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Una iniciativa del senador Roberto Costa Se creó un Registro Público de Administradores bonaerense [BPN-07/01/14] El pasado 17 de diciembre, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó la creación de una Registro Público de Administradores (RPA) bonaerense. La iniciativa, que ya había sido aprobada por la Cámara de Senadores, fue presentada por el senador Roberto Raúl Costa (Frente Renovador) y se espera que en los próximos días el gobernador Daniel Scioli la promulgue. Es de tener en cuenta que hace tres años el senador Costa había propuesto un proyecto de características similares pero en esa oportunidad no prosperó. La Asociación Civil de Consorcistas de la Propiedad Horizontal de Mar del Plata (ACoPH) había apoyado el proyecto de la diputada Graciela Rolandi (FpV) que competía directamente con el del senador Costa. Sin embargo la diputada a la hora del debate en el recinto pidió a sus colegas que acompañen la iniciativa de Costa porque "el árbol no tiene que taparnos el bosque, lo importante es la gente". Por otra parte recordó que "en mayo de 2009, un día de lluvia y después de viajar toda la noche, llegaron dos señoras desde Mar del Plata pidiendo justicia" contra su administrador. La legisladora agregó que a partir de ese momento mantuvo reuniones con los actores involucrados, especialmente con Ana María Huertas, presidenta de ACoPH de Mar del Plata, a la que definió como "una marplatense que peleó tanto que el 26 de marzo de este año fue distinguida como mujer destacada de la Provincia de Buenos Aires por la Cámara de Senadores bonaerense".
Por otra parte, Pequeñas Noticias realizó para sus lectores dos trabajos diferentes: comparó artículo por artículo la sancionada ley de Costa con la Ley 941 que creó un Registro Público de Administradores en la CABA < ver nota> y con el proyecto de la diputada Graciela Mirta Rolandi <ver nota>.La recientemente aprobada ley se presentó bajo el número de expediente E 146 2013 2014 y consta de 23 artículos, de los cuales uno es de forma. Fue ingresada el 18 de mayo de 2013 por mesa de entrada de la Cámara de Senadores. Pasó por las comisiones de "Usuarios y Consumidores", "Legislación General" y "Asuntos Constitucionales y Acuerdos". El 13 de noviembre de 2014 se giró a Diputados y pasó por las comisiones de "Legislación General" y "Asuntos Constitucionales y Justicia". Un camino de idas y vueltas Desde el año 2003 a la fecha, se presentaron numerosos proyectos de ley tendientes a la creación de un RPA en la provincia de Buenos Aires. En principio, en 2003, los diputados Guillermo Luces del Frente Polo Social y Pedro Courtial del FREPASO habían presentado iniciativas en este sentido. En 2006, Magdalena Pesqueira (UCR) elevó también un proyecto para controlar a los mandatarios bonaerenses. Cuatro años después, en marzo de 2010, la diputada marplatense Julia García (Partido de la Concertación Plural) también presentó su propuesta aunque ninguna de estas iniciativas prosperó. Por su parte, en abril de 2011, la diputada Rolandi ingresó su proyecto de RPA. Ese mismo mes el senador Roberto Costa, también presentó una propuesta en este sentido. En septiembre de ese año, la Cámara de Senadores bonaerense la aprobó y la giró a la Cámara de Diputados pero finalmente fue archivada. El 15 de julio de 2011, la Sra. Huertas, actual presidenta de ACoPH y firme impulsora de un RPA en territorio bonaerense, había asegurado que desde la entidad continuarán promoviendo la creación de un Registro. Sin embargo, había considerado que iba a costar "porque hay un grupo de personas que no lo quiere". Un año después, el 13 de agosto de 2012, Huertas consiguió el apoyo de Víctor Santa María, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificio, Renta y Horizontal (SUTERH). Después de muchas idas y vueltas, el 28 de mayo de 2013 los senadores provinciales Costa y Aníbal Julio Asseff (Unión Pro Peronista) presentaron nuevamente un proyecto de ley en el Senado bonaerense para crear un Registro. Por ese entonces, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados debatía el proyecto de ley de la diputada Graciela Rolandi. El 21 de noviembre de 2013, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó un proyecto unificado que -según había informado Huertas- surgió luego de que se consensuaran las iniciativas que presentaron en 2012 los diputados Rolandi –nuevamente- y Rodolfo Iriart (FpV). El proyecto de Rolandi había ingresado el 9 de agosto bajo el número de expediente 1.724/12-13 y el de Iriart había obtenido estado parlamentario el 13 de septiembre con el número de expediente 2.461/12-13. Finalmente, el 13 de noviembre de 2014, la iniciativa de Costa giró a Diputados donde un mes después, el 17 de diciembre, fue aprobada. En esa sesión, la diputada Rolandi le pidió a sus colegas que voten a favor. "Pido a todos que acompañemos esta media sanción del Senado porque el árbol no tiene que taparnos el bosque. Lo importante es la gente y para eso la estamos representando, así que solicito que demos a este tema un final. Mucha gente va a estar muy contenta con este trabajo que hicimos, y que el Senador también hizo", expresó. Fundamentos
En sus argumentos, Costa aseguró que "mediante este proyecto se propicia dotar a una importante cantidad de habitantes de la provincia de Buenos Aires -sobre todo del Conurbano y de las grandes ciudades- de herramientas suficientes para que cuenten con mayor información y posibilidad de control directo sobre la administración de sus consorcios, entendiendo que la falta de control sobre los montos totales de las expensas repercute directa y proporcionalmente sobre los propietarios, como así también la falta de mantenimiento y obras defectuosas, muchas veces negligentemente contratadas". Según explicó el legislador, "la Ley Nacional 13.512 de Propiedad Horizontal -que data del año 1948- no ha sido actualizada, pues su modificación ha resultado siempre controversial. Con lo cual muchos aspectos de la actividad de los administradores de consorcios no están debidamente contemplados en ella, y por lo tanto se ejercen sin norma regulatoria alguna, a discreción o por acuerdos privados o sectoriales entre los actores del sector". De acuerdo al autor del proyecto "la legislación actual faculta al desarrollador a armar un reglamento mediante el cual puede designar al administrador por plazo indeterminado, establecer mayorías que hagan imposible su remoción y el funcionamiento de la asamblea y manejar discrecionalmente los recursos y gastos entre las atribuciones más importantes". "La finalidad inmediata que persigue esta modalidad utilizada por los desarrolladores es -por lo menos- la de manejar el consorcio hasta tanto se desprenda de todas las unidades de su propiedad. Pero sucede que la semilla del mal ya ha sido sembrada y germina con fuerza, ya que aún luego de finalizado el interés visto por el desarrollador, las instituciones legales fijadas en el reglamento quedan y gobernarán la vida del consorcio casi para siempre, porque se armó un mecanismo de mayorías que imposibilita o dificulta en extremo la reforma del reglamento", advirtió. "Esta
lógica que se les impone a los originarios y a los sucesivos propietarios
de las unidades funcionales paraliza al consorcio y fomenta la inversión
de los roles entre el administrador (mandatario) y los copropietarios
(mandantes), a tal punto que estos se transforman en rehenes de
aquellos", concluyó |
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