Buscan derogar el Curso del SERACARH

[BPN-22/07/26] El pasado 14 de julio, dos legisladores de La Libertad Avanza presentaron un proyecto de ley para derogar la Ley 4.803 (conocida como Ley Zago) y su modificatoria, la Ley 6.004, las cuales imponen una capacitación obligatoria en higiene, seguridad y prevención de incendios al personal de los consorcios. En el sector, esta exigencia es denominada "Curso del SERACARH", debido a que dicha entidad es la única habilitada para dictarlo.

Los legisladores afirmaron que el curso constituye "una carga económica onerosa, redundante y derivada de un diseño normativo que ha concentrado la prestación en un actor central del sistema, con impacto directo sobre los consorcios de propietarios porteños, sin traducirse en una mejora proporcional y verificable de sus niveles de seguridad".

Los autores de la iniciativa señalaron que, de aprobarse la derogación, cesará la obligación de los administradores de consorcios de acreditar la asistencia del personal a estos cursos y ya no deberán adjuntar el certificado respectivo a la declaración jurada establecida por el artículo 12 de la Ley N° 941. Explicaron que, a partir de la entrada en vigencia de la nueva norma, la autoridad de aplicación no podrá exigir dicha documentación y dispondrá de un plazo de sesenta días para adecuar la reglamentación (artículo 2).

Por otra parte, aclararon que la propuesta no altera ni suspende las obligaciones vigentes en materia de higiene y seguridad laboral, prevención de incendios, planes de evacuación, seguros obligatorios y demás medidas de seguridad edilicia dispuestas por la Ley Nacional N° 19.587 y su Decreto Reglamentario N° 351/79, el régimen de riesgos del trabajo (Ley Nacional N° 24.557) y la normativa de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (artículo 3).

El proyecto, que consta de tres artículos (uno de ellos de forma), ingresó bajo el número de expediente 2186 con las firmas de Silvia Imas y Leonardo Saifert, y fue girado a la comisión de Legislación General.

En los considerandos de la iniciativa, los legisladores argumentaron que la protección de la integridad física de propietarios, ocupantes y trabajadores de los edificios ya se encuentra garantizada por otras disposiciones vigentes. En contraste, advirtieron que la implementación de este curso genera costos crecientes cuya eficacia y proporcionalidad en materia de seguridad no están debidamente acreditadas.

Bajo el subtítulo "Una prestación obligatoria altamente concentrada", explicaron que el principal problema de la Ley N° 4.803 radica en su estructura y no en su finalidad. La norma estipula que la capacitación debe ser dictada por una institución especializada y reconocida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. En la práctica, este diseño derivó en una prestación concentrada en el Servicio de Resolución Adecuada de Conflictos para Trabajadores y Empleadores de Renta y Horizontal (SERACARH). Dicho servicio está integrado por las cámaras de administradores del sector y por la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERyH), entidades que también intervienen en las paritarias de la actividad.

De este modo, se configura una concentración fáctica originada por una obligación legal que genera un potencial conflicto de intereses: los mismos actores que participan en la dinámica laboral sectorial perciben, a través de una estructura específica, el arancel de un curso que la propia ley vuelve obligatorio. En los hechos, la obligatoriedad estatal se convierte en la garantía de una renta para una estructura prestacional concentrada.

Los legisladores señalaron además que el impacto económico para los vecinos es significativo. Según relevamientos sectoriales del período 2025/2026, el valor del curso pasó de 70 mil pesos en 2025 a 180 mil pesos por trabajador en 2026, lo que representa un incremento del 157%, una cifra muy superior a las proyecciones inflacionarias de ese lapso. En 2025, el arancel ya había aumentado un 133,3% al pasar de 30 mil pesos a 70 mil pesos. Consideraron que estas variables económicas deberán ser verificadas durante el tratamiento legislativo mediante pedidos de informes a las autoridades competentes.