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Se derogó el Decreto 625 No más DDJJ anuales en el Registro de Empleadores On-Line
[BPN-15/10/26] El pasado 5 de octubre, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, derogó el Decreto 625, que había creado el Registro de Empleadores On-Line, en el cual los empleadores debían presentar declaraciones juradas anuales con sus datos sociolaborales. Entre estos se destacan: la actividad económica de la empresa o establecimiento, el domicilio fiscal, los datos de registración, el CUIT, la cantidad de empleados y establecimientos, el tipo de contrato de los trabajadores y el lugar de residencia del personal. Mediante el Decreto 347 (BO: 7/10/26), al derogar la norma de 2009, Macri dispuso que el Estado no le exija más la carga de este trámite anual a los privados. La administración pública asumió así la responsabilidad de integrar, validar y actualizar la información mediante el intercambio directo de datos entre sus propios organismos. La obligación de llevar un registro de empleadores y la rúbrica de la documentación laboral había sido impuesta por la Legislatura porteña el 14 de octubre de 1999, mediante la Ley 265, que continúa vigente. El argumento central del Gobierno porteño para eliminar la declaración jurada anual se apoya en una regla fijada por los decretos 118/22 y 332/25: las dependencias oficiales tienen prohibido exigir a los ciudadanos o empresas información o certificados que ya obren en poder de otros organismos públicos. Si los datos fiscales o laborales de una compañía ya están registrados ante la administración pública, son las propias oficinas estatales las que deben compartirlos entre sí, sin trasladar el costo ni el tiempo de la gestión al sector privado. Macri resumió sus fundamentos al señalar que corresponde adecuar el régimen vigente al modelo de administración pública digital, interoperable y orientado a la reducción de cargas administrativas. Por lo tanto, la medida constituye una acción concreta de simplificación administrativa, ya que elimina una obligación periódica para los particulares y traslada al Estado la responsabilidad de integrar la información disponible. |
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