[BPN-11/09/13] En una reunión especial organizada por la Comisión de Consorcios de la Comuna 2 la diputada nacional Cornelia Schmidt-Liermann (PRO) presentó el borrador de un proyecto de ley que propone obligar al Ejecutivo nacional a incluir a los consorcistas en las negociaciones colectivas de salarios.

Su idea es consensuar esta iniciativa en diversos ámbitos de vecinos interesados en este tema y durante el mes de octubre presentarlo formalmente como proyecto de ley en el Congreso de la Nación para su debate y aprobación.

La reunión se realizó el lunes 2 de este mes en la sede de la Comuna 2 (Recoleta) y fue coordinada por la Sra. Teresa Villanueva, presidenta de ACCABA (Asociación de Consorcistas de la CABA). Asistieron unas 50 personas entre las que se encontraron el Adm. Marcelo Ruiz, presidente de AIPH (Administradores Independientes de Propiedad Horizontal), y la Sra. Alicia Giménez, presidenta de UCRA (Unión de Consorcistas de la República Argentina), que expresaron su adhesión a la propuesta de la diputada.

La iniciativa de la diputada nacional del PRO consta de sólo tres artículos de los cuales uno es de forma y propone puntualmente la modificación del artículo 11º de la Ley 13.512 y la creación de un 11º bis.

En el primer caso al primer párrafo ya existente la legisladora propone agregar que "los propietarios e inquilinos con poder suficiente podrán fijar qué organización civil los representará con legitimación suficiente en las negociaciones colectivas de salarios y relaciones laborales de sus empleados ante la autoridad de aplicación que correspondiere".

En este nuevo artículo que se crearía de aprobarse el proyecto se prohíbe taxativamente a las cámaras, asociaciones o uniones de administradores o similares a representar a los consorcios en paritarias. En este mismo sentido establece que: "el administrador actuará en nombre del consorcio siguiendo sus instrucciones, con facultades esencialmente revocables, regulando su actuación conforme a las reglas dispuestas en esta ley y sujeto a los términos del reglamento de copropiedad, no existiendo en la ley, ni en los reglamentos respectivos, mandato especial hacia los administradores para representar a los consorcios, copropietarios o consorcistas en convenciones colectivas de trabajo".

Por último, determina que "en las negociaciones colectivas de salarios y relaciones laborales de sus empleados, los consorcios deberán estar representados por federaciones de asociaciones civiles de consorcios, copropietarios y consorcistas, que posean la respectiva personería jurídica".

Ya lo había adelantado

Es de recordar que en el mes de mayo, en una entrevista concedida a Pequeñas Noticias, Schmidt-Liermann había exigido la representación de los consorcistas en las negociaciones paritarias de FATERyH y había adelantado que estudiaba presentarse en la Justicia para pedir su inconstitucionalidad por considerar que el empleador no está representado. En aquella oportunidad también se había mostrado preocupada por los aumentos de las expensas: "a los jubilados y a los jóvenes les está costando mucho pagarlas. Hay que tener en cuenta que el consorcio no es una empresa: no arroja ganancias y tampoco tiene fin de lucro" [BPN Nº 495 del 22/05/13: "Las paritarias son una discusión casi unilateral"]

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[BPN-11/09/13] La Procuración General de la CABA dictaminó que la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor "no posee competencia para emitir actos administrativos" como el que impuso que los trabajadores de edificios y sus ayudantes deban realizar un curso en el SERACARH (Disposición 1698/12). Así el titular de esa repartición pública, Julio Marcelo Conte Grand, respondió el 5 de agosto al requerimiento que le había realizado la Defensoría del Pueblo porteña sobre este tema.

En su dictamen el procurador definió que, en su opinión,  el camino correcto para imponer una norma como la que impugnó debería ser elaborar un proyecto de ley, respetando la vía jerárquica y promoviendo una modificación "que eventualmente lo dote de las facultades comprensivas de la emisión de normas de la naturaleza de la cuestionada".

Este dictamen tiene singular importancia porque según el artículo 134 de la Constitución de la CABA "la Procuración General de la Ciudad dictamina sobre la legalidad de los actos administrativos, ejerce la defensa de su patrimonio y su patrocinio letrado". O sea que, en palabras sencillas, no sólo es el abogado defensor del Ejecutivo local sino que también controla que sus actos se ajusten a derecho. Es de destacar que aunque este dictamen jurídico no tiene valor ejecutivo es un antecedente de peso.

A lo largo de cinco carillas el procurador general fundamentó su opinión. Aquí algunos de los puntos más relevantes:

En primer término puntualizó que "el Decreto 551/10 [decreto reglamentario de la Ley 941] únicamente –en lo que aquí importa- faculta a la Dirección General para dictar normas instrumentales e interpretativas para la mejor aplicación del citado régimen legal", dictaminó el procurador.

En un segundo párrafo analizó que "ni del Decreto Nº 660/GCBA/2011 ni del actual Decreto Nº 590/GCBA/2012 (Organigrama en su Anexo I y Descripción de Responsabilidades primarias en su Anexo II) surge la competencia de la repartición emisora para dictar normas de la naturaleza de la impugnada". Y lo fundamentó asegurando que "ello así, por cuanto efectuado un detenido análisis de las normas de fondo que rigen el tema en cuestión –Leyes Nº 941/02 y 3.254/09- como asimismo sus normas reglamentarias –Decreto 706/GCABA/03, 551/GCABA/10- no se advierte sustento normativo anterior que permita postular que la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor se encuentra facultada para el dictado de un acto administrativo como el que resulta impugnado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, esto es, la Disposición Nº 1.698/GCABA/DGDYPC/12".

Por otra parte, profundizó en los conceptos que rigen la división de poderes del Estado en palabras de dos catedráticos de la Universidad Complutense de Madrid, Eduardo García de Entrerría y Tomás Ramón Fernández quienes sostienen que toda acción singular del poder debe estar justificada por una ley previa.

Según los autores, la legitimidad del poder procede de la voluntad de los ciudadanos que se manifiestan –a través de la acción de sus legisladores- en leyes: "ya no se admiten poderes como tales, por la razón bien simple de que no hay ninguna persona sobre la comunidad y que ostente como atributivo divino la facultad de emanar normas vinculantes para dicha comunidad; todo el poder es el de la Ley, toda la autoridad que puede ejercitarse es la propia de la ley. Sólo en nombre de la ley puede imponerse obediencia...’.

Sobre esta misma base García de Entrerría y Tomás Ramón Fernández se adentraron en la división de poderes del Estado y sostuvieron: "la segunda idea que refuerza esa exigencia de que toda actuación singular del poder tenga que estar cubierta por una ley previa es el principio técnico de la división de los poderes: el Ejecutivo se designa así porque justamente su misión es ejecutar la ley, particularizar sus mandatos en los casos concretos. La distinción entre los poderes Legislativo y Ejecutivo da al primero la preeminencia y limita al segundo a actuar en el marco previo trazado por las decisiones de aquél, esto es, por las leyes. Lo mismo ocurre con el poder judicial, que deja de ser un poder libre, supuesta expresión directa de la soberanía y con la misma fuerza creadora que el poder normativo supremo, para quedar definitivamente legalizado, sometido a la ley".

En términos generales, sostienen que la administración pública "está sometida a la ley, cuya ejecución limita sus posibilidades de actuación..."

La "renovación tácita" al banquillo

[BPN-11/09/13] El pasado 7 de agosto, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA declaró parcialmente admisible el pedido de inconstitucionalidad que habían promovido José Luis Ludueña, Matías Chari y el Dr. Jorge Resqui Pizarro contra cinco normas que afectaban a los consorcios. Cuatro habían sido dispuestas por el Dr. Juan Manuel Gallo, director general de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC), y una por Eduardo Macchiavelli, secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana (GCyAC).

Los magistrados consideraron que "corresponde sustanciar el debate requerido" contra el artículo 1º de la Disposición Nº 1.000/DGDyPC/12 y el artículo 6º de la Resolución Nº 408/SECGCYAC/2012 llamada también Expensas Claras. El primero había dispuesto que si no hubiera quórum en la asamblea para tratar la permanencia del administrador en el cargo se entendía su renovación como tácita por otro año, mientras que la segunda había ordenado que "todos los ingresos y/o egresos del consorcio deberán efectuarse en forma bancarizada a través de las cuentas bancarias que posea".

Es de destacar que si bien el TSJ hizo lugar al pedido, la Resolución 408 ya había sido derogada el 29 de julio luego de que el 11 de diciembre del año pasado la Dra. Andrea Danas, titular del Juzgado en lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 9, resolviera ordenar "al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la suspensión de los efectos de la Resolución N° 408-SECGCyAC-2012 hasta tanto se dicte sentencia definitiva". En su lugar, el 7 de agosto, se dispuso una nueva versión mediante una norma –la Disposición 2.450- firmada por la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor porteño.

La primera de las normas que los jueces consideraron que sería admisible tratar en profundidad es el artículo 1º de la Disposición 1.000 por considerar que caería en "contradicción normativa" con el artículo 13º de la Ley 941.

La Disposición 1.000 había establecido "que para el caso de que la asamblea de propietarios citada a los efectos de tratar la renovación del mandato del administrador no alcanzare el mínimo quórum establecido por la Disposición Nº 3570-DGDYPC-2011, el mandato en ejercicio se entenderá como tácitamente renovado por el plazo de un año".

Por su parte, el artículo 13º de la Ley 941 había ordenado que "el administrador, salvo disposición en contrario establecida en el reglamento de copropiedad y administración de cada consorcio, tendrá un plazo de hasta un año para el ejercicio de su función, pudiendo ser renovado por la asamblea ordinaria o extraordinaria, con la mayoría estipulada en el mencionado reglamento o en su defecto por los dos tercios de los propietarios presentes, con mínimo quórum".

Para los jueces, el artículo 6º de la Resolución 408 podría entrar en contradicción con el inciso h) del artículo 9º de la Ley 941.

Ese inciso había establecido que es obligación del administrador "depositar los fondos del consorcio en una cuenta bancaria a nombre del consorcio de propietarios, salvo disposición contraria de la asamblea de propietarios", mientras que el artículo cuestionado de la resolución Expensas Claras había dispuesto que "todos los ingresos y egresos del consorcio deberán efectuarse en forma bancarizada, a través de las cuentas bancarias que posea el consorcio".

En sus argumentos para desestimar el tratamiento de la mayoría de las normas cuestionadas, cuatro jueces (José Osvaldo Casás, Luis Francisco Lozano, Ana María Conde e Inés M. Weinberg) consideraron que "en esta ocasión, si bien las normas objetadas han sido mínima pero suficientemente identificadas en el escrito de inicio, la lectura atenta de la demanda permite concluir que los fundamentos que sustentan la pretensión intentada, en buena medida, no resultan concluyentes para tener por configurados los presupuestos que condicionan la acción concentrada de control abstracto de constitucionalidad prevista en el Art. 113, inc. 2º, de la Constitución de la CABA, de acuerdo a la doctrina pacífica de este Tribunal ya citada", y resumió: "en efecto, la pretensión objeto de estudio ha sido entablada en términos genéricos, con imprecisiones y ausencia de fundamentación suficiente".

En disidencia, la jueza Alicia E. C. Ruiz consideró que "la pretensión se ciñe a la declaración de inconstitucionalidad de las normas impugnadas" y agregó: "por las razones indicadas, voto por admitir la acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por los Sres. José Luis Ludueña, Matías Javier Chari y Jorge Resqui Pizarro, respecto de las normas individualizadas en el segundo párrafo del apartado 1 de este voto".

Los jueces rechazaron el pedido de inconstitucionalidad de las restantes normas:

a) La Disposición 3.570 que estableció el quórum mínimo de la asamblea de propietarios para renovación del mandato del administrador en "el cincuenta por ciento más uno de los copropietarios del edificio".

c) la Disposición 1.001 que abrió la posibilidad de que los propietarios autoricen exclusiva e individualmente al administrador para el uso de su firma en la cuenta bancaria del consorcio.

Dos proyectos para mantenimiento de ascensores

[BPN-11/09/13] la Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina (FACARA) elaboró un proyecto que establece los requisitos mínimos para la instalación y la conservación de todos los ascensores del país. Por otra parte y a nivel local, la Cámara Empresaria de Conservadores de Ascensores y Afines (CECAF) está preparando otro proyecto para que se deban adecuar los ascensores de los edificios de la CABA a las últimas normas de seguridad existentes.

Andrés Pozzo, presidente de FACARA y presidente alterno de CECAF, reveló que mientras la iniciativa nacional cuenta con el apoyo de un senador que lo impulsaría en el Congreso de la Nación, el proyecto local sería presentado ante el Ejecutivo porteño para que eventualmente lo ingrese en la Legislatura como proyecto de ley.

Pozzo explicó que en la Ciudad de Buenos Aires conviven cuatro códigos distintos para evaluar la seguridad en los ascensores: "cuando se realizan inspecciones se tiene en cuenta la norma que regía en el momento de su instalación o habilitación y de esta manera se pueden encontrar ascensores con máquinas tambor, con paracaídas obsoletos, con guías de madera o puertas tijera", y agregó: "en estos casos los criterios de inspección varían sensiblemente a nivel seguridad dependiendo del año en que fue instalado. Es una barbaridad que ocurra eso ya que hay elementos en los ascensores que se habilitaron en 1920 que se sabe en la actualidad que no son seguros".

Sobre los plazos para adecuar los sistemas de seguridad que esta nueva norma establecería para la ciudad adelantó que "habría que adaptar los ascensores en un período que va de los dos a los seis años. La norma regirá para todas las máquinas  existentes en la Ciudad y éstas se deberán adecuar tanto a las normas que se dictaron desde 1972 hasta 2003 como a los usos y costumbres vigentes en seguridad".

Por último, el miembro de la comisión directiva de CECAF reveló que "le hicimos una sugerencia a la Cámara de Ascensores y Afines para que avancen en un proyecto similar en forma paralela. Cuando esté listo seguramente nos reuniremos con los consejos profesionales para que lo corrijan y lo presentaremos, en principio, ante la Agencia Gubernamental de Control de la CABA".

Sobre el proyecto de ley nacional que preparó FACARA para establecer requisitos mínimos para la instalación y conservación de ascensores en todo el país, Pozzo destacó que en varias ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Mar del Plata y La Plata ya existen pautas de conservación de transporte vertical que son similares entre sí: "en todas ellas existe la obligatoriedad de contratar una empresa conservadora y de haber un representante técnico que haga las inspecciones de las instalaciones. La única diferencia es la configuración del libro de ascensores pero en todos los casos debe haber una forma de llevar un registro donde, en forma mensual, se deben hacer las anotaciones".

Manifestó que en la actualidad al no existir una ley nacional sobre el tema cada gobierno municipal o provincial establece sus propias pautas: "en algunas ciudades como Venado Tuerto no tienen ningún tipo de reglamentación sobre transporte vertical. En esos lugares pueden poner cualquier cosa y nadie les va a decir que están dejando de cumplir alguna norma", ejemplificó.

"Un asalto al bolsillo"

[BPN-11/09/13] El Adm. Jorge Hernández, presidente de FRA (Fundación Reunión de Administradores), denunció que la digitalización y envío por correo electrónico de los comprobantes que impone el proyecto de Expensas Claras le costará a los consorcistas entre 20 y 25 pesos más por mes. Equiparó estos costos a los que cobran por el mismo servicio las tarjetas de crédito y los resúmenes bancarios: "Internet cuesta dinero, […] prepárense para un nuevo asalto a su bolsillo", alertó a los consorcistas.

Por otra parte, consideró que la Ley 941 no puede establecer obligaciones a los consorcios porque fue creada para controlar a los administradores: "a mi criterio estas disposiciones no tienen sustento legal adecuado para establecer obligaciones al consorcio", y evaluó que el Dr. Juan Manuel Gallo, director general de Defensa y Protección del Consumidor de la CABA, "se está extralimitando y carece de facultades. La Ley 941 es sólo un registro y cada consorcio debe decidir…".

Estas consideraciones las realizó durante el transcurso de su programa de radio "Reunión de Administradores" del pasado sábado 31 de agosto que se emitió por Radio Cultura (FM 97.9).

Comparando las expectativas de la segunda versión del proyecto Expensas Claras con los inicios de la Ley 941, Hernández ironizó: "en el debate de la 941 el objetivo era controlar a los administradores y bajar las expensas comunes. Me acuerdo que Osvaldo Loisi -que es un dirigente que dice representar consorcistas- sostenía que [de los gastos] había un 30 por ciento que se llevaban los administradores y que [con esta ley] iban a bajar las expensas comunes". Y finalizó afirmando: "y como él, Alicia Giménez y Marcos Bergenfeld, que ahora están en un silencio sepulcral, todos apostaban a que esto era una panacea que iba a destruir las coimas de los administradores, las comisiones y que iban a tener que pagar la mitad de las expensas".

Enigmáticamente afirmó "el conflicto más importante que tiene el consorcio para controlar al administrador no está en esta ley. No voy a decir cuál es. Pero no está. Se han olvidado. Esto no soluciona el problema de fondo y, al contrario, deja una puerta abierta para que cualquier aventurero pueda hacer mucha plata con el consorcio".

Hernández manifestó que escanear toda la documentación respaldatoria de los comprobantes de pago del consorcio aumentará las expensas: "hay muchos administradores que están preocupados porque les sobrecarga el trabajo y les complica la vida. Ahora vas a tener que contratar a un especialista ya que no es sólo mandar un correo electrónico sino que también tenés que escanear".

Por último, explicó que "el administrador no es un maldito, sino que alguien tiene que pagar los gastos porque ni el Gobierno de la Ciudad ni ningún otro gobierno subsidia a los consorcios o administradores para que hagan ese trabajo gratis".

Por una profesión digna

[BPN-11/09/13] La Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) anunció el lanzamiento de un compendio de todas las leyes del ámbito civil y laboral relacionadas con la propiedad horizontal ya sean éstas de aplicación nacional como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Adm. Daniel Tocco, presidente de la entidad, sostuvo que uno de los objetivos de esta recopilación es ayudar a los administradores en su actividad: "a cualquier administrador se le hace difícil conocer todas las reglamentaciones vigentes y puede terminar con sanciones que son importantes para el bolsillo", explicó.

El primer tomo, de un total de tres, será lanzado durante el Primer Congreso Latinoamericano de Administradores que organizó la CAPHyAI para los días 19 y 20 de septiembre en el Hotel Panamericano y se regalarán ejemplares entre sus asistentes.

La supervisión profesional de la recopilación y actualización de las leyes, disposiciones y ordenanzas vigentes hasta junio de 2013 está a cargo de la Dra. Alejandra Thierbach, responsable del área jurídica del Registro Público de Administradores (RPA) de la CABA.

El ambicioso trabajo abarca desde leyes tan antiguas como la 13.512 hasta las últimas disposiciones locales relacionadas con el Registro Público de Administradores (RPA) porteño. El presidente de la entidad reveló que -debido a la abundancia de normas y en muchos casos su superposición- este trabajo se extendió durante ocho meses y calcula que la obra completa –o sea los tres tomos- estará finalizado durante los primeros meses del próximo año.

Por otra parte, Tocco manifestó que hace aproximadamente una década la entidad que preside realizó una recopilación de leyes similar aunque acotada a la normativa laboral: "la idea es más o menos la misma aunque esta vez mucho más completa", comparó.

La tirada del primer tomo será de aproximadamente diez mil ejemplares que se distribuirán de manera gratuita a administradores, consorcistas, profesionales vinculados con la propiedad horizontal, autoridades estatales, universidades relacionadas con el sector y empresas. Su costo será solventado mediante la venta de espacios publicitarios a empresas vinculadas con el sector.

[BPN-11/09/13] Salpicada de encendidos debates, con una importante novedad, algunos cambios en la lista de disertantes y una relativa participación se desarrollaron los seis bloques temáticos que compusieron la "1ª Jornada de Propiedad Horizontal" que organizó la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el pasado jueves 29 de agosto.

El evento se desarrolló desde las 8 de la mañana hasta pasadas las 20 hs. en el nuevo salón de actos de esa alta casa de estudios al que se accede por la entrada de la calle Pte. José Evaristo Uriburu 781 de esta ciudad.

Ya a la noche, durante su disertación como participante del último bloque dedicado a las "Organizaciones de propiedad horizontal: su protagonismo en la realidad consorcial", el Cr. Jorge Scampini anunció la creación de APARA (Asociación de Profesionales Administradores de la República Argentina), una nueva entidad que representará administradores de consorcios. Su impulsor y fundador aclaró que la nueva asociación estará abierta a todos los administradores y no sólo a los profesionales con título universitario.

El cambio más importante en la agenda de disertantes fue que Diego Santilli, ministro de Ambiente y Espacio Público de la CABA, no asistió al desarrollo de su disertación cuyo tema era "Medio Ambiente y Espacio Público". En su lugar trató el tema la Cra. Analía Leguizamon, subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público, dependiente del mismo ministerio.

El segundo cambio fue que el Ing. Alfredo López Cattáneo no asistió a disertar sobre "Seguridad e Higiene" y en su lugar participó el Dr. Roberto Mobilio que junto al Dr. Jorge Guffanti pertenecen a una empresa comercial dedicada a la medicina laboral del sector.

El tercer ausente fue Osvaldo Bacigalupo, secretario gremial del SUTERH, que no asistió para acompañar a Víctor Santa María, el secretario general de esa entidad gremial, en el panel que trató el tema "Laboral".

En otro orden de cosas, llamó la atención que la mayoría de los disertantes previstos están o estuvieron relacionados de una forma u otra con el secretario general del SUTERH.

Por una parte, comparte proyecto político con María José Lubertino, legisladora del Frente para la Victoria. También conduce el Consejo Económico y Social junto a Sergio Abrevaya. Este último en calidad de presidente mientras que Víctor Santa María lo hace como vicepresidente. Tanto Lubertino como Abrevaya compartieron el 2º bloque de disertantes.

En lugar de la Lic. Paula Uhalde disertó la Lic. Florencia Sammartino. Uhalde es una funcionaria de la Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros que depende de Horacio Larreta quien firmó con el dirigente sindical un convenio marco que se proponía educar a consorcistas y administradores –entre otros temas- sobre la derogada resolución Expensas Claras y ciertos aspectos de derechos laborales [BPN Nº 483 del 26/12/12: "El SUTERH educará a consorcistas y administradores"]

Por último, en el sexto bloque, dos de las cuatro entidades de administradores invitadas a tratar el tema "Organizaciones de propiedad horizontal: su protagonismo en la realidad consorcial" (CAPHyAI y AIERH) negocian y firman con él los aumentos salariales y las modificaciones al Convenio Colectivo de Trabajo del sector.

Durante la jornada los dos más encendidos debates se produjeron durante la disertación de María José Lubertino y la de Víctor Santa María.

A la primera -que es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires- se la responsabilizó por varios aspectos que pertenecen a la gestión del Gobierno porteño en temas relacionados tanto con los consorcios como con sus empleados.

[BPN-11/09/13] Durante la 1ª Jornada de Propiedad Horizontal que organizó la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires se presentó en sociedad APARA (Asociación de Profesionales Administradores de la República Argentina), la sexta entidad de administradores que existirá en el ámbito porteño.

El contador Jorge Scampini, uno de los impulsores de la nueva entidad, enumeró sus principales objetivos entre los que se encuentran trabajar para que se abran las paritarias no sólo a todas las entidades de administradores sino también a las de los propietarios, la colegiación de los administradores y estudiar la reglamentación de la Ley 941 modificada por la 3.254 y las disposiciones de Gallo, entre otros.

En una entrevista realizada por Pequeñas Noticias, Scampini explicó que la necesidad de crear una nueva asociación y no unirse a alguna de las ya existentes surgió del costo que actualmente implica asociarse a ellas: "la idea es tener una cuota muy económica para que todo el mundo pueda participar y no restringir el acceso a este tipo de asociaciones con un costo mensual", y agregó que durante los dos primeros años piensan incorporar a todos los interesados en forma gratuita.

Desde el punto de vista formal, la asociación ya reservó su nombre y están esperando la conformidad de la Inspección General de Justicia. Ya prepararon el borrador del estatuto y estiman que dentro de dos meses contarán con la inscripción correspondiente.

Volviendo al tema de las paritarias, el contador sostuvo que, por un lado, los administradores deberían ser representados por más entidades que las actuales (CAPHyAI, UADI y AIERH) y, por el otro, que al ser un "grupo selecto y reducido" los que hoy discuten los salarios y condiciones laborales para el sector, muchos no quieren participar.

Por estos motivos aclaró: "si se hace que las paritarias sean abierta a muchas organizaciones, nosotros desde APARA participaríamos perfectamente defendiendo, obviamente, los intereses de los administradores y también los de nuestros representados que son los propietarios".

Con respecto a la participación de los consorcistas en las negociaciones con FATERyH aclaró que no le parece desacertada "siempre y cuando estén organizados en una asociación con toda la representación que corresponda".

La colegiatura del sector es un tema que un grupo de administradores volvió a instalar en la agenda desde hace un tiempo y APARA está de acuerdo con ella. De crearse, estudia incorporar la primera camada de idóneos al Colegio según los mismos criterios que usó el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. Ante la pregunta de Pequeñas Noticias, Scampini explicó que durante un tiempo determinado, todo aquel que pueda demostrar cierta antigüedad en el mercado, sean o no profesionales universitarios, podrán ingresar al colegio y aclaró: "después, cuando se cierre ese primer ingreso de socios, los demás tendrán que pasar por un curso, quizá de nivel terciario, que exigirá contenidos mínimos y determinadas capacitaciones que establecerá el propio colegio".

El contador sostuvo que para ejercer la profesión habrá que matricularse: "yo para ser contador tengo que matricularme porque si no estás ejerciendo ilegalmente la profesión. Los administradores contadores, como en mi caso, deberíamos ir y colegiarnos (...). Teniendo la matrícula [de la profesión] sabemos que tienen el certificado de un curso hecho, sabemos que tienen Certificado de Juicios Universales, el Certificado de Reincidencia Criminal y que tiene domicilio constituido en la Ciudad de Buenos Aires. Cumpliendo con los requisitos de la Ley 3.254 y teniendo la matrícula al día, ese padrón debería volcarse automáticamente al nuevo colegio".

Otro tema que provocó dispares opiniones y posturas en el sector de la propiedad horizontal fue la segunda versión de "Expensas Claras". Al respecto, Scampini hizo una división entre su primera versión y la actual. Sobre la vieja versión –ya derogada- dijo que iba "totalmente en contra de la propia Ley 3254 del GCBA" y con respecto a la actual adelantó que el 5 de septiembre armaron un grupo de trabajo que la va a estudiar para luego confeccionar un documento con la opinión de APARA.

[BPN-11/09/13] El Adm. Adrián Hilarza, secretario de AIPH (Administradores Independientes de Propiedad Horizontal), afirmó que en los diversos ámbitos deben participar todos los actores y que por esa razón no estuvo de acuerdo ni con la Ley 3.254 que motorizó Sergio Abrevaya ni con el hecho de que en paritarias no estén representados los consorcistas: "es hora de que nuestros políticos se dejen de jorobar hablando de cosmética y revean el tema de las paritarias".

En esta misma sintonía explicó que para jerarquizar la profesión hay que demostrar que uno es merecedor de esa jerarquización para defender los intereses del consorcista: "mientras sostengamos este discurso y a la vez nos sentemos a discutir paritarias donde nadie nos llamó lo que se genera es malestar social y no nos beneficia absolutamente en nada".

Consideró que para crear una ley nacional donde "se baraje y dé de nuevo en temas paritarios […] no hacemos nada con el grito, el enojo y la discusión […] Para sentarnos a hablar primero hay que hacer sentar a los políticos y [esperar] a que realmente no pase como con la Ley 3254 en la que Sergio Abrevaya negoció una cosa y terminó siendo absolutamente otra".

Explicó que junto al Adm. Marcelo Ruiz y al resto de su equipo en AIPH trabajaron más de 10 años en una colegiación para los administradores pero que hoy se replantean esa decisión. "Lo que nos preocupa es en manos de quién puede estar", aclaró Hilarza en alusión a la creciente influencia que el gremio va teniendo en casi todos los ámbitos de la comunidad consorcial.

Recordó que antiguamente las expensas variaban al ritmo de la inflación o del resultado de las paritarias, mientras que ahora la CABA –por las medidas que fue tomando la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor- "es la responsable del descontrol que hay en el costo de las expensas".

Estas declaraciones las realizó como disertante invitado en un panel que compartió con representantes de la CAPHyAI, el AIERH y APARA durante la 1ª Jornada de Propiedad Horizontal que organizó la Facultad de Ciencias Económicas el pasado 29 de agosto. El tema pautado fue "Organizaciones de propiedad horizontal: su protagonismo en la realidad consorcial" y disertaron también el Adm. Fernando Staino y el Dr. Jorge Martín Irigoyen (CAPHyAI), el Dr. Juan Manuel Acosta y Lara (AIERH) y el Cr. Jorge Scampini (APARA).

Las "advertencias" de Víctor Santa María

[BPN-11/09/13] Víctor Santa María, secretario general del SUTERH y de FATERyH, advirtió que cuando un consorcio alquila la portería el sindicato que preside lo denuncia ante las autoridades de la CABA, ante el Ministerio de Trabajo y la AFIP.

Por otro lado aclaró que si el consorcio acuerda que sea un vecino quien retire la basura lo denuncian ante la AFIP para que sea formalizado ya que consideran que ese vecino es un trabajador.

También reiteró que tiene un acuerdo con el Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM) para que cuando un consorcio contrata a un trabajador de limpieza en vez de un encargado sus aportes vayan al SUTERH. Además agregó que cuando lo despiden tiene que ser bajo las condiciones del Convenio Colectivo de Trabajo del sector.

Por último, a una administradora que sostuvo que el AIERH pertenece al mismo sindicato la invitó a probarlo en sede judicial y de no poder hacerlo afrontar el costo por los daños y perjuicios de sus dichos.

Santa María realizó estas declaraciones el pasado 29 de agosto durante la "1ª Jornada de Propiedad Horizontal: por un ejercicio profesional responsable" que organizó la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA <ver nota>.

La primera intervención del público que el dirigente sindical tuvo que afrontar fue sobre la tendencia de algunos consorcios chicos de alquilar la portería para aliviar gastos. Sobre esto explicó que "por lo general cuando se construye [la vivienda del encargado] está fuera del FOA (factor de obra que puede ser comercializado) porque forma parte del espacio común del edificio […] La vivienda del encargado se hace con los metros de los espacios comunes y por ley no se puede alquilar ni vender porque no es comercial".

Un asistente a la jornada le retrucó que se puede si así lo decide una asamblea, a lo que Santa María advirtió: "cuando ocurre un caso de esos nosotros hacemos varias cosas: primero, una denuncia a la CABA porque queremos saber si ese edificio construyó más de lo que podía y si ese lugar se construyó por fuera de lo que podía. Segundo, vamos al Ministerio de Trabajo porque la vivienda del encargado es del consorcio, no se puede ni alquilar ni vender porque sólo puede hacer uso de ella el consorcio […] Tercero, vamos a la AFIP porque esa vivienda genera ingresos y el consorcio no paga impuestos porque tiene exenciones impositivas. Lo hacemos porque está generando ingresos de manera comercial y eso genera una carga impositiva, como los carteles de publicidad. Eso es lo que nosotros hacemos".

El titular del SUTERH reveló que no existe desocupación en su sector: "hemos determinado que en ningún momento tuvimos bajas en la actividad". Lo sustentó explicando que eso se debe a que "en ningún edificio el trabajo se presume gratuito [artículo 115º de la Ley de Contrato de Trabajo]", y agregó: "a veces nos dicen que un vecino retira la basura y [para nosotros] ese vecino es un trabajador. Lo que hacemos es la denuncia para que lo blanqueen y en los 80 y los 90 ganamos un montón de juicios sobre eso. Nos ajustamos a derecho".

Durante una discusión que se generó entre Santa María y varias personas del público sobre las negociaciones paritarias, una administradora manifestó que en las negociaciones paritarias, representando a los empleadores "hay tres entidades pero dos son del SUTERH: AIERH y ustedes, indirectamente".

Ante estos dichos Santa María contestó: "que yo sepa no. ¿Usted lo tiene para probar eso? ¿Lo puede probar?", la interpeló.

La administradora insistió en que "el AIERH es del sindicato" por lo cual el secretario general del SUTERH le advirtió: "si lo puede probar, yo le digo que suscriba un juicio, ¿le parece bien? Después páseme sus datos para que un juez determine quién tiene razón y pagamos daños y perjuicios cada uno […] Usted está diciendo que esa entidad es del gremio".

Víctor Santa María reiteró que todos los trabajadores de empresas de limpieza que son contratados por un edificio son trabajadores del SUTERH: "hay un acuerdo entre el SOM (Sindicato de Obreros de Maestranza) y nuestro gremio de que cuando hay un trabajador de limpieza en un edificio ellos lo denuncian a nuestro sindicato y nosotros actuamos judicialmente contra ese edificio. Y todo lo que ese trabajador de edificio que trabaja en una empresa de limpieza tiene que cobrar de obra social es aporte para el SUTERH".

Las críticas de Sergio Abrevaya

[BPN-11/09/13] El exlegislador porteño Sergio Abrevaya (PODES) criticó duramente al Ejecutivo local por la reglamentación y aplicación de la Ley 941 modificada por la Ley 3.254 de su autoría. Entre otros conceptos expresó que "uno no imagina que las leyes se van a aplicar mal. Supone que no se van a gestionar maravillosamente pero no de manera contraria a la ley" y que "hay cuestiones que son claramente inconstitucionales". Por otra parte ironizó: "menos mal que algunas cosas no se las dejamos al Poder Ejecutivo porque sino los problemas serían mayores".

Si bien tomó distancia de la reglamentación, reveló que la Ley 3.254 -más allá de su articulado- tuvo dos pilares fundamentales que evaluó como positivos: un sistema anual para renovar el mandato del administrador y un régimen de sanciones para los malos administradores.

Sobre la renovación hizo foco en que "el buen administrador cuando tiene líos en el consorcio no anda contando si se juntan o no los dos tercios para que tenga que irse, simplemente se va. No sólo porque no quiere líos sino porque se le complica el laburo y porque un consorcio malo es un problema. Sin embargo el mal administrador no se va. Aunque el consorcio le haga juicios no se va y el problema es tremendo".

En este sentido valoró el artículo 13º de la nueva Ley 941 –que trata sobre la renovación anual del mandato- como muy útil y expresó que "pelearía para que éste se cumpla y de esa forma terminen de salir de los consorcios algunos malos administradores. Muchos consorcistas que me siguieron viendo después de la sanción de la 3.254 me contaron cómo pudieron sacar a sus administradores con la ley en la mano y en algunos casos luego de un juicio".

[BPN-11/09/13] Durante la madrugada del domingo 8 de septiembre, falleció el abogado Eduardo Brailovsky, a los 60 años, a consecuencia de una larga y dolorosa enfermedad que se le había diagnósticado en marzo de este año. Sus exequias se realizaron en el cementerio de la Tablada al mediodía del día siguiente.

Inteligente, dinámico y hábil, el Dr. Brailovsky se ganó un espacio destacado en la comunidad consorcial no sólo por sus polémicas ideas sino también por su inconfundible estilo llano y conciso a la hora de difundirlas.

Comenzó a participar en Pequeñas Noticias con sus opiniones e ideas en febrero de 2004 y como colaborador del Rincón Solidario en marzo de ese mismo año. Su estilo, de palabras sencillas y conceptos precisos, lo hicieron muy popular entre los lectores del medio. Participó hasta julio de 2008 aclarando dudas y orientando a la comunidad en más de 104 casos.

Brailovsky fue un hombre que no tuvo miedo de polemizar cuando sus principios e ideas así se lo exigieron y en este sentido defendió la primera versión de la Ley 941 que creó un Registro Público de Administradores en la CABA, la profesionalización de los administradores de consorcios y la participación de los propietarios en las discusiones paritarias del sector.

Nació en 1952 –exactamente el día de la primavera-, y se recibió de Procurador en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires el 31 de julio de 1987, a la edad de 35 años. Un año después, el 1º de julio de 1988, se recibió de abogado en esa misma casa de altos estudios.

Fue miembro del Instituto de Derecho de la Propiedad Horizontal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal desde el año 2009 y a lo largo de su prolífica carrera realizó, entre otros, numerosos cursos de especialización en la UBA, en la Universidad del Salvador, en el Colegio Público de Abogados y en el Centro de Egresados de la Escuela de Defensa Nacional. En esta misma tónica asistió y fue invitado a numerosos congresos, jornadas y simposios en calidad de disertante.

La Lista Naranja no competirá

[BPN-11/09/13] La "Lista Naranja – 22 de Noviembre" no fue habilitada para participar de las próximas elecciones de SUTERyH Mar del Plata. El sábado 28 de septiembre, competirán Juan Domingo Rodríguez por la lista oficialista "Celeste y Blanca - 2 de Octubre" contra la "Lista Amarilla y Blanca – 15 de Marzo" conducida por Rodolfo "Rolo" Rodríguez.

El pasado 6 de septiembre, la Junta Electoral de la entidad gremial informó que en la lista de candidatos y avales de la Lista Naranja se detectó "un mínimo de ocho firmas falsificadas, hecho que ha tenido gran repercusión dentro y fuera del sindicato. Inmediatamente de conocido el delito, el titular de la lista se presenta reconociendo el hecho e informando la expulsión del responsable del ilícito quedando en consecuencia la lista incompleta. Posteriormente y vencido el plazo establecido en la convocatoria pretende presentar una nueva lista, siendo rechazada".

Ese mismo viernes, Alberto Baylac, candidato de la Lista Naranja, le había adelantado a este medio que estaban evaluando no participar en las próximas elecciones del gremio a causa de lo que en ese momento se conocía como una única denuncia de una afiliada por la falsificación de su firma en la lista de avales.

Sin embargo, luego de que se conociera públicamente este hecho, Vicente Lozano, candidato a secretario adjunto por esa lista, aclaró que ya se había acercado a la afiliada para esclarecer la situación: "la Lista Naranja quiere dejar en claro que la denuncia realizada ya fue aclarada personalmente entre los rumores suscitados, que reconoció que ella no participaba en nada en el Sindicato de SUTERyH, como también se le aclaró que había sido un error en dicha firma", publicó el medio digital marplatense El Retrato de Hoy.

Finalmente, indicó que "fue visitada personalmente en su domicilio laboral y este problema había quedo solucionado porque había sido un error de tipografía", y agregó no entender "por qué esta señora denuncia algo que ya estaba aclarado".

Una semana antes, el lunes 2 de septiembre, después de que las distintas listas presentaran sus avales ante la Junta Electoral para poder participar de las elecciones, Nancy Orofino, afiliada Nº 6.575, había denunciado que la Lista Naranja "falsificó mi firma haciéndome aparecer como partícipe de la oposición, cuando en realidad apoyo la conducción oficialista del sindicato que encabeza Juan Domingo Rodríguez".

Elevemos entre todos nuestra seguridad

[BPN-11/09/13] El próximo 15 de noviembre, la Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina (FACARA) y la Cámara de Ascensores de Córdoba (CAC) organizarán en Córdoba una jornada de debate sobre seguridad en transporte vertical.

Estos temas los tratarán los ingenieros Norberto Rinaldi (miembro del Comité Permanente de Seguridad de FACARA), Ernesto Espoille (presidente de la Cámara de Ascensores y Afines) y Jorge Fazzito (consultor externo del Comité de Seguridad de FACARA).

Esta jornada de debate "Entre todos elevemos nuestra seguridad" de cinco horas de duración está orientada principalmente al personal del Organismo de Control Municipal, a los trabajadores de las empresas conservadoras e instaladoras de equipos de elevación, a los administradores de consorcios, a los ingenieros, arquitectos y a profesionales de la construcción.

El evento cuenta con la adhesión de la Municipalidad de Córdoba, la Cámara de la Propiedad Horizontal, el Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, el Colegio de Arquitectos de Córdoba y la Cámara Argentina de la Construcción delegación Córdoba.

El programa completo de la exposición será:

- ¿Quién debe velar por la seguridad del usuario?: cadena de responsabilidades para equipos de transporte vertical. Principales actores. Infraestructura municipal necesaria para un correcto control. Capacidad técnica y capacidad legal de las empresas. Requerimientos de los distintos municipios de la República Argentina para registrar una empresa conservadora. Requerimientos de las empresas para contar con un buen servicio.

- Accidentes en ascensores: factores que intervienen. Acciones de los usuarios. Diferentes tipos de accidentes. Recomendaciones para el uso seguro del ascensor. Presentación de la campaña de seguridad y del personaje registrado.

Renovación de autoridades

[BPN-11/09/13] Mediante una Asamblea General Extraordinaria, Luis Vommaro fue electo el pasado 22 de agosto como nuevo presidente de la Cámara Argentina de las Instalaciones para Fluidos (CAIF)

Es de recordar que el cargo había quedo acéfalo luego del fallecimiento el pasado 21 de junio del ex presidente de la entidad, Salvador Feroleto [BPN Nº 498 del 15/07/13: "Falleció Salvador Feroleto"].

Las nuevas autoridades de CAIF son Luis Vommaro (presidente), Fernando Feroleto (vicepresidente), Esteban Domingo Resta (secretario), Alejandro Varela Gómez (prosecretario), Alberto Juan Calza (tesorero), Oscar Emilio Monteleone (protesorero), Ricardo Héctor Molinari (vocal titular), Rodolfo Mazza (vocal suplente) y Manuel Eduardo Cagide (revisor de Cuentas).

La Cámara Argentina de las Instalaciones para Fluidos es una asociación civil empresaria que continuó la tarea emprendida por el Centro Constructores de Obras Sanitarias, Gas y Anexos que había sido fundado el 18 de Julio de 1915.

Los ricos al cielo, los pobres debajo

[BPN-11/09/13] En Nueva York (Estados Unidos), una empresa de desarrollo inmobiliario está construyendo una torre de lujo que tendría dos puertas de ingreso: una para los inquilinos "de lujo" y otra para los inquilinos de "clase media".

Según informó el diario estadounidense New York Post, en esa ciudad rige una norma que establece beneficios impositivos para aquellos desarrolladores inmobiliarios que destinen parte de  edificios lujosos a personas de menores recursos económicos.

Con el objetivo de beneficiarse con esta norma y eximirse de pagar ciertos impuestos, la empresa constructora Extell construirá una torre de 33 pisos que dividió en dos sectores: el primero desde el piso segundo hasta el sexto (55 unidades) para alquilar desde unos 850 dólares a personas de clase media y el segundo desde el séptimo hasta el 33º (219 unidades) para clientes que puedan comprar departamentos de un valor que arranca en el millón de dólares.

En sintonía con esta división de poder adquisitivo, la constructora proyectó dos puertas diferenciadas de ingreso al edificio: una por la calle Riverside Boulevard -una de las más importantes de Nueva York- para acceder a los lujosos departamentos de los niveles superiores cuya vista da al río Hudson y otra más modesta en una calle lateral para ingresar a las viviendas de los primeros pisos.

Luego de que se conoció la noticia surgieron las repercusiones públicas. Una asambleista local, Linda Rosenthal, consideró que esta decisión "huele a clasismo" y agregó: "es un flagrante intento de segregar a la gente", publicó el New York Post.

Una mujer de 78 años, jubilada y viuda

Estimados:

Mi consulta es por una vecina del edificio lindero, mujer de 78 años, jubilada y viuda sin muchos familiares que puedan ayudarla y estoy intentando darle una mano desde mi lugar de vecina. Mi consulta es la siguiente. Por ser una persona mayor, en el edificio no han tenido en cuenta las reparaciones que necesitaba pese a reiterados reclamos verbales que hizo años atrás.

Tiene una pérdida de agua por la ventana de la habitación en la que duerme donde el agua se filtra los días de lluvia y entra por la ventana o por la pared. No vi si había una rajadura, más bien creo que es la abertura y este agua filtra a la pared. 

Después de 8 años veo que la pared está muy deteriorada y mojada, lo cual afecta a su propiedad y no sé si no puede también afectar al piso de abajo. Es una persona alérgica con problemas bronquiales y creo que debe tener perjuicios a su salud. Los reclamos los hizo hace como 6 años y la señora dice que fueron a ver el departamento pero jamás hicieron algo al respecto. Es más, la echaron de la reunión de consorcio por el tono elevado de su reclamo. Si bien no lo justifico entiendo que después de dos años de reclamos quizás haya elevado el tono, pero ya pasaron otros 6 años y jamás le resolvieron la filtración de agua. 

¿Se puede intimar? ¿De qué forma? Porque no es una persona de recursos, no la atienden telefónicamente porque al escuchar su voz le cortan. Yo reclamé pero... no soy familiar.

Gracias

<Sin nombre>

(17/07/2013)

Estimado/a:

En principio pido disculpas por la tardanza en contestar debido a que me encontraba ausente del país.

Por supuesto que puede reclamar -aún cuando han pasado 6 años desde el origen de los daños- tanto la reparación integral de los daños como el daño moral y otros rubros que deberá evaluar un letrado. 

Desgraciadamente no le queda otro recurso que iniciar acciones judiciales y para ello deberá ver a un abogado.

Al no tener recursos debiera concurrir a requerir los servicios del cuerpo de abogados del consultorio jurídico gratuito que supongo que posee el Colegio Público de Abogados de Capital Federal.

Le saluda atte.

Alberto Anibal Gabás

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El Dr. Alberto Anibal Gabás, abogado especialista en Propiedad Horizontal y autor de numerosos libros sobre el tema es Conjuez de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Ha obtenido en el 2004 y 2005 el segundo y primer premio sobre los ensayos "Derecho sobre Construcción en el Régimen de Dominio Horizontal" y "Condominio y Propiedad Horizontal. Suma y Producto de la Voluntad Colectiva" respectivamente. Para cualquier consulta se le puede escribir un e-mail a albertogabas22@hotmail.com.

Rincón Solidario

Reiterados permisos para ir al médico

Hola, una consulta:

Si un encargado solicita reiterados permisos para asistir al médico siempre en horario de trabajo. 

¿Es obligación otorgar el permiso y abonarle el sueldo de ese día aunque obtenga el certificado médico?

Muchas gracias.

Guillermo (CABA)
(29/08/13)

Estimado Guillermo:

Para responder a su consulta resulta necesario saber si el médico que lo atiende lo hace exclusivamente en el horario de trabajo que desempeña el encargado.

Para ello entiendo prudente informarse sobre el tema. Por supuesto que el que debe hacerlo es el administrador del consorcio y no los copropietarios, como así tampoco los miembros del consejo de administración.

Para el caso que la atención del profesional fuere en el horario de trabajo se le debe otorgar el permiso y por ende pagarle el salario correspondiente.

Si el administrador toma conocimiento que el encargado se puede atender fuera del horario de su trabajo sugiero que debe hacerle saber dicha situación al empleado, negándole el permiso solicitado fundándolo en que dicha ausencia al poder ser evitada no genera obligación alguna por parte del consorcio.

Cordialmente. 

María Cristina Carrera

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La Dra. María Cristina Carrera es abogada especialista en derecho laboral y para cualquier consulta se le puede escribir a dramccarrera@yahoo.com.ar o llamarla al teléfono (15)5466-9921.

Trabajadores jornalizados y feriados

Estimada Delia, si un feriado cae fuera de los días en que un trabajador cumple con sus tareas no se debe abonar. Lo mismo pasa cuando un feriado cae en día domingo. Aunque el trabajador sea un encargado permanente con vivienda, si el feriado cae en día domingo y no lo trabaja, ese día no se paga como feriados y –por supuesto- tampoco se descuenta.

Esto pasa con cualquier trabajador, independientemente de cuál sea su categoría y función en el edificio. Sólo si trabaja el día feriado se debe abonar como tal.

Espero haber entendido tu pregunta y que mi respuesta te sea de utilidad.

Un saludo grande.

Clasificación de residuos

Estimado Mario, la verdad es que sus preguntas son también las nuestras y le trascribo algunas que nos hicimos nosotros: ¿en qué barrios hay contenedores diferenciados? ¿Qué pasa si hay contenedores diferenciados pero los propietarios no hacen la clasificación en sus unidades? ¿Y si no hay contenedores y los propietarios la hacen? ¿Qué se debe abonar si en un edificio de 25 unidades solo 2 clasifican la basura? ¿Y si el contenedor se encuentra a 200 metros del edificio? ¿Hasta qué distancia se tendrá que mover el encargado? ¿Y para qué en el actual convenio colectivo aparece el plus de retiro de residuos de $11.65 si ahora aparece un monto de $150 por edificio de 25 unidades? ¿se superponen? Y las preguntas siguen.

Lo invito a leer la nota del boletín Nº 495 del miércoles 22 de Mayo de 2013 llamada "Nuevo adicional para los encargados porteños" para más detalles, pero en la cual no encontrarás las respuestas a estas preguntas.

Un saludo grande.

Para coleccionar

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Un saludo grande.

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