Nuevamente Loisi convocó a la desobediencia civil

[BPN-28/03/16] El Dr. Osvaldo Loisi, presidente de la Liga del Consorcista de Propiedad Horizontal (LCPH), convocó a copropietarios e inquilinos a desobedecer todas las disposiciones que emanen del Consejo de la Propiedad Horizontal creado por la Ley Muñoz (Ley 5.464) y le requirió a Horacio Rodríguez Larreta que se abstenga de reglamentar, implementar o poner en vigencia lo que denominó un "mamarracho disfrazado de ley".

Es de suponer que este llamado a la desobediencia se aplicaría también en el caso de que en un futuro algún representante de los consorcistas se termine sentando en la silla reservada para los copropietarios en la dirección del nuevo Consejo. El Dr. Loisi no cuestionó un artículo en particular sino el espíritu mismo de la Ley 5.464 a la que calificó de "aberración jurídica" y "una burla gratuita a la gran mayoría de ciudadanos que habitamos en edificios de propiedad horizontal".

Por otra parte, el presidente de la Liga del Consorcista reveló que el pasado viernes 4 de marzo, en la reunión que mantuvo con Víctor Santa María, secretario general del SUTERH ^[2], le presentó por escrito su proyecto de modificación de la Ley Muñoz y -aunque el gremialista prometió estudiarlo y tomar una decisión- hasta el momento no obtuvo ninguna respuesta.

"Francamente no creo ser merecedor de tal injusto tratamiento. Pero como estoy seguro que usted habrá reflejado textualmente los dichos de su mal informada y mal intencionada fuente, me veo obligado a aclarar el punto", indicó el presidente de la Liga del Consorcista.

A continuación –en su resumen- dio datos sobre una de las dos reuniones de las que participo su entidad –junto a otras- con Sergio Abrevaya y –finalmente- sobre la que mantuvieron con Víctor Santa María el viernes 4 de marzo. "Aprovechamos para hacerle conocer a dicho dirigente nuestro proyecto de reformas a la Ley 5.464, el cual fue recibido por escrito y con la promesa de estudiarlo y opinar o decidir al respecto", declaró Loisi y concluyó: "hasta la fecha, no hemos tenido respuesta alguna".

Ante esta situación consideró que "es indispensable que cada propietario asuma la defensa de su patrimonio en forma directa. Debemos abandonar toda apatía e indiferencia, así también como el ‘animémonos y vayan’ frecuente en nuestra sociedad, y proferir muy alto nuestra voz en rechazo del agravio a nuestros intereses y el de nuestros hijos que aquella ley representa".

La misiva que la Liga propone que los consorcistas envíen masivamente al Jefe de Gobierno local, comienza expresando: "los abajo firmantes, copropietarios del edificio de referencia, nos dirigimos a Ud. a fin de manifestarle nuestro más enérgico repudio a la reciente Ley de la Ciudad Nº 5.464 que, insólitamente, entrega al gremio de los encargados de edificios el control de las administraciones de nuestras propiedades".

A continuación agrega que "con todo el respeto que me merece su investidura, es nuestro deber señalarle la magnitud del problema institucional que ese engendro jurídico crea en las relaciones entre gobernantes y gobernados. Por dicha razón, queremos manifestarle que estamos dispuestos a asumir la defensa de nuestras propiedades y en modo alguno vamos a admitir la interferencia en la libre administración de nuestros bienes de ninguna corporación, sea del sindicato de las personas dedicadas a la limpieza de nuestros edificios como tampoco de las asociaciones que agrupan a nuestros administradores".

Señala también que "por el simple hecho de concederle al gremio del personal de limpieza el poder de reglamentar el funcionamiento de las administraciones de nuestros edificios, el tema trasciende, naturalmente, el marco estrictamente jurídico para entrar en el terreno de la sinrazón. Ello nos habilita a decir que en defensa de nuestro patrimonio y apelando al sentido común y al Derecho Natural, procederemos a desobedecer toda disposición emanada del organismo llamado ‘Consejo de la Propiedad Horizontal’ creado por aquel mamarracho disfrazado de ley".

Y por último exige: "es por ello que le requerimos formalmente se abstenga de reglamentar o implementar o poner en vigencia la Ley 5.464 puesto que no vamos a obedecerla"

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[1] Ley Muñoz: El 20 de noviembre de 2015, Fernando Muñoz (Frente para la Victoria) ingresó a la Legislatura porteña un proyecto de ley -bajo el número de expediente 2455-D-2015- para transferirle el control del RPA porteño a un Consejo de la Propiedad Horizontal. Trece días después, el 3 de diciembre, la Legislatura aprobó sobre tablas y sin debate parlamentario esa ley que hoy lleva el número 5.464. La conducción del nuevo Consejo está compuesta por 11 miembros de los cuales una importante mayoría son del SUTERH, de las entidades de administradores que firman los Convenios Colectivos de Trabajo y de un nuevo sindicato que agrupa empleados de administraciones de consorcios (SEARA). Poco tiempo después Muñoz fue nombrado Defensor de los Inquilinos porteños.

Corto mano, corto fierro…

[BPN-28/03/16] A consecuencia del "repudio" de los vecinos con los que se reúne periódicamente, Horacio Rodríguez Larreta (PRO) estaría intentando desmontar el acuerdo que mantiene con Víctor Santa María^[1] y que permitió que se aprobara la Ley Muñoz. En su armado, Juan Manuel Olmos y Cristian Ritondo habrían sido piezas claves. Así lo informó el pasado 11 de marzo el medio digital Letra P a lo largo de cuatro notas desarrolladas por Gonzalo Palese.

Este diario aseguró que el lugar reservado para las asociaciones de consorcistas dentro del Comité Ejecutivo del nuevo Consejo estaría reservado para Sergio Abrevaya (GEN) aunque –según aclaró - la Liga del Consorcista de la Propiedad Horizontal también lo pidió. El periodista agregó que es muy probable que Fernando Muñoz ^[2] (FpV), autor de la Ley 5.464 y actual titular de la oficina de inquilinos en la Defensoría del Pueblo porteña, sea el representante de los locatarios dentro del Consejo que el mismo creó.

Sobre la representación de los administradores, este medio digital reveló que el gremio de los empleados de los administradores SEARA ^[3] "pertenece" a Víctor Santa María y que desde la CAPHyAI ^[4] le aseguraron que AIERH ^[5] y UADI ^[6] son "asociaciones fantasmas" que también responden al actual diputado del Parlasur.

De acuerdo a Letra P, desde fines de enero, en el marco de las reuniones que mantiene asiduamente el Jefe de Gobierno con los habitantes de la ciudad, vecinos de distintos barrios como Boedo, Almagro, Recoleta y Monserrat, en tono de reclamo le pidieron explicaciones a Larreta por la Ley Muñoz.

Según pudo saber ese diario online, ante esta "incómoda situación," en el oficialismo tomaron nota del reclamo vecinal y en este momento habría tres posibilidades de cara a futuro: impulsar un proyecto del Ejecutivo, pedirle al kirchnerismo (autor de la ley) que haga las modificaciones o consensuar una iniciativa entre los distintos bloques.

Conforme detalló ese medio, se aprobó la Ley Muñoz en el marco de una negociación más amplia que abarcó un paquete de varias leyes y Juan Manuel Olmos, extitular del Consejo de la Magistratura local, estuvo trabajando durante días con el oficialismo porteño para arribar a un resultado que sea beneficioso tanto para el PRO como para el FpV.

El 3 de diciembre por la mañana- el día que se aprobó la Ley Muñoz- Olmos participó de la reunión del bloque del Frente para la Victoria dentro de la Legislatura porteña. Según ese diario, la reunión fue tensa porque los legisladores José Campagnoli, Lorena Pokoik y Paula Penacca se plantaron ante el peronista y mostraron su disconformidad con algunos proyectos.

Horas después se llevó a cabo la sesión en la cual el PRO y el kirchnersimo confluyeron en la aprobación de las iniciativas exigidas por el Ejecutivo porteño. Según ese medio, "en una jugada hábil" Cristian Ritondo (PRO), por ese entonces vicepresidente primero de la Legislatura, solicitó tratar cuatro tablas juntas entre las que estaba el proyecto de Muñoz. En cuestión de minutos se aprobaron todas.

De acuerdo a lo señalado por Letra P, "pocos se percataron de lo que se estaban votando y buena parte de los diputados, por la vorágine de la sesión, desconocía a ciencia cierta los pormenores del expediente"

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[1] Víctor Santa María: Secretario general del SUTERH (Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal).

[2] Fernando Muñoz (Frente para la Victoria) es el autor de la Ley 5.464. En su última sesión legislativa, el 3 de diciembre de 2015, le transfirió el control del Registro Público de Administradores porteño a un Consejo de la Propiedad Horizontal conducido por 11 miembros de los cuales una importante mayoría son del SUTERH y de otras entidades afines a él: las entidades de administradores que firman los Convenios Colectivos de Trabajo, un nuevo sindicato que agrupa empleados de administraciones de consorcios del que nada se sabe sobre sus creadores y otros actores relacionados.

[3] SEARA: Sindicato de Empleados de Administradoras de la República Argentina.

[4] CAPHyAI: Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias.

[5] AIERH: Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal.

"Mucho dinero e intereses en juego"

[BPN-28/03/16] El Dr. Jorge Martín Irigoyen, asesor jurídico de la CAPHyAI ^[1], denunció que detrás de la Ley Muñoz hay mucho dinero e intereses en juego. Explicó que el Consejo de la Propiedad Horizontal va a regular –por ejemplo- los cursos de capacitación y puede hacerlo con los grupos de proveedores. Además, alertó que hay sectores políticos que están operando sobre el Poder Judicial en relación al amparo presentado por la Cámara contra esa ley <texto original>.

Durante su disertación, Irigoyen detalló: "obviamente ésta es una ley que tiene sus intereses porque va regular un sector donde hay cursos de capacitación que generan dinero, también va a regular si se tienen que inscribir -por ejemplo- todas las personas que se ocupan de la seguridad contra incendios", aludiendo a los diferentes gremios que proveen bienes y servicios a la propiedad horizontal.

Ya en relación al pedido de amparo que realizó la CAPHyAI, reiteró: "se tocan muchos intereses y esta ley no es una situación jurídica que uno la pelea en tribunales", y agregó: "yo no tengo dudas de que acá hay distintas partes que están operando sobre el Poder Judicial [...] En esta acción juegan muchos sectores políticos […]. Obviamente este recurso de amparo es político y acá viene lo difícil del asunto". También explicó que "los juzgados resuelven las medidas cautelares habitualmente en aproximadamente una semana pero en este caso llevamos más de 20 días y nos siguen pateando la pelota para el costado".

Por último, el asesor jurídico de la CAPHyAI señaló: "nuestros argumentos jurídicos son irrefutables porque no existe en ninguna parte del mundo, ni hay ningún antecedente en la República Argentina, de una actividad donde el sector público delegue su control en personas que son ajenas a esa actividad".

La charla que contó con aproximadamente 80 asistentes se desarrolló desde las 13:00 hasta las 14:30 horas en el auditorio de la CAPHyAI. El Adm. Miguel Ángel Summa, vicepresidente 1° de la entidad, ofició de presentador. También estuvieron en el panel el Adm. Arturo Molina, vicepresidente 2°, y el Adm. Armando Caputo, vicepresidente 3°.

Entre los asistentes se encontraban tambien Alicia Giménez de UCRA ^[2], Cecilia Vega de APARA ^[3], la Cra. Liliana Corzo, el Cr. Gustavo Gallego, el Ing. Norberto Villar, el consorcista Gerardo Andino, el Cr. Woma "Víctor" Barg y la gestora Lisa Narváez

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[1] CAPHyAI: Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias.

[2] UCRA: Unión de Consorcistas de la República Argentina.

Diana Sevitz convocó a los consorcistas a presentar amparos

[BPN-28/03/16] La Dra. Diana Sevitz, abogada especialista en propiedad horizontal, convocó a los consorcistas a que presenten -en conjunto o por separado- recursos de amparo contra la Ley Muñoz que creó un Consejo de la Propiedad Horizontal en la CABA. Además, calificó al nuevo ente como un colegio de administradores encubierto y opinó que la mayoría de las entidades que dicen representar a los consorcistas son "un sello de goma" <texto original>.

Durante su disertación, la Dra. Sevitz expresó: "algunos propietarios están evaluando iniciar un amparo en forma independiente a la lucha que llevan los administradores. Somos una comunidad legalmente organizada y si -en vez de uno- a un juez le caen 50 amparos, alguien le va a decir a Horacio Rodríguez Larreta que nos tiene que escuchar".

En este sentido indicó: "somos 4 millones de tipos que vivimos en propiedad horizontal, somos consumidores, somos votantes, somos seres humanos, tenemos derechos, el Código nos los da y los derechos que no se ejercen se pierden".

Por su parte, el Dr. Martín Irigoyen la apoyó: "no es lo mismo que un propietario presente un amparo a que se junten 100 y firmen uno en forma conjunta porque eso abaratará los costos", y advirtió: "al propietario que va como el Llanero Solitario se le hace todo muy cuesta arriba".

Por otro lado, la Dra. Sevitz señaló: "analizando los fundamentos de la Ley 5.464 nos damos cuenta que el Consejo de la Propiedad Horizontal es un colegio de administradores encubierto", y agregó: "en ninguna legislación del mundo dentro de lo que sería un colegio de administradores, en este caso velado, los empleados de los matriculados integran su Comité Ejecutivo o su Tribunal de Disciplina".

Se creó una nueva Comisión de Consorcios en la ciudad

[BPN-28/03/16] El 16 de marzo pasado se reunió por primera vez la flamante Comisión de Consorcios del Consejo Consultivo de la Comuna 15. En esa oportunidad, su coordinador provisorio, Ing. Norberto Villar, anunció que –a corto plazo- su principal objetivo es trabajar para la derogación de la Ley Muñoz^[1] a la que calificó como un "despropósito ilegítimo e ilegal". A mediano plazo aspira a crear un espacio de trabajo con las distintas comisiones de propiedad horizontal de la ciudad.

Es de aclarar que Villar es un vecino con una larga trayectoria de participación en la comunidad consorcial. La Comuna 15 está compuesta por seis barrios: Agronomía, Chacarita, La Paternal, Parque Chas, Villa Crespo y Villa Ortúzar.

Norberto Villar: La idea nació a partir del intercambio de información sobre la Ley 5.464 (Ley Muñoz) con otros dos consorcistas ocupados y preocupados, y con el Ing. Edgardo Castro que forma parte de la Comisión de Consorcios del Consejo Consultivo de la Comuna 12. El coordinador de la Comisión de Espacio Público de mi comuna –de la que soy integrante- también me alentó para que la forme. Es así que en enero de este año se presentó el proyecto en la asamblea y se aprobó por unanimidad.

PN: ¿Cuál es tu cargo dentro de la Comisión de Consorcios?

NV: Soy coordinador provisorio.

PN: ¿Cuáles son los objetivos que te planteas para la Comisión en el corto plazo?

NV: Nuestra principal prioridad es la derogación de la Ley Muñoz utilizando todas las posibilidades que nos da la Ley Orgánica de Comunas (Ley 1.777)

PN: ¿Y en el mediano y largo plazo?

NV: A mediano plazo me propongo armar el "interconsultivo" con las otras comisiones de propiedad horizontal a los efectos de aunar esfuerzos en defensa de los derechos de los consorcios porteños para luego intentar intervenir como empleadores en la riesgosa tarea de defender a la fábrica de humo de las apetencias sindicales y políticas.

PN: ¿Cuáles pensás son las mayores dificultades con las que se van a enfrentar?

NV: Debemos vencer muchas aspiraciones personales para ir por los derechos de todos.

PN: ¿Cuál es tu posición sobre la Ley Muñoz?

NV: Sólo sé que como la Ley Zago^[2] es otro despropósito ilegítimo e ilegal. Y la muestra es que ambos ahora consiguieron un "conchabo" inmediato en la Defensoría del Pueblo de la CABA. Que extraño… 

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[1] Ley Muñoz: El 20 de noviembre de 2015, Fernando Muñoz (Frente para la Victoria) ingresó a la Legislatura porteña un proyecto de ley -bajo el número de expediente 2455-D-2015- para transferirle el control del RPA porteño a un Consejo de la Propiedad Horizontal. Trece días después, el 3 de diciembre, la Legislatura aprobó sobre tablas y sin debate parlamentario esa ley que hoy lleva el número 5.464. La conducción del nuevo Consejo está compuesta por 11 miembros de los cuales una importante mayoría son del SUTERH, de las entidades de administradores que firman los Convenios Colectivos de Trabajo y de un nuevo sindicato que agrupa empleados de administraciones de consorcios (SEARA). Poco tiempo después Muñoz fue nombrado Defensor de los Inquilinos porteños.

Reanudó la Comisión de Consorcios de la Comuna 2

[BPN-28/03/16] El pasado jueves 10 de marzo, la Comisión de Propiedad Horizontal del Consejo Consultivo de la Comuna 2 (Recoleta) reanudó sus reuniones periódicas correspondientes a este año. Su coordinadora, la Sra. Teresa Villanueva, en ese primer encuentro, confirmó que no firmó ni adhirió al convenio que habrían suscripto un grupo de representantes de entidades de consorcistas como un paso previo a su integración al futuro Consejo de la Propiedad Horizontal creado por la Ley Muñoz^[1] en el ámbito de la CABA.

Con respecto a las reuniones periódicas de la Comisión aclaró que todavía falta definir las fechas y horarios de los próximos encuentros. Villanueva es también titular de la Asociación de Consorcistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ACCABA).

Durante la primera reunión de este año, la presidenta de la Comisión de Propiedad Horizontal de la Comuna 2 contó a los asistentes que el miércoles 9 le pidió a Diego Santilli –durante un encuentro que mantuvo con los vecinos de Recoleta- la derogación de la Ley Muñoz^[1]. El vicejefe de Gobierno porteño les respondió que se queden tranquilos porque la Ley 5.464 iba a ser modificada.

En otro orden de cosas, Villanueva advirtió que los jubilados ya no pueden sostener más los aumentos en las expensas y que por esa razón se tienen que mudar a barrios más baratos lo cual le parece "inhumano". Señaló que le explicó esta situación a Víctor Santa María, titular del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), en la reunión que el gremialista mantuvo con los consorcistas el pasado 4 de marzo. Sin embargo, el sindicalista no le respondió nada al respecto.

La Comisión de Propiedad Horizontal se inauguró el 15 de octubre de 2012 bajo la órbita del Consejo Consultivo Comunal en el marco de la descentralización de la ciudad de Buenos Aires. Seis meses antes, el 14 de marzo de ese año, durante la primera reunión del Consejo Consultivo, la Sra. Villanueva había propuesto la creación de esta comisión para que los vecinos puedan discutir temáticas consorciales

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Diligente, Hernández se despegó de Sanseverino

[BPN-28/03/16] El Adm. Jorge Hernández, presidente de la Fundación Reunión de Administradores (FRA), aclaró que hace años que el Adm. Luis Hugo Sanseverino ya no pertenece a su entidad. A continuación y tomando distancia de este último, a raíz de varias opiniones que le publicó Pequeñas Noticias, Hernández subrayó que su fundación "critica la mala gestión" de Gabriela Pilar Saldivia al frente del Registro Público de Administradores (RPA) porteño y repudió a quien amenace o intente acallar a un medio de prensa.

Durante su programa radial, Hernández contó que le llegaron muchas preguntas acerca de las opiniones de Sanseverino publicados por Pequeñas Noticias, en las que defendió la gestión de Gabriela Pilar Saldivia al frente del RPA. Al respecto aclaró que ese administrador "ha sido adherente en la fundación pero se lo ha dado de baja por falta de pagos hace un par de años. Es más, en su correo pone que está matriculado pero su matrícula está vencida". Es de suponer que Hernández se refiere a la que otorga el Colegio Profesional de Administradores de Propiedad Horizontal de la República Argentina, una entidad privada que pertenece a su Fundación.

En esta misma línea, señaló: "Sanseverino es un señor que estudió ciencias políticas, dicen que está muy cerca del PRO, que es amigo de Diego Santilli y de la parte de River". Además, añadió que es "un hombre simpático" y que "sabe que Saldivia es una representante del SUTERH ^[1] y del negocio político".

Por otro lado, el presidente de FRA expresó: "nosotros no convalidamos lo que dice Sanseverino, espero que si le llega esto [que digo] me llame y lo podemos hablar", y agregó: "él tiene una opinión y nosotros tenemos otra: que no ha sido buena la gestión de Saldivia al frente del RPA, que ha sido un desastre y una vergüenza".

Como conclusión, reiteró: "Fundación Reunión de Administradores no tiene vínculos, no apoya y además critica la mala gestión de la señora Saldivia a cargo del RPA".

En relación al correo de opinión firmado por Sanseverino que publicó Pequeñas Noticias donde este mandatario advirtió: "tengamos cuidado con lo que escribimos o con lo que hablamos", Hernández afirmó: "no me gustan estas cosas de que se amenace a la prensa porque nosotros también hemos pasado por eso".

Asimismo, el titular de FRA indicó: "me produce repudio que alguien intente acallar la prensa. Me acuerdo de la primera reunión que hubo entre consorcistas y administradores contra la Ley Muñoz en la Sociedad Científica Argentina. En esa oportunidad había gente que no quería que Pequeñas Noticias entrara. A la segunda reunión directamente no vino".

Por último, recordó: "me acuerdo cuando en la Legislatura de la CABA se trataba el proyecto para crear un Colegio Público de Administradores y había mandatarios que estaban dentro de instituciones que decían ‘cómo Pequeñas Noticias va a estar adentro de lo que se debate’". "¿Por qué no?", se preguntó Hernández

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Se abrió la 5ª petición contra la Ley Muñoz en Change.org

[BPN-28/03/16] El pasado martes 15 de marzo, el Adm. Adrián Hilarza, expresidente de la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal AIPH y actual vocal de la entidad, inició una campaña en Change.org para que Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli dejen sin efecto la Ley Muñoz <texto original>. Con esta, ya suman cinco las peticiones que se iniciaron en esta plataforma online en contra del Consejo de la Propiedad Horizontal. Dos peticiones las iniciaron consorcistas: una la presentó una entidad y la otra una consorcista en forma individual. La otras dos las impulsaron profesionales, en un caso fue un abogado y contador y en el otro una abogada. Todas juntas, incluida la de Hilarza, suman más de 12 mil firmas.

Al cierre de esta edición, esta última ya contaba con el apoyo de 222 vecinos <vínculo> y en su petición, su promotor explicó que la Ley 5.464 se aprobó "a espaldas de la sociedad afectada, sin debate y en forma oscura, afectando a casi 4 millones de personas que viven en propiedad horizontal, quienes no han sido invitados, ni han tenido voz ni voto".

Además, argumentó que el fondo de la cuestión no es la representatividad sino el "para qué" se creó este Consejo. De acuerdo al expresidente de AIPH, "este ente no tiene ningún sentido más que otorgarle caprichosamente al SUTERH ^[1] un participación activa en las vidas privadas de los consorcios, otorgarle más poder en exceso a quien ya lo tiene, además de ser un atropello y un avance sobre la propiedad privada del consorcista".

Por otro lado, Hilarza señaló que no está de acuerdo con que se modifique la norma. Según explicó, "no se trata de balancear la representación –como dijo Larreta en un medio- sino que conceptualmente nada tiene que hacer el gremio en nuestras relaciones privadas".

Por último, advirtió que el Consejo "sólo traerá incrementos innecesarios de las expensas y más malestar social", y concluyó: "no quiero que el gremio intervenga en mi vida privada ni en el consorcio donde vivo".

Esta no es la primera vez que Adrián Hilarza se manifiesta en contra de la Ley Muñoz. Siete días después de su sanción, el 10 de diciembre de 2015, en una carta abierta dirigida a Rodríguez Larreta, le solicitó que vete la norma a la cual describió como "descabellada", como un "auténtico mamarracho" y como "otro hijo mal parido en la propiedad horizontal porteña".

Por su parte, el abogado, contador y consultor Alejandro Liberman también se valió de esta herramienta para pedirle a los legisladores porteños que "revisen todo el sistema de la propiedad horizontal que está siendo usurpada" a raíz de la sanción de la Ley 5.464. Esa petición que se inició el 26 de enero, hoy tiene 277 adhesiones <vínculo>.

En esta misma línea, el miércoles 16, la Dra. Diana Sevitz, abogada especialista en propiedad horizontal, también inició una petición en Change.org para que Larreta deje sin efecto la Ley 5.464. Al día de hoy ya cuenta con 231 firmas <vinculo>.

www.change.org se define como la plataforma de peticiones más grande del mundo y su objetivo es proporcionar esta herramienta a las personas comunes para que generen los cambios que se proponen

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Un legislador PRO expresó que quiere cambiar la Ley Muñoz

[BPN-28/03/16] El pasado lunes 22 de febrero, el legislador porteño Emilio Raposo Varela (PRO) expresó que considera necesario escuchar, dialogar y plantear una propuesta correctiva de la Ley Muñoz^[1]. Así se manifestó luego de haber recibido a miembros de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI).

De acuerdo al legislador del PRO, los presentes expresaron su "discrepancia y preocupación" por la Ley 5.464, criticaron que fueron incluidos pero no consultados y que la ley se votó a libro cerrado. Además, consideraron que la composición del Consejo de la Propiedad Horizontal creado por esa norma es "inequitativa y de características inconstitucionales".

Por último, señaló que si bien él no formó parte de la votación de la Ley Muñoz porque asumió su mandato ese mismo día, consideró necesario "escuchar, dialogar y plantear una propuesta correctiva a la ley", aunque no adelantó qué tipo de modificación sería necesaria ni cuáles serían los artículos a cambiar.

Según especificó en su cuenta de Twitter, Emilio Raposo Varela es arquitecto, docente universitario y preside la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajismo. Asumió su banca el pasado 3 de diciembre -el mismo día que se aprobó la Ley Muñoz- luego de la renuncia de su antecesor, Federico Salvai (PRO) quien hoy es el Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El mandato de Raposo Varela culminará el 9 de diciembre de 2017

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[1] Fernando Muñoz (Frente para la Victoria) es el autor de la Ley 5.464. En su última sesión legislativa, el 3 de diciembre de 2015, le transfirió el control del Registro Público de Administradores porteño a un Consejo de la Propiedad Horizontal conducido por 11 miembros de los cuales una importante mayoría son del SUTERH y de otras entidades afines a él: las entidades de administradores que firman los Convenios Colectivos de Trabajo, un nuevo sindicato que agrupa empleados de administraciones de consorcios del que nada se sabe sobre sus creadores y otros actores relacionados.

Los departamentos nuevos deberán tener detectores

[BPN-28/03/16] El pasado martes 8 de marzo, la legisladora porteña Natalia Fidel (SUMA+) presentó un proyecto de ley para que todos los departamentos y oficinas que se habiliten a partir del 1° de enero de 2017 cuenten con detectores de monóxido de carbono y gas natural en cada uno de los ambientes donde haya una conexión de gas. Quienes no cumplan con esta nueva obligación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, no obtendrán el Certificado de Final de Obra.

De acuerdo a la iniciativa cuyo objetivo es reducir los siniestros en los edificios, la autoridad encargada de entregar el certificado deberá, previamente, verificar los dispositivos. Además, según el proyecto, los detectores deberán contar con un indicador lumínico y una alarma sonora. Las demás especificaciones técnicas serán estipuladas por la reglamentación.

Acompañaron la iniciativa los legisladores María Inés Gorbea, Marcelo Guouman y Hernán Rossi también del bloque SUMA+; Graciela Ocaña, Diego García De García Vilas y Marcelo Depierro de Confianza Pública; y Adrián Camps del Partido Socialista Auténtico.

En sus fundamentos, la legisladora Fidel aseguró: "el monóxido de carbono es una de las principales causas de muerte por envenenamiento en la Argentina", y agregó: "de acuerdo al Ministerio de Salud, en el país se registraron más de 2.500 casos de accidentes relacionados con la inhalación de monóxido de carbono durante el año 2014. De ese total, 200 fueron casos mortales".

Por último, explicó: "el monóxido de carbono es altamente peligroso porque no es detectable a través de los sentidos debido a que carece de olor, sabor, color, y no irrita los ojos ni la nariz", y concluyó: "a su vez, las pérdidas de gas natural puedan causar explosiones en ambientes de nula ventilación en caso de encenderse algún artefacto eléctrico o llama, como ha sucedido lamentablemente en varias oportunidades en la ciudad".

Proyecto para poner techo a las comisiones inmobiliarias

[BPN-28/03/16] El 1° de marzo de 2016, el legislador porteño Adrián Camps (Partido Socialista Auténtico) presentó un proyecto de ley para que las comisiones de los inmobiliarios no puedan superar del 4,15% del valor total del contrato en el caso de alquiler de vivienda. Para ello propuso modificar la Ley 2.340 que dio origen al Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA). Puntualmente, pretende modificar el inciso 2) del artículo 11°^[1] de la Ley CUCICBA, además de derogar su artículo 57°^[2].

En sus fundamentos, el legislador socialista explicó que "el 27 de enero el Colegio emitió una resolución arbitraria en la que permite al sector fijar libremente el monto al momento de celebrar el contrato de alquiler, medida que dificultaría el acceso a la vivienda a más de 900 mil personas que hoy alquilan en la ciudad o desean hacerlo y se encuentran en una situación de debilidad a la hora de negociar sus contratos".

Es de mencionar que Camps no hace ninguna mención al impedimento que surgiría de los artículos 1.255^[4] y 1.350^[5] del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación -que entró en vigencia el 1° de agosto de 2015- que le asignan prioridad a la libertad contractual y a la autonomía de la voluntad de las partes para pactar el precio de los servicios y los montos de las comisiones. No sólo eso, el CCyC remarca que "las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios".

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[1] Artículo 11°, Inciso 2), de la Ley 2.340: - Derechos. Son derechos de los corredores inmobiliarios:

2. Percibir honorarios por la actividad realizada y comisiones de su comitente según la retribución que libremente pacten y, de quien resulte cocontratante, la que se establezca por la ley. En el caso de tratarse de alquiler de inmuebles destinados a vivienda administrados por un corredor inmobiliario, el monto de los honorarios mensuales no podrá ser exigido a los inquilinos.

[2] Artículo 57 de la Ley 2.340:- Hasta tanto se regulen los aranceles según lo previsto en el inciso 2° del artículo 11, para los casos de locación de inmuebles destinados a vivienda única, el monto máximo de la comisión a cobrar al inquilino, será el equivalente al cuatro, quince centésimos por ciento (4,15%) del valor total del respectivo contrato.

[3] Fernando Muñoz (Frente para la Victoria) es el autor de la Ley 5.464. En su última sesión legislativa, el 3 de diciembre de 2015, le transfirió el control del Registro Público de Administradores porteño a un Consejo de la Propiedad Horizontal conducido por 11 miembros de los cuales una importante mayoría son del SUTERH y otras entidades afines a él: las cámaras de administradores que firman los Convenios Colectivos de Trabajo, un nuevo sindicato que agrupa empleados de administraciones de consorcios (SEARA) y otros actores relacionados.

[4] Artículo 1.255° del CCyC: Precio. El precio se determina por el contrato, la ley, los usos o, en su defecto, por decisión judicial.

Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios. Cuando dicho precio debe ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de dichas leyes, su determinación debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución.

Si la obra o el servicio se ha contratado por un precio global o por una unidad de medida, ninguna de las partes puede pretender la modificación del precio total o de la unidad de medida, respectivamente, con fundamento en que la obra, el servicio o la unidad exige menos o más trabajo o que su costo es menor o mayor al previsto, excepto lo dispuesto en el artículo 1091.

Asesoramiento gratuito a inquilinos, propietarios e inmobiliarios

[BPN-28/03/16] El pasado viernes 4 de marzo, la senadora rionegrina Silvina García Larraburu (Frente para la Victoria) presentó un proyecto de ley para crear un programa nacional que brinde asesoramiento gratuito a inquilinos, propietarios e inmobiliarios. De ser aprobado, también se promoverán instancias de conciliación, se impulsará la participación de asociaciones del sector y se diseñarán campañas de concientización.

Según la iniciativa ingresada al Senado, el programa consiste en cuatro medidas:

1) Asesorar y brindar asistencia técnico-legal a los inquilinos y propietarios, entre las partes contratantes y con la inmobiliaria interviniente si la hubiera.

2) Promover instancias de conciliación voluntaria para problemas suscitados entre locatarios, locadores e inmobiliarias.

3) Promover la participación de asociaciones de inquilinos, propietarios y residentes en hoteles familiares y pensiones.

4) Diseñar campañas de comunicación que tengan como finalidad la concientización de los locadores y locatarios sobre los derechos y obligaciones en las contrataciones de inmuebles para uso habitacional.

De acuerdo a texto del proyecto, como mínimo, el Gobierno nacional deberá desembolsar un millón de pesos anuales para implementar este programa de concientización aunque la senadora no explicó cómo se invertiría ese dinero.

Según expresó textualmente García Larraburu, el objetivo de su iniciativa es "la concientización sobre los derechos y obligaciones de todos los sujetos que intervengan en el contrato de locación de inmuebles para vivienda a través del asesoramiento jurídico gratuito a los locadores, locatarios e intermediarios, sean estos corredores o martilleros".

La senadora del FpV aclaró en el texto de su proyecto que el Poder Ejecutivo será el encargado de determinar cuál será la autoridad de aplicación.

En sus fundamentos, García Larraburu aseveró: "la mayoría de los inquilinos desconocen la normativa relativa a las locaciones urbanas. A raíz de ello, se generan situaciones de desigualdad e indefensión que colocan al inquilino en situación de desventaja". En este sentido, explicó que también "es preciso que el locatario conozca de manera cierta sus obligaciones antes de suscribir el contrato locativo y las consecuencias que de él se derivan".

Según argumentó la senadora rionegrina, "ambas partes pueden padecer arbitrarias extralimitaciones de la otra que vuelven imprescindible una actuación del Estado para brindar herramientas de concientización y resolución de conflictos a través de un asesoramiento jurídico gratuito".

Por último, expresó: "los denominados ‘usos y costumbres’ en el mercado inmobiliario operan generalmente en contra del sector más débil de la relación contractual. Se requiere de la asistencia del Estado a fin que advierta y concientice a la población involucrada"

Lista negra de inquilinos morosos II

[BPN-28/03/16] El pasado miércoles 2 de marzo, la senadora María Laura Leguizamón (FpV) volvió a presentar un proyecto de ley en el Senado de La Nación para crear un Registro de Deudores Morosos de Alquileres (RDMA). La iniciativa es una reproducción de otra presentada hace dos años que no prosperó <texto original>.

A grandes rasgos, aquellas personas que adeuden tres meses de alquiler dentro del período de un año deberán ser inscriptos en este registro que funcionaría dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Según propuso Leguizamón, esta medida deberá ser determinada por un tribunal mediante sentencia firme de primera instancia en el marco de una causa judicial de desalojo o de cumplimiento de obligaciones remunerativas.

El proyecto –que es una reproducción del expediente 1278/14 presentado el 7 de mayo de 2014- consta de 7 artículos de los cuales uno es de forma e ingresó bajo el número de expediente 11/16. Desde el 10 de marzo se encuentra en la comisión de "Legislación general".

Guillermo Morro inició otro proyecto

[BPN-28/03/16] El Arq. Guillermo Morro ya puso en marcha un nuevo proyecto: SmartBe, un cochecito inteligente para bebés que se puede manejar mediante el celular. Morro fue el presidente de Documenta SA, una empresa de servicios orientada a consorcios que quebró en 2011. Fue también uno de los creadores de Abastia –un pool de compras que eliminaría intermediaciones innecesarias- que fue lanzado a mediados de 2015 y en la actualidad, aparentemente, está desactivado.

Según informaron diversos medios, cuando el Arq. Morro se convirtió en padre de mellizos, se le ocurrió la idea de crear un novedoso carrito que ofrece un ambiente climatizado, música especial para el bebé, tres capotas automáticas, un calentador de mamadera, un colchón que arrolla al bebé, plegado automático, webcams, un micrófono, un espacio armario con cerradura electrónica y un sensor antirrobo". Así lo hizo saber el 22 de febrero a un matutino nacional.

Luego de asociarse con un grupo de diseñadores creó una campaña online en la plataforma Indiegogo para recaudar fondos que le permitan financiar el proyecto.

En el sitio institucional de la iniciativa se puede encontrar no sólo toda la información técnica del producto, sino también un video en el que –entre otras cosas- Guillermo Morro –en inglés- habla sobre el cochecito.

Al momento de la redacción de esta nota, en Indiegogo, 63 patrocinadores ya habían invertido 81.276 dólares.

Es de recordar que a mediados del año pasado Morro había presentado otro proyecto: el servicio de compras Abastia. El 22 de julio de 2015, en declaraciones periodísticas explicó que ese emprendimiento "elimina la intermediación en la cadena de abastecimiento indirecto solucionando los vicios estructurales arraigados a nivel global que impiden a las empresas comprar pequeñas cantidades de productos a precio de fábrica".

Desde el 20 de junio del año pasado la página que creó Abastia en Facebook no tiene actividad y su sitio Web está vacío de contenido.

El Arq. Morro se hizo conocido en la comunidad consorcial cuando presidió la empresa Documenta Centro de Servicios SA dedicada a la gestión administrativa y procesamiento de datos. Su principal actividad era brindar servicios a los administradores: dictaba cursos, gestionaba la rúbrica de los libros de los consorcios y confeccionaba y presentaba las Declaraciones Juradas anuales de los mandatarios.

Cabe señalar que el 23 de septiembre de 2010, el Arq. Morro compartió el escenario con la coordinadora del Registro Público de Administradores (RPA) porteño, Gabriela Pilar Saldivia, cuando ésta dio una charla en la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) sobre el reempadronamiento al que por aquel entonces se debieron someter todos los administradores. Cinco meses después, el 15 de febrero de 2011, Documenta entró en cesación de pagos.

En mayo de ese año, la CAPHyAI -que durante varios meses poseyó en su sede un stand de Documenta y ante los "comentarios de asociados" que recibió- les comunicó que la entidad se puso en contacto con Guillermo Morro "haciendo el reclamo pertinente". Agregaron que ante la falta de respuesta, conversaron con el estudio Martín Irigoyen, Rossi & Asoc. para que los socios damnificados que quieran iniciar una acción contra Documenta, se contacten.

A fin de mes vence el Registro de Empleadores online 2015

[BPN-28/03/16] El próximo jueves 31 de marzo vencerá el plazo para que los empleadores de la ciudad de Buenos Aires carguen la información requerida por el Registro de Empleadores online correspondiente al ejercicio fiscal 2015. A diferencia de años anteriores, hasta el momento no se dictó ninguna prórroga.

Es de recordar que este registro fue creado por el Gobierno porteño mediante el Decreto Nº 625/09. De acuerdo a esa norma, la falta de renovación anual de la inscripción comporta "una obstrucción a la labor de la Autoridad Administrativa Laboral, pudiendo hacer pasible de sanciones al empleador".

En el Registro deberá consignarse información general de los empleadores (actividad económica, domicilio fiscal, datos de registración y CUIT), establecimientos que se posean, cantidad de empleados, tipo de contrato de los trabajadores e información sobre ellos (lugar de residencia, nacionalidad, nivel de instrucción, discapacidad).

Novedades a medias

[BPN-28/03/16] Hasta la fecha no hay aumentos que reflejar en los recibos de haberes del mes de marzo de 2016. Aunque hubo rumores de incrementos para el sector, oficialmente todavía se encuentra vigente la escala salarial del mes de Septiembre 2015.

En el pasado Boletín de Pequeñas Noticias del 10 de marzo y bajo el título "Se habría acordado un 25% de aumento por seis meses" se informó que fuentes confiables habrían acordado para el sector una suma fija remunerativa de 1.800 pesos en marzo, otra igual para abril y en mayo se reemplazaría la suma fija por un incremento del 25% en la escala salarial de febrero de 2016 que es la misma que está vigente desde el mes de septiembre de 2015. También trascendió que el convenio sería válido sólo por seis meses pero al mismo tiempo ninguna de las entidades de consorcistas realizó declaraciones públicas sobre el tema y no hay ninguna homologación que efectivice los –hasta ahora- rumores.

A esta altura del mes, los haberes deberán confeccionarse sin modificaciones salvo que en el transcurso de esta semana se produzca alguna "novedad oficial". Como siempre, hay que estar atentos, muy atentos.

Las cocheras y bauleras están siendo escrituradas

Tengo una consulta sobre un edificio de 39 departamentos.

En el 2º subsuelo hay una unidad complementaria con 39 cocheras y 4 bauleras.

Hasta el momento, la unidad complementaria estaba asignada a una unidad funcional (local) del dueño del total.

En este momento, las cocheras y bauleras están siendo escrituradas a consorcistas dueños de unidades funcionales en el edificio.

La pregunta es:

¿El resumen de expensas e impuestos por este predio (impuestos viene en un bloque por todo el subsuelo) debe ser realizado por la administración del edificio en forma proporcional conforme porcentajes asignados, o lo tiene que hacer aquel que tenga la mayoría de los espacios? ¿Qué corresponde?

Muchas gracias.

Héctor [Ramos Mejía/Pcia. Buenos Aires]

(01/03/2016)

Estimado Héctor:

Intentando no dejar sin respuesta su consulta, dividiré la brevísima exposición en dos partes:

En primer lugar, los gastos que se ocasionen en espacios comunes de uso o goce específico del sector (por ejemplo, mantenimiento o reparaciones del portón de la cochera) podrán ser prorrateados de manera discriminada si y sólo si el reglamento de propiedad horizontal dispone esta exención de gastos para el restante de las unidades. Véase que el Código Civil y Comercial indica en su artículo 2.049°, 4º párrafo, que "el reglamento PUEDE eximir parcialmente de las contribuciones por expensas a las unidades funcionales que no tienen acceso a determinados servicios o sectores del edificio que generan dichas erogaciones". La palabra "puede" tiene un énfasis propio para mostrar que es una discreción del reglamento y no habría otra manera de exceptuar al resto de las unidades a la contribución de este tipo de rubros. De hecho, este párrafo tiene lugar en la exposición de "defensas", las cuales son pocas.

Ahora bien, a mi criterio, hay que tratar de modo discriminado aquellas tasas que gravan el inmueble en particular. Aquí ya no se trata del mantenimiento, conservación, reparación o sustitución de partes comunes; sino que hablamos de un impuesto que recae sobre la propiedad privada. En vistas de que se trata de una sola unidad complementaria y resulta dificultoso arbitrar el pago por otro medio, creo que resulta de buena práctica generar, dentro de la propia expensa, una columna/categoría independiente que prorratee el impuesto entre todas las cocheras y bauleras.

De esta forma, se emularía una situación similar a la que sucedía con el viejo régimen de Cablevisión, en los tiempos en que las contrataciones por consorcio eran posibles: un concepto que entraría dentro de la categoría de "particular" y era exhibido y recaudado por medio de las expensas.

Esperando haberle sido de utilidad, le saludo muy cordialmente,

Pablo Acuña

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Pablo Acuña es abogado, administrador y director del medio Pintando Horizontes de la localidad de Caseros, partido de 3 de Febrero, en la Pcia. de Buenos Aires. Para cualquier consulta se lo puede contactar en su comunidad de Facebook https://www.facebook.com/pintandohorizontes, en su cuenta de Twitter https://twitter.com/pintandohorizon o mandar un email a pabloa@alas-admconsorcios.info.

Vacaciones para trabajadores jornalizados

Hola Melina, en el Boletín de Pequeñas Noticias del 10 de marzo pasado tuvimos dos consultas relacionadas con las vacaciones del Personal Jornalizado. Decíamos que el inciso d) del artículo 12º del Convenio Colectivo de Trabajo habla del tema en cuestión: "los trabajadores suplentes gozarán de las vacaciones totales establecidas en el inciso c) cuando trabajen más de la mitad de los días laborables comprendidos en el año calendario o aniversario de trabajo de conformidad con las normas legales vigentes. Los trabajadores suplentes que no reúnan el tiempo mínimo percibirán en concepto de vacaciones el salario correspondiente a un día por cada veinte días efectivamente trabajados o fracción mayor de quince días hasta los cinco años de antigüedad. Luego de cinco años de antigüedad y hasta los diez el salario por vacaciones se duplicará y desde los diez años en adelante se triplicará".

A lo anterior se agrega que el 12 de noviembre pasado, la Resolución 1.934/15 de la Secretaría de Trabajo homologó el acuerdo en el que se estipuló –además del bono anual del 20% y otros aspectos de la relación laboral en el sector de la propiedad horizontal- un agregado al inciso d) del artículo 11º que dice: "en estos casos, el suplente gozará de las vacaciones durante los días que componen su jornada habitual".

Para resumir, el importe de un día de vacaciones para los trabajadores jornalizados y suplentes es igual al importe que le deberías abonar si fuera a trabajar. Con respecto a cuándo se debe tomar las vacaciones, ahora no cabe duda que las tiene que gozar en los mismos días que trabaja.

En tu caso, no entiendo por qué indicás que le corresponden 4 y le dan 8 días. No sé si hablás de días corridos o días hábiles para el trabajador. Lo que queda claro es que los días que le corresponden de vacaciones deben cumplirse en los días que trabaja -o sea- lunes, miércoles y viernes. Lo que se le debe abonar es lo mismo que le abonarías si fuera a trabajar: lunes y viernes 3 horas y los miércoles 2 horas.

Un saludo grande.

Trabajadores jornalizados en el F.931

Hola Guillermo, en el caso de los trabajadores jornalizados corresponde informar la cantidad de horas trabajadas. Si te fijás, se entiende que trabaja todo el mes ya que en la Situación de Revista se informa que está "activo" desde el 1° de cada mes.

Un saludo grandote.

Trabajadores de 4 horas

Hola Guillermo, estuve mirando el  inciso f) del artículo 7º del Convenio Colectivo de Trabajo en el cual se decriben las funciones de un encargado no permanente de la siguiente manera: "es quien realiza tareas propias del/la encargado/a en edificios en los que tengan a su cargo hasta veinticinco (25) unidades sin servicios centrales o con servicios centrales de calefacción y/o agua caliente. Este/a trabajador/a tendrá la obligación de cumplir un horario de permanencia en el mismo de hasta cuatro horas diarias. Los horarios vigentes en esta categoría a la fecha de sanción de este Convenio serán mantenidos sin modificación".

En este artículo no menciona si las 4 horas deben ser corridas o no, pero no encontré todavía el lugar en el que aparecen "los horarios vigentes" de los que habla. Apenas los encuentre, los publicaremos.

Un saludo grandote.

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