Boom de compra-venta de inmobiliarias "en negro"

[BPN-19/08/10] Ricardo Tondo, especialista en inteligencia inmobiliaria y narcolavado, denunció en diálogo con Pequeñas Noticias que existe en Argentina un "boom en la compra y venta de inmobiliarias no registradas". Según el especialista el fenómeno responde a la posibilidad de realizar transacciones "en negro" sin estar sujetos a controles. Advirtió que esta modalidad está directamente relacionada con el narcolavado ya que "una inmobiliaria que opera sin autocontrol y sin autorregulación es más visible para los ojos de la criminalidad".

De acuerdo a Tondo lo que se pretende mediante la compra de una inmobiliaria no registrada en el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) es "comprar y vender propiedades lejos del control de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)".

Tondo es coordinador del Centro Argentino de Trasparencia Inmobiliaria (CATI) organización dedicada a la defensa de los derechos del consumidor, fraudes inmobiliarios, criminalidad y narcolavado.

Tondo, que se desempeñó como operador inmobiliario durante 33 años, manifestó que los controles que realiza la AFIP son ineficaces y que "de la conformación del Colegio Inmobiliario a que tenga un poder de policía suficiente para super vigilar a sus colegiados, hay un trecho".

Como respuesta a esta problemática el coordinador de CATI afirmó que debe crearse una "unidad de inteligencia inmobiliaria" como una herramienta eficaz para el "control del narcolavado en los bienes raíces".

Tondo subrayó que si se pretende terminar con el narcolavado se debe tener en cuenta la experiencia colombiana, que luego de sucesivas investigaciones en narcocriminalidad "ha creado un Instituto de Confiscación de Bienes para propiedades comprometidas en delitos".

El especialista explicó que si se comprueba que las propiedades que el Estado confisca están involucradas en delitos, no son devueltas a los particulares y pasan a ser administradas por el Estado. Para ello es necesario "crear una administración de ese bien público".

"¿Cuáles son las soluciones que hay que tener? La prevención", declaró Tondo. Para ello "el operador inmobiliario se debe autoregular".

Como comprador de un bien raíz, a la hora de realizar una transacción inmobiliaria, "hay que ir a un quién es quién de ese operador inmobiliario porque no se sabe si ese señor es una pantalla que está lavando dinero o pretende obtener información mía", explicó Tondo.

"El Centro Argentino de Transparencia Inmobiliaria cubre cuatro patas de una mesa: derechos del consumidor, fraudes inmobiliarios, criminalidad y narcolavado", expuso. Y agregó que "si no se ponen en línea los cuatro elementos algo no va a estar en sincronía".

"Los que estaban en contra quedaron en minoría"

[BPN-19/08/10] Silvia Ghianda, miembro paritario y tesorera de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), aseguró en diálogo con Pequeñas Noticias que "lo que se firmó en el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo fue discutido varios meses entre todos los miembros del Consejo".

"Los disidentes más fuertes eran Horacio Bielli, Felipe Zakusky y Lisandro Cingolani", manifestó Ghianda. Y agregó que "estaban en contra de todo lo que tenía que ver con las paritarias".

Ghianda afirmó además que "el 0,5% destinado al Servicio de Conciliación Optativa (SECLITO) se aprobó el año pasado y se viene pagando desde esa época. No es algo que se agregó ahora".

La descripción técnica vs. la descripción legal

[BPN-19/08/10] El viernes 6 de agosto Sergio Abrevaya (Coalición Cívica), actual vicepresidente tercero de la Legislatura porteña e impulsor de la Ley 3.254, declaró que al redactar la ley pensó originalmente en un seguro de caución y no en uno de responsabilidad profesional.

Con respecto a la reglamentación, el legislador manifestó que "hay algunas cosas que se pueden mejorar un poco más, pero en general creo que está bien".

Abrevaya realizó estas declaración en el programa radial Derecho de Piso que puede escucharse todos los viernes a las 19 por AM 1010 Onda Latina.

Abrevaya manifestó que el "seguro de caución es una precisión técnica del mundo de los seguros, el de responsabilidad profesional con el consorcio como beneficiario es una descripción más del derecho".

El seguro de caución fue ordenado por el Dr. Juan Manuel Gallo, director general de Defensa y Protección al Consumidor, en la Disposición 6.013 -publicada en el BO 3.324 el 18 de diciembre de 2009- que estableció que "la declaración jurada patrimonial prevista en el artículo 12 inciso "e" de la Ley 941 modificada por la Ley 3.254 […] deberá garantizar, mediante seguro de caución o aval bancario a sus administrados…".

Sin embargo, la Ley 3.254 había dispuesto un seguro de responsabilidad profesional.

"La ley eligió la descripción de derecho y no la descripción técnica del seguro y por el contrario Gallo elige la descripción técnica", expresó Abrevaya.

Con respecto a este punto y ante la pregunta de si, frente a esta discrepancia, se puede accionar judicialmente, el legislador aclaró que si un juez considera que seguro de caución es equivalente a seguro de responsabilidad con beneficiario en el consorcio, probablemente no hará lugar a la acción judicial que pueda ser interpuesta.

Sin embargo, expresó que el Dr. Gallo "se encontró con una dificultad porque existen los seguros de caución y no el seguro de caución de administradores", y añadió: "no existen los seguros de responsabilidad profesional con otro beneficiario, por lo cual es casi lo mismo que el de caución".

Abrevaya subrayó que él "habló de un seguro de caución" al momento de redactar la Ley 3.254 y la Comisión de Legislación General y del Trabajo "lo corrigió como un seguro de responsabilidad profesional", cuando la ley fue tratada.

El motivo de esa corrección respondió, según el legislador, a que el seguro de responsabilidad profesional cubre sólo al profesional y no al consorcio.

En caso de que el administrador decida ofrecer dentro de sus servicios el seguro de caución y con honorarios más elevados, el legislador manifestó que "estaría bien también porque de todas maneras sigue siendo un contrato entre el administrador y el consorcio".

"Yo no creo que la mayor parte de los edificios exija el seguro, lo va a exigir el que lo pasó mal", concluyó Abrevaya.

En relación a los montos de los que son pasibles los administradores en caso de incumplimientos, el legislador remarcó que "es mucho" pero los montos "no están en la ley, sino que están regulados por un decreto y eso es más fácil de modificar". Al respecto, añadió que "la idea era que la regulación permita acomodar a los malos administradores".

"El Ejecutivo tendrá que sustanciar denuncias con algún sentido y verá cómo los castiga", resumió Abrevaya.

El legislador expuso que los vecinos y administradores disponen de un foro en un página Web –www.leydeconsorcios.com.ar- "desde el que nosotros recogemos todo lo que va surgiendo".

Lo que resulte de ese foro va a ser transformado en un "observatorio de seguimiento de la ley".

Durante el programa, Abrevaya especificó que "vamos a ver caminar la reglamentación e ir corrigiendo en ese sentido, escuchando y recomendándole al Ejecutivo".

"Desde el odio y el rencor"

[BPN-19/08/10] El Adm. Adrián Hilarza, presidente de la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal AIPH, aseguró que la nueva Ley 941 "arrancó desde el odio y el rencor y nada que venga desde esa base se va a convertir en algo provechoso para la comunidad". Estas declaraciones las hizo el pasado 13 de agosto en el programa radial Derecho de Piso que se emite todos los viernes a las 19 horas por AM 1010 Onda Latina.

Hilarza explicó que el "odio y el rencor" de los consorcistas surgieron porque "las instituciones de administradores hicieron lo que quisieron durante muchísimos años y cada uno sólo se preocupó por su quintita". "No hicieron crecer los controles, no legislaron sobre la materia y un grupo de administradores aprovechó esa situación". En ese contexto "muchos consorcios fueron estafados consecutivamente y reinaba una anarquía absoluta", aseguró el presidente de AIPH.

De acuerdo a Hilarza "nadie ve que el gran negocio es profesionalizar la actividad". Y ello se lograría "creando una carrera universitaria o terciaria obligatoria y un Colegio Público de Administradores que jerarquice la profesión".

Durante el programa el administrador se refirió a la Ley 13.512 -que data del año 1948- y  preguntó qué se hizo desde la década del 40 a la fecha. "Lo que sí hicimos es que las expensas hoy determinen si una familia puede o no vivir en un departamento", se contestó el administrador.

Hilarza aseguró que hace unos años tuvo que renunciar a la comisión directiva de la UADI (Unión Administradores de Inmuebles) porque trató de que se echara del Consejo Directivo de la entidad a un ex presidente de la institución que había estafado a varios consorcios: "traté de que se tomara una resolución para, por lo menos, echarlo del Consejo Directivo".

Sin embargo, relató que "me dijeron que era un colega, pero [yo no pienso que] una persona que estafa sea un colega porque sino nosotros estaríamos conformando una asociación ilícita".

Con respecto a la participación de las entidades de administradores en las discusiones salariales, Hilarza aseguró que "la mayoría de los administradores no quieren que sus instituciones participen [...]. Esto es un gran negocio", resumió.

Esta situación "es el resultado de hacer la plancha durante muchos años y hubo un grupo de avivados que tuvieron la visión de hacer su negocio", subrayó el presidente de AIPH refiriéndose a las entidades de administradores que participan en paritarias: AIERH, UADI y la CAPHyAI.

"Hay que replantear el tema de las paritarias, no me cabe ninguna duda", concluyó Hilarza.

"El seguro de responsabilidad profesional y el seguro de caución son conceptual y económicamente cosas totalmente distintas", manifestó el presidente de AIPH y consideró que "el seguro de caución como está hoy concebido es restrictivo y letal para cualquier administrador de consorcios".

Hilarza planteó como alternativa viable "un seguro de responsabilidad profesional donde el beneficiario sea el consorcio que es un producto perfectamente válido y yo estoy trabajando en este tema". Y agregó que ese seguro y el control periódico de una auditoría constituyen una buena defensa para los consorcios.

Representan... mucho... poquito... nada...

[BPN-18/08/10] Mario Morando, licenciado en Economía y ex legislador porteño por Juntos por Buenos Aires, aseguró que al no existir una ley que establezca la personería jurídica de los propietarios de edificios "no se puede demostrar su legitimidad".

En diálogo radial durante el mes de julio con el programa Caminando Buenos Aires -FM Identidad- Morando manifestó que "así como existe una ley que dice que los representantes del trabajo tienen un sindicato único con personería jurídica y financiamiento obligatorio no existe una ley que establezca cómo es la personería jurídica en el campo de los capitalistas o propietarios".

De acuerdo al ex legislador el problema que se deriva de la inexistencia de esa ley es que "hay una cantidad de personas que no tienen una debida chapa para saber si son genuinos representantes o no".

Según Morando esto "obliga a concentrar la negociación paritaria en una sola cabeza mientras que la contraparte está completamente dividida y deslegitimada".

"Hay un montón de sindicalistas del trabajo que han inventado sindicatos de la propiedad donde ellos mismos negocian consigo mismos", agregó el Licenciado.

Con respecto a la nueva Ley 941 Morando señaló que "antes era muy difícil dar de baja a un administrador pero ahora esta ley limita el mandato a un año entonces uno sabe que una vez al año tiene que ir y votarlo de nuevo o no".

El ex legislador resaltó también el hecho de que la nueva ley obligue al administrador a presentar una declaración jurada de bienes ya que "si no tiene bienes va a llamar la atención".

Finalmente, Morando destacó que los antecedentes del administrador van a estar registrados en Internet "con lo cual cuando uno quiere contratarlo para su edificio va a saber quién es".

"Lo que hay que hacer es reorganizar muy bien el Registro Público de Administradores porque tengo entendido que hoy son dos señores en una habitación llena de biblioratos", concluyó el Licenciado.

Encuentro del Frente Nacional de Trabajadores de Edificio y Afines

[BPN-19/08/10] El domingo 15 de agosto se llevó a cabo el 3º encuentro del Frente Nacional de Trabajadores de Edificios en la sede de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de Capital Federal.

Durante el evento se resolvió llevar a cabo una participación activa y orgánica dentro de la CTA sin dejar de respetar la autonomía de cada una de las agrupaciones participantes.

Asimismo se decidió formar un equipo de trabajo de prensa y difusión dedicado a la divulgación de las actividades llevadas a cabo por las agrupaciones que integran el Frente Nacional de Trabajadores de Edificio.

El nuevo equipo de trabajo se encargará también de "difundir los atropellos y despidos sufridos por los trabajadores".

Además se dispuso agregar la palabra "afines" a la denominación del grupo que se llamará a partir de ahora "Frente Nacional de Trabajadores de Edificios y Afines".

Al concluir el encuentro los participantes aseguraron que la próxima reunión tendrá como eje central la problemática de los trabajadores de edificios terciarizados.

De la reunión participaron delegados de Encargados Unidos de la ciudad de Córdoba, la lista Naranja de la Agrupación 1º de Mayo –La Plata- y la Agrupación 20 de diciembre de Buenos Aires.

Proyecto de ley para preservar edificios de Belgrano

[BPN-19/08/10] El miércoles 4 de agosto el Sr. Gerardo Gómez Coronado, defensor adjunto la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña para preservar cuatro edificios del barrio de Belgrano.

La iniciativa surgió a partir de la preocupación planteada por la Organización No Gubernamental Basta de Demoler con respecto a cuatro construcciones ubicadas en la Avenida Federico Lacroze –dos de ellas- y en la calle 3 de Febrero de esta ciudad.

De acuerdo a los fundamentos del proyecto los edificios mencionados "poseen valor patrimonial y merecen ser protegidos".

La medida adoptada por el Defensor Adjunto solicita en su artículo 1º que "se cataloguen con nivel de protección cautelar, en los términos del artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 del Código de Planeamiento Urbano" los inmuebles mencionados en el barrio de Belgrano.

Asimismo el proyecto de ley dispone que "se cumpla con los artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

El artículo 89 establece que el Código de Planeamiento Urbano debe tener un "procedimiento de doble lectura" antes de poder ser sancionado.

En tanto, el artículo 90 dispone como requisito en su inciso 3 "la publicación y convocatoria a audiencia pública, dentro del plazo de treinta días, para que los interesados presenten reclamos y observaciones".

El Código de Planeamiento Urbano establece que el catálogo urbanístico "constituye un instrumento de regulación para los edificios con necesidad de protección patrimonial...".

En el artículo 10.3.2 se establecen los criterios de valoración para la catalogación que serán de acuerdo al valor urbanístico, arquitectónico, histórico-cultural y singular.

Por su parte, el artículo 10.3.3 dispone que "un particular o una asociación intermedia puede proponer la inclusión de un bien en el listado –de edificios protegidos- para su posterior inclusión firme en catálogo".

Las construcciones a las que se refiere el proyecto corresponden a una serie de viviendas unifamiliares construidas entre 1928 y 1932.

De acuerdo a los fundamentos de la iniciativa "conservan una gran autenticidad a pesar de que su uso original ha sido modificado" y "nos recuerdan al Belgrano de hace varias décadas".

El inmueble ubicado en la Avenida Federico Lacroze 2313/15 perteneció al Sr. Domingo Bacigalupo. En tanto, las construcciones ubicadas en la misma avenida a la altura 2305 y 2301 eran propiedad del Sr. Jerónimo Prigione, al igual que un edificio sito en la calle 3 de Febrero al 1110.

La Organización No Gubernamental "Basta de Demoler" fue creada en el año 2007 con el objetivo, en principio, de defender el patrimonio urbanístico de la ciudad.

De acuerdo a información provista por la ONG el accionar de la organización se extendió luego a "parques, calles y veredas históricas, mobiliario urbano; es decir, todo aquello que forma parte del patrimonio tangible".

Fuera de control

[BPN-19/08/10] Santiago Pusso, director de la ONG Basta de Demoler, advirtió que en Buenos Aires se realizan demoliciones ilegales y que, cuando la situación es denunciada, el Gobierno de la Ciudad no actúa en consecuencia.

Con respecto a las demoliciones clandestinas aseguró que "en San Telmo, por ejemplo, hay casas catalogadas que empezaron a ser demolidas desde el interior, entonces lo único que se ve de afuera es un camión que retira escombros". Cabe aclarar que un edificio catalogado es un edificio protegido por su nivel histórico, arquitectónico, cultural y no puede ser demolido.

Ante esta situación Basta de Demoler realizó los reclamos correspondientes al Ministerio de Ambiente y Espacio Público "pero las respuestas fueron las mismas que las del derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza", manifestó Pusso. Es decir que los inspectores del área que concurrieron a las obras "vieron un candado cerrado, dejaron una constancia y se fueron. A los 10 días sucedió lo mismo pero mientras tanto la demolición seguía", explicó Pusso.

El Director de Basta de Demoler manifestó que las multas que se aplican ante una demolición o una obra clandestina "son irrisorias, entonces al constructor le conviene demoler, pagar la multa y no tener que esperar 10 meses por un permiso de obra".

"En 2004 se promulgó una ley de protección cultural que fija penalidades, el problema es que no está reglamentada y no se puede aplicar ninguna multa", aseguró.

Si bien Pusso destacó algunos avances del Gobierno de la ciudad con respecto a la defensa del patrimonio urbano -la publicación en la web de un registro de edificios catalogados, por ejemplo- denunció que "no vemos que haya realmente una intención política. En el caso del casco histórico hubo y hay una total inacción frente al crecimiento de las torres".

"Es tal la presión del negocio inmobiliario y de la construcción que los gobernantes no cuentan con el suficiente peso político como para establecer reglas que protejan el patrimonio", concluyó Pusso.

De acuerdo a su Director, "Basta de Demoler surge reclamándole al gobierno políticas de planificación de la ciudad que contemplen la preservación del patrimonio y la identidad de los barrios".

Se abriría una nueva línea de créditos hipotecarios

[BPN-19/08/10] Aníbal Fernández, jefe de Gabinete de la Nación, anunció mediante una videoconferencia realizada el viernes 23 de julio que desde el Gobierno Nacional planean lanzar una nueva línea de créditos hipotecarios que podría armarse "con fondos privados".

"Nosotros hemos tenido ya en una oportunidad una inversión del ANSES de mil millones de pesos y esos fondos se canalizaron por el Banco Hipotecario", expresó el Jefe de Gabinete. De acuerdo a sus declaraciones el 80% de esos mil millones fueron destinados a la construcción y el 20% restante a la compra de viviendas.

Si bien Fernández manifestó que en Argentina los bancos otorgan líneas de crédito, aclaró que el sector que puede acceder a ellos corresponde "a la franja de la clase media para arriba, que tiene capacidad de pago".

En tanto, reconoció que la posibilidad de una vivienda propia es inaccesible para los sectores más humildes "y nos vemos limitados a lo que el Estado puede hacer", manifestó refiriéndose a la entrega de las llamadas "viviendas sociales". Y agregó que "queda en el medio una franja de clase-media media y clase media-baja que no encuentra una solución ni para la construcción ni para la compra de viviendas".

"Lo positivo es que abriendo una cartera [de créditos hipotecarios] a lo mejor con el Banco de la Nación o con fondos privados, se puede armar una estructura de préstamos hipotecarios para esa franja que necesita encontrar soluciones a cortísimo plazo", concluyó el Jefe de Gabinete.

El empleador ya no debe abonar las asignaciones familiares

[BPN-19/08/10] Desde el 1º de julio la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquidará en forma directa las asignaciones familiares de los trabajadores en relación de dependencia por lo tanto los empleadores –en este sector, los consorcios de propietarios- no abonarán más este beneficio en forma mensual junto con los recibos de haberes.

ANSES liquidará las diferentes asignaciones a través del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que se reflejará en las cuentas sueldo o a través de la red bancaria o de correo, según elija cada uno de los trabajadores.

Para que el trabajador pueda cobrar las asignaciones familiares el empleador debe notificar, a través del Programa de Simplificación Registral (PSR) de la AFIP, toda información relacionada con los datos del trabajador, sus vínculos familiares, sus novedades y las de su grupo familiar.

En la práctico esto se realiza a través del sitio de AFIP, en el aplicativo "Mi Simplificaciones – Empleador" y luego en "Vínculos Familiares", "Actualizaciones". Allí se debe ingresar el CUIL del trabajador en cuestión y completar la información necesaria de sus familiares. En el caso del ingreso de los hijos es necesario contar con la partida de nacimiento.

Luego, en el mismo sitio de "Mi Simplificaciones – Empleadores" se debe ingresar a "Relaciones Laborales", "Actualizaciones" y luego a "Datos complementarios". Se debe ingresar nuevamente el CUIL del trabajador, se solicitan datos del mismo y –lo más importante- el CBU de la cuenta sueldo o cuenta corriente o caja de ahorro donde desea que le depositen el importe de las asignaciones familiares.

Si el trabajador no tiene una cuenta de este tipo, el empleador se deberá acercars a alguna de las oficinas de ANSES e informar en un listado los nombres de los empleados con su CUIL y boca de pago elegido, más una carta del trabajador autorizando el pago de las asignaciones familiares en el banco o la oficina del correo elegida.

El trabajador deberá ser notificado del nuevo sistema, tenga o no cargas de familia, dentro de los diez días hábiles de su incorporación al SUAF mediante el Formulario PS.2.61 "Notificación del Régimen de Asignaciones Familiares - SUAF". En este formulario se detallan las nuevas normas y debe ser entregado a todo aquel personal que se incorpore posteriormente. Las notificaciones se deben realizar por duplicado para guardar una copia en el legajo y otra entregarse al trabajador.

- Notificarse acerca de las normas que rigen el régimen de Asignaciones Familiares a través del Formulario PS.2.61 "Notificación del Régimen de Asignaciones Familiares - SUAF", quedándose con una copia íntegra debidamente conformada por ambas partes (empleador y trabajador).

- Declarar ante el empleador todos sus datos y los de su familia, presentar original y copia de la documentación de respaldo (documentos y Actas/Partidas de Nacimiento/Matrimonio, etc.). Esto es fundamental para que el empleador pueda transmitir las novedades a través del Programa de Simplificación Registral (PSR) de la AFIP, en caso de no encontrarse registradas.

- Presentar en tiempo y forma ante cualquier UDAI los Formularios:

PS.2.3 "DDJJ Solicitud de Autorización de Pago de Asignaciones Familiares por Discapacidad" (frente y dorso) para la tramitación de la Autorización por Hijo con Discapacidad. Si el discapacitado ya cuenta con Autorización emitida por ANSES y está vigente, no es necesario tramitar una nueva.

PS.2.51 "DDJJ Solicitud Asignación Familiar por Ayuda Escolar Anual – SUAF" para la tramitación de la AF por Ayuda Escolar Anual. Debe presentarse si la Asignación no es liquidada en forma automática por ANSES.

PS.2.53 "DDJJ Renuncia-Revocación de Renuncia al cobro de AAFF – SUAF" para renunciar al cobro de las Asignaciones Familiares –por encontrarse el otro progenitor en un régimen más beneficioso u otro régimen- ó para revocar una renuncia ya efectuada.

PS2.55 "Novedades Unificadas – SUAF" para la tramitación de la Asignación Familiar por Prenatal, Maternidad; Maternidad Down; para la designación de un apoderado para percibir las Asignaciones Familiares por cuenta y orden del titular. No puede designarse Apoderado cuando el medio de pago asignado es una CBU.

PS.2.57 "Nota de Reclamo – SUAF" para reclamos vinculados con la liquidación de Asignaciones Familiares. Cuando el reclamo fuera por la Asignación Familiar por Hijo y/o Hijo con Discapacidad el trabajador podrá acceder a una retroactividad máxima de 2 años contados desde la fecha de reclamo formal, según corresponda.

- En el CBU informado por el empleador a través del Programa de Simplificación Registral (PSR).

- Si el empleador no hubiera informado una CBU se elegirá el Banco más cercano al domicilio del trabajador declarado ante AFIP. El pago se realizará al titular contra presentación del DNI, por ventanilla, en el lugar de pago asignado por ANSES.

- Si no contara con ninguna de las opciones detalladas precedentemente, ANSES asignará como medio de pago en la sucursal del Correo Argentino más cercana al domicilio, contra presentación del DNI.

- Una vez incorporada la empresa al SUAF, si ingresara un nuevo trabajador, el medio de pago no se le asignará conforme a las pautas establecidas en el presente ítem sino que deberá declarar su medio de pago ante cualquier Unidad de Atención de ANSES o a través de la página web de ANSES, para lo cual deberá contar previamente con su Clave de la Seguridad Social. Ocurre lo mismo en el caso en que la incorporación de la empresa al SUAF se produzca debido al Alta como Empleador ante AFIP.

Por último, ANSES informó que si el trabajador no sabe cuál fue el medio de pago que se le asignó, puede averiguarlo a través del sitio de ANSES y hasta puede modificarlo a partir del segundo cobro. Para esto deberá presentarse ante cualquier oficina de atención al público de ANSES con: 

1) Una nota con carácter de Declaración Jurada donde conste Apellido/s y Nombre/s, CUIL, Provincia, Localidad o Código Postal del lugar de cobro elegido si es una Boca de Pago o Sucursal de Correo Argentino; 

2) Una nota con carácter de Declaración Jurada donde conste Apellido/s y Nombre/s y Número de CUIL, Constancia emitida por el Banco o copia del Extracto Bancario con los datos de CUIL o DNI, Apellido/s y Nombre/s y número de CBU correspondiente, para hacerlo a través de una cuenta bancaria propia o cuenta sueldo y 

Tercer escalón del aumento

[BPN-19/08/10] En agosto vuelve a cambiar la escala salarial con la que se deben confeccionar los distintos haberes. Los importes del mes de agosto tienen un aumento del 9,5% en relación con los del mes de julio de 2010.

Rincón Solidario

En esa administración son muy despelotados

Tengo un primo (también encargado de edificio) que tiene dos hijos.

En estos momentos en los que se cobra a través del ANSES se descubrió que le pagaban por un hijo y no por dos.

Cuando el nene nació le presentó al administrador todos los papeles que le pidió y se tomó los días de nacimiento que le correspondían.

El administrador no presentó los papeles para que se le abone la asignación del nuevo hijo. 

Tampoco presentó los certificados escolares que le acercó mi primo cuando su hijo empezó el jardín.

Ahora el administrador dice que no se le avisó pero en esa administración son muy despelotados con los papeles porque van atrasados con los pagos de obras sociales y vaya a saber qué más.

La consulta es: ¿Quién es responsable por la falta de presentar los papeles para el pago de asignaciones de hijo?, ¿Quién tiene que pagar por lo que no se pagó?

Atentamente

Jorge

(30/7/2010)

Estimado Jorge:

Previo a contestar su consulta resulta necesario aclarar que en todos los casos que se entregue documentación a un empleador o representante de éste, es imprescindible presentar los originales con sus respectivas fotocopias las que deben ser firmadas, selladas y fechadas por el receptor. 

De esta forma se obtendrá prueba fehaciente y se evitarán los falsos justificativos que, como en el caso que nos ocupa, consisten en negar el aviso de nacimiento.

En la situación concreta entiendo que el hecho de haber el trabajador gozado de los días por nacimiento, circunstancia que debe constar en el recibo de sueldo correspondiente, es prueba suficiente para acreditar el cumplimiento del empleado.

En cuanto a la responsabilidad, ésta recae sobre el consorcio que es su empleador.

El administrador es el representante legal del consorcio por lo que considero conveniente que su primo se asesore con un profesional para que le redacte un telegrama obrero a fin de intimar al consorcio no sólo por la situación aquí planteada sino para que exhiba toda la documentación que hace a su derecho, es decir aquella que se relaciona con los beneficios sociales que le son propios.

Asimismo entiendo que corresponde notificar a la autoridad de aplicación para su intervención.

A efectos de que el empleado ejerza sus derechos sin el temor de malquistarse con los copropietarios le informo que, si bien el consorcio es el responsable, puede ejercer acciones judiciales contra el administrador por el mal desempeño en sus funciones.

Cordialmente.

María Cristina Carrera

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La Dra. María Cristina Carrera es abogada especialista en derecho laboral y para cualquier consulta se le puede escribir a dramccarrera@yahoo.com.ar o llamarla al teléfono (15)5466-9921.

Ningún consorcista me va a dar una escritura
Tengo que emitir recibos A porque el consorcio que administro alquila la azotea y está como responsable inscripto en IVA.

Me piden solvencia patrimonial para que me autoricen a emitir comprobante A o con la leyenda de CBU aunque también me exigen los componentes societarios... ¿en un consorcio?.

Si bien en este caso es persona jurídica por el alquiler, no me doy cuenta cómo puedo hacer para que me apruebe la AFIP el comprobante A y no me manden al M.

Ningún consorcista me va a dar una escritura y menos informar bienes personales y todo lo que piden.

La verdad no sé cómo hacerlo

Muchas Gracias

Adm. Gabriela

(12/07/2010)

Estimada Gabriela:

Lamentablemente la RG 1575 de la AFIP no contempla la situación de los consorcios, que no son sociedades. 

A fin de evitar utilizar comprobantes clase M, que conllevan la obligación para el locatario de efectuar retenciones de impuesto a las ganancias e IVA, podés ejercer la opción de emitir comprobantes clase "A" con la leyenda "PAGO EN CBU INFORMADA". 

La opción se ejerce en el formulario F.856 y esto implica que el locatario sólo podrá abonar el alquiler mediante transferencia bancaria o depositando en la cuenta informada ante AFIP.

Espero haberte ayudado.

Viviana Grinberg

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La Contadora Publica Viviana Grinberg es especialista en Propiedad Horizontal y se desempeña en la práctica privada realizando  auditorías de expensas, seguimientos anuales y controles de gestión. Para cualquier consulta se le puede escribir un e-mail a vgrinberg@arnet.com.ar o llamarla a los teléfonos 4553-6094 ó 4552-9692.

Valor de la suplencia por vacaciones

Un saludo grande.

Estoy en desacuerdo con la respuesta de MFL

Categorías de los edificios

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