El Registro Automotor de Acosta y Lara estaría en riesgo

[BPN-15/02/24] El pasado 26 de enero el gobierno nacional inició un procedimiento para revocar las intervenciones vigentes o nombrar nuevos interventores en más de un centenar de registros automotores del país ^[1].

Entre éstos podría estar el denominado "Capital Federal Nº 0422" del que es responsable el Dr. Juan Manuel Acosta y Lara, quien durante los 17 años que estuvo al frente del AIERH (Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal) firmó las paritarias del sector de la propiedad horizontal en nombre de los consorcios de propietarios.

El Registro Automotor del cual Acosta y Lara es encargado se encuentra en el 2º piso de la calle Tacuarí 163 de esta ciudad ^[2].

El 19 de junio de 2022 un medio nacional develó que finalmente Acosta y Lara fue nombrado director y presidente de las empresas Umbra e Imber SA nuevas adquisiciones del Grupo Octubre que pertenece al SUTERH y cuyo titular es Víctor Santa María ^[6]. El dato nunca fue desmentido.

Según Infobae, desde hace tiempo los registros son cuestionados no sólo por ser parte de un sistema burocrático, poco eficiente, costoso y muy complejo sino también porque se lo sindica como una caja política, ya que una parte de las asignaciones están relacionadas con exfuncionarios o familiares directos o indirectos ^[1].

Es de recordar que gracias a un informe de Acosta y Lara señalando que los empleados en relación de dependencia de las administradoras de consorcios fueron entre 259 y 263 trabajadores, Gabriela Pilar Saldivia con poco más de 53 afiliados fue habilitada para solicitar y obtener la personería gremial para SEARA (Sindicato Empleados de Administradoras). Poco después la AFIP informó a Pequeñas Noticias que durante el primer semestre de 2023 los puestos de trabajo relacionados con el sector fueron en promedio 4.563 ^[7].

Ante una intimación formal del Sindicato de Comercio, el AIERH aclaró que el informe "se basó en una estimación realizada sobre el universo de los asociados de AIERH resultado de una compulsa ordenada por el presidente de ese momento [Acosta y Lara] a pedido de la institución mencionada [SEARA] y relativizó sustancialmente su contenido: "No surge en lugar alguno que los datos allí vertidos representen a la totalidad de la Capital Federal, dato que está fuera de nuestro alcance y por ende jamás podríamos haber informado".

Según informó Infobae en Argentina existen 1.557 registros de la propiedad automotor para un mercado que mensualmente realiza unas 180.000 transferencias o inscripciones entre automóviles, motocicletas, transporte pesado y maquinaria agrícola. En 2022 hubo 407.532 operaciones de 0 km, 1.589.000 de usados, 410.955 de motos nuevas y 401.562 de motos usadas.

Agregaron que el sector suma 2.809.049 trámites, un promedio de 150 por mes por cada oficina. Claro que hay registros con mucho mayor volumen por su ubicación y jurisdicción.

Ya en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei llamado "Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina" se estableció que los trámites de inscripción y transferencia de un vehículo se puedan hacer de manera digital y simplificada -con el objetivo de agilizar todo el proceso- directamente ante la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA) que funciona y bajo la órbita del Ministerio de Justicia ^[3].

Dentro de los ejes de su campaña electoral, La Libertad Avanza había puesto en lo más alto de la consideración pública la existencia de los registros automotores al cuestionar el modo de nombramiento de sus titulares incluyéndolos dentro de los privilegios de la "casta política" y enfatizar que forman parte de un sistema que el nuevo gobierno desmantelaría como parte de su reorganización de los organismos públicos. En reiteradas oportunidades, Javier Milei dijo que cerraría los registros automotores y anularía el impuesto de sellos y los aranceles de patentamiento y transferencia de vehículos ^[4].

Raúl Rassadore, titular de un registro y delegado de AAERPA (Asociación Argentina de Encargados) de la regional Santa Fe –defendiendo su fuente de trabajo- explicó a Perfil: "El registro es un ente público de gestión privada. Los encargados accedemos por concurso, tenemos que ser contadores, abogados o escribanos. Y nosotros nos hacemos cargo del personal, de sus aportes, de los gastos de gestión y del material. También prestamos servicio, sin emolumento alguno, a las provincias y municipalidades" ^[5]