el país.

El administrador no liquida sueldos en nombre propio

En relación con sus competencias, la abogada puntualizó que a esta masividad se suma una distinción jurídica y funcional clave: las administraciones de consorcios no liquidan sueldos a título propio, sino en representación legal y bajo el mandato de los consorcios de propietarios, ante quienes deben rendir cuentas estrictas. Toda erogación presupuestaria realizada por un administrador debe contar con documentación respaldatoria. Frente a un incremento salarial, resulta indispensable disponer de una copia del acuerdo y de la resolución homologatoria correspondiente que justifique técnicamente los importes en el recibo del trabajador, los formularios presentados ante el organismo fiscal y las liquidaciones destinadas a las entidades gremiales.

Ineficacia del mecanismo subsidiario

Si bien el marco general de las convenciones colectivas de trabajo (Ley 14.250, Art. 5°) impone a la autoridad laboral la obligación de publicar el texto íntegro de las homologaciones y prevé que las partes puedan difundirlo por su cuenta ante la omisión oficial, la evidencia reciente demuestra la ineficacia de dicho mecanismo en el sector de la propiedad horizontal.

Para respaldar su postura, aportó datos sobre la publicación de acuerdos y homologaciones entre las tres entidades de administradores y el sindicato durante los años 2025 y 2026:

De los 11 acuerdos alcanzados en ese período, la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) anunció en su sitio web la existencia de todos ellos, pero omitió publicar los textos y no notificó las disposiciones homologatorias. Además, la información brindada suele ser parcial: ante incrementos escalonados para varios meses (por ejemplo, agosto, septiembre y noviembre), solo se informa el aumento del mes en curso y se omiten los tramos futuros.

Por el lado patronal, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) informó la existencia de 8 de los 11 acuerdos, facilitó copia del acta en 6 casos y difundió la disposición homologatoria en solo una oportunidad.

La Asociación Inmobiliaria Edificios de Renta y Horizontal (AIERH) no publicó copia de los acuerdos celebrados y sus datos públicos se remontan a mayo de 2025, por lo que omitió información de 9 convenios posteriores.

La Unión Administradores de Inmuebles (UADI) carece de sitio web institucional y mantiene inactivos sus canales informativos desde 2018.

En síntesis, Bercovsky señaló que este escenario fragmentado demuestra que la difusión privada resulta inviable para suplir el deber estatal de publicidad. La falta de documentación respaldatoria oficial genera inseguridad laboral para los encargados, al desconocer los montos exactos de sus haberes; inseguridad económica para los consorcistas, cuyos presupuestos se alteran sin justificación formal; e inseguridad jurídica para los administradores, que deben responder por liquidaciones ante el fisco y los consorcios sin el aval legal correspondiente.


    

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