[BPN-22/11/13] El SERACARH denunció que Adrián Hilarza, secretario de la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal (AIPH), realizó una acción judicial contra la disposición local que impuso a los consorcios pagar un curso obligatorio a los encargados de edificios porque pretende formar parte de la negociación paritaria del sector. "Su interés es otro muy diferente al manifestado en la demanda", sostuvo la Dra. Viviana Laura Díaz, patrocinante letrada de la entidad.

Si bien la demanda la realizó Hilarza contra el Gobierno de la CABA, el SERACARH se presentó en la causa en calidad de tercero, citado el 10 de octubre por el Magistrado interviniente, "en virtud de la eventual afectación que […] pueda sufrir en sus intereses, como consecuencia de la decisión que se adopte en la presente causa judicial".

En su escrito la entidad argumentó que el "Servicio de Resolución Adecuada de Conflictos para Trabajadores y Empleadores de Renta y Horizontal [SERACARH] es encabezado por un consejo directivo en el que se representan todos los sectores interesados". Por esta razón –por estar integrados por tres entidades de administradores (CAPHyAI, AIERH y UADI) y dos del gremio (FATERyH y SUTERH)- argumentaron que "cabe aclarar que el SERACARH no es una entidad única, como maliciosamente se quiere hacer conocer por los sectores que no participan en la actividad por no estar reconocidos por el Ministerio de Trabajo de la Nación", y agregaron: "por ese motivo los mismos no forman parte del SERACARH, situación que debe ser tenida en cuenta cuando se analiza el fin de este tipo de acciones judiciales".

Por último, de acuerdo a lo expresado, resumieron: "estos sectores son los que promueven este tipo de acciones con el único fin de ingresar y ser tenidos en cuenta como un sector interesado sin importarles las condiciones laborales ni la capacitación de los empleados de consorcio".

Por esta razón teniendo en cuenta "la trayectoria de esta entidad" concluyeron que "se encontraba en óptimas condiciones para prestar el servicio requerido, en virtud de las capacidades estructurales y de gestión mencionadas, como así también en virtud de los objetivos de la entidad y la representatividad que ejerce respecto de los sectores involucrados".

Por último explicaron que "de esta manera, el SERACARH venía a constituirse como la única alternativa válida para poder llevar a cabo de forma inmediata y eficiente, una tarea de tanta importancia como es aquella que tiende a la capacitación y profesionalización de las personas encargadas del cuidado y mantenimiento de los edificios de propiedad horizontal, a fin de resguardar la seguridad de los consorcistas y habitantes de los edificios. De lo contrario, se corría un grave riesgo de dejar huérfana la custodia de la seguridad e higiene de los edificios de renta y propiedad horizontal. Por otra parte, no debe olvidarse que tal como fuera expuesto, la tarea en cuestión constituye una obligación normativa vigente, por lo que cualquier interrupción o afectación en la prestación de los cursos, significaría su incumplimiento".

El pasado 18 de junio, Hilarza había iniciado una medida cautelar –que no prosperó- y una acción de amparo –que está en curso- para que la Justicia porteña deje sin efecto la Disposición Nº 1.698 que obligó a los encargados de edificios a realizar un curso anual en Seguridad e Higiene en el SERACARH.

En sus fundamentos, Hilarza consideró que el Dr. Juan Manuel Gallo, por entonces director general de Defensa y Protección del Consumidor (DyPC) de la CABA, "se ha excedido en sus facultades [...] adoptó una decisión que va en contra de los intereses de los propios actores que el funcionario debe representar y defender [...] tomó una medida que no se encuentra debidamente fundada sino que se basa en méritos puramente aparentes, [no actuó con] la imparcialidad que debe respetar cualquier funcionario público [...] y benefició, en clara contradicción con su mandato, a un instituto privado al que le otorgó un privilegio de manera monopólica".

[BPN-22/11/13] El Dr. Marcos Bergenfeld, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles en Propiedad Horizontal (APIPH), denunció que manos anónimas sabotearon las comunicaciones de su oficina impidiéndole así concretar la realización del acto que había organizado para comunicarse con los propietarios de inmuebles el pasado 7 de noviembre.

Por otra parte, expresó su confianza en la promesa que la diputada Cornelia Schmidt-Liermann (PRO) le había hecho el 1º de octubre en su despacho. En esa oportunidad la legisladora le prometió que en caso de producirse algún hecho como el sucedido ella personalmente organizaría de inmediato un acto de desagravio en el Congreso de la Nación.

Las autoridades de APIPH habían comunicado que darían a conocer a la comunidad consorcial dos temas en los que sus profesionales están trabajando: una reforma de la Ley 13.512 consensuada con los vecinos y un método sencillo y práctico que permitirá –en sus palabras- "que los consorcistas se independicen y sean actores de un cambio". Estaba previsto que la reunión se realizara en la Sociedad Científica Argentina.

Según el presidente de APIPH el martes 5, dos días antes del acto programado para el siguiente jueves, sin previo aviso la oficina de APIPH se quedó tanto sin servicio telefónico como de banda ancha. Bergenfeld aclaró que esta interrupción de las comunicaciones se produjo sólo en las líneas de la sede de la asociación y que pudo constatar que el resto del edificio seguía recibiendo servicio. La empresa prestadora, ante el reclamo, le comunicó que no podría restituirle las líneas antes de las 72 hs. (3 días) aunque luego lo duplicó, normalizando finalmente la prestación el lunes 11, 4 días después del previsto para el acto.

Bergenfeld, en diálogo con Pequeñas Noticias, explicó que esta situación le impidió completar las tareas necesarias para terminar de ajustar los últimos detalles de la reunión prevista. Según aclaró, ésta tenía como objetivo ratificar su voluntad de recuperar para los consorcistas su participación en las próximas paritarias "en un todo de acuerdo a los lineamientos que la OIT nos transmitiera en Ginebra".

Para el presidente de APIPH éste sería el cuarto hecho contra su persona que se habría producido por su actuación en defensa de los consorcistas. Consideró que el tercero se produjo cuando –según sus palabras- "en una acción tan aberrante como insólita, el secretario gremial del SUTERH [Osvaldo Bacigalupo] se presentó en la Justicia iniciándole […] una querella penal por tentativa de extorsión, confundiendo tanto los hechos como a las personas intervinientes".

Bergenfeld consideró que "los entretelones de esta demanda fueron desopilantes" y que el Juez de primera instancia la rechazó ‘in limine’, sentencia que –ante la apelación- confirmó la Cámara. "Quedaron así expuestos al ridículo tanto el mencionado dirigente como su abogado, quien supo disimular muy bien la jerarquía de su famoso apellido", explicó el presidente de APIPH [BPN Nº 453 del 5/1/12: "Bergenfeld fue sobreseído por la justicia"].

El segundo se habría producido el 20 de marzo del 2009. "En ocasión del único acto que en 10 años se le permitió organizar en el Palacio Legislativo porteño, seguridad impidió que alrededor de 500 consorcistas pudiesen ingresar al Salón San Martín a raíz de un corto circuito que se había producido ‘casualmente’", ironizó Bergenfeld y agregó "como los vecinos que se habían reunido en Perú 160 amenazaron con sentarse en el medio de la calle si no se les permitía entrar, la legisladora Liliana Parada (ARI) autorizó que se abriesen las puertas y se realizara el acto en el hall central. Cuando los consorcistas estaban ingresando se acercaron varias personas portando escritorios, micrófonos y unas 200 sillas. Inclusive acercaron varios termos de café para las personas mayores presentes. Es más, luego de comprobar que aún había gente sentada en las escaleras, acercaron aproximadamente 100 sillas más. En ese momento se acercó Sebastián La Rosa, asesor del por entonces legislador Diego Santilli (Juntos por Bs. As.), con una nota firmada por él en la que manifestaba que no tenían espacio para nosotros, los consorcistas (esta conversación está grabada). Le contestamos que ya estaba empezando el acto y le pedimos que por favor nos acercaran más sillas, a lo que se negó bajo el argumento de que no estaba autorizado a ello".

El presidente de APIPH aclaró que finalmente el acto se pudo realizar y destacó que a las 20 hs. de ese mismo día hubo otro en ese mismo salón –"cuyo cortocircuito se había solucionado"- presidido por el legislador Oscar Armando Moscariello (PRO) [BPN Nº 373 del 26/03/09: "La FAC demanda al ministro de trabajo"].

Para Bergenfeld el primero de los incidentes se produjo el 6 de septiembre de 2006 en un salón de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) donde, irrumpiendo por la fuerza, un grupo de entre 8 y 12 personas impidieron que se realizara un acto organizado por la entonces Federación Argentina de Consorcios (FAC), presidida por él mismo y por Alicia Giménez en calidad de vicepresidenta.

El grupo de desconocidos violentó la seguridad del lugar, ingresó al salón con redoblantes, arrojó bombas de humo y desplegó dos pancartas que decían "Alerta consorcistas, los asesinos de la ESMA nos quieren robar" y "Bergenfeld = Giménez asesinos de Massera reciclado".

[BPN-22/11/13] Jorge Hernández, presidente de Fundación Reunión de Administradores (FRA), llamó a los administradores de consorcios a no abonar el curso del SERACARH: "que nadie pague un peso porque no es obligatorio. Lo han dicho dos instrumentos públicos del Estado argentino que nos representan", afirmó.

También le reclamó al Gobierno porteño que obligue a las tres entidades que representan a administradores y al gremio a devolver los montos cobrados en concepto del curso en un plazo perentorio de 30 días: "no es que la tengan que ir a pedir, salvo que quieran ver una cola de cien mil consorcios reclamando".

Estas declaraciones las realizó el pasado 9 de noviembre durante el transcurso del programa de radio Reunión de Administradores que se emite los sábados a las 11:30 hs. por Radio Cultura (FM 97.9).

Hernández no solo consideró que se debe devolver el dinero sino también que deberían compensar a los consorcios por los daños y perjuicios: "el Estado debería decir que ahora es obligatorio que devuelvan el dinero más los daños y perjuicios que han provocado. Porque si no estaríamos en un país donde la ley no es igual para todos".

Agregó también que muchos administradores se sintieron avergonzados de haber sido un "instrumento" de esta forma de recaudar fondos de los consorcios y puntualizó: "y otro problema, hay muchos administradores que no se pudieron presentar a la renovación de su matrícula porque no lo habían pagado […porque en una asamblea…] los consorcios habían dicho que no lo haga".

En el curso del programa Hernández había puntualizado que la medida había afectado a 100 mil consorcios. El costo del curso fue de 500 pesos y si se tiene en cuenta que en propiedad horizontal se estima que trabajan 90 mil encargados, el valor total anual recaudado ascendería a unos 45 millones de pesos ($500x90.000=$45.000.000). Sin embargo, no todos los trabajadores debieron realizarlo ya que quedaron exceptuados las funciones de los encargados "jornalizados", los "suplentes", los de "vigilancia" y los "guardacoches" [BPN Nº 505 del 02/10/13: "Sumario administrativo por el curso del SERACARH"].

Si bien Hernández se refirió a dos pronunciamientos de organismos públicos contra el curso del SERACARH, en realidad fueron tres: dos de la Defensoría del Pueblo porteña y uno de la Procuración General de la CABA.

La Dra. Alicia Pierini, defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 14 de noviembre de 2012, le había recomendado a la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor que deje sin efecto la disposición que impuso la obligación de que el personal de los consorcios deba tomar un curso en el SERACARH por "tratarse de una norma ilegítima y dictada en exceso de las facultades reglamentarias previstas en el Decreto Nº 551/10, reglamentario de la Ley 941 y sus modificatorias" [BPN Nº 480 del 28/11/13: "La Defensoría recomendó dar de baja el curso del SERACARH"].

El segundo fue el pasado 5 de agosto cuando el procurador general porteño, Julio Marcelo Conte Grand, dictaminó que la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la CABA "no posee competencia para emitir actos administrativos como la Disposición Nº 1698/DGDYPC/12" [BPN Nº 503 del 11/09/13: "La procuración se expidió contra el curso del SERACARH"].

Un mes después, el 5 de septiembre, la defensora del pueblo reiteró su recomendación de derogar definitivamente la disposición que estableció el curso obligatorio en el SERACARH teniendo en cuenta el "contundente y decisivo" dictamen jurídico del procurador general. También le solicitó a Conte Grand que inicie sumario administrativo para que se determinen responsabilidades por su dictado [BPN Nº 505 del 02/10/13: "Sumario administrativo por el curso del SERACARH"].

[BPN-22/11/13] Gabriela Pilar Saldivia, coordinadora del Registro Público de Administradores (RPA) porteño, adelantó que las multas por no haber presentado las Declaraciones Juradas 2010/11/12 irán desde los 26.060 hasta los 52.120 pesos. No explicó en qué casos se aplicará una sanción menor y en cuáles mayor. Puntualmente expresó que las multas irán desde los cinco "salarios correspondientes al sueldo básico de la menor categoría de los encargados" ($5.212 x 5 = $26.060) hasta los 10 salarios ($5.212 x 10 = $52.120).

Saldivia quiso dejar claro que las multas serán sólo para quienes no presentaron nada, no se acercaron al RPA y no se registraron en el sistema online que el Gobierno de la Ciudad habilitó para confeccionar las DDJJ y subrayó: "esos, que claramente son infractores a la ley, son los que serán multados".

Por otra parte, la coordinadora del RPA explicó que aquellos administradores que no presentaron la declaración jurada por algún motivo en particular pero que efectuaron su descargo por nota en tiempo y forma serán citados al RPA, se les entregará una nueva clave y deberán presentar dentro de los cinco días toda la documentación requerida para evitar una multa.

Saldivia realizó estas declaraciones el pasado 6 de noviembre en el marco de una charla que brindó en la sede de la CAPHyAI (Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias),

Las autoridades de la CAPHyAI se quejaron de que las multas alcanzan "montos muy significativos" porque se utiliza para su cálculo el sueldo de un encargado que en comparación con los honorarios de los administradores son muy elevados y adelantaron que están realizando gestiones para "equiparar estos valores".

Es de tener en cuenta que el inciso a) del artículo 16º de la Ley 941 determinó como base para las sanciones a los administradores el sueldo básico de los encargados y que la Disposición Nº 4.116/11 de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la CABA ordenó que se sancione con cinco salarios la no presentación de cada período de las DDJJ anuales.

Por otra parte, realizaron un pedido ante las autoridades del RPA para simplificar el aplicativo online de las próximas declaraciones juradas.

Por último, con respecto a las matrículas renovadas, Saldivia adelantó que "tal vez salga una nueva disposición en algún momento para que los que en diciembre no hayan retirado su matrícula tengan un plazo de treinta días más para realizar el trámite". A su vez, manifestó que si bien las matrículas renovadas de los administradores deben estar exhibidas en un lugar visible del edificio, no es necesario que sea el original.

Saldivia reiteró que "se están entregando las matrículas, como ya es de público conocimiento, y que deberán estar exhibidas en algún lugar visible del consorcio", y alertó que los inspectores ya las están pidiendo. Aclaró que "no es necesario que se exhiba el original, puede ser una fotocopia y de este modo se estará cumpliendo igualmente con la normativa".

Explicó que hay muchas matrículas que entregar y que el RPA está abocado a ese trámite hasta diciembre próximo

[BPN-22/11/13] El Cr. Jorge Scampini, presidente de APARA (Asociación de Profesionales Administradores de la República Argentina), alertó que ahora -ante la nueva obligación de enviar por email las liquidaciones de expensas y el cupón de pago- los consorcistas deberán comprar una impresora láser para poder imprimir los códigos de barra que figuran en los cupones de pagos porque de otra manera los sistemas automáticos de cobro no los podrán leer.

Este tema lo desarrolló en el marco de una entrevista que dio al Adm. Daniel Sánchez Rivera, conductor del programa de radio "Consorcios de radio" que se transmite los miércoles a las 11 hs. por Internet en www.arinfo.com.

Puntualmente Scampini contó que durante una charla con colegas evaluó los problemas que podrían tener los consorcistas mayores que no cuentan con el equipo adecuado o con los conocimientos informáticos necesarios que les permita imprimir la liquidación de expensas y el cupón de pago necesario para cancelar la deuda. "Si a mí me preguntás, el tema del correo va a traer mucho dolor de cabeza", opinó el presidente de APARA.

El primer problema que señaló es la recepción de esa información por email: "yo a una jubilada –tal vez del tipo de la propaganda que a veces vemos que hablan por celular- le voy a tener que mandar por correo electrónico las expensas más el volante", y agregó: "ya va a ser algo pesadito para esta jubilada que tiene un correo público. Lo va a tener que bajar en su computadora y conseguirse una impresora láser para poder imprimir el código de barra del volante porque sin ese código los cajeros no le van a poder cobrar".

Ante la posibilidad de que el consorcista no disponga de una impresora láser el contador y administrador desarrolló una segunda opción: "si no tiene impresora en su casa va a tener que ir a un locutorio y hoy te cobran por bajar los formularios". En este caso, para él, el propietario va a objetar: "¿Cómo, yo pago expensas y a su vez tengo que pagar el locutorio para que me imprima el formulario para poder pagar?". Explicó que también "va a tener que hacer toda esa maniobra y darle la clave de su correo electrónico al pobre muchacho del locutorio para que le baje ese formulario. ¡Imaginate una jubilada de 70 años!. Va a ser complejo", concluyó.

[BPN-22/11/13] La Oficina Municipal de Defensa al Consumidor de la ciudad de Rosario informó que hasta octubre ya se recibieron más de 500 denuncias contra administradores de consorcios. De continuar esta tendencia, los vecinos de la capital santafecina habrán efectuado durante 2013 un 50% más de denuncias contra los administradores que el promedio de años anteriores que rondaban las 400. Este incremento coincide con la implementación, por primera vez, de un Registro Público de Administradores en esa ciudad.

El Consejo Asesor que depende de la Oficina de Defensa al Consumidor local explicó que la mayor cantidad de denuncias que acercan los consorcistas son por no realizar las asambleas anuales obligatorias, por no consultar antes de efectuar gastos, por falta de claridad en las liquidaciones de las expensas y por la extensión del mandato del administrador.

Puntualmente sobre las liquidaciones el coordinador del Consejo Asesor, Ariel D´Orazio, denunció que "suele haber rubros que no están claros y eso se puede ver como una falta de información" y recomendó que en cada liquidación mensual se detallen los datos en forma "minuciosa" y se consignen los números de los comprobantes abonados "por si el vecino quiere consultar esos recibos en los libros".

D´Orazio explicó que en general el procedimiento comienza cuando los consorcistas "vienen a preguntar si la administración de su edificio se inscribió en el Registro que tenemos desde marzo de este año y desde allí comienzan las quejas".

[BPN-22/11/13] El Dr. Osvaldo Loisi, presidente de la Fundación Liga del Consorcista, afirmó que si bien está de acuerdo con el espíritu del proyecto de ley de Cornelia Schmidt-Liermann (PRO) "está mal enfocado institucionalmente porque no es de resorte de la Ley 13.512 [buscar que los propietarios estén representados en paritarias], lo que hay que hacer es reglamentar o sacar una ley reglamentaria de la Ley 14.250 que es la de Convenios Colectivos de Trabajo".

Loisi develó a Pequeñas Noticias que en ocasión de conversar con los asesores de la diputada del PRO les aclaró que el meollo de la cuestión está en la Ley 14.250 que es la que instaura el régimen de paritarias y a ésta le falta la reglamentación de la participación de los empleadores y explicó: "no se ha reglamentado hasta ahora porque las empresas en los distintos rubros de la economía no necesitan que el Estado les diga cómo tienen que organizarse. Como ellos tienen intereses comunes no hace falta que el Estado se meta, pero en los consorcios sí hace falta porque hay mucha incomunicación y éstos no tienen un objeto social ("affectio societatis"). La gente cuando compra un departamento no lo hace con el objeto de reunirse con nadie. Ahí sí, necesitamos que el Estado reglamente cómo debe ser esa representación", concluyó.

A modo de resumen, el presidente de la Liga del Consorcista reiteró que está de acuerdo con el espíritu del proyecto de la diputada del PRO pero con otra técnica legislativa, otro enfoque y otra redacción: "me extraña la verdad que la diputada no nos haya llamado porque fue muy amable con nosotros, incluso en una oportunidad nos prestó la sala de diputados para hacer un acto".

El 4 de octubre, la diputada nacional Schmidt-Liermann presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para modificar un par de artículos de la Ley 13.512 de propiedad horizontal con dos objetivos principales: prohibir a las entidades de administradores de consorcios representar a los consorcistas en las negociaciones paritarias y establecer la obligatoriedad de que los consorcios reunidos en una asamblea decidan qué asociación los representará en paritarias en calidad de empleadores [BPN Nº 506 del 16/10/13: "El proyecto de Schmidt-Liermann ya llegó al Congreso"].

Santa María ratificó su apoyo a Rodríguez

Santa María realizó estas declaraciones el pasado 10 de noviembre en Mar del Plata durante la celebración del Día del Trabajador de Edificios que tuvo lugar en el predio que posee el sindicato en la localidad de Santa Celina.

Es de recordar que una semana antes de las elecciones en SUTERyH Mar del Plata, Santa María había anticipado su respaldo a la candidatura de Juan Rodríguez y afirmó que estaba seguro de que iba a ganar debido a "todo lo que están trabajando y haciendo crecer al gremio" [BPN Nº 505 del 02/10/13: "Ganó Juan Domingo Rodríguez"].

Según informó el gremio, más de 800 personas asistieron a la celebración del día del trabajador de edificio marplatense, entre ellas el director de Producción de la Municipalidad, Carlos Theiler, el concejal Mario Luchessi, el director de OSSE (Obras Sanitarias Sociedad de Estado), Oscar Goñi y los titulares de los SUTERyH de Bahía Blanca, Necochea, Miramar, Villa Gesell, Pinamar y Partido de la Costa.

Durante el transcurso de la misma, Rodríguez –quien recibió una plaqueta de manos de Santa María- se refirió al resultado de las elecciones en Mar del Plata del pasado 28 de septiembre: "estamos felices, ganamos las elecciones por amplio margen. Venimos trabajando muy duro en el gremio, no nos detenemos y prueba de ello son las nuevas setenta afiliaciones que logramos en el ultimo mes. Tenemos un compromiso muy grande con nuestros afiliados y trabajaremos estos cuatro años para seguir haciendo crecer al gremio".

Por otra parte, un medio local informó que durante los festejos se sortearon electrodomésticos, planes de auto ahorro, dos lechones y cajas de vino. Además se realizó la elección de la Reina del gremio.

Por último, Santa María adelantó que va a regresar a Mar del Plata "la primera quincena de diciembre cuando inauguraremos nuestro hotel que se encontrará en la calle Alberti casi llegando a su esquina con Buenos Aires".

Una semana después de haber recibido el respaldo de Santa María, la lista "Celeste y Blanca – 2 de Octubre" que encabezó Juan Rodríguez se impuso en las elecciones con el 76% de los votos. Segunda quedó la lista "Amarilla y Blanca – 15 de Marzo", que postuló a Rodolfo "Rolo" Rodríguez, con el 24% restante.

"Un gremio peronista de verdad"

[BPN-22/11/13] El pasado sábado 16 de noviembre, el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, calificó al SUTERH como un "sindicato peronista de verdad", y afirmó que "un país es lo que es por la cantidad de trabajadores formales que tienen y ustedes son un ejemplo en ese sentido". Por último felicitó al gremio "por lo que han hecho este año, pero en particular por un tema que ustedes le han dado mucha, mucha atención, que es una fuerte inversión y apuesta en educación".

Sobre este tema, pidió "que se aplaudan por tener la primera universidad nacional obrera de trabajadores de la República Argentina creada por una ley del Congreso Nacional", y agregó: "cuando recorremos la Argentina, en todos los rincones está este sindicato con su presencia pero sobre todo con los centros de capacitación".

Estas declaraciones las realizó el por entonces presidente en ejercicio durante la cena que organizó el SUTERH en Tecnópolis para festejar el 71º aniversario del gremio en el marco del 5º Encuentro Internacional de la UITEC (Unión Iberoamericana de Trabajadores de Edificios y Condominios).

Al momento del discurso, el vicepresidente estuvo acompañado en el estrado por Víctor Santa María y José "Pepe" Santa María. Éste último actualmente es 1º vocal titular en FATERyH y es secretario de Obra Social y Previsión Social en SUTERH. Momentos antes de hablarle al público Boudou recibió una medalla alusiva por el aniversario de la entidad gremial.

El 5º Encuentro de la UITEC se desarrolló los días 14, 15 y 16 de noviembre en las instalaciones del Instituto Superior Octubre (ISO) que pertenece al SUTERH. El mismo se tituló "Los sindicatos y su rol en la sociedad actual: participación, derechos y deberes para un nuevo protagonismo" y concurrieron representantes de Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Colombia y Panamá.

Según informó la UITEC, las delegaciones sindicales arribaron el jueves 14 de noviembre. A la noche de ese mismo día se realizó una cena de camaradería entre los sindicatos y las cámaras en la cual la bienvenida estuvo a cargo de Santa María y de Juan Manuel Acosta y Lara, presidente de la Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal (AIERH).

Al día siguiente, viernes 15 de noviembre, comenzaron las exposiciones. Primero, a las 9:00, Raúl Requena, coordinador de la UITEC, habría realizado la "Introducción General del Programa de Trabajo", mientras que a continuación estaba previsto que Osvaldo Bacigalupo, secretario general de la entidad, y representantes de otras organizaciones asistentes realicen una alocución sobre "Informe de gestión 2013 y análisis de coyuntura".

Ese mismo día, a las 11:30, se habría tratado el tema "Migración y Derechos Humanos" y luego de una pausa, a las 14:30 horas, Santa María habría disertado sobre "Evaluación de convenios, agenda 2014. ¿Hacia adónde vamos?" Por último, estaba previsto el cierre de esa jornada con "Reflexiones y conclusiones finales – Adopción de acuerdo".

Al día siguiente, sábado 16 de noviembre, a las 10 horas se preveía que Requena actúe como moderador en un "diálogo" entre sindicatos y cámaras. La UITEC informó que se firmó el "Primer acta de compromiso de sectores de la propiedad de Iberoamérica, Buenos Aires, 16 de noviembre, 2013".

Tal vez, la 5ª será la vencida

[BPN-22/11/13] Mediante la Resolución Nº 3.535 del pasado 29 de octubre, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) prorrogó para el 2015, por quinta vez, la implementación del "Régimen de Información" para los casos de alquileres de inmuebles urbanos.

Teniendo en cuenta los nuevos plazos que estableció el organismo público, los propietarios que perciban en total rentas brutas superiores a los 8 mil pesos mensuales por el alquiler de inmuebles urbanos o de espacios o superficies fijas o móviles delimitados dentro de bienes inmuebles -locales comerciales, cocheras, bauleras, entre otros- deberían anotarse en el régimen desde el 1º de enero de 2015 hasta el 28 de febrero de ese mismo año.

Es de tener en cuenta que la Resolución Nº 2.820/2010 de la AFIP que creó este Régimen había determinado su implementación para el 1º de agosto de 2010. En el caso de los alquileres de inmuebles rurales el empadronamiento de los propietarios –es decir los locadores- está vigente desde el 1º de junio de 2011.

El 30 de abril de 2010, la AFIP emitió la Resolución Nº 2.820/2010 mediante la cual estableció un "Régimen de Información" y un "Registro de Operaciones Inmobiliarias".

Según esta resolución, "con el objeto de optimizar las acciones de control sobre las locaciones y/o cesiones de derechos reales sobre inmuebles procede implementar adicionalmente un régimen de información a cumplir por quienes asuman el carácter de ‘locador’, ‘arrendador’ o ‘cedente’ en dichas operaciones".

En términos generales, los propietarios deben informar cuando obtengan rentas brutas devengadas -en su conjunto- por un monto igual o superior a $8.000 mensuales en los siguientes casos: alquiler o arrendamiento de inmuebles, alquiler de espacios o superficies fijas o móviles delimitadas dentro de un inmueble o cesión de derechos reales y/o cesiones o contratos que impliquen derechos de uso a título oneroso sobre inmuebles urbanos. Por otra parte, si se trata de inmuebles rurales deben informar cuando la superficie arrendada, cedida o afectada al contrato o cesión en su conjunto sea igual o superior a las treinta hectáreas.

Los datos que deben informar los propietarios están relacionados con el inmueble -ubicación, destino, superficie total, superficie alquilada, entre otros-, con los sujetos intervinientes -datos del titular del inmueble, del locatario, del locador, etc.- y con el contrato de locación o cesión –por ejemplo: denominación, fecha de celebración, fecha de inicio, de finalización, modalidad y precio pactado-. Además, la norma obliga a presentar una declaración jurada anual que resume los movimientos del período, mientras que también establece un régimen de retención del impuesto a las ganancias.

En otro orden de cosas, en el "Registro de Operaciones Inmobiliarias" deben anotarse "las personas físicas, sucesiones indivisas y demás sujetos que realicen o intervengan en operaciones económicas vinculadas con bienes inmuebles situados en el país". Es de subrayar que esta obligación está vigente desde el 1º de agosto de 2010.

La Resolución Nº 2.820 había determinado que la implementación del "Régimen de Información" tanto para la locación de inmuebles urbanos como para los rurales fuera el 1º de agosto de 2010.

Cuatro meses y medio después, mediante la Resolución Nº 2.910 del 14 de septiembre de 2010, la AFIP prorrogó la entrada en vigencia de este régimen para el 1º de junio de 2011.

Posteriormente, a través de la Resolución Nº 3.139 del 24 de junio de 2011, el ente recaudador prorrogó únicamente la implementación del régimen de locaciones urbanos para el 1º de enero de 2012. Mientras que las rurales entró en vigencia en la última fecha estipulada: el 1º de junio de 2011.

Al año siguiente, la AFIP -mediante la Resolución Nº 3.251- por tercera vez prorrogó el "Régimen de información" de los alquileres urbanos al 1º de enero de 2013. 

La Resolución Nº 3.431 del 28 de diciembre de 2012 estableció una cuarta prórroga que impuso el comienzo de este control fiscal para el 1º de enero de 2014.

El empadronamiento incluye monotributistas

[BPN-22/11/13] Mediante la Resolución Nº 3.537 del pasado 30 de octubre (BO: 1/11/13), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) inició un reempadronamiento de los contribuyentes debido a que modificó la clasificación y codificación de las actividades económicas.

La AFIP le asignará automáticamente a cada uno de los contribuyentes un nuevo código de actividad, sin embargo estos deberán verificarse a través de la página Web del organismo público que dicha conversión haya sido la correcta. De lo contrario deberán empadronarse –es decir modificar manualmente el viejo código de actividad por el nuevo- con el aplicativo de la AFIP en su sitio Web, teniendo en cuenta el cronograma de vencimientos que se estableció de acuerdo al número de CUIT (Código Único de Identificación Tributaria) del contribuyente.

Sobre este tema, la Cra. Viviana Grinberg, especialista en propiedad horizontal, aclaró que a los administradores de consorcios les corresponde el código 682010 y a los consorcios de propietarios el 949920.

La AFIP advirtió que los contribuyentes que no se empadronen dentro de las fechas establecidas sufrirán -entre otras- las siguientes restricciones: no podrán operar con las transacciones de adhesión al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, actualizar datos en el "Sistema Registral", empadronar trabajadores autónomos, recategorizar o modificar datos del Régimen Simplificado para Pequeñas Contribuyentes e inscribir o actualizar datos en los "Registros Especiales" previstos en la Resolución General Nº 2.570.

Por último, la disposición prevee en su artículo 9º que "el incumplimiento a la obligación establecida en este artículo, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Artículo 39 y concordantes de la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones".

Según explicó el organismo público, "los cambios que se han producido en el campo económico y tecnológico aconsejan sustituir el actual nomenclador […] por otro basado en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 4 y la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (ClaNAE 2010) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)".

Con la casa no se juega

[BPN-22/11/13] El pasado 10 de octubre, el senador Rolando Bermejo (FpV) presentó un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para que todo inmueble destinado a vivienda única y de ocupación permanente sea inembargable e inejecutable, salvo en caso de renuncia expresa del titular. De aprobarse la iniciativa, en los casos que corresponda, esta garantía se mantiene aún en caso de deudas originadas por expensas, impuestos, tasas, contribuciones u obligaciones alimentarias.

El autor del proyecto manifestó que su objeto es "asegurar la protección de un derecho humano fundamental como lo es la vivienda digna [...] La trascendencia de la medida que se propicia está dada porque intenta garantizar, frente a las eventuales vicisitudes, principalmente económicas, la preservación de la vivienda como bien indispensable para el desarrollo familiar".

La iniciativa ingresó al Senado por mesa de entradas bajo el número de expediente S-3779/13. Días después fue girada a la comisión de Legislación General, aunque todavía ésta no emitió dictamen.

El proyecto advierte que para que una persona goce de este beneficio debe ser su único inmueble, debe estar destinado a vivienda, debe ser de ocupación permanente y guardar una "relativa y razonable" proporción entre su capacidad habitacional y el grupo familiar. A este último lo define como el originado en el matrimonio o en las uniones de hecho, incluyendo a sus ascendientes y descendientes. Por otra parte, aclara que en caso de fallecimiento del titular su familia se verá beneficiada de esta garantía siempre y cuando habite la vivienda en forma permanente.

En términos generales, el senador Bermejo consideró que la fuente del marco normativo sobre la protección del derecho a la vivienda digna está reconocida en el inciso 22 del artículo 75º y el artículo 14º bis de la Constitución Nacional. El primero incorpora  los tratados internacionales de derechos humanos al bloque constitucional y el segundo consagra a la ciudadanía el derecho a una vivienda digna junto a otros de tipo económico, social y cultural.

Por otra parte, señaló que la ley nacional de bien de familia (14.394) "trasciende la protección de la vivienda familiar, para resguardar el derecho a la vivienda digna del individuo social y comunitario, el cual para cumplir con su proyecto de vida e interrelacionarse requiere de condiciones de vida dignas que propicien tal desarrollo".

Además, el senador aludió a un fallo de la Corte Suprema de Justicia –"en su nueva composición"- en el cual "ha reivindicado la operatividad del derecho constitucional a una vivienda digna como uno de los derechos económicos, sociales y culturales, íntimamente relacionado con otros derechos humanos fundamentales".

También resaltó que "la regulación propuesta constituirá una garantía no sólo para los titulares del derecho a una vivienda digna, sino para aquéllos que contraten con ellos, quienes sabrán de antemano qué bienes integran la prenda común de sus deudores y no verán franqueados sus derechos por legislaciones de emergencia que modifiquen la situación".

Ya fue publicada la ley "Acceso justo al hábitat"

[BPN-22/11/13] El 7 de octubre, en la Provincia de Buenos Aires, la ley llamada de "Acceso justo al hábitat" (Nº 14.449) fue publicada en el Boletín Oficial local y sólo resta su reglamentación para entrar en vigencia.

Según sus autores, la ley –a lo largo de sus 73 artículos- "viene a dar respuesta desde una mirada integral a los distintos aspectos vinculados a la problemática de la tierra y la vivienda, incorporando principios rectores, directrices generales e instrumentos de actuación que permiten fortalecer la intervención eficiente y justa del Estado para resolver el déficit urbano habitacional".

La norma establece que sus objetivos son "promover la generación y facilitar la gestión de proyectos habitacionales, de urbanizaciones sociales y de procesos de regularización de barrios informales; abordar y atender integralmente la diversidad y complejidad de la demanda urbano habitacional; y generar nuevos recursos a través de instrumentos que permitan, al mismo tiempo, reducir las expectativas especulativas de valorización del suelo".

La norma dispone que los municipios podrán obligar a parcelar o edificar a los propietarios de inmuebles baldíos o con edificación paralizada o derruida, edificios en estado de deterioro avanzado y que fueron declarados inhabitables. Los plazos de edificación no podrán ser inferiores a los tres años ni superiores a los cinco y el propietario tendrá un año luego de la aprobación del proyecto para iniciar las obras. En caso de incumplimiento, la ley de "Acceso justo al hábitat" permite que el Municipio aplique un gravamen progresivo especial sobre el inmueble durante cinco años consecutivos que no podrá ser superior al cincuenta por ciento de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza para ese período. Si transcurrió este período y el propietario continúa incumpliendo, el inmueble es declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación.

La norma dispone que el propietario deberá realizar una contribución obligatoria no inferior al 10% de la valorización inmobiliaria cuando un hecho, una obra, una acción o una decisión administrativa permita "el incremento del valor del inmueble, por posibilitar su uso más rentable o por el incremento del aprovechamiento de las parcelas con un mayor volumen o área edificable". Dicha contribución será en dinero, cediendo al Municipio una porción del inmueble o de alguna otra propiedad localizada en otra zona.

Por otra parte, cuando se construyan "grandes desarrollos inmobiliarios" -tales como clubes de campo, barrios cerrados, cementerios privados o grandes superficies comerciales- de más de cinco mil metros cuadrados se deberá ceder al Municipio el 10% de la superficie total o su equivalente en dinero o suelo urbanizable.

La norma también instaura un "Fondo Fiduciario Público: ‘Sistema de Financiamiento y Asistencia Técnica para la Mejora del Hábitat’" con el objetivo de otorgar préstamos a las familias de bajos recursos con déficit urbano habitacional que no logran obtener créditos en la banca formal.

La norma crea el "Programa de Lotes con Servicios" con la finalidad de facilitarles el acceso al suelo urbanizado a las familias bonaerenses. Dentro de sus tareas, el Estado debe impulsar proyectos habitacionales y de urbanización que promuevan procesos de organización colectiva de esfuerzo propio, ayuda mutua y autogestión del hábitat, a través de cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin fines de lucro, incluyendo la gestión y administración cooperativa de los conjuntos habitacionales una vez construidos.

[BPN-22/11/13] El pasado 10 de octubre, la senadora salteña, Dra. Sonia Margarita Escudero (Bloque Justicialista 8 de Octubre), presentó un proyecto de ley para que no se puedan instalar antenas de telefonía celular a menos de 500 metros tanto de viviendas familiares como de establecimientos educativos, residencias para ancianos, clubes, centros de salud o cualquier otro lugar donde se produjera concurrencia masiva de público.

La iniciativa prohíbe también su instalación en plazas o parques o cualquier otro espacio que cada municipio pudiera determinar. Según el proyecto los dueños de las antenas existentes tendrán un plazo de 180 días a partir de su publicación para adaptarse a los términos de la ley.

En caso de ser aprobada, las sanciones previstas para quienes incumplieran van de los 100 a 10 mil sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional y pueden llegar a la cancelación de la concesión, en caso de gravedad extrema y reincidencia. Por su parte a los funcionarios que no la controlen o la incumplan se les impondrá una multa de 20 a 30 veces su remuneración total mensual y se los destituirá del cargo en caso de aplicarse la multa mayor.

Para entender la importancia de este proyecto, es de destacar que por tratarse de una ley nacional tiene jurisdicción tanto sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como de otras importantes ciudades del interior del país. Según la propuesta de la senadora una antena de telefonía celular debería estar instalada en el medio de un terreno de una superficie aproximada de unas 100 manzanas para que quede a más de 5 cuadras del edificio de vivienda más cercano. Sería la superficie comprendida por un círculo de 5 manzanas de radio o 10 manzanas de diámetro. Quedó sin respuesta dónde se ubicarían las antenas existentes al no existir predios de estas dimensiones ni en la CABA ni en el conurbano bonaerense.

Pequeñas Noticias se comunicó con el despacho de la senadora Escudero para aclarar algunos aspectos técnicos de esta iniciativa y conocer sus propuestas alternativas –en caso de tenerlas- para la prestación de telefonía celular. Al día del cierre de la edición ni ella ni sus asesores brindaron ningún tipo de respuestas.

El proyecto de ley ingresó por mesa de entradas en la Honorable Cámara de Senadores con el número de expediente 3795/13 y menos de una semana después –el 16 de octubre- fue girado a la comisión de "Justicia y asuntos penales". Está previsto también que sea tratado por la comisión de "Sistemas, medios de comunicación y libertad de expresión".

En sus fundamentos la senadora y abogada salteña argumentó que "esta distancia mínima se establece teniendo en cuenta el criterio adoptado por la Unión Europea junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) 1999/519/CEE en el año 2003, así como la opinión de los expertos que se han expedido al respecto, en particular, la del Dr. Neil Cherry, de Lincoln University, Canterbury de Nueva Zelanda (Julio, 2000) quien estudió la disminución de la secreción de la hormona "melatonina" por la glándula pineal cuando el cerebro se encuentra sometido a radiación de campos electromagnéticos de bajo nivel".

El peor año de la década

Las cifras fueron proporcionadas por la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la base de datos del Ministerio de Desarrollo Urbano dependiente de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.

La última década comenzó el año 2003 con 1.509 permisos de obra -819 más que en el 2002- y mantuvo un ascenso sostenido hasta el 2006 en los que se autorizaron 2.779 permisos, 637 más que en el 2005.

En 2007 comenzó un leve descenso que se acentuó durante los tres años siguientes. En el 2010 llegó a su pico mínimo con un total de 1.219 autorizaciones, lo que representó 290 menos que en el 2003.

Durante el 2011 hubo una sensible mejoría y los permisos llegaron a 2.057 pero cayeron bruscamente durante el 2012 y –según lo proyectado- esa tendencia se repetirá durante el 2013. Es más, durante este último año los permisos de obra podrían ser menores a los 690 autorizados durante el 2002.

De los números analizados llama la atención que en general cuantos más permisos de obra hay, más baja es la incidencia de las ampliaciones respecto de construcciones. Es así que en el 2006 las ampliaciones –de valores que andaban entre el 32 y el 35%- bajaron al 28% del total construido.

Sin embargo los índices más bajos fueron durante el 2011 en que la incidencia de las ampliaciones llegó al 24% del total construido. En el 2012 fue de un 26% y en el 2010 de un 27%.

Si se comparan los permisos de edificación solicitados durante los primeros nueve meses de este año –enero hasta septiembre-, mayo fue el período que más solicitudes se realizaron con un total de 90. Ese mismo mes también fue el de mayor cantidad de metros cuadrados de superficie involucrada con un total de 92.526 m².

[BPN-22/11/13] Un promedio del 7% de la población sufre de claustrofobia y ante un desperfecto en un ascensor pueden tomar medidas que ponen en peligro su vida o las de las personas que la rodean. Durante su encierro, la desesperación puede llevarlas a intentar salir por sus propios medios o pedir a las personas que quedaron afuera que intenten socorrerla abriendo las puertas del aparato.

El Ing. Norberto Rinaldi, miembro del Comité Permanente de Seguridad de la Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina (FACARA), advirtió que si una persona queda atrapada en un ascensor debe permanecer dentro de la cabina "ya que es el lugar más seguro" y esperar la llegada del personal especializado para su auxilio. Por otra parte recomendó que "para ayudar a disminuir la ansiedad, es importante que el equipo cuente con luz de emergencia, alarma de llamada y, en la medida de lo posible, con un medio de comunicación como puede ser un sistema de portero eléctrico o intercomunicador".

Por su parte, el Ing. Sebastián Altamiranda, miembro Consultor Técnico externo y especialista en ascensores de la Cámara Cuyana de Ascensores, detalló unas pocas normas básicas a seguir en estos casos. A los efectos prácticos, las dividió en dos grupos: una para aquellos que están afuera del ascensor y cinco para quienes quedaron adentro.

En el caso de que el ascensor se haya detenido dejando personas atrapadas no intentar rescatarlas, sino llamar a la empresa conservadora para su auxilio y, mientras ésta llega, conversar con la persona encerrada para intentar calmarla.

1.- No se debe intentar salir por los propios medios. Bajo ningún punto de vista se debe intentar forzar la puerta

2.- Se debe mantener la calma. Los nervios no sólo no solucionan nada sino que generalmente agravan la situación. La ansiedad es contagiosa y mala consejera. Si uno se encuentra encerrado con otra persona tiene que tener en cuenta que el nerviosismo se transmite y empeora la situación.

3.- Estructurar el tiempo. Es muy importante focalizarse en temas que nos interesan y nos generan placer. La mente necesita pensar y resolver algo agradable, no evocar recuerdos fugaces. Lo recomendable es realizar tareas mentales, tratar de resolver algún problema concreto de nuestra vida o planificar proyectos. Diseñar negocios futuros y generar estrategias para alcanzarlos, imaginar el próximo partido de fútbol que se va a jugar, idear una receta para agasajar a alguien forman parte de los temas "distractores" que se sugieren para pasar el rato hasta que la empresa conservadora solucione el problema.

4.- La respiración diafragmática -que consiste en inspirar profundamente (empujando el diafragma hacia abajo) y exhalar lentamente- permite disminuir el ritmo cardíaco, respiratorio y restablecer la calma a nivel físico primero y, luego, a nivel emocional. Además, así se evitan mareos y los síntomas propios de la ansiedad, como taquicardia, sensación de desmayo, de asfixia o falta de aire.

5.- El humor es el mejor remedio para desdramatizar la situación y no desesperarse. Se debe tener en cuenta que aunque el tiempo parezca interminable, la situación es pasajera y luego se convertirá en una anécdota.

Según el "Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales", la claustrofobia es una fobia específica dentro de los trastornos de ansiedad. Específicamente se manifiesta como miedo a los espacios cerrados y aquellos que la padecen suelen evitar los ascensores, los túneles, el metro, las habitaciones pequeñas, el uso de técnicas de diagnóstico médico como una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética nuclear. Cuando una persona que sufre claustrofobia está por entrar o entra en un espacio cerrado, como puede ser un ascensor, experimenta una reacción de ansiedad intensa como falta de aire, palpitaciones o mareo.

Se calcula que entre un 6% y un 8% de la población padece de claustrofobia. Su origen se puede deber a haber vivido una experiencia desagradable en un espacio cerrado (como quedarse encerrado en un ascensor) o a haberla adquirido indirectamente al recibir información de personas que pasaron por vivencias similares.

Las personas que sufren este trastorno ante un desperfecto en un espacio cerrado pueden ser muy difíciles de controlar ya que tienden a desesperarse.

Noviembre = Octubre

[BPN-20/10/13] Los recibos de haberes correspondientes al mes de noviembre no tendrán ninguna modificación en relación a la escala salarial anterior, ya que sigue vigente la de Octubre de 2013. La Resolución 637/2013, publicada el 6 de junio pasado en el Boletín Oficial (BO) mantiene los mismos valores para los meses de octubre y noviembre, pero en diciembre vuelve a cambiar con un incremento promedio del 5%.

Con respecto a los feriados, en el mes de noviembre la Ley Nº 20.770, instauró el día 20 como Día de la Soberanía, en conmemoración de la batalla de Vuelta de Obligado la que -por las condiciones en que se dio la misma, por la valentía de los argentinos que participaron y por sus consecuencias- es reconocida como modelo y ejemplo de sacrificio en pos de nuestra soberanía, contribuyendo la citada conmemoración a fortalecer el espíritu nacional de los argentinos, y recordar que la Patria se hizo con coraje y heroísmo.

Rincón Solidario

Está internado hace 25 días

Tengo un problema muy grave.

La situación es la siguiente: mi marido es encargado en un edificio y a raíz de un intento de suicidio está internado hace 25 días en un hospital psiquiátrico.

Yo además de llamar por teléfono mandé un fax al administrador informándolo de lo que pasaba pero cuando llamo no me atiende y no sé qué tengo que hacer para seguir cobrando los salarios.

No tenemos hijos que nos ayuden y él tiene 15 años de antigüedad.

Gracias.

María

(15/11/2013)

Estimada María:

En principio le informo que en base a la antigüedad de su marido en el empleo le corresponden 6 meses de licencia paga por enfermedad.

Más allá de haber mandado el fax le sugiero que envíe dos telegramas con el texto que más abajo le indico, uno al consorcio y otro al administrador en su domicilio: 

"En representación de mi esposo, ___ empleado en relación de dependencia desde el ___ categoría laboral ___ remito a Ud. la presente reiterándole que el mismo se encuentra ausente de su puesto de trabajo por encontrarse internado desde el día ___ de 2013, en un establecimiento neuropsiquiatrico, denominado ___ calle ___ localidad ___.

El motivo de su internación es producto de un estado depresivo con intento de suicidio acaecido el ___ 2013. Siendo que el consorcio no ha procedido a constatar el estado de salud de mi esposo (Art. 210 L.C.T.) no obstante haber sido en tiempo y forma anoticiada del infortunio, mediante fax que remitiese la suscripta el día ___ según constancia en mi poder, lo intimo a proceder a otorgar a mi esposo la pertinente licencia paga por enfermedad (Art.208 LCT) desde el día ___, hasta tanto obtenga el alta medicacorrespondiente para reincorporarse a su trabajo. 

Por la presente a su vez los intimo proceda a depositar el salario de mi esposo correspondiente al mes de ___ de 2013.

Atentamente" 

Cuando firmes pone: por (el nombre de tu marido) María ____.

No olvide llenar los claros y si tiene alguna duda comuníquese conmigo.

Cordialmente.

María Cristina Carrera

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La Dra. María Cristina Carrera es abogada especialista en derecho laboral y para cualquier consulta se le puede escribir a dramccarrera@yahoo.com.ar o llamarla al teléfono (15)5466-9921.

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