Señores Pequeñas Noticias:

Me dirijo a ustedes en mi doble carácter de consorcista afectado y abogado (Mat. Tomo 150, Folio 537), con el objeto de acercarles una problemática de profundo interés general que afecta el derecho a la información de millones de vecinos en la Ciudad de Buenos Aires.

Recientemente, el Gobierno de la Ciudad, a través de la Disposición Nº 3644/DGDYPC/26, derogó de forma absoluta el Manual de Buenas Prácticas Consorciales. Esta herramienta obligaba a incluir de forma digital (mediante un simple link o código QR) un compendio con los derechos y obligaciones de los propietarios en las liquidaciones de expensas.

Como profesional del derecho, reconozco abiertamente que el manual anterior presentaba imprecisiones técnicas que debían ser revisadas. Sin embargo, el camino correcto ante una norma perfectible es su mejora, jamás su eliminación total. La decisión de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del GCABA golpea directamente a la transparencia basándose en argumentos insostenibles:

Afectación directa al derecho a la información: Al hacer desaparecer el manual, se despoja a los copropietarios de un acceso público, ágil y unificado que listaba sus derechos frente a la gestión del consorcio, provocando un grave retroceso institucional en los estándares de protección del consumidor.

Inexistencia de una carga real: El Gobierno argumenta que elimina el manual para "simplificar las cargas de la actividad". En la era de la digitalización, mantener un enlace web o un código QR estático en una plantilla digital de expensas demanda un costo y un esfuerzo totalmente nulo. No se justifica técnicamente eliminar el derecho a saber para favorecer la comodidad de quienes gestionan la administración de los consorcios.

Inversión de prioridades (Favor Debilis): El organismo estatal creado por ley para defender a los ciudadanos decidió anteponer la comodidad operativa de los administradores por sobre el derecho constitucional a la información de los consorcios, que somos la parte más débil de la relación.

Desproteger deliberadamente a los ciudadanos bajo el burdo pretexto de "aliviar tareas digitales" vacía de contenido los principios consagrados en nuestra Constitución Nacional. El organismo que debe defendernos no puede convertirse en el facilitador de un apagón informativo. Es imperioso que este tema trascienda los intereses de la corporación de los administradores y abra un debate urgente y profundo en la sociedad sobre el rumbo de nuestros derechos como ciudadanos y consumidores.

Atentamente,

Eduardo Ungerer

Abogado

Mat. Tomo 150, Folio 537

Palermo, CABA