Haciendo una retrospectiva de la Ley 941 y sus entuertos, nos llaman la atención algunas expresiones vertidas en este boletín por distintas asociaciones, por cuanto alrededor del mes de marzo de 2014, ante la aparición de la Dra. Paula Scauzillo en el Registro Público de Administradores (RPA) -provisoriamente a cargo del mismo por licencia de su titular, la Sra. Gabriela Saldivia- parecía evidente que el RPA sería objeto de algún cambio en disfavor de los consorcistas (y tal vez de los administradores), como efectivamente lo fue.

Este ente no cumplía ni hacía cumplir la Ley 941 (t.o. 3.254 y 3.291), es más: la violaba. Recordemos que las primeras reuniones de la Dra. Scauzillo fueron realizadas con las asociaciones de administradores. UCRA pidió una entrevista para conocer a la nueva funcionaria y en la misma, la Dra. Scauzillo expresó no saber de la existencia de asociaciones de consorcistas.

Durante la entrevista, percibí por parte de la funcionaria cierta falta de conocimientos sobre la propiedad horizontal, lo que fue confirmado con el correr del tiempo (es sabido que jamás aceptó asesoramiento alguno).

Fue así como paulatinamente la ley se desdibujó. La sede del RPA en Patricias Argentinas 277 se cerró sin previo aviso (enviaron un e-mail solamente a los administradores sobre la atención en Maipú 169), por lo cual los consorcistas que se dirigían a la sede de Patricias Argentinas para recabar información o realizar denuncias sobre el incumplimiento a la Ley 941, eran prácticamente "eyectados" hacia las comunas barriales, tratados como consumidores y obligados a realizar "UNA TRAMITACIÓN" que alteraba y altera lo impuesto por la Ley 941.

En la Jornada de Propiedad Horizontal - "Problemas y soluciones para los consorcios", que se realizó en la legislatura porteña el viernes 13 de marzo de 2015, expuso la Dra. Paula Scauzillo y anunció que "se creará un paso intermedio entre la denuncia del vecino y la determinación de la pena a aplicar al administrador infractor". Puntualizó que la legisladora porteña Victoria Inés Roldán Méndez (PRO) presentó un proyecto de ley para "habilitar la conciliación como instancia obligatoria previa a que las denuncias pasen al área jurídica del RPA", con lo cual pretendían blanquear la violación a la Ley 941 que UCRA venía denunciando y que puso de manifiesto durante el desarrollo del acto en la legislatura en marzo 2015. (Ver Boletín de PN Nº 546 del 13/04/14).

Los administradores también sufrieron la molesta presencia de la "funcionaria". Al pie se reproducen las palabras del presidente de AIPH ^[1] respecto del comportamiento de Scauzillo, quien -no caben dudas- fue designada al "cargo interino" (nunca se dio a conocer tal designación) en el RPA para desmantelar todo su andamiaje.

El 3 de diciembre de 2015, a menos de 9 meses de la famosa Jornada del viernes 13 de marzo en la Legislatura porteña, su cometido fue ampliamente cumplido, pues hasta fue votado afirmativamente, a libro cerrado y sorpresivamente, en el mismo ámbito legislativo, el proyecto que dio a luz la nueva Ley del Consejo de la PH en la CABA - Ley 5.464. Fueron 9 meses de gestación y nació la criatura largamente esperada por el SUTERH que contó con el apoyo de nada menos que de 58 legisladores de todos los colores políticos. Entre los 60 presentes, sólo se abstuvieron dos legisladores que quizás pasarán a la historia (por traidores): el legislador por el Partido Socialista, Hernán Arce, y el conocido Gustavo Vera, del partido Bien Común (ex UNEN).

 Al resto le cupo la triste misión de votar afirmativamente el proyecto, tal vez por ignorancia o por "obediencia debida" en la maratónica y fatídica sesión del ya citado jueves 3 de diciembre.

Era la última sesión del año legislativo por lo que había que "liquidar" todo al mejor postor, votando aún en contra del pueblo que los eligió en las últimas elecciones para que velen por sus destinos como ciudadanos. 

Cerraba todo perfectamente. Lo advertimos y pregunto ¿por qué razón ninguna asociación de consorcistas puso énfasis en defender la Ley 941? La que -con todos sus defectos- es mejor que la Ley 5.464 ¿o no? Obvio, había que aggiornar tal ley -con más razón- después de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial. Pero todos callaron ante la franca violación, la que significó una verdadera falta de respeto a los "vecinos consorcistas", total, somos solamente el 80% de la población (y del padrón, o sea, los que votamos, entre otros, a los legisladores "que supimos conseguir").

Por ello, fue muy oportuna la nota del vecino Juan Mauricio Araujo (Boletín de PN Nº 567) en el Correo de Opinión, titulada: "¿Y si nada de esto fue un error?". Muy especialmente en este certero párrafo que dice: "¿Y si durante los dos últimos años lo intervino [al RPA] Paula Scauzillo para acelerar su deterioro y preparar el terreno para lo que se vendría?".

¡Sí, Sr. Araujo, exactamente! Para esto fue contratada, lo dije desde un principio, nadie lo creyó ¿Qué pensaron cuando Scauzillo "cerró" el RPA de Patricias Argentinas por su cuenta y eyectó a los consorcistas a las Comunas, que era como tirarlos a la arena del Coliseo Romano para que los comieran las fieras?

Señores de las asociaciones de consorcistas: ¿ustedes no se dieron cuenta? ¿Cómo llegó el Sr. Araujo a estas conclusiones tan proféticas? Y continua diciendo en su nota: "¿y si cuando pensaron que el terreno era propicio, aquellos que están interesados en quedarse con la propiedad horizontal le pidieron a Muñoz que presente esa ley? (el subrayado nos pertenece). Así es, Sr. Araujo. Festejo que usted se haya percatado desde su óptica lo que estaba ocurriendo con el RPA y obviamente, con la Ley 941, en desmedro de millones de consorcistas. 

Hoy, todas las asociaciones que dicen defender al consorcista, de una manera u otra, se rasgan las vestiduras (los nuevos comuneros también, parece que recién se dan cuenta del riesgo que corremos), clamando por el veto de la Ley 5.464 primero, y por la derogación después, presentando modificaciones a la ley o tratando tal vez de integrar el Consejo de la PH, cosa que puede dar un buen rédito el "poder defendernos" ante las decisiones del resto de los integrantes del Consejo de la PH, no económico pero sí de prestigio.

También lo hicieron las asociaciones de administradores por ser igualmente damnificadas. Pero es útil recordarles que ante la sanción de la Ley 941 -y su posterior modificatoria, la Ley 3.254- no titubearon en presentarse ante la Justicia pidiendo la inconstitucionalidad de la norma, recursos de amparo, etc. O sea que tampoco estuvieron conformes con estas leyes que, como dije, necesitan un aggiornamiento, pero no hubiéramos llegado, tal vez, a este bochorno de ser avasallados por el gremio SUTERH, que lo único que debe hacer es ocuparse de los encargados de edificios, sin someternos a su permanente arbitrio. También deciden sobre nuestros empleados y ni hablar de las absurdas paritarias que "debemos obedecer" (con nuestros bolsillos).

A esta altura de las circunstancias, podemos decir que por iniciativa de un grupo de consorcistas, algunos "fervientes comuneros", nos hemos reunido para "la foto" -como se dice comúnmente- pero la realidad es que tal iniciativa no tuvo el éxito esperado.

Algunos creen que los consorcistas tenemos problemas por ignorancia. Es cierto, eso puede ocurrir, pero "tirarles" las leyes y decirles que "estudien, que no sean ignorantes" y con ese débil conocimiento pretender que asistan a las asambleas o ejercer controles, por ejemplo, pero no solucionarán problema alguno.

Es una postura totalmente divorciada con la realidad (por desconocimiento, obvio), porque creer que conociendo la incorporación de la "Propiedad Horizontal" en el Código Civil y Comercial y las leyes que puedan regular la actividad del administrador, ya están en condiciones de torcer la problemática que sufren en sus consorcios, es un craso error. Todo es más complejo.

Tal vez el nacimiento de la Ley 5.464 nos dé la oportunidad de romper el cascarón y ver la luz, la que también puede servir para iluminar a los funcionarios que con tanta ligereza cargan sobre las espaldas de los propietarios-consorcistas todo tipo de obligaciones, olvidando que también los mismos tenemos la obligación de votar en las próximas elecciones legislativas y será el momento de devolverles los favores recibidos.

Los funcionarios no deben olvidar que los tiempos han cambiado y ya no estaremos dispuestos a ser pasto de intereses políticos y/o gremiales que puedan seguir ahogando la calidad de vida en los consorcios. Estamos transitando una etapa que consideramos definitoria, se avecina un amanecer que esperamos desde hace mucho tiempo y ya está llegando. Les pedimos a los consorcistas que nos acompañen en este nuevo camino por transitar. El hartazgo no nos va a paralizar, todo lo contrario

---

[1] En este sentido, AIPH expresó que "quiere creer" que el Crio. Mayor (R) Edgardo Aoun, director general de Defensa y Protección del Consumidor (DyPC) de la CABA, "podrá poner en orden las andanzas de la funcionaria Paula Scauzillo [según ella, a cargo de la coordinación del Registro Público de Administradores (RPA) porteño durante el último año] quien toma con ligereza la repudiable coerción a las que nos somete".

"Estas declaraciones fueron plasmadas en la editorial del boletín Nº 166 de la entidad, firmada por su presidente, Adm. Marcelo Ruiz".(Boletín de PN Nº 546 del 09/04/15)