Traboulsi propuso una reforma institucional y política profunda

[BPN-22/10/26] El pasado 6 de octubre, el exdirector de Defensa y Protección del Consumidor porteño, Carlos Traboulsi, propuso una reforma institucional y política profunda para las direcciones generales de Defensa y Protección al Consumidor. Como primer paso, señaló que deberían transformarse en agencias autónomas con independencia política y financiera, de modo que la continuidad de sus funcionarios no dependa del poder ejecutivo de turno. Agregó que la máxima autoridad de estas entidades tendría que ser elegida mediante el voto popular y rendir cuentas directamente a la ciudadanía al finalizar su gestión. Asimismo, consideró indispensable que el derecho del consumidor deje de ser un asunto meramente burocrático o técnico para integrarse en las plataformas electorales, los debates y los programas de gobierno de todas las fuerzas políticas.

Durante la charla, el exfuncionario relató su trayectoria política previa, los detalles de su llegada a la dirección y las complejidades con las que se encontró. Se refirió a su intento de modificar la Ley 941, aunque no precisó los cambios proyectados. Asimismo, desmintió la existencia de una persecución contra los administradores y explicó los motivos por los cuales evitó aplicar suspensiones o exclusiones masivas a los infractores reincidentes.

Uno de los tramos más llamativos de la entrevista ocurrió cuando Traboulsi afirmó que existen funcionarios actuales del Gobierno de la Ciudad que sostienen que el Registro Público de Administradores no debería existir.

Aunque omitió nombres, indicó que estos sectores argumentan que el Estado no debe intervenir en los conflictos consorciales. Bajo esa óptica, cada consorcio tendría plena libertad para administrarse por sí mismo o designar a cualquier persona como administrador —con o sin capacitación previa— sin injerencia gubernamental.

El exfuncionario rechazó de plano esta postura. Sostuvo que los administradores manejan presupuestos significativos, en ocasiones superiores al de una pequeña y mediana empresa, y recordó que la convivencia en los edificios es cada vez más compleja. Por este motivo, remarcó que el registro debe mantenerse, la profesión necesita jerarquizarse e integrarse a la formación universitaria, y el Estado tiene la obligación de proveer herramientas de control eficaces para los vecinos.

Traboulsi señaló que, al asumir el cargo, orientó su gestión a acercar la dependencia a los vecinos para brindarles contención real frente a sus problemas cotidianos. Su objetivo era transformar el organismo en un espacio de amparo efectivo, más allá del cumplimiento estricto de los trámites burocráticos.

En relación con el Registro Público de Administradores, recordó que al asumir halló un sector demorado y con personal poco valorado. Para ordenar la actividad, impulsó medidas clave como la incorporación obligatoria de un código QR en las liquidaciones de expensas para facilitar el acceso a la documentación respaldatoria. También desarrolló el Manual de Buenas Prácticas Consorciales para prevenir litigios y exigió que los consorcios cumplieran con el plazo de inscripción de treinta días establecido por la ley.

Respecto del régimen disciplinario, reiteró que no hubo una "caza de brujas". Si bien reconoció haber sancionado conductas reticentes o la falta de respuesta ante los reclamos, priorizó las instancias de conciliación previa. Explicó que adoptó un criterio restrictivo al momento de revocar matrículas para no vulnerar el derecho constitucional a trabajar ni perjudicar a los consorcios con suspensiones prolongadas.