Nido de...

[BPN-06/10/16] El Adm. Jorge Hernández, presidente de Fundación Reunión de Administradores, denunció que el crecimiento del protagonismo de las comisiones de consorcios de las comunas porteñas es "puro verso", es "pura opinión". Detalló que en ese ámbito "son todos intereses sectoriales, gente que está buscando otras cosas", y agregó que todos tienen intereses corporativos porque pertenecen a la corporación de una profesión, o a una política, o sindical. Calificó que es una cueva de acomodos políticos y especificó que "sirve nada más que para eso, para hacer política". Por último remató que las comunas son "un nido de..." y sin terminar la frase finalizó: "dejémoslo así".

De esa forma opinó sobre la información publicada por este medio que develaba que el 53% de las comunas porteñas cuentan con comisiones de propiedad horizontal dependientes de sus respectivos consejos consultivos [BPN Nº 585 del 21/09/16: "Consorcistas porteños: Crece aceleradamente su protagonismo en las comunas"].

Estas declaraciones las realizó durante el primer bloque del programa de radio Nº 1.707 del 30 de septiembre de 2016 que se trasmitió por Radio Amadeus Cultura Musical (FM 104.9) a las 17 hs. Lo acompañó en la conducción la Adm. María Teresa Vanzini.

[...]

María Teresa Vanzini: A ver, por ejemplo, ¿sabés qué tengo? Algo que escuché, que leí: el crecimiento del protagonismo en las comunas. ¿Vos sabés que dicen que el 53% de los concejos de consulta <sic> cuentan con una comisión de propiedad horizontal? A mí me llama la atención.

Jorge Hernández: Sí, yo te digo: es puro verso. Estos se juntan en un café y ponen 53%, si les vas a pedir a ver muéstreme de donde surge el 53%, es opinión, pura opinión.

MTV: ¿Te acordás cómo, en una reunión, la otra vez, estaban tratando de juntar votos para una comuna? Si todo es así…

JH: Sí, porque es verso tras verso, digamos. En realidad, no hay ninguna estadística ni nada por el estilo. Es como las mediaciones...

[…]

MTV: ¿Vos querés decir que esto tiene que ver... estás haciendo una comparación con lo que sería las comunas, los concejos de las comunas o algo así?

JH: Mirá, dicho por -no puedo nombrar a las personas porque las comprometería y no me interesa- pero no tenemos gente para tratar tema de propiedad horizontal en las comunas. Son todos intereses sectoriales, son gente que está buscando otras cosas pero en propiedad horizontal nos crean cada problema... No tiene idea usted Hernández de los problemas que nos crean los que quieren decir que van a resolver los problemas en los consorcios. Esta es la verdad y son conscientes de que no tienen gente capacitada para resolver temas comunitarios, no sólo de propiedad horizontal sino temas comunitarios, de vecindad. No hay... Todos tienen intereses, o corporativos -porque pertenecen a la corporación de tal profesión- o corporaciones políticas, o corporaciones sindicales. Las comunas son un nido de... dejémoslo así. […] Lo que se pensaba que iba a ser una solución es una cueva de acomodos políticos, sirve nada más que para eso y para hacer política, no sirve para resolver los problemas de los vecinos. Sino que por favor me asfalten la calle donde yo vivo, que vas con el auto y estás dejando un guardabarros cada vez que agarrás un pozo [...] ¿No saben que el adoquín destroza los autos? ¿Que no podés caminar? ¿Que las mujeres se tuercen los pies porque cuando van con tacos un poco altos pisan un adoquín y se van al demonio? ¿Qué no lo saben? ¿No lo ven?

El RPA se podría subdividir en tres áreas

[BPN-06/10/16] Vilma Bouza, directora general de Defensa y Protección del Consumidor porteño, adelantó que el Registro Público de Administradores (RPA) se podría subdividir en tres áreas: "Informes y estadísticas", "Control de documentación" y "Jurídica".

Por otra parte, eludió precisar si Gabriela Pilar Saldivia, sigue al frente de esa repartición y, ante la pregunta puntual, explicó que "dado que el registro se encuentra en pleno proceso de reorganización todavía no contamos con la estructura definitiva aprobada ni con los agentes designados para tales cargos". 

En otro orden de cosas, Bouza reveló que hay 300 expedientes pendientes de resolución y prometió que "serán resueltos a la brevedad por entender que la protección al vecino y el control del cumplimiento de los derechos amparados por la Ley 941 son los objetivos primordiales del RPA".

Por último, explicó que "el Registro no cuenta con una base de datos propia de administradores sancionados. No obstante esta Dirección General lleva un registro de las disposiciones sancionatorias aplicadas a los mismos, las cuales pueden ser consultadas en caso que sea necesario requerir antecedentes".

Esta información la brindó la directora general de Defensa y Protección del Consumidor porteña en respuesta a tres preguntas que le realizó el coordinador de la Comisión de Propiedad Horizontal de la Comuna 3, Gerardo Andino <texto original>.

Los cursos de inscripción y renovación bajo la lupa legislativa

[BPN-06/10/16] Tres legisladores porteños solicitaron al Gobierno local que informe sobre el mecanismo de otorgamiento de los permisos para dictar los cursos de renovación e inscripción que exige el Registro Público de Administradores (RPA), su padrón completo, los requisitos exigidos, aspectos de su plan de estudios y el cupo máximo de instituciones autorizadas.

En tal sentido, el 1 de septiembre, Diego Mariano García De García Vilas y María Graciela Ocaña (Confianza Pública), y Natalia Fidel (Suma+) presentaron un proyecto de resolución que actualmente se encuentra en la comisión de Legislación General. De ser aprobado, el plazo para informar los datos exigidos será de 30 días.

El proyecto se presentó el 1º de septiembre, contiene dos artículos de los cuales uno es de forma e ingresó con el número de expediente 2789-D-2016 (103857).

Puntualmente, de ser aprobado, los legisladores solicitarán:

1.- que se detalle cómo es el proceso de otorgamiento de permisos a diferentes instituciones para brindar los cursos que prevé la Ley 941,

2.- se detalle nombre y dirección de las registradas a la fecha,

3.- se indique cuáles son los requisitos que exige el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las instituciones que quieran brindar el curso oficial para ingresar o renovar la matrícula del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal,

4.- se especifique si exige contenido y carga horaria determinada y

5.- se señale si existe un cupo máximo de instituciones autorizadas para dictar los cursos.

Los autores del proyecto explicaron que "el objeto del presente proyecto de resolución es obtener información acerca de las exigencias requeridas a las instituciones que brindan cursos de formación destinados a quienes aspiren a desempeñarse como administradores de consorcios en la Ciudad de Buenos Aires.

"De lo publicado en www.buenosaires.gob.ar/formularios-y-descargas se desprende que existen 36 instituciones en las que se puede realizar el curso requerido para ingresar al listado o renovar el certificado. Figuran entre ellas universidades públicas y privadas, asociaciones civiles, fundaciones y estudios jurídicos.

Un administrador y abogado costarricense

[BPN-06/10/16] Pequeñas Noticias entrevistó a Ignacio Alfaro, abogado y administrador costarricense. Conversando sobre Propiedad Horizontal y a lo largo de 12 preguntas develó algunos aspectos muy interesantes que son específicos de ese país centroamericano mientras que otros son llamativamente coincidentes con aquellos que se viven en nuestra comunidad consorcial.

Ignacio Alfaro: Un cliente del bufete en el que trabajaba, allá por 1998, construyó un condominio. Nos preguntó si sabíamos de administraciones y me pareció algo muy sencillo y comencé como administrador. Por supuesto que no era tan sencillo pero tuve que vivirlo para aprenderlo. Años luego, en 2008, en una asamblea, fui menospreciado como abogado, porque "además me dedicaba a administrar condominios". Ese día entendí que debía apoyar a las administraciones a ser más profesionales y sentirse dignas de su profesión como cualquier otra persona profesional, así como a darles el apoyo legal necesario como abogado especialista en el tema.

PN: ¿Cuáles son los principales problemas que tienen los condominios en Costa Rica?

IA: En todos lados son parecidos: ruido, excrementos de mascotas, indisciplina en general, aunque suele ser siempre un grupo muy reducido de condóminos que causan esos problemas. Algo muy extendido es también la baja asistencia a las asambleas, que es un desafío para la gobernanza. En algunos casos, se suma morosidad alta y, a veces, informalidad con la administración.

PN: ¿Cuántos administradores de edificios hay aproximadamente?

IA: Es difícil saber pues no hay un dato oficial de administradores de condominios, pero puede andar por el orden de unas 250 personas y empresas. El total de condominios es por encima de 4.000. Somos un país pequeño, sin duda.

PN: ¿Qué tipo de conflictos hay entre administradores de consorcios y copropietarios?

IA: Muchos de los conflictos surgen por dos motivos: hay propietarios que rehúsan seguir la autoridad de la administración y hay administradores que no manejan bien la comunicación con los propietarios. Los temas de mantenimiento son más sencillos de resolver, pues hay estándares para saber si se está cumpliendo o no con los mantenimientos. El tema de las relaciones humanas es más ambiguo y su correcta resolución depende de una excelente comunicación.

PN: ¿Qué conflictos hay entre los copropietarios y los encargados de edificios?

IA: Con relación a los encargados de edificios, muchos trabajan muy bien y son dedicados con sus labores. Ahora bien, por el escenario político que implica tener tantos "patrones" o "jefes", algunos encargados suelen tratar de jugar sus cartas y se hacen de apoyos claves, personas con las que tratan de quedar bien y que luego los defenderán en las asambleas aunque no siempre la labor esté bien realizada. Eso es complicado para las administraciones pues no pueden sancionarlos fácilmente porque hay dueños que los defienden.

PN: ¿Existe la categoría de encargados de edificios con vivienda dentro del condominio?

IA: Es poco lo que se da en la ciudad. Normalmente es personal que llega y se va. Hay temores legales -más o menos fundados según las circunstancias- de que este tipo de relación, en la que se le de vivienda, genere derechos que impidan luego despedir a la persona y que realmente se vaya. Además que los estilos de vida del personal y de las personas propietarias suelen ser muy diversos y fuente de conflicto si no hay una previa educación sobre tolerancia.

PN: ¿Qué es el Dr. Condominio?

IA: Doctor Condominio es una firma de asesoría legal y estratégica. Nos dedicamos a dar asesoría legal especializada en condominios para que la administración, juntas o condóminos, tengan certeza sobre las situaciones. Pero además, damos asesoría estratégica, es decir, no basta con tener la ley de tu lado, hay que saber ganar apoyos políticos, convencer, comunicar y manejar conflictos.

IA: Yo había ya concluido mi formación como abogado en 2008 y estaba en ambos campos pero era complicado ofrecer asesoría a mis competidores. No confiaban del todo lógicamente por ese recelo empresarial que hay a veces. Por eso fui entendiendo que debía elegir y me parece que en mi posición de abogado puedo, con más autoridad, dar mejor apoyo a la industria, y a mis clientes y amigos administradores.

PN: ¿En Costa Rica hay algún organismo que regule el trabajo del administrador de condominios?

IA: No hay ninguno. La ley contempla, como medida de resolución de todas las situaciones conflictivas acudir a la justicia formal (juzgados civiles), pero nadie corrobora la calidad de la preparación o idoneidad para ejercer el cargo. Es un vacío que pretendemos llenar con la creación de una cámara de administradores de condominios y con cursos de capacitación.

PN: ¿Cuáles son las obligaciones con las que tiene que cumplir un administrador de condominios?

IA: En principio, nuestra Ley 7.993 -reguladora de la propiedad en condominio- establece en su artículo 30º: "Corresponderán a la administración el cuidado y la vigilancia de los bienes y servicios comunes, la atención y operación de las instalaciones y los servicios generales, todos los actos de administración y conservación del condominio y la ejecución de los acuerdos de la Asamblea de Condóminos. Recaudará de cada propietario la cuota que le corresponda para los gastos comunes. Velará por el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y el reglamento; asimismo tendrá las demás facultades y obligaciones que la ley y el reglamento le fijen".

Son muy amplios y lo que implica es el gobierno general total de todos los bienes y servicios comunes. A veces sucede que comparten el poder con comisiones como la de construcciones, sanciones o similares.

PN: ¿Los condominios pueden autoadministrarse?

IA: Sí, pueden hacerlo. Puede haber una administración ejercida por alguien que sea propietario en el condominio. Tiene, claro, sus ventajas y desventajas que se deben valorar. Si bien es cierto que el condómino conoce mejor su condominio y tiende a preocuparse más por mantener una cuota baja, es proclive a personalismos y tiende a cansarse pronto si el ambiente es muy hostil.

PN: ¿Cuáles son las irregularidades más comunes que se encuentran en la administración de un condominio?

Aumentó la morosidad en Rosario

[BPN-06/10/16] En Rosario aumentó la morosidad en el pago de las expensas de los consorcios. Medios locales informaron que ingresan por semana en la justicia provincial diez demandas contra consorcistas entre las que se reclaman deudas que van desde los 7 y los 35 mil pesos. Algunos explicaron que "los retrasos, verificados en los tribunales provinciales, aumentaron alrededor del 18 por ciento en comparación con el año anterior". Otros, por su parte, dijeron que el incremento había sido en la cantidad de juicios por falta de pago de las expensas aunque no dieron más precisiones.

Por su parte, José Ellena, presidente de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario (CADEIROS), alertó que la entidad que preside notó que en los últimos tiempos hubo más demandas judiciales por la falta de pago de los gastos comunes si bien no aclaró de cuánto fue el aumento ni en comparación con qué período. Explicó que "es una consecuencia de la situación económica en general, no es puntualmente un tema específico de las expensas. Hemos notado que también se incrementó el pago fuera de término de los alquileres".

Ellena aseguró que todavía no se llegó a un nivel de morosidad donde sea imposible cobrar o que haya muchas demandas judiciales. "Esperemos que no se llegue a una situación como hemos pasado en el 2000 o 2001, en la que había un gran porcentaje de la cartera en manos judiciales", aclaró.

El presidente de CADEIROS explicó que los juicios por falta de pago de las expensas "están por sobre cualquier demanda, incluso por sobre la impositiva". Por esta razón, "aún un inmueble que esté bajo el resguardo de bien de familia se puede enviar a remate".

En otro orden de cosas, subrayó que los gastos comunes se incrementaron un 50%, dado que los ítems que los componen también aumentaron: los servicios, los sueldos, el servicio de limpieza y los suministros en general. También aclaró que en Rosario son pocos los edificios que tienen un encargado con vivienda, dado que es más usual contratar una empresa de limpieza para esa tarea.

Estas declaraciones las realizó el 22 de septiembre en el marco de una entrevista que concedió al programa radial rosarino "El día es hoy" que se emite de 7 a 9 de la mañana por LT3 AM 680

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Expensas Claras llegaría a Córdoba capital

[BPN-06/10/16] El 23 de junio, un concejal cordobés, Abelardo Losano (Bloque Juntos por Córdoba), presentó un proyecto de ordenanza para establecer un formulario único de liquidación de expensas en su ciudad.

Si bien el proyecto, a grandes rasgos, es parecido a "Mis Expensas" (ex Expensas Claras) que rige en la CABA, establece una importante diferencia: mientras que la disposición porteña impuso un modelo de liquidación sujeto a un diseño gráfico específico, el proyecto cordobés sólo exige la publicación de aquella información que considera indispensable. "El modelo podrá adecuarse a las condiciones de cada consorcio pero deberá respetar sin excepción la información obligatoria" dicta el artículo 6° de la iniciativa.

"El proyecto que hemos puesto a consideración del Concejo Deliberante de Córdoba fija parámetros normalizados de forma y contenido de las liquidaciones de expensas y permite transparentar la gestión del administrador", informaron a Pequeñas Noticias desde el despacho de Abelardo Losano.

"Buscamos que la transparencia y la presentación de las expensas redunde en una disminución de los costos y en que puedan realizar un perfecto análisis de qué es lo que están pagando cada mes", explicó Losano. "Pretendemos que cuando se les entregue la liquidación de expensas el original esté firmado por el administrador, porque -si tuviéramos alguna duda en el monto o la forma de la liquidación- ésta podría ser un documento para presentar a Defensa del Consumidor", estas declaraciones las hizo el concejal a Radio Nacional Córdoba el 5 de septiembre.

Algunos de los datos exigidos son: información del administrador y del consorcio, detalle de los pagos de los suministros, nombre y cargo del personal del consorcio. Además, en el caso de que existieran juicios por cobro de expensas o por otras causas en los que el consorcio sea parte, indicar todos los datos del juicio y capital reclamado (Art. 5°). En los anexos del proyecto de la ordenanza figuran los módulos obligatorios y los optativos, la forma en la que tienen que ser enviadas las liquidaciones y los componentes de los recibos de pago <texto original>.

Esta iniciativa obtuvo estado parlamentario el 23 de junio, cuenta con cuatro anexos y 13 artículos, uno de ellos de forma. De ser aprobada, habrá un plazo de 120 días para cumplir con las disposiciones. El Departamento Ejecutivo Municipal sería el encargado de reglamentarla y deberá determinar la autoridad de competencia y las correspondientes sanciones ante el incumplimiento

Otra vez paro en Página/12

[BPN-06/10/16] A fines del mes pasado, los trabajadores de Página/12 realizaron un paro de 24 horas por reclamos salariales y le pidieron a Víctor Santa María ^[1] que "sea coherente con sus postulados y no aplique a sus trabajadores el ajuste que rechaza para el resto de la clase trabajadora". Los empleados reclaman una mejora en sus salarios acorde a la inflación que se produjo durante este año.

Así lo hicieron saber mediante un comunicado publicado el pasado 28 de septiembre en su blog "Trabajadores de Página|12" bajo la etiqueta #SalariosDignosenPágina12 <texto original>.

El 4 de mayo de este año, la asamblea de trabajadores del medio había realizado un paro de actividades por 24 horas. En esa oportunidad los empleados habían comunicado que "ante la persistente negativa de la empresa a negociar un adelanto a cuenta de la paritaria, la bronca acumulada por la depreciación de los salarios sumada al silencio patronal desde que se hizo el pedido del 20% a cuenta y al destrato del nuevo dueño, Víctor Santa María, se decidió un corte con gomas quemadas sobre calle Filiberto, frente a la redacción de Página/12. La jornada de lucha concluirá a las 18 hs. con un aplauso en la redacción".

En mayo la UTPBA ^[2] firmó un acuerdo salarial con las entidades empresariales que los trabajadores de Página|12 denunciaron como el peor del país: un 27% durante 13 meses pagaderos en 3 cuotas: un 15 por ciento a partir del 1° de abril; un 9 en agosto y otro 3 por ciento en enero de 2017. Los trabajadores denunciaron que este aumento en términos anuales significó un incremento del 24,9%.

Según relató Carlos Rodríguez, delegado gremial de Página/12, a Pequeñas Noticias, obligados por una conciliación obligatoria, se levantó el paro que se estaba llevando a cabo en el diario: "La empresa pidió una tregua de 120 días y nos obligaron a levantar el paro", manifestó el representante sindical.

Por otra parte, el 2 de septiembre, en una conferencia de prensa, Víctor Santa María junto a los principales referentes del distrito expresó su adhesión a la Marcha Federal y expresó: "siempre donde estén los trabajadores, donde falte un derecho, el peronismo va a estar presente, es parte de nuestros valores como militantes de esta filosofía". En esa conferencia se destacó la presencia del presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, quien se acercó a expresar su apoyo

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[1] Víctor Santa María es secretario general del SUTERH (Sindicato Único Trabajadores Edificios Renta y Horizontal) y director general del Grupo Octubre propietario del matutino.

Santa María denunció que su Twitter fue hackeado

[BPN-06/10/16] El pasado 16 de septiembre, Víctor Santa María denunció que le habían hackeado su cuenta de Twitter. Durante el lapso de tiempo que la cuenta no habría estado bajo su control se publicaron tres entradas: "Mi renuncia al PJ se debe a que está fracturado y las diferencias son insalvables", "Sí al tarifazo" y "El tarifazo es necesario en infraestructuta <sic> al futuro". Tres horas después de la última entrada el secretario general del SUTERH aclaró: "He vuelto! Mi cuenta de Twitter fue hackeada x algún ‘gracioso’. Gracias a todos los que se preocuparon y avisaron".

La noticia fue levantada ese mismo día por numerosos medios, incluida la agencia de noticias nacional.

El día anterior, todavía en control de su cuenta, Santa María utilizaba su red social normalmente. Sus dos últimas publicaciones antes del hackeo se produjeron el día anterior: una por la mañana y la otra por la tarde. A las 9:31 publicó "Hay pueblo movilizado porque tiene conciencia de sus derechos @Eduardoute en #NoAlTarifazo". Mientras que a las 19:51 retuiteo una entrada de Martín Sabbatella acompañada con tres fotos que expresaba "Charla debate en @LosChisperos con @victorsmaria, @gabicerru y Eduardo Lopez #NoAlTarifazo".

El cambio se produjo en horas de la mañana del día siguiente. A las 8:10, habiendo perdido el dominio de su Twitter, se publicaron a lo largo de dos minutos las tres frases de las cuales tuvo que desmentir su autoría: dos avalando y justificando el tarifazo y otra explicando las razones de su supuesta renuncia al Partido Justicialista porteño. Lo interesante es que esta última fue retuiteada cinco veces y tres seguidores la marcaron con un "me gusta". Dos tuits apócrifos se publicaron a las 8:10 y uno a las 8:12.

Se podrán depositar cheques vía celular

[BPN-06/10/16] El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunicó que a partir del 1º de noviembre se podrán depositar cheques enviando una imagen de su frente y otra de su dorso por vía electrónica. Los cheques deberán contener la leyenda "presentado electrónicamente al cobro" en ambas caras. Los depósitos se podrán realizar mediante una aplicación para celular, homebanking o cualquier otro mecanismo que la entidad bancaria desarrolle. Esta modalidad se aplicará tanto para cheques comunes como de pago diferido.

El BCRA explicó que "esta decisión se enmarca en las tendencias tecnológicas implementadas en sistemas financieros de todo el mundo, tendientes a reducir los costos administrativos y hacer más eficiente su gestión, sin por ello dejar de contar con altos estándares de seguridad. En Estados Unidos, este mecanismo funciona desde 2004; en la actualidad, un tercio de los cheques de ese país son depositados electrónicamente".

Según esta disposición del BCRA, el cliente deberá conservar el cheque en papel durante 60 días a partir del depósito electrónico, plazo durante el cual el banco podrá exigirle su presentación. Una vez transcurrido ese plazo, el cliente podrá destruir el cheque. Asimismo, las entidades que incorporen este servicio podrán establecer, según su criterio, a qué clientes ofrecerlo.

Severas multas para quienes cobren más de un mes de comisión

[BPN-06/10/16] Desde el pasado el 22 de septiembre, aquellos corredores inmobiliarios de Chubut que cobren más de un mes de alquiler de comisión serán severamente multados. Así lo estipuló la Legislatura provincial con la aprobación unánime del proyecto de ley del diputado José María Grazzini (Frente para la Victoria).

El monto de la multa será el equivalente a 10 veces el 4% del contrato de alquiler pactado. La mitad de esa suma le corresponderá al Estado Provincial y la otra mitad será repartida en partes iguales entre el propietario y el inquilino. La misma sanción tendrá aquel que pretenda disimular adicionales bajo el rubro de gastos o conceptos similares.

A modo de ejemplo, si a una persona que alquiló en seis mil pesos por mes un inmueble para vivir con su familia durante dos años, se le cobra más de un mes de alquiler de comisión, la multa sería de 57.600 pesos. El resultado surge de multiplicar los 6 mil pesos por los 24 meses ($144.000), calcular el 4% de ese monto ($5.760) y, finalmente, multiplicarlo por diez ($57.600). De esa cifra, una mitad es para el Estado Provincial ($28.800) y la otra se reparte entre el inquilino y el propietario que reciben $14.400 cada uno.

Por otra parte, la flamante ley estableció que el monto de la comisión inmobiliaria deberá ser abonada tanto por el locador como por el locatario en partes iguales. El valor de ésta –en el caso de inmuebles cuyo destino sea vivienda única familiar- no podrá ser superior al 4% del monto total del contrato de locación.

En la ley también se indicó que "los locatarios tendrán derecho a recibir asesoramiento adecuado y gratuito a través de las oficinas de Defensa del Consumidor donde tendrán garantizada la intervención inmediata sobre el caso que expongan".

Grazzini declaró a un medio local^[1] que la finalidad de su iniciativa es "tener un Estado presente para mejorar la accesibilidad de las familias chubutenses a la posibilidad de vivir bajo un techo digno" y agregó que dado el actual escenario económico "generado por las políticas desplegadas por el Gobierno nacional en los últimos nueve meses, [...] a partir del 10 de diciembre pasado, muchas familias chubutenses han descendido en la escala social a clases inferiores a las que habían accedido con esfuerzo propio".

El Archivo General de Leyes de Chubut le informó a Pequeñas Noticias que esta ley se encuentra en el Poder Ejecutivo a la espera de su promulgación o veto y que por esta razón aún no tiene número. Esta iniciativa fue presentada el 6 de septiembre y 16 días después fue aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados de Chubut. Tiene 10 artículos, uno de ellos de forma  <texto original>.

El artículo 4° de la nueva ley establece que sus objetivos son:

"1.- Producir un impacto positivo en la economía de las familias que, para ocupar un techo digno, necesariamente deben ingresar al mercado de viviendas alquiladas.

"2.- Facilitar el acceso al techo digno promoviendo un desarrollo eficiente y sustentable del corretaje inmobiliario.

"3.- Intervenir en protección de las economías familiares, lo que es equivalente a impulsar una mejor calidad de vida para quienes integran este sector de la población.

"4.- Tutelar la competencia en igualdad de condiciones a todos los involucrados en el mercado de alquileres inmobiliarios destinados a viviendas familiares.

"5.- Promover el bienestar general.

"6.- Proveer al desarrollo social en el territorio provincial"

Garantía para estudiantes universitarios que alquilen

[BPN-06/10/16] El legislador Pablo Garate (Frente Renovador – UNA) busca que el Banco de la Provincia de Buenos Aires salga de garante de los estudiantes universitarios que tengan que alquilar un inmueble en otra ciudad. También les brindaría créditos para los gastos iniciales de sus contratos. Para lograr su objetivo, Garate presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires el 30 de mayo.

Para ingresar a este programa se tendrían que cumplir cuatro requisitos: tener entre 18 y 35 años, ser nativo de la provincia de Buenos Aires o poseer mínimo 5 años de residencia en ese territorio, que el grupo familiar resida en la provincia y tribute en ella, y estar cursando estudios universitarios en cualquier ciudad del país.

La garantía tendrá un plazo de 24 meses y la comisión que se fije a favor de este ente no tiene que superar el valor de un mes del alquiler acordado y el locatario lo podrá abonar al contado o en 12 cuotas mensuales sin interés (Art. 7°).

El crédito consiste en una ayuda económica optativa equivalente hasta cuatro meses del valor del alquiler mensual acordado, "a tasa de interés preferencial y reembolsable en veinticuatro cuotas" (Art. 10°).

Por último, a todo aquel que haya cumplido "en tiempo y forma" con los compromisos asumidos se le otorgará un Certificado de Confianza y podrá ser precalificado para acceder a un crédito hipotecario de vivienda.

El proyecto de ley plantea que el acceso a la vivienda "no es un tema fácil" y por eso expresan: "deseamos que sea subsanado en un futuro a través de créditos accesibles de manera tal que el pago de un alquiler mensual signifique el pago de una cuota de un crédito hipotecario", y agregó que de esa forma "una familia, al finalizar su hijo los estudios universitarios, puede ser propietaria del bien".

Además, la iniciativa aclara que el Banco de la Provincia de Buenos Aires "a través de su empresa Provincia Seguros está facultado para actuar, tiene la estructura, desarrollo territorial y personal idóneo para que lo establecido se pueda concretar en forma rápida y eficiente, por ello la necesidad de que sea autoridad de aplicación".

Préstamos, garantías y asesoramiento para inquilinos

[BPN-06/10/16] La Municipalidad de Rosario otorgará préstamos, dará garantías y asesorará gratuitamente a los inquilinos. Con este objetivo creó un Centro de Asesoramiento Social de Alquileres destinado a ayudar a trabajadores, estudiantes y familias que tengan dificultades económicas para afrontar los gastos de un nuevo contrato, renovación, mudanza, no cuenten con garantías propietarias o requieran orientación sobre trámites administrativos relacionados.

El pasado 27 de septiembre, Mónica Fein presentó el nuevo centro. Este programa permite, mediante un acuerdo con el Banco Municipal, que todo aquel que debe pagar un mes de anticipo más la mudanza, pueda tener un crédito de hasta 25 mil pesos con una tasa de un 20%, ya que 8 puntos le está subsidiando la Municipalidad de Rosario, explicó Fein a medios locales ^[1], y agregó: "lamentablemente la falta de crédito ha hecho que muchísima más gente alquile y eso genera muchísimos problemas. Los costos del alquiler -relacionado con el salario actual- son muy importantes".

El municipio otorga -por intermedio de su banco y a quien lo necesite- un crédito personal para gastos iniciales derivados de un contrato de alquiler. El monto es de hasta 25 mil pesos, se puede pagar en un máximo de 12 cuotas a tasa fija que están subsidiadas por la Municipalidad de Rosario. Está previsto que el importe del préstamo se deposite en una caja de ahorro del Banco Municipal y que sus cuotas se debiten mensualmente de ésta misma. En el caso de que la persona no tenga cuenta en ese banco podrá solicitarla gratis junto al préstamo.

El Banco Municipal va a ofrecer una garantía que podrá ser utilizada en los contratos de locaciones de vivienda familiar radicados en Rosario. Se debe consultar al propietario o inmobiliaria para obtener su aprobación.

Este servicio tiene un costo para el inquilino que lo solicite equivalente a:

- Un mes de alquiler del 2º año del contrato, para empleados públicos.

- Un mes y medio de alquiler del 2º año del contrato, para los otros interesados.

- Sellado provincial sobre fianza bancaria

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Catorce entidades bancarias se sumaron a Procrear

[BPN-06/10/16] El primero de septiembre, catorce entidades bancarias se sumaron a Procrear Solución Casa Propia. De esta forma se busca reducir el déficit habitacional que existe en el país.

Rubricaron contratos con Emilio Basavilbaso, titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), los representantes tanto de la banca privada como la pública: Provincia de Buenos Aires, Ciudad, Córdoba, Tucumán, HSBC, Itaú, Macro, Patagonia, Santander, Supervielle, Credicoop, BBVA Francés, Hipotecario y Galicia.

Basavilbaso durante la firma de los convenios informó que Procrear "no hace adjudicaciones desde febrero de 2015 y aquellos que compraron el año pasado lo hicieron sin crédito. Son muy pocos los que pueden poner solos ese dinero y menos las familias jóvenes, que sin ayuda les resulta muy difícil llegar a la vivienda".

Por su parte, Iván Kerr, Subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano del Ministerio del Interior de la Nación, dijo ^[1] que "Argentina tiene un déficit importante: dos tercios de las viviendas deben ser mejoradas y un tercio debe construirse, con un porcentaje muy bajo de créditos hipotecarios".

Acompañaron a Basabilbaso y Kerr, en la firma de lo contratos Ramón Lanús, el Presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y Vladimir Werning, el Jefe de Gabinete de la Secretaría de Políticas Económicas y Planificación del Desarrollo de la Nación del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.

Procrear

Según su sitio Web, Procrear es una política pública federal que tiene como objetivo que las familias argentinas tengan la posibilidad de acceder a su casa propia con un crédito hipotecario accesible. Aclaran que hoy son muchas las familias que accedieron al crédito Procrear pero reconocen que aún falta mucho por hacer. Informan que "en Argentina el déficit habitacional es uno de los grandes temas postergados que afecta a más del 25% de los hogares".

Explican también que Procrear Solución Casa Propia es un programa que combina crédito hipotecario, ahorro de las familias y una bonificación del Estado Nacional, en un esquema de cooperación entre el Estado y los bancos, que posibilitará que miles de familias trabajadoras accedan a su primera casa. Esta nueva solución permite la compra de una vivienda nueva o usada, con créditos accesibles, cuotas iniciales bajas y plazos de pago de hasta 20 años. Está destinada a quienes hoy alquilan y quieren alcanzar su casa propia en cualquier parte del país.

Por último puntualizan que el acceso al programa es por medio de un sistema de puntaje que prioriza a las familias que más lo necesitan

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1.000% de aumento para viviendas ociosas

[BPN-06/10/16] Hace seis meses espera tratamiento legislativo un proyecto de Gustavo Vera (Bien Común) que propone incrementar hasta 1.000% el impuesto inmobiliario a aquellos bienes que estén sin habitar por más de seis meses. Los propietarios de los inmuebles que fueran declarados como ociosos pueden ceder su uso a un régimen de alquiler social y serán eximidos del pago del impuesto inmobiliario durante el tiempo que permanezca alquilado.

De prosperar la iniciativa se creará una Oficina de Bienes Inmuebles (OBI) que se encargará de declarar el carácter ocioso de los inmuebles, de administrar aquellos que sean cedidos voluntariamente por los propietarios, de registrar los contratos de alquiler y de administrar un régimen público de alquiler social con los inmuebles cedidos voluntariamente por los propietarios y aquellos de propiedad del Gobierno de la Ciudad.

Además propone constituir un Fondo para Políticas de Vivienda que financiará el régimen de alquiler social administrado por la OBI. Éste estará integrado por lo recaudado por el impuesto a los inmuebles ociosos, el pago de las multas y los recursos establecidos según la asignación presupuestaria de la OBI.

El proyecto define como inmueble ocioso a todo aquel que se encuentra deshabitado o no utilizado en forma permanente, sin causa justificada, por el plazo de seis meses (Art.3°).

El monto del impuesto surgirá de la siguiente escala que tendrá como base el valor del Impuesto Inmobiliario:

Desde la declaración como Inmueble Ocioso, durante 12 meses: 800%

De 12 a 18 meses: 900%

Desde los 18 meses: 1.000%

La aplicación de este impuesto cesa tan pronto como el propietario -o quien tuviere un interés legítimo sobre él- del inmueble gravado acredite que el mismo ha dejado  de estar ocioso o, en su caso, ha sido cedido a la Oficina de Bienes Inmuebles (Art. 9°).

El objetivo de esta iniciativa es incorporar los inmuebles ociosos de la Ciudad de Buenos Aires a "un efectivo uso residencial, comercial, cultural, de bien común o público, u otros usos sociales o ambientales". De esta manera buscan garantizar "el pleno ejercicio del derecho a la vivienda y al hábitat adecuado y sustentable de los habitantes de la Ciudad".

"Cerca de 350 mil habitantes se encuentran en situación de emergencia habitacional. En cuanto a residentes en villas y asentamientos, según el censo 2010, 163.587 personas (5,8% de la población total) residen en esos barrios (un 50% más con relación al censo anterior). A su vez, y según el último censo realizado por el GCABA, 1.950 personas se encuentran en situación de calle", explicó Vera en su iniciativa. "Asimismo, el Censo de Población, Hogares y Viviendas registró la existencia de 1.423.973 viviendas particulares, de las cuales 340.975 se encuentran deshabitadas (24%)", detalló.  

En los fundamentos, el legislador manifestó que "es un despropósito que existan personas en situación habitacional crítica, en situación de calle o en villas y asentamientos carentes de servicios básicos y al mismo tiempo existan viviendas desocupadas que respondan a la especulación inmobiliaria".

La AFIP detectó más de 2 mil propiedades sin declarar

[BPN-06/10/16] La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó más de dos mil inmuebles de propietarios argentinos no declarados en Uruguay y Estados Unidos. Cuando se detectan bienes no declarados, la AFIP se comunica con el contribuyente a través de su correo electrónico y le hace saber que está vigente el sinceramento fiscal.

Según informaron fuentes oficiales a un matutino nacional ^[1], hasta el 27 de septiembre habrían descubierto 1.563 propiedades en el país vecino, mientras que en Norteamérica el número desciende a 592, concentrándose en su mayoría en la ciudad de Miami. La AFIP mantiene el listado de propietarios bajo investigación en estricto secreto y comunicaron que trabajan sobre "listas ciegas" para evitar filtraciones.

La Agencia Federal cruza los datos migratorios con información sobre gastos de tarjetas de crédito en Uruguay. Con estos indicadores rastrea a los contribuyentes argentinos en bases de datos oficiales. Los operadores inmobiliarios uruguayos "son un actor fundamental" en la búsqueda de propiedades ocultas. El matutino informó que, en el corto plazo, el número de inmuebles sin declarar en ese país podría "nutrirse con datos oficiales", dado que le pidió información a la Dirección General Impositiva (DGI) de Uruguay sobre 60 casos específicos.

En Estados Unidos se realiza un procedimiento similar, aunque los datos provienen de bases de datos que están disponibles en la Web. "Las bases de datos inmobiliarias permiten conseguir hasta fotos o valores de las propiedades porque muchas estuvieron o están en alquiler", explicó un funcionario

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