Buscan que la Justicia transparente aportes sindicales

[BPN-15/08/26] Durante la tercera semana de julio, el abogado Diego Ernesto Martín impulsó una campaña para promover una acción civil con el propósito de que la Justicia determine si el sistema de recaudación y administración de aportes de FATERyH/SUTERH permite conocer, verificar y cancelar correctamente las obligaciones exigibles. Aclaró que no busca desconocer deudas legítimas, sino obtener certeza jurídica, transparencia y garantizar el derecho de defensa de los consorcios que aspiran a cumplir con sus obligaciones.

La plataforma aludida es el Sistema de Control de Aportes y Contribuciones de la Propiedad Horizontal (SiCayC), mediante el cual se liquidan mensualmente tanto los aportes retenidos a los trabajadores como las contribuciones tributadas por los consorcios en su carácter de empleadores.

En esta etapa, Martín informó que se encuentra reuniendo casos para demostrar que las irregularidades detectadas no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de una problemática que afecta a numerosos administradores y consorcios. Por tal motivo, convoca a participar a todos aquellos que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

- Recibir intimaciones por supuestas deudas sin información clara sobre su origen, composición o cálculo.

- Carecer de acceso a la cuenta corriente histórica completa, a las declaraciones juradas, a los pagos, intereses o imputaciones.

- Afrontar restricciones en el sistema que impiden cancelar un concepto de forma aislada, obligando a regenerar la declaración jurada íntegra o a abonar nuevamente conceptos ya saldados.

- Recibir intimaciones de pago correspondientes a períodos de varios años de antigüedad sin la posibilidad de verificar la documentación respaldatoria.

- Carecer de opciones válidas (código QR, VEP, entre otras) para cancelar deudas de manera espontánea, lo que obliga a contactar al sindicato, gestionar un convenio de pago y afrontar la intervención letrada con sus respectivos honorarios. El abogado argumentó que, ante la voluntad de pago, deberían ofrecerse alternativas directas similares a las habilitadas en ARCA, AGIP y los servicios públicos.

- Afrontar reclamos por períodos en los cuales el consorcio carecía de empleados o por obligaciones regularizadas previamente mediante convenios de pago.

- Imposibilidad de determinar con exactitud el monto adeudado, su método de cálculo o el procedimiento para su regularización.

Señaló también que el 27 de julio presentó una denuncia ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) para que se investigue el caso de un individuo que suscribe diversos convenios de pago de consorcios con el sindicato figurando como "Dr." y presentándose como "letrado apoderado". Explicó que, al realizar la consulta en la nómina pública de matriculados del CPACF, dicho nombre no figura como abogado matriculado.