Está mal el trabajo esclavo y también está mal que esa persona cobre 5 mil pesos, que es menos de la mitad de la canasta familiar. Yo creo que cuando se plantean este tipo de cuestiones tenemos que tratar de sacar la idea de que es un conflicto entre trabajadores y ver dónde está la verdadera raíz de la cuestión.

En el caso de los consorcios, hay un aspecto que tiene que ver con lo estrictamente salarial. Indudablemente un trabajador de edificio de propiedad horizontal debe ganar el mejor sueldo que pueda. Tiene todo el derecho a ganar la canasta familiar y nosotros apoyamos completamente ese reclamo. El consorcista como trabajador también tiene ese derecho en el lugar donde le toque trabajar. Si él no gana la canasta familiar, no es justo que se pretenda trasladar esa insuficiencia salarial al portero.

En lo que sí deberían estar juntos, tanto consorcistas como porteros, es en defender un salario justo para todos y también en detectar los costos empresariales -no laborales- que existen en esta actividad. La estructura de administración de consorcios se ha concentrado fuertemente en los últimos años. Existen fuertes conflictos entre consorcistas y administradores porque muchas veces se despliegan gastos que terminan escapando del control del propio consorcista y se construyen beneficios económicos extraordinarios sobre la base de esos manejos y de toda esa concentración económica.

Luego hay que poner la lupa en la defensa completa del trabajador de propiedad horizontal. Sin embargo, también hay que poner la lupa en determinados gastos o costos que no refuerzan al trabajador de propiedad horizontal sino a un aparato sindical. Una estructura que -por ejemplo- en la Capital Federal cumple otras funciones de carácter político. En este punto, trabajadores de propiedad horizontal y consorcistas deberían estar atentos a lo que pueden constituir gastos absolutamente innecesarios.

No hay que aceptar un falso conflicto que no es tal porque estoy seguro que no es el salario del portero el que termina inflando innecesariamente las expensas comunes. Luego hay situaciones que deberían dar lugar a otro tipo de reflexión como -por ejemplo- el problema de los consorcistas jubilados que es muy grave.

CGR: Los encargados y los consorcistas -que trabajan en relación de dependencia- tienen sus paritarias anuales pero el único que no tiene paritarias es el jubilado. Acá la gente trabaja toda la vida para tener su departamentito, una obra social y en este momento, tal vez, la vivienda de toda la vida peligra porque las expensas están caras. ¿Cómo se resuelve esto?

MR: Yo estoy trabajando en un proyecto para constituir un fondo de la ciudad para el sostén o eventual subsidio al jubilado consorcista porque es un problema gravísimo. Me ha llegado acá el tema de los gastos de los consorcios que suben con el índice de inflación y la peculiar movilidad jubilatoria. Me han llegado situaciones de juicio por expensas que tienen que ver con la situación de los jubilados.

El de los consorcios es un drama muy importante porque está el jubilado y después está el trabajador precarizado, en negro, el cuentapropista, los pequeños monotributistas y todos lo demás. Ahí debe buscarse una solución en un debate muy a fondo.

CGR: ¿Cómo sería?

MR: Yo me imagino que el jubilado se pueda presentar, explicar su situación y que se establezca algún mecanismo. Habría que hacer un censo y establecer un mecanismo de sostenimiento para que la ciudad lo ayude. La idea es crear un fondo especialmente para esto. Que lo tramite el jubilado o que el administrador se presente directamente al Estado planteando que hay jubilados en su consorcio que cobran la mínima. En los barrios vienen jubilados a los locales en estado de desesperación por el problema de las expensas.

En la ciudad se ha producido una valorización inmobiliaria muy fuerte relacionada con fenómenos especulativos, todo lo que tiene que ver con inversiones en propiedades suntuarias. Eso ha llevado a elevar todos los gastos relacionados con la vivienda, incluyendo también las expensas, el ABL, etc.

La ciudad gana con la valorización inmobiliaria y sus ingresos aumentan con ese proceso. Una porción de la población está siendo seriamente perjudicada por esta situación pero si la ciudad percibe una renta extraordinaria por esto, la puede redirigir a donde se está sufriendo gravemente.

CGR: Las paritarias entre encargados y consorcistas se triangulan. El que discute las paritarias no es el que las paga, es el administrador. ¿Cómo se resuelve este problema?

MR: Yo creo que debería haber un mecanismo de participación más directa del consorcista pero no lo veo simplemente en relación a la paritaria sino al conjunto de los gastos.

CGR: ¿También frente a la ciudad cuando establece normas para los consorcios?

MR: Debería haber una intervención más directa y eso ayudaría también a desmitificar esta idea que se construye de que las expensas aumentan porque el portero gana mucho. Esa es la idea que se alimenta todo el tiempo, incluso por grupos de administradores que patean la pelota para ese lado y no hacia sus propias subcontrataciones, sus propios gastos y todo lo demás.

Como principio general ayudaría a que se vean realmente cuáles son los verdaderos costos del mantenimiento y de la administración de la propiedad horizontal que no están regidos simplemente por el aumento.

CGR: ¿Por qué razón esta gestión de Gobierno de la ciudad puede no estar interesada en que el Registro Público de Administradores funcione bien?

MR: Creo que es un denominador común de muchas otras cosas. En todo lo que tiene que ver con el sistema de habilitaciones, control de habilitaciones, control de industrias, comercios y seguridad e higiene laboral en distinto tipo de actividades, las deficiencias son enormes y lo tenemos a la vista con hechos que se han demostrado. Como parte de esto, yo creo que en el tema de administración de consorcios hay un doble estándar: por un lado la vía libre, los sobrecostos extremos a costa del consorcista y por otro lado, otra vía libre a una reducción de costos por debajo de la alfombra. No controlar demasiado, no obligar al registro a todo el mundo, para que si hay que reducir costos, que se reduzcan de una manera relativamente oculta.

En la ciudad había inclusive una normativa para peritos de verificación de obras que el macrismo desmanteló. Yo fui la semana pasada a un edificio en la calle Virrey del Pino con gravísimos problemas que ahora se están reparando pero la sensación que yo tuve es que ahí se vivió en la cornisa.

CGR: ¿En ese momento la ciudad no controló?

MR: Cuando la situación estalló y el edificio se quedó sin gas. Frente a la crisis se intervino. Está la idea de dejar hacer. Creo que también hay un proceso de concentración en el negocio de la administración de consorcios. Se están formando grupos importantes, pulpos. Cuando eso ocurre, el manejo de las compras, las contrataciones y todo lo demás tiende a escapar del control del consorcista.

Creo que tiene que haber una intervención estatal compensadora de los gravísimos desequilibrios que se han planteado en los últimos años. Yo señalé el tema de la valorización inmobiliaria pero hay otro tema que habría que estudiar. La saturación de propiedad horizontal en ciertos barrios también elevó el costo de mantenimiento de edificios, por ejemplo, las bombas de agua más potentes. En Caballito de pronto te podés quedar sin agua simplemente porque te pusieron una torre. Hay un crecimiento de los costos relacionada con esta saturación urbana.

A la ciudad todo esto le ha implicado dinero. El presupuesto de la ciudad está cerca de los 10 mil millones de dólares. Hace 15 años era de 4 mil millones de dólares. No hubo una inflación tan grande en dólares. La ciudad tiene ese dinero y este es un tema que hace a la vida cotidiana de muchísimas personas entonces tiene que haber una intervención.

Pensé empezar por los jubilados y luego por supuesto establecer mecanismos de control sobre distintos gastos que -a medida que hay una concentración en el negocio de la administración- se escapan del control. La concentración económica va a llevando a ese tipo de fenómenos. Además, actúan como formadores de precios.

CGR: Estos controles que se están haciendo -por ejemplo- con las instalaciones fijas contra incendios, con los matafuegos, los ascensores, etc. ¿tienen que estar en manos de privados?

MR: Se traslada al consorcista una cantidad de costos que en el fondo forman parte de la administración corriente de la ciudad. La ciudad debería tomar los temas de seguridad en sus manos porque nosotros pagamos para eso.

El 99% de los ingresos de la ciudad están formados por impuestos que pagan los vecinos y los asalariados, las personas que viven en la ciudad. No existe el impuesto al capital radicado en la ciudad. El sistema impositivo de la ciudad es el más regresivo que se pueda concebir porque todo está sostenido en Ingresos Brutos -que lo terminamos pagando cuando compramos cualquier cosa-, patentes, ABL, multas y ahora podríamos agregar el juego como impuesto no declarado a la desesperación popular. Es decir, la persona que no llega con el sueldo y se va al bingo, al tragamonedas o al casino. También es un impuesto a pesar de que la ciudad recauda muy poco por él. Todo el sistema impositivo está fundado en este tipo de impuestos.

A modo de ejemplo, el movimiento por cliente de una cuenta corriente en un banco ubicado en Diagonal y Florida no es el mismo que en el centro de Berazategui o de Marcos Paz. La ciudad no percibe ingresos por ese tipo de movimientos y entonces todo el sistema económico está basado en el tipo que trabaja, paga el ABL, paga Ingresos Brutos, consume, toma el subte, etc. y encima esta tercerización de los controles constituye otra carga económica más.

El valor de alquiler de los PH en la ciudad de Buenos Aires tiene internalizado el costo de oportunidad de la expensa. Si el valor para alquilar un PH en CABA fuera de 4 mil pesos, te piden 5 mil porque no tiene expensas, es decir que el valor de la expensa está internalizado