El Instituto de la Propiedad Horizontal pidió la derogación de la Ley Muñoz

[BPN-27/04/16] El Instituto de Derecho de Propiedad Horizontal del Colegio Público de Abogados de Capital Federal (CPACF) pidió la derogación de la Ley Muñoz ^[1]. Argumentó que el Consejo de la Propiedad Horizontal es una copia arancelada del Registro Público de Administradores (RPA) porteño y que la Ley 5.464 se coloca por encima del Código Civil y Comercial de la Nación. Así lo informó el pasado jueves 21 de abril el Dr. Eduardo Awad, director del Instituto y expresidente de ese colegio, en su cuenta de Facebook.

Por otro lado, el letrado denunció que hay "punteros" que dicen defender a los consorcistas pero que están solicitando la modificación de la Ley Muñoz para agregar seis sillas más al Comité Ejecutivo del Consejo, las cuales serán ocupadas por representantes de pequeñas entidades de copropietarios.

Esta solicitud surgió de un dictamen que esa entidad desarrolló días previos al 21 de abril. En horas de la mañana de esa fecha, el por entonces presidente del Colegio Público de Abogados, en su Facebook personal, adelantó que el Instituto de Derecho de la Propiedad Horizontal había elaborado ese trabajo. Horas después, por la tarde, ante el pedido de sus "amigos", publicó un link que se dirigía a su blog profesional donde se podía acceder a su texto completo.

En el dictamen <texto original> dirigido a Horacio Rodríguez Larreta y a Diego Santilli, jefe y vicejefe de Gobierno, el Instituto señaló: "el RPA -que era gratuito- tiene idénticas características que el que nos propone la Ley 5.464. Lo curioso es que a los mismos fines, se ha creado una persona jurídica de derecho público no estatal que lleva el mismo registro pero ARANCELADO [NR: la mayúscula pertenece al texto original]".

A continuación agregó: "obviamente, esta nueva persona jurídica va a necesitar para funcionar ingentes sumas de dinero (retribución de los integrantes del comité asesor, inmuebles, equipamiento, infraestructura, personal dependiente, etc.). Esos fondos por decirlo en forma ligera: ¿De dónde saldrán? ¿Quiénes, en definitiva van a soportar esa pesada carga?".

Finalizando, analizó que "la Ley 5.464 es la concreción de la voluntad de un pequeño sector que pretende reducir el derecho real de propiedad horizontal a un mero sistema. Se trata de una ‘criatura’ que va a salir doblemente cara para los consorcistas y administradores, debido a la forma en que se reducen y bastardean los derechos y porque vamos a tener que soportar los costos del referido consejo".

"Con el fin de evitar tamaño perjuicio a la sociedad porteña, se peticiona la lisa y llana derogación de esta ley", sentenció.

En otro orden de cosas, los autores del dictamen -analizando el marco legal del ejercicio de la administración de consorcios en la CABA que dispuso el artículo 18º de la Ley Muñoz- opinaron que la Ley 5.464 "se coloca a sí misma en primer lugar en la pirámide de las normas aplicables, luego viene la legislación nacional", y resaltaron: "debe quedar claro que luego de la puesta en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación las obligaciones y derechos del administrador son los que el Código (ley nacional) reconoce. La ley local sólo podrá regular o reglamentar sin producir alteraciones, agravar o menoscabar esas derechos y obligaciones".

Por último, en el dictamen se explicó: "los consorcistas tienen sólo ‘una silla’ de las 11 que componen al órgano máximo de este Consejo. Pero lo más curioso es que las instituciones que se han reservado más de una silla en el Comité no representan, en conjunto, a más de 70 mil personas en la Ciudad; en tanto, los propietarios integrantes de consorcios (los actores, reiteramos, una silla) superan los 2 millones de vecinos".

En otro orden de cosas, en su Facebook <texto original> Awad denunció: "existen grupos de personas que dicen defender los derechos de los consorcistas y que están solicitando a los funcionarios la modificación de la ley para que se agreguen seis sillas más a la mesa directiva del engendro que significa el Consejo de la Propiedad Horizontal de la CABA a fin de asegurarse la participación de los directivos de algunas entidades que agrupan a muy pocos consorcistas", y afirmó: "esto no es más que mentir a quienes dicen defender, esto no es más que ejercer la política en forma sucia e irrazonable".

Por último, expresó: "llamo a la reflexión a esos cinco o seis punteros de pequeñas entidades para que dejen de lado las apetencias políticas personales que los cantos de sirena de algún político profesional alimentan en ellos y comiencen a defender realmente el derecho de los propietarios"

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Larreta presentó su proyecto de modificación a la Ley Muñoz

[BPN-27/04/16] El pasado martes 12 de abril, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó un proyecto de ley en la legislatura de la ciudad para modificar la Ley Muñoz ^[1] (Ley 5.464), tal como lo había adelantado. Su propuesta consiste en que el SUTERH ^[2] cuente con dos representantes -en lugar de tres- dentro del Comité Ejecutivo del Consejo de la Propiedad Horizontal, que el Gobierno de la CABA tenga tres representantes en lugar de uno y que se elimine completamente la presencia de SEARA ^[3].

Puntualmente, Larreta pretende que los miembros pertenecientes al Ejecutivo local sean: la directora de Defensa y Protección al Consumidor –que será la presidenta y tendrá derecho a veto- y dos funcionarios designados por esta Dirección. Los tres permanecerán en el cargo indefinidamente hasta que se designe un reemplazo. Es de destacar que desde diciembre de 2015, la directora de Defensa al Consumidor es la Dra. Vilma Bouza.

Además, la iniciativa también prevé que los cargos de los representantes de la Defensoría del Pueblo y del GCBA serán ad honorem.

Para implementar estos cambios, el Jefe de Gobierno local propuso modificar los artículos 9° (Comité Ejecutivo- integrantes), 10° (designaciones), 11° (mandato) 13° y 14° (decisiones) de la Ley 5.464.

El proyecto que ingresó bajo el número de expediente 858-J-2016, cuenta con 6 artículos de los cuales uno es de forma y ya se encuentra en la comisión "Legislación general" <texto original>

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[1] Ley Muñoz: El 20 de noviembre de 2015, Fernando Muñoz (Frente para la Victoria) ingresó a la Legislatura porteña un proyecto de ley -bajo el número de expediente 2455-D-2015- para transferirle el control del RPA porteño a un Consejo de la Propiedad Horizontal. La conducción del nuevo Consejo está compuesta por 11 miembros de los cuales una importante mayoría son del SUTERH, de las entidades de administradores que firman los Convenios Colectivos de Trabajo y de un nuevo sindicato que agrupa empleados de administraciones de consorcios (SEARA). Poco tiempo después Muñoz fue nombrado Defensor de los Inquilinos porteños. Trece días después, el 3 de diciembre, la Legislatura aprobó sobre tablas y sin debate parlamentario esa ley que hoy lleva el número 5.464.

[2] SUTERH: Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal.

Santa María dijo que ‘es necesario’ modificar la Ley Muñoz

[BPN-27/04/16] Víctor Santa María, secretario general del SUTERH ^[1], consideró que "es necesario" modificar la Ley Muñoz ^[2] porque su gremio tiene "una posición crítica respecto a la composición del Consejo de la Propiedad Horizontal". Explicó que debe ser "más proporcional y que los propietarios deben tener mayor participación". Además, aseguró que hay que acotar el poder de los administradores dentro del nuevo ente.

En otro orden de cosas, señaló que debería existir un mecanismo sistematizado que permita calcular las expensas de la misma forma en todos los edificios de la ciudad, que son –según el sindicalista- 35 mil.

Durante la entrevista, Santa María afirmó: "la modificación de la ley es necesaria porque no había otro Consejo antes y la propiedad horizontal es la actividad más grande de la ciudad", y agregó: "tenemos posición crítica respecto de la composición del Consejo: debe ser más proporcional".

En este sentido, expresó a Télam que "los propietarios y el Gobierno de la ciudad deben tener mayor participación dentro de la discusión, así como parece una desproporción la de los administradores", y puntualizó: "el tema es acotar el poder que tienen los mandatarios de los consorcios dentro del Consejo, aunque no les gusta que los controlen".

Además, el titular del gremio de los porteros mencionó que el Consejo es "el encargado de regular el sistema de cursos para administración de edificios y es necesario que allí participen los propietarios para realizar políticas que tengan que ver con mejorar la calidad de vida de los vecinos que residen en propiedad horizontal".

Por otro lado, el flamante dueño de Página 12 expresó la necesidad de otras modificaciones, como la forma de calcular las expensas: "debería existir un mecanismo sistematizado que permita hacer el mismo cálculo en todos los edificios", enfatizó.

Asimismo, evaluó que bajar las expensas "es sustancial" y propuso abordar "temas que tiendan a mejorar la calidad de vida más allá de lo económico, como por ejemplo, buscar formas de contratación corporativa de cocheras para edificios que no cuenten con ellas"

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[1] SUTERH: Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal.

AIPH llamó a difundir los aspectos negativos de la Ley Muñoz

[BPN-27/04/16] La Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal AIPH llamó a administradores, consorcistas y proveedores a difundir en sus edificios, en los medios de comunicación y en las redes sociales las implicancias negativas de la sanción de la Ley Muñoz ^[1]. Para ello, propuso una nota modelo donde se denuncia la creciente injerencia del SUTERH ^[2] en la vida de los copropietarios y el aumento de expensas que implicaría la creación del Consejo de la Propiedad Horizontal.

La nota fue difundida por la entidad en su página en Facebook el pasado viernes 15 de abril <texto original>.

Puntualmente, AIPH señaló que la Ley Muñoz "no tiene ningún sentido más que otorgarle caprichosamente al gremio participación activa en la vida privada de los consorcios, además de ser un atropello y un avance sobre la propiedad privada del consorcista". "No hay que dejarse engañar […] dado que los proyectos de modificación intentan desplazar el eje de la discusión", enfatizó.

Por otro lado, alertó: "este Consejo sólo traerá incrementos innecesarios de las expensas y más malestar social".

A continuación, la entidad que nuclea a los administradores expresó: "por ello es que necesitamos circularizar esta nota y llegar a todos los sectores sociales", e indicó: "pídale a su administrador que la publique en el edificio. Si usted es administrador, no dude en divulgarla. Si es proveedor del sector, hágala llegar a quien considere que sume".

Asimismo, AIPH consideró que difundir esto "es la única manera de poder torcer esta historia desequilibrada e injusta, para que de una vez por todas sientan el hartazgo de la ciudadanía cuando se legisla a espaldas nuestras, en forma oscura".

Por último, concluyó: "por favor, luchemos. Tenemos que hacerlo entre todos para que Horacio Rodríguez Larreta deje de lado compromisos que van a contramano de la inmensa mayoría y deje sin efecto la Ley Muñoz o la derogue. No a la Ley 5.464. No a su modificación. No al SUTERH"

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[1] Ley Muñoz: El 20 de noviembre de 2015, Fernando Muñoz (Frente para la Victoria) ingresó a la Legislatura porteña un proyecto de ley -bajo el número de expediente 2455-D-2015- para transferirle el control del RPA porteño a un Consejo de la Propiedad Horizontal. La conducción del nuevo Consejo está compuesta por 11 miembros de los cuales una importante mayoría son del SUTERH, de las entidades de administradores que firman los Convenios Colectivos de Trabajo y de un nuevo sindicato que agrupa empleados de administraciones de consorcios (SEARA). Poco tiempo después Muñoz fue nombrado Defensor de los Inquilinos porteños. Trece días después, el 3 de diciembre, la Legislatura aprobó sobre tablas y sin debate parlamentario esa ley que hoy lleva el número 5.464.

Todavía no se homologó y ya se cambió

[BPN-27/04/16] Según fuentes confiables de este medio, la semana pasada se habría modificado la nueva serie de aumentos para los encargados de edificio: se otorgaría una suma fija remunerativa de 1.800 pesos en marzo, otra igual en abril y otra de 2.000 pesos en mayo. Esta suma sería reemplazada en junio por un incremento del 25% sobre la escala salarial de febrero de 2016. Este convenio sería válido sólo por seis meses a partir de marzo, es decir, que vencería en septiembre de este año. Hasta el momento se desconocen los motivos de estos cambios.

Según pudo saber Pequeñas Noticias, aparentemente, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) no habría firmado esta última versión del acuerdo salarial para el primer semestre del 2016. Sí lo habrían hecho las otras dos entidades de administradores que en nombre de los empleadores participan de los Convenios Colectivos de Trabajo: la Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal (AIERH) y la  Unión Administradores de Inmuebles (UADI).

Es de recordar que a principios de marzo había trascendido que ya se habían firmado las paritarias del sector. El acuerdo estipulaba que los encargados recibirían una suma fija remunerativa de 1.800 pesos en marzo y otra igual en abril. Finalmente, esta suma sería reemplazada en mayo por un aumento del 25% sobre la escala salarial de febrero de 2016. Ese convenio también iba a ser válido sólo por seis meses. Sin embargo, nunca fue homologado ni publicado en el Boletín Oficial.

Cabe remarcar que de homologarse esta última versión del acuerdo paritario, los consorcistas deberán abonar y los administradores liquidar -al día de hoy- un monto acumulado de 3.600 pesos retroactivos correspondientes a las sumas fijas de marzo y abril. Si sigue pasando el tiempo, esas cifras irán acumulándose y el impacto será mayor porque los consorcios deberán abonar todos los aumentos de los meses anteriores.

ACoPH le pidió a Vidal que reglamente el RPA bonaerense

[BPN-27/04/16] La Comisión Directiva de la Asociación Civil de Consorcistas de la Propiedad Horizontal (ACoPH) de Mar del Plata le solicitó a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que reglamente "de forma urgente" la Ley 14.701 que creó un Registro Público de Administradores (RPA) en la Provincia de Buenos Aires. El pedido lo hizo mediante una carta publicada el pasado lunes 18 de abril en la página de la entidad en Facebook <texto original>.

Cabe destacar que ésta no es la primera vez que ACoPH solicita la reglamentación de la norma que se sancionó hace más de un año: el 24 de agosto de 2015 ya se la había pedido a Daniel Scioli, por ese entonces gobernador provincial, mediante una carta abierta firmada por la presidenta de la asociación, Ana María Huertas.

Se creó ‘La intercomunal de Propiedad Horizontal’

[BPN-27/04/16] El pasado viernes 22 de abril, se llevó a cabo la primera reunión intercomunal sobre propiedad horizontal en la Ciudad de Buenos Aires. Su objetivo inmediato es la derogación de la Ley Muñoz ^[1] (Ley 5.464) que creó un Consejo de la Propiedad Horizontal. Para lograrlo, cada integrante así lo solicitará a su propia Junta Comunal. "La intercomunal" está compuesta por los representantes de cada Comisión de Consorcios del Consejo Consultivo de cada Comuna.

A la reunión asistieron –en total- nueve representantes de cuatro comunas: Andrés Zulberti -conocido en la comunidad consorcial como Gerardo Andino- y Jorge Molina por la Comuna 3 (Balvanera, San Cristóbal); el Ing. Norberto Villar por la Comuna 15 (Agronomía, Chacarita, La Paternal, Parque Chas, Villa Crespo y Villa Ortúzar); Flavia Parkinson representando a la Comuna 4 (Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios) que está en formación; y el Ing. Edgardo Castro, la Dra. Norma Beltrán, Norberto Millán, Ana Folini y Susana Ventura por la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón). No estuvo presente la Sra. Teresa Villanueva de la Comisión de Consorcios de la Comuna 2 (Recoleta)

El encuentro se llevó a cabo a las 18 horas en la Asociación Civil de Fomento "Federico Lacroze" ubicada en Maure 3955, en el barrio porteño de la Chacarita. Si bien todavía no está definido cuándo y dónde se llevará a cabo la segunda reunión, los presentes acordaron que se encontrarán con una frecuencia mensual.

En diálogo con Pequeñas Noticias, Andrés Zulberti explicó el génesis de "La Intercomunal": "nació con mi primera participación en el Consejo Consultivo de mi Comuna, el 18 de febrero. Tenía la necesidad de difundir a mis vecinos la Ley 5.464 que se había votado en la legislatura", expresó. Según detalló, en la primera reunión conoció a varios vecinos que estaban interesados en el tema de la propiedad horizontal y en el próximo encuentro que se realizó el 17 de marzo, finalmente se creó la Comisión de Propiedad Horizontal de la Comuna 3.

"Algunos vecinos ya venían participando hace años en los consejos comunales y sugirieron ‘la intercomunal de propiedad horizontal’. Así fue que me contacté con los demás integrantes de las comisiones de consorcios comunales y se puso una fecha y un lugar", manifestó.

Consultado por los pasos a seguir de cara al futuro, Zulberti indicó que cada comisión comunal de propiedad horizontal establecerá cuáles serán sus proyectos a largo plazo. Por su parte, adelantó que le gustaría proponer Tribunales de Propiedad Horizontal "los cuales están establecidos en la Constitución de la CABA (punto 5, cláusula decimosegunda)"

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Acosta y Lara presentó su proyecto para la Ley Muñoz

[BPN-27/04/16] El pasado martes 12 de abril, el Adm. Juan Manuel Acosta y Lara, presidente de la Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal (AIERH), presentó un proyecto de ley en la legislatura porteña que crearía una especie de Colegio de Administradores "sui géneris ^[1]" dentro del Consejo de la Propiedad Horizontal. Para ello, propuso crear una Comisión de Administración dentro de ese Consejo que se encargará de todo lo relativo a la matrícula de los mandatarios de los consorcios. Lo particular de este organismo -en relación a otros Colegios- es que estará dirigido no sólo por representantes de los administradores, sino también por un delegado de los consorcistas y otro de los usuarios y consumidores.

Para lograr su cometido, el titular de AIERH propuso modificar la Ley Muñoz ^[2] (Ley 5.464) y el Régimen de Faltas de la ciudad (Ley 451); este último, con el objetivo de multar a los administradores que no cumplan con lo que estipule el Consejo de la Propiedad Horizontal.

En su iniciativa, Acosta y Lara pretende transferirle algunas funciones del Comité Ejecutivo del Consejo de la Propiedad Horizontal al nuevo ente que busca crear dentro de ese organismo: la Comisión de Administración.

Específicamente, esta Comisión estará compuesta por cinco miembros titulares y cinco suplentes: tres representantes de las entidades de administradores que firman los convenios colectivos de trabajo, un representante de las asociaciones de consorcistas y otro de las asociaciones de usuarios y consumidores. Quedarían afuera los representantes del SUTERH ^[3], de SEARA ^[4], del Gobierno porteño y de la Defensoría del Inquilino, dirigida por Fernando Muñoz, autor de la Ley 5.464.

De acuerdo al proyecto presentado por el titular de AIERH, la Comisión de Administración sería la encargada de crear, administrar y mantener actualizada la matrícula habilitante de los mandatarios profesionales y el registro de los autoadministrados (administradores voluntarios); sancionar y poner en vigencia el Código de Ética para el ejercicio de la actividad; fijar los aranceles de la matriculación y servicios que se briden; aplicar sanciones; regular los cursos de actualización y a las entidades que los imparten; y ejercer el derecho a recusar los integrantes del Tribunal de Disciplina y el Tribunal Arbitral del Consejo.

Además, la iniciativa pretende establecer un régimen sancionatorio. A grandes rasgos, se estipula que las infracciones prescribirán en 3 años y que contra una resolución se podrá interponer un recurso directo de aclaratoria y !a acción de nulidad ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA.

Para realizar todos estos estos cambios, Acosta y Lara propuso modificar los artículos 7°, 12°, 25°, 27°, 31°, 32° y 48° de la Ley 5.464, además de cambiar el inciso e) del artículo 20°, los incisos e) y h) del artículo 23°, y los incisos a), g) e i) del artículo 34°. Por último, incorporó al Título II de la Ley Muñoz, un Capítulo 5 (Comisión de Administración) compuesto por los artículos 17° bis y 17° ter; y un artículo 39° bis dentro del Título IV.

Por otro lado, el presidente de AIERH busca incorporar un artículo 4.1.1.4 al Libro II de la Ley 451: "el que ejerce la actividad de administraci6n de consorcios de propiedad horizontal en infracci6n a! Registro y al Régimen General de la actividad establecido por Ley 5.464 es sancionado/a con multa de 100 a 4 mil unidades fijas (UF) y/o inhabilitaci6n para el ejercicio de esa actividad. Se tiene en cuenta como agravantes, el perjuicio patrimonial causado a los administrados y, en su caso, la reincidencia".

Es de destacar que el valor de cada UF -que se actualiza cada 6 meses- equivale a medio litro de nafta del mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino sede Central (ACA).

En sus fundamentos, el Dr. Acosta y Lara argumentó que la Ley Muñoz "extralimitó las funciones con respecto al gobierno de la matrícula de los administradores y las dejó en manos del Comité Ejecutivo del Consejo, que se encuentra compuesto por entidades extrañas a la actividad, lo cual se ve reñido con cualquier principio jurídico que pregona la autoregulaci6n de una profesión".

Por último, afirmó: "resulta entonces inadmisible que entidades extrañas se encuentren facultadas para controlar y sancionar a los administradores".

La iniciativa <texto original> que ingresó bajo el número de expediente 833-P-2016, cuenta con 14 artículos y está a la espera de ser tomada y presentada por algún legislador.

Consultada por este medio, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) se manifestó en desacuerdo con este proyecto impulsado por el presidente de AIERH "porque hay temas esenciales que no están contemplados"

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[1] Sui Géneris: del latín "único en su género".

[2] Ley Muñoz: El 20 de noviembre de 2015, Fernando Muñoz (Frente para la Victoria) ingresó a la Legislatura porteña un proyecto de ley -bajo el número de expediente 2455-D-2015- para transferirle el control del RPA porteño a un Consejo de la Propiedad Horizontal. Trece días después, el 3 de diciembre, la Legislatura aprobó sobre tablas y sin debate parlamentario esa ley que hoy lleva el número 5.464. La conducción del nuevo Consejo está compuesta por 11 miembros de los cuales una importante mayoría son del SUTERH, de las entidades de administradores que firman los Convenios Colectivos de Trabajo y de un nuevo sindicato que agrupa empleados de administraciones de consorcios (SEARA). Poco tiempo después Muñoz fue nombrado Defensor de los Inquilinos porteños.

[3] SUTERH: Sindicato Único de Trabajadores de Edificios, Renta y Horizontal.

Guía básica de Amor para la Ley Muñoz

El cuadernillo presentado consta de 8 páginas (cuatro hojas) a todo color en las que están incluidas sus tapas.

Una semana atrás, el 14 de abril, mediante un comunicado titulado "Consorcios transparentes, expensas claras" <texto original>, el Defensor del Pueblo ya había expresado la necesidad de que la Ley Muñoz contemple ciertas cuestiones.

Es de recordar que Alejandro Amor se desempeñó como legislador porteño por el Frente para la Victoria entre 2011 y 2013. Luego, el 5 de marzo de 2014, asumió como Defensor del Pueblo de la ciudad y en febrero de este año –dos meses después de sancionada la Ley Muñoz-, creó una oficina para inquilinos dentro de la Defensoría, a cargo de Fernando Muñoz, impulsor de la Ley 5.464 y también del Frente Para la Victoria. De acuerdo a esa norma, el Consejo de la Propiedad Horizontal cuenta con tres representantes del SUTERH ^[2] cuyo titular es Víctor Santa María, igualmente del Frente Para la Victoria.

Según el comunicado de la Defensoría <texto original>, el objetivo de la guía es que los miles de porteños que viven en edificios sepan cuáles son sus derechos y cómo hacerlos valer. Al momento de presentar esta novedad, Amor explicó: "la mayoría de los porteños vive o desarrolla sus actividades cotidianas en edificios, allí convive con otras personas que mayoritariamente no conoce y esta relación no siempre es sencilla".

En otro orden de cosas, el Defensor del Pueblo prometió: "trabajaremos para que todas las administraciones cumplan con la ley y se inscriban en el registro ya que actualmente sólo el 25% de los administradores se encuentra incorporado y cumple con la normativa vigente".

Puntualmente, Amor ratificó la necesidad de que la Ley Muñoz no aumente las expensas, que el registro de las administraciones sea público, claro y transparente, y que los vecinos opinen y califiquen a sus mandatarios. Además, pidió que las representaciones en el Comité Ejecutivo sean proporcionales, "sin estigmatizar a los trabajadores que tienen una actividad central en todos los edificios, con respeto a los propietarios y fundamentalmente con la presencia del Estado". Asimismo, el funcionario reafirmó "la necesidad de que los cargos no sean remunerados".

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[1] Ley Muñoz: El 20 de noviembre de 2015, Fernando Muñoz (Frente para la Victoria) ingresó a la Legislatura porteña un proyecto de ley -bajo el número de expediente 2455-D-2015- para transferirle el control del RPA porteño a un Consejo de la Propiedad Horizontal. La conducción del nuevo Consejo está compuesta por 11 miembros de los cuales una importante mayoría son del SUTERH, de las entidades de administradores que firman los Convenios Colectivos de Trabajo y de un nuevo sindicato que agrupa empleados de administraciones de consorcios (SEARA). Poco tiempo después Muñoz fue nombrado Defensor de los Inquilinos porteños. Trece días después, el 3 de diciembre, la Legislatura aprobó sobre tablas y sin debate parlamentario esa ley que hoy lleva el número 5.464.

ACoPH no puede dar sus charlas gratuitas

[BPN-27/04/16] El pasado 29 de marzo, la Sra. Ana María Huertas, presidenta de la Asociación Civil de Consorcistas de la Propiedad Horizontal (ACoPH) de Mar del Plata, le envió una nota al intendente de General Pueyrredón, Carlos Arroyo (PRO), denunciando que su entidad no puede realizar las charlas gratuitas sobre propiedad horizontal programadas para abril porque el Centro Cultural Osvaldo Soriano –ente descentralizado- le quiere cobrar 440 pesos por un espacio que siempre le fue cedido en forma gratuita.

Así lo informó la Comisión Directiva de la entidad mediante un comunicado publicado el pasado martes 12 de abril en su página de Facebook  <texto original>.

En su carta <texto original>, Huertas relató: "desde hace varios años, la entidad que presido viene dando charlas en el Centro Cultural Osvaldo Soriano sin tener costo alguno de nuestra parte. Por lo tanto, en febrero se mandó -como siempre- la nota con las fechas solicitando la sala "A". Grande fue mi sorpresa cuando me llamaron para decirme que si queríamos la sala debíamos abonar 220 pesos por hora (nosotros ocupamos 2 hs.)".

A continuación, la presidenta de ACoPH detalló: "hablamos con el director de la Dirección de las ONG's y nos mandaron con la Secretaria de Cultura, de ahí a la Facultad de Derecho y hasta el momento seguimos como al principio".

Además señaló: "nuestras charlas siempre las hemos dado en forma gratuita para los asistentes con profesionales de primer nivel que también participan adhonorem, como el Dr. Juan Antonio Costantino, contadores, arquitectas de la Municipalidad, etc". Asimismo, Huertas aclaró que sólo reciben útiles por parte de los concurrentes para donar a jardines de infantes por medio de la Fundación Nomeolvides.

Por último, le pidió al intendente que la reciba para contarle la tarea que lleva adelante con ACoPH.

La carta ingresó a la Secretaria Privada bajo el número 2798 y fue recepcionada por Silvia Gamero.

[BPN-27/04/16] El pasado viernes 22 de abril, Víctor Santa María, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), firmó un convenio con Gustavo Vera, legislador porteño por Bien Común y titular de La Alameda, para que los encargados de los edificios denuncien al gremio en qué departamentos se ejerce la prostitución.

Es de recordar que Vera es uno de los legisladores que se abstuvo de votar la Ley Muñoz ^[1] el 3 de diciembre pasado, cuando se aprobó sobre tablas y sin debate en la Legislatura de la ciudad y casi cuatro meses después, el 30 de marzo, acompañó con su firma un proyecto que presentó el legislador Hernán Arce (Partido Socialista) para derogar esa ley que creó un Consejo de la Propiedad Horizontal, cuyo Comité Ejecutivo está compuesto en su mayoría por representantes del SUTERH y entidades afines a ese gremio.

Durante la firma del convenio, Gustavo Vera expresó: "La Alameda confía en el SUTERH, el gremio confía en La Alameda y trabajaremos cuerpo a cuerpo para defender la vida, la libertad y la dignidad, que es lo que la mafia de la trata y de los talleres clandestinos le arrebatan a la gente".

Por su parte, Santa María señaló la importancia de la capacitación de los dirigentes, delegados y afiliados "para detectar, prevenir y saber qué hacer en caso de descubrir talleres clandestinos, explotación laboral o trata de personas".

Por último, indicó: "debemos concientizarnos como trabajadores para ir más allá de las tareas específicas del edificio. La idea de este convenio tiene que ver con la solidaridad, con la predisposición a ayudar y el compromiso social".

Mediante este acuerdo, el SUTERH se comprometió a informarle a La Alameda cualquier denuncia que realicen formalmente los afiliados al gremio. A su vez, dentro del plan de estudios de la capacitación que otorga el título de Trabajador Integral de Edificios (TIE) se incorporará un módulo de enseñanza sobre la temática relacionada con los delitos tipificados en la Ley de Profilaxis.

Por su parte, La Alameda facilitará material de reflexión y concientización sobre esta problemática y divulgará entre los encargados la necesidad de realizar las denuncias correspondientes.

Ni el SUTERH ni La Alameda publicaron el texto del convenio.

Según su sitio Web, La Alameda es una organización no gubernamental (ONG) argentina que lucha contra la trata de personas, el trabajo esclavo, la explotación infantil, el proxenetismo y el narcotráfico, lo que incluye el trabajo contra la corrupción y delitos tales como el lavado de dinero, el tráfico de bebes y los delitos ambientales

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Proyectan un RPA para la ciudad de Neuquén

[BPN-27/04/16] El edil Alejandro Vidal (UCR) presentó un proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante de Neuquén para crear un Registro Público de Administradores de Consorcios en esa ciudad. Así lo informaron diversos medios locales el pasado martes 19 de abril.

Según esas fuentes -a grandes rasgos-, el registro será de acceso público y gratuito, y se podrá ingresar a él mediante la Web oficial de la provincia de Neuquén. Además, estará encuadrado en la legislación que protege a los consumidores y el Ministerio de Ciudadanía será su autoridad de aplicación.

De acuerdo a medios locales, el impulsor de la iniciativa aseguró: "es necesario establecer reglas mínimas que regulen esta actividad para asegurar a los propietarios de inmuebles en propiedad horizontal, de barrios cerrados y clubes, una calidad de administración suficiente que resguarde el patrimonio -privado y común- y también generar una base de información cierta y fehaciente de administradores a los que se pueda consultar".

SUTERyH impulsa un RPA en la ciudad de Ushuaia

[BPN-27/04/16] El Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERyH) de Ushuaia presentará un proyecto de ordenanza para crear un Registro Público de Administradores de Consorcios (RPA) en esa ciudad. Ingresará como alternativa a una iniciativa que ya presentaron un grupo de ediles para que los consorcios cuenten obligatoriamente con un reglamento interno.

Es de recordar que hace tres años, a principios de 2013, el radicalismo ya había presentado un proyecto para crear un RPA en esa ciudad de Tierra del Fuego, pero al parecer no prosperó.

Según informó el Consejo Deliberante, el lunes 18 de abril se reunió la Comisión de Legislación e Interpretación, presidida por el edil Juan Carlos Pino (FpV). Durante la reunión, mientras que el secretario del SUTERyH local, Héctor Mansilla, explicó que su proyecto se basa en el nuevo Código Civil y Comercial; el concejal Pino se comprometió a trabajar en el estudio de ese proyecto, que debió haber tomado estado parlamentario luego de la sesión del miércoles 27 de abril.

Esperando la homologación

[BPN-27/04/16] Aunque los haberes del mes de abril ya deberían estar casi listos, todavía no hay información oficial sobre cómo quedarán los incrementos para el sector de la Propiedad Horizonal. Los aumentos serían: $1800 en el mes de marzo, $1800 en abril, $2000 para mayo y luego un incremento del 25% sobre la escala vigente (la de Septiembre de 2015) a aplicar desde el mes de junio y hasta inclusive en septiembre de 2016.

Habrá que esperar la homologación para saber cómo afectarán esos importes a las horas extras y a las cargas sociales, además de preparase para todo el trabajo extra que se deberá hacer con los haberes liquidados desde marzo de 2016. Se puede leer más información en la nota llamada "Todavía no se homologó y ya se cambió" de este mismo boletín.

[BPN-27/04/16] Entiendo que el editorial debe publicar lo propuesto por todos los actores del mundo consorcial. Deberíamos entonces exponer la realidad de cada entidad y actor que compone la comunidad.

De una breve lectura de la ley, se ve a simple vista el objetivo. También se ve claramente a quién se propone para dirigir la orquesta. Cada vez, los propietarios, los dueños de la cosa, tienen menos poder sobre sus bienes. Esta ley que se ha aprobado sobre tablas es la frutilla del postre. El SUTERH, con su innegable poder económico, domina la escena.

Se proponen dentro de la comisión once miembros:

A) 1 representante de una asociación de propietarios;

B) 1 representante de asociaciones y organizaciones que tengan por objeto la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores de la CABA;

C) 1 de la Defensoría del Pueblo;

D) 1 de Defensa y Protección del Consumidor;

E) 3 por el SUTERH ¿¿¿…???

F) 1 por el sindicato de "empleados de administradoras de consorcios" (en formación);

g) 1 por cada cámara de administradores de consorcios: CAPHyAI, AIERH y UADI.

De estas últimas ¿conocemos la historia de cada una?

La CAPHyAI es la cámara que por excelencia defendió los intereses de los consorcios, contando con el 50% de los votos en la discusión de los convenios colectivos, enfrentándose al SUTERH.

AIERH apareció en el ámbito consorcial y casi de inmediato fue propuesta para entregar -en aquel entonces- las boletas de depósito por las contribuciones de empleados al sindicato ¿Esto nos indica algo?

Luego de una escisión de la CAPHyAI, aparece en escena una pequeña cámara, UADI, sin envergadura financiera para autoabastecerse.

En la era kirchnerista, cuando empezó "la redistribución de la riqueza en forma más equitativa", los gremios, entre ellos -por supuesto- el SUTERH, proponían porcentuales de aumento de salarios que la CAPHyAI pretendía discutir defendiendo los intereses de los consorcistas.

Al asistir a la reunión se encontraban con que su negativa era solamente enunciativa ya que con su firma, los directivos de las otras dos cámaras habían acordado el aumento propuesto por el SUTERH obteniendo de esa manera más del 50% de los votos necesarios.

Aquel que quiera tomarse el trabajo de consultar los periódicos de la época podrá ver sentados en la mesa de firma del convenio a los directivos del SUTERH, de las otras dos cámaras y hasta el mismísimo expresidente Néstor Kirchner y la ausencia de las autoridades de la CAPHyAI.

Sin duda alguna, en esta enunciación tenemos votos cantados en las discusiones: SUTERH (3), sindicato -en formación- (1), AIERH (1) y UADI (1). O sea, simple mayoría, siempre.

¿Qué autoridad moral tiene la Comisión Directiva de AIERH para publicar esta nota? Y sobre todas las cosas... ¿A quién pretende defender?

Sólo se permite pagar con un VEP

Estimado Claudio,

¡Buenas tardes!

Me han llegado noticias de que la AFIP estaría enviando cartas a los consorcios anunciándoles que para los pagos de las cargas sociales sólo se permiten por un VEP (Volante Electrónico de Pago) o por "Pago Mis Cuentas".

Esto obligaría a aquellos consorcios que por una asamblea unánime decidieron no abrir una cuenta bancaria, a tener que abrirla indefectiblemente para no entrar en colisión con esa norma.

¿Es correcta la versión?

¿Qué pasa si el consorcio se resiste a abrir una cuenta corriente porque el banco está lejos del edificio?

Desde ya, muchas gracias por la respuesta.

Mario [CABA]

(25/04/2016)

Hola Mario:

Esa carta está llegando a muchos contribuyentes, no sólo a los consorcios.

En caso de recibirla, si el consorcio no tiene cuenta propia, el administrador podría pagar el VEP desde su propia cuenta bancaria.

Para generar un VEP, debe ingresarse el CUIT del generador (sería el administrador) y el CUIT del contribuyente, en este caso, el consorcio.

Espero haberte ayudado.

Viviana Grinberg

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La Contadora Publica Viviana Grinberg es especialista en Propiedad Horizontal y se desempeña en la práctica privada realizando  auditorías de expensas, seguimientos anuales y controles de gestión. Para cualquier consulta se le puede escribir un e-mail a vgrinberg@arnet.com.ar o llamarla a los teléfonos 4553-6094 ó 4552-9692.

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