Se me chispoteó...

[BPN-18/11/09] La Declaración Jurada (DDJJ) que hasta ahora debían presentar anualmente los administradores de consorcios en el Registro Público de Administradores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RPA) dejó de ser punible debido a que no figura en el régimen de infracciones de la nueva Ley 941. Si bien la obligación está establecida en el artículo 12º de la ley actual, no figura entre las infracciones que puedan ser castigadas en su artículo 15º.

Esta ley fue modificada por la Ley 3.254 -también llamada Ley Abrevaya o Ley de Consorcios- que la Legislatura porteña aprobó el 5 de noviembre, con el voto positivo de 40 legisladores.

Antes de que se aprobaran estos cambios, la presentación de la DDJJ era obligatoria dado que una de las infracciones posibles en las que podía incurrir un administrador era el incumplimiento de la obligación impuesta por el artículo 9º.

En ese artículo, se fijaba que los administradores debían presentar un informe anual con carácter de declaración jurada conteniendo la siguiente información: la lista de consorcios en los cuales desempeñan sus tareas, detallando las altas y bajas producidas en el período, los pagos de los aportes y contribuciones previsionales, los correspondientes a la seguridad social, aportes convencionales de carácter obligatorio y la cuota sindical si correspondiese, por los trabajadores de edificios pertenecientes a los consorcios que administran. 

Actualmente, en la nueva ley del RPA también figura como infracción el incumplimiento del artículo 9º pero éste ya no hace referencia a la presentación de las DDJJ’s sino que establece otras obligaciones del administrador.

En la Ley 941, la presentación de la DDJJ figura como obligación en el artículo 12º al que las infracciones no hacen ninguna referencia. El régimen de infracción menciona el artículo 11º (Requisitos para contratar), el artículo 4º (Requisitos para la inscripción), el artículo 9º y 10º (Obligaciones del administrador y de las liquidaciones de expensas) y el artículo 6º in fine (Certificado de acreditación).

Por lo pronto, lo que resta saber es si la exclusión de la obligación de presentar DDJJ’s anuales en el régimen de infracciones no es más punible o ha sido motivado por un error.

De acuerdo a la ley aprobada en el Recinto por unanimidad de los legisladores presentes, las infracciones son:

- El ejercicio de la actividad de administrador de consorcios de propiedad horizontal sin estar inscripto en el Registro creado por la presente ley, con excepción de lo dispuesto en el Artículo 3º.

- La contratación de provisión de bienes o servicios o la realización de obras con prestadores que no cumplan con los recaudos previstos en el artículo 11º (Requisitos para contratar).

- El falseamiento de los datos a que se refiere el artículo 4º (Requisitos para la inscripción).

- El incumplimiento de las obligaciones impuestas por los artículos 9º (Obligaciones del Administrador) y 10º (De las liquidaciones de expensas), cuando obedecieran a razones atribuibles al administrador.

- El incumplimiento de la obligación impuesta por el art. 6º in fine (Certificado de Acreditación).

- Para el caso de los administradores a título voluntario/gratuito, la única infracción será la no inscripción en el Registro.

Las infracciones se pueden sancionar con una multa cuyo monto puede fijarse entre uno y cien salarios correspondientes al sueldo básico de la menor categoría de los encargados de casas de renta y propiedad horizontal sin vivienda, la suspensión de hasta nueve meses del Registro o la exclusión del Registro.

Se aprobó la Ley Abrevaya

Los cuarenta legisladores porteños presentes votaron a favor –sin abstenciones ni negativas- la Ley 3.254 –que modificó la 941- y sólo se hicieron algunas modificaciones menores al despacho de mayoría del legislador Christian Asinelli (Identidad Porteña).

Recordemos que en la última reunión de la Comisión Legislación General y del Trabajo del 5 de octubre, se habían generado dos despachos. El de minoría –contemplaba el proyecto original impulsado por Abrevaya- y el de mayoría de Christian Asinelli. Más allá de las diferencias, ambos despachos coincidían en que era necesaria una modificación profunda de la Ley 941. Una de las principales diferencias que se planteó fue por el artículo 14º que limitaba la representación en paritarias de los administradores que ejercen en la Ciudad de Buenos Aires.

La sesión contó –entre otros- con la presencia del presidente de la Federación de Asociaciones de Consorcios (FEDECO), Dr. Samuel Knopoff; la presidenta de la Unión de Consorcistas de la República Argentina (UCRA), Alicia Giménez, la coordinadora de la Asociación Consorcistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ACCABA), Teresa Villanueva y el presidente de la Asociación de Propietarios de Bienes Raíces (APBR), Cr. Oscar Barrié. Es de destacar que no participó ningún representante de las entidades de administradores ni del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que en varias oportunidades manifestó su oposición al proyecto.

Durante la sesión, Mónica Lubertino (PRO) y Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires) propusieron algunas modificaciones al despacho que también fueron aprobadas.

Lubertino propuso:

- Extender la inscripción mencionada en el artículo 2º a los propietarios que ejercen la actividad a título gratuito por lo que el artículo quedó redactado de la siguiente forma: "Obligación de inscripción: La administración de consorcios no puede ejercerse a título oneroso ni gratuito sin la previa inscripción en el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal."

- Modificar el inciso b del artículo 4º. El despacho de mayoría fijaba que para inscribirse en el registro se debía presentar: "Copia certificada del acta de asamblea la cual deberá contener los datos del consorcio, cantidad de unidades funcionales del mismo y designación ad honorem como administrador. Asimismo descripción de la unidad funcional de la cual es propietario con su número de matrícula del Registro de Propiedad Inmueble", a lo que Lubertino le agrega al final: "o, en su defecto, simple declaración jurada de la totalidad de los copropietarios".

- En cuanto al artículo 13º sobre la duración del mandato del administrador que decía: "el administrador, salvo disposición en contrario establecida en el Reglamento de Copropiedad y Administración de cada consorcio, tendrá mandato por el plazo de hasta un año, pudiendo ser confirmado por otro período igual por la asamblea ordinaria o extraordinaria...", Lubertino propuso –y fue aprobado- quitar la palabra "mandato" por lo que finalmente quedó redactado así: "el administrador [...] tendrá un plazo de hasta un año para el ejercicio de su función, pudiendo ser renovado...".

- Propuso agregar al artículo 15º el inciso f en el que se fijó que:"para el caso de los administradores a título voluntario/gratuito, la única infracción será la no inscripción en el Registro".

Por su parte, Ibarra propuso eliminar la última oración del artículo 22º: "La prescripción se interrumpe por la comisión de nuevas infracciones".

Al inicio de la sesión, el legislador Marcelo Meis (Corriente de Convergencia Popular) agradeció a todos los integrantes de la comisión, a los legisladores que se han ocupado de acordar la modificación y a las asociaciones y federaciones de propietarios que durante todo este tiempo "han acercado distintas propuestas que han hecho posible que lleguemos a acordar este proyecto de ley".

Destacó que las discusiones en la comisión no fueron sencillas y fueron bastante controvertidas. Recordó que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal manifestó su oposición de distintas formas y que han tenido en cuenta algunos de sus planteos.

"Creo que con esta modificación a la Ley 941 el Gobierno de la Ciudad tiene una oportunidad muy importante porque ahora son ellos los que la tienen que hacer efectiva. Tienen que trasladar todo lo que sancionamos a la realidad cotidiana que tanto agobia a los ciudadanos", resaltó Meis.

Por su parte, Abrevaya destacó que si bien es el autor de la ley, este proyecto nació de diez asociaciones de consorcistas que "se acercaron buscando soluciones a una serie de problemas que hay en los consorcios y entre los cuales está el de la mala administración. Fue en ese sentido que nosotros dijimos que podíamos regular la actividad".

Más obligaciones y sanciones

[BPN-18/11/09] A partir de que la Legislatura porteña aprobó el pasado 5 de noviembre el proyecto de ley de Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) para modificar la Ley 941 (Registro Público de Administradores de la CABA), surgieron nuevas obligaciones para los administradores por las cuales podrán ser denunciados y penalizados. Uno de los cambios es que la administración de consorcios no podrá ejercerse a título oneroso ni a título gratuito, sin previa inscripción.

Es decir, que los autoadministrados obligatoriamente deberán inscribirse. Además, reconoció como administradores voluntarios a todos aquellos propietarios que residan en unidades funcionales de edificios y cumplan la función de administrador sin percibir remuneración alguna.

Entre los principales requisitos que se agregan para ejercer la actividad figuran un certificado de aprobación de un curso de capacitación en administración de consorcios de propiedad horizontal.

Es de destacar que los administradores voluntarios gratuitos sólo deberán presentar: original y copia del Documento Nacional de Identidad y copia certificada del acta de asamblea la cual deberá contener los datos del consorcio, cantidad de unidades funcionales del mismo y designación ad honorem como administrador. Asimismo, también deberán incluir la descripción de la unidad funcional de la cual es propietario con su número de matrícula del Registro de Propiedad Inmueble o, en su defecto, simple declaración jurada de la totalidad de los copropietarios.

A los impedimentos para no poder inscribirse en el Registro o mantener la condición de activo, se reafirmó a los "los inhabilitados por condena penal por delitos dolosos relacionados con la administración de intereses, bienes o fondos ajenos, mientras dure la inhabilitación."

Por otra parte, desde ahora el administrador deberá presentar anualmente ante la asamblea del consorcio el certificado de acreditación de su condición de inscripto en el RPA junto a una copia de la ley.

En cuanto a la publicidad del Registro fijaron que será de acceso público, gratuito y debe estar disponible para su consulta en la página WEB del Gobierno de la Ciudad. Asimismo, establecieron que la reglamentación fijará los lugares físicos de consulta.

Uno de los puntos que más destacaron las entidades de consorcistas es la duración del mandato del administrador. La ley fijó que sea por un año, pudiendo ser renovado por la asamblea y removido antes del vencimiento del plazo, con la mayoría prevista a tal efecto en el Reglamento de Copropiedad.

En cuanto a los honorarios del administrador, la ley estableció que sean acordados directamente con la Asamblea "sin ninguna otra entidad o Cámara que los regule".

Entre otras obligaciones que se le sumaron al administrador y por las cuales ahora el Registro Público podrá tomar denuncias son: ejecutar las decisiones de la asamblea de propietarios, atender la conservación de las partes comunes, asegurar al edificio contra incendio y accidentes, al personal dependiente del consorcio y terceros; llevar en debida forma los libros y actualizado el libro de Registro de Firmas de los copropietarios que será exhibido al comienzo de cada asamblea, denunciar ante el Gobierno de la Ciudad toda situación antirreglamentaria y las obras ejecutadas en el edificio que administra sin el permiso o aviso de obra.

Además, deberá depositar los fondos en una cuenta bancaria a nombre del consorcio (salvo disposición contraria de la asamblea de propietarios).

Por otra parte, su gestión, por disposición de la asamblea, podrá ser auditada contablemente. De igual forma, la asamblea podrá disponer la realización de una auditoría legal.

"Sólo 5 socios fueron a votar"

[BPN-18/11/09] El administrador Jorge Ferrera, socio de la Unión Administradores de Inmuebles (UADI) y ex miembro de la comisión directiva, aseguró que el 29 de octubre pasado hubo elecciones en la institución y que sólo participaron 5 personas, de las cuales cuatro eran el actual presidente, el vicepresidente, el secretario y el tesorero. Estas 5 personas habrían votado 10 cargos a renovar: vicepresidente, secretario, vocal titular 3º, vocal suplente 1º, vocal suplente segundo, vocal suplente 3º y 2 titulares y dos suplentes para el órgano de fiscalización.

Así lo manifestó durante su programa televisivo "Reflexiones Nacionales" en el que informó que la UADI actualmente cuenta solamente con 30 socios en condiciones de votar. "Sobre 30 personas habilitadas a votar fueron cinco... El día de las elecciones, Primavesi (presidente de la UADI) me dijo que para qué iban a hacer una convocatoria masiva si no pasaba nada grave en la institución", destacó Ferrera.

Ante estas declaraciones, el conductor de Reflexiones Nacionales y socio fundador de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal (UMIPH), le manifestó a Primavesi que debería convocar a los socios, escucharlos y abrirles la entidad: "¿Por qué está cerrada la UADI?, ¿está en estado de sitio?, ¿5 administradores juntos somos terroristas?", reflexionó.

Recordó que en el 2002 cuando presentó su renuncia en la comisión directiva estaban las mismas autoridades que ahora: "están perpetuados en sus cargos... mi nota de renuncia estaba condensado en una línea: la poca participación que nos daban a los integrantes de la comisión. No había ningún tipo de participación, no había convocatoria, no había una UADI abierta a los asociados. Siete años después estamos en la misma situación o peor".

Ante el cuestionamiento sobre la baja participación y la no apertura de la institución, la respuesta que le dio Daniel Casati (secretario de la entidad) fue que "este país no tiene futuro". "Frente a esta respuesta sentí que no había mucho más que hablar. Me parece que contagian desazón, tristeza, que la actividad de administrar consorcios es poco más que un velorio", destacó Ferrera.

A lo largo de la emisión, Ferrera desgranó algunos datos sobre la representatividad de la UADI. Explicó que sobre 6500 administradores, UADI cuenta con 30 socios, es decir tiene una representación del 0.5% respecto al total de personas que ejercen la actividad en la Ciudad de Buenos Aires.

Por otra parte, respecto a la participación en paritarias señaló que si se tiene en cuenta que hay 80 mil consorcios, UADI "representa al 0.0004 % de esos consorcios". "Si los consorcistas ponen el grito en el cielo, dicen que es un sello de goma y que no los representan, yo me tendré que remitir a los números porque me parece que es bastante baja la representatividad", reflexionó.

En cuanto al balance de la entidad, precisó que en el segundo ítem donde se especifican los gastos anuales que tuvo UADI figuran gastos de comisiones: "yo me pregunto comisiones a quién y para qué... la UADI debería decirle a los asociados en concepto de qué son esos gastos" si se tiene en cuenta que no hay actividad social.

Por otra parte, subrayó que cuando analizó el activo de la entidad se encontró con un monto considerable de deudores. "No voy a dar cifras pero el 90 por ciento del patrimonio de la UADI son deudas que tal vez nunca se van a cobrar", resaltó.

Mis aportes

[BPN-18/11/09] A partir del 1º de diciembre, entrará en vigencia un nuevo sistema que permitirá a los trabajadores en relación de dependencia consultar en tiempo real su situación registral. Así lo dispuso la resolución general 2702 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que ya fue publicada en el Boletín Oficial.

Mediante este sistema, cualquier trabajador podrá tener acceso a su situación laboral registrada por su empleador en el sistema "Mi Simplificación" (alta o baja, según corresponda) e imprimir la respectiva "Constancia del Trabajador".

A su vez, podrá ingresar a "Mis Aportes" para obtener la información que este servicio brinda y, en su caso, consignar en su "Buzón de Observaciones" las irregularidades observadas -en cualquiera de los dos sistemas- sobre su situación.

Recordemos que desde "Mis Aportes" cada empleado puede consultar si su empleador está ingresando a la AFIP en tiempo y forma los aportes al régimen de la seguridad social y los aportes y contribuciones al régimen de obras sociales.

De acuerdo a lo que informaron, para poder ingresar a la nueva aplicación existen dos posibilidades:

a) A través de la banca electrónica de la entidad bancaria con que opera habitualmente el trabajador o, en su caso, del banco donde se encuentra habilitada la cuenta en la que el empleador le deposita su remuneración. Para ello, la entidad deberá estar homologada por AFIP y el trabajador deberá contar con la clave de acceso al "Home banking" del respectivo banco.

b.1) A través de la utilización de la "Clave Fiscal" otorgada por AFIP.                      

"Me parece que esta ley quedó renga"

[BPN-18/11/09] El administrador Jorge Ferrera consideró que los cambios que aprobó la Legislatura porteña para modificar la Ley 941 son irrelevantes si se toma en cuenta que no se incluyó el artículo 14 sobre la participación de las entidades de administradores en las negociaciones de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT).

"No estando ese punto me parece bastante irrelevante lo que se ha consensuado. No quiero quitarle mérito a la ley Abrevaya, si bien me parece que algunas cosas sí son interesantes, como el tema del mandato anual, el resto me parece que son recargas administrativas", destacó Ferrera durante el programa de radio "Hablemos de Consorcios" de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal (UMIPH) emitido el viernes 6 de noviembre por AM 1010 Onda Latina a las 19 hs.

En este sentido, consideró que la ley "quedó como renga" y que probablemente no se incluyó ese punto porque el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal (SUTERH) debe haber hecho lobby político con los legisladores para que no se apruebe.

Según Ferrera, estas modificaciones no son profundas: "muchas de las cosas que se reglamentaron yo las hago".

Antiguamente se metía la mano en la lata

Estas declaraciones las hizo durante su programa de radio "Reunión de Administradores" que se emitió el sábado 7 de noviembre, a las 11 hs., por Radio Cultura 97.9. "Cuando uno la escucha a Elisa Carrió hablar de la moral se pregunta dónde está esta señora cuando se aprueba esto. La gente que votó a Macri, se siente estafada porque ha cedido a las tentaciones políticas de la monarquía sindical. Guay que el SUTERH (Sindicato Único de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal) se desplaza del kirchnerismo al PRO", reflexionó Hernández.

El presidente de FRA recordó que el objetivo de los consorcistas era lograr que las entidades de administradores no pudieran negociar los Convenios Colectivos de Trabajo del sector y que este punto no se incluyó en la reforma debido a que "el sindicato llamó por teléfono a sus legisladores y les dijo que de eso no hablaran, que es un tema tabú y que en ninguna ley puede salir nada que les quite privilegios a los sindicalistas del SUTERH. Fue así que de un plumazo el artículo 14 que prohibía la participación de los administradores desapareció".

Cuando Teresa Vanzini –co-conductora del programa- le preguntó a Hernández cuál va a ser la bandera de los consorcistas, teniendo en cuenta que el punto no se incluyó, él le respondió irónicamente: "ahora se compraron una panadería, van a hacer pan francés y se van a comer sándwiches de banderas de paritarias".

Según él, esta reforma va a generar un incremento en las expensas. "Gracias al legislador Abrevaya y al Pro los propietarios van a pagar un 30 por ciento más de expensas y un 60 por ciento en un largo plazo. No les vendan buzones porque va a haber incrementos", destacó.

"Dota de herramientas a los vecinos"

[BPN-18/11/09] El presidente de la Federación de Asociaciones de Consorcios (FEDECO), Dr. Samuel Knopoff, manifestó que está muy conforme con las modificaciones que se hicieron a la Ley 941 (Registro Público de Administradores de la CABA).

"Dota de herramientas a los vecinos para que tengan una ley en la cual puedan ampararse, para que participen y sean protagonistas", subrayó Knopoff en diálogo con Pequeñas Noticias.

En cuanto a lo positivo de la reforma, aseguró que "hay muchas cosas muy buenas para la comunidad consorcial". Uno de los cambios que destacó fue el acceso público y gratuito a la consulta de los datos del registro, la información que deben contener los recibos de expensas, la inclusión de los movimientos de la cuenta del consorcio, los requisitos para contratar y el hecho de que haya un seguro como garantía real.

Por otra parte, resaltó como positiva la obligación de que los administradores tengan que presentar anualmente un listado de los consorcios que administran para que los propietarios puedan saber si hay quejas de los otros consorcios.

"El administrador no es el dueño del consorcio sino que lo administra y el consorcio lo controla. Con esta ley se acorta la posibilidad del delito", destacó Knopoff.

"Las auditorías debieron haber sido obligatorias"

[BPN-18/11/09] El presidente de la Asociación de Propietarios de Propiedad Horizontal de Mar del Plata (APROPHMAR), Miguel A. Fernández, consideró que la modificación a la Ley 941 (Registro Público de Administradores de la CABA) en principio es un avance pero subrayó que hay puntos en los que no está de acuerdo.

"En algunas cosas no estoy de acuerdo porque dejan muchos temas a decisión de la asamblea, por ejemplo hacer o no auditorías contables o abrir una cuenta a nombre del consorcio", destacó Fernández. En una entrevista concedida a Pequeñas Noticias, explicó que esas decisiones siempre son manejadas por el administrador o por el grupo de propietarios que lo apoyan.

Subrayó que en las asambleas siempre hay una mayoría silenciosa: "no sé a qué van a las reuniones porque aparte de que son pocos los que bajan se quedan calladitos para evitar enemistarse con el encargado, con el vecino o con el administrador".

Por otra parte, resaltó que lo que hay que modificar es la Ley 13.512: "se ponen parches por todos lados y no pasa nada, es esencial que se reforme la ley nacional de propiedad horizontal". Recordemos que hace unos meses, APROPHMAR presentó a diversos diputados nacionales su proyecto de ley para modificar la 13.512, sin embargo, por el momento no tuvo ninguna respuesta.

Según Fernández, las auditorías contables deberían ser anuales y obligatorias. "Al consorcio le va a resultar muy útil saber que está pasando con la gestión de su administrador. Si la auditoría es optativa y el administrador no está haciendo bien las cosas, no la va a querer hacer", advirtió.

"Algunos cambios son importantes"

[BPN-18/11/09] El presidente de Fundación Liga del Consorcista, Dr. Osvaldo Loisi, destacó que las modificaciones a la Ley 941 (Registro Público de Administradores de la CABA) que aprobó la Legislatura porteña el pasado 5 de noviembre introducen algunos cambios que son importantes para la comunidad consorcial.

Una de los puntos que rescató es el inciso j del artículo 9 sobre las obligaciones de los administradores: "convocar a las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias conforme a los reglamentos de copropiedad, bajo pena de nulidad, especificando lugar, día, temario y horario de comienzo y finalización. En la misma se adjuntará copia del acta de la última asamblea realizada".

Recordó que él hace bastante tiempo que viene insistiendo en que por respeto a la gente las convocatorias a asamblea tienen que decir la hora de comienzo y el final. Otro de los puntos que resaltó fue el hecho de que el mandato del administrador sea de un año.

Por otra parte, aclaró que no está de acuerdo con los cambios que obligan al administrador a mantener cierta papelería porque según él eso va a terminar encareciendo las expensas.

En cuanto al artículo 14 sobre la participación de las entidades de administradores en las negociaciones de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT), Loisi subrayó que como consorcista y como luchador de sus derechos valora la intención de que algunos legisladores lo quisieron incluir para "poner el tema en el candelero y para que la clase política se de cuenta de que hay un problema que resolver".

Sin embargo, explicó que lo que hay que entender es que no todas las cuestiones son de competencia de la Ciudad de Buenos Aires: "la competencia es muy limitada, no nos olvidemos que la Ley 13512 es nacional y rige para todo el país".

"La ley nos devuelve nuestra dignidad"

[BPN-18/11/09] "Cuando un funcionario se toma el tiempo para escuchar el reclamo de una vecina que en representación de otros vecinos (Asociación Consorcistas de la CABA) se acerca a su despacho, se producen hechos tan auspiciosos como el que se plasmó en el recinto de la Legislatura porteña el 5 de noviembre con la aprobación por unanimidad de la ley de administradores de consorcios", reflexionó la coordinadora de ACABBA, Teresa Villanueva.

Villanueva fue la primer consorcista que se acercó al legislador Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) para contarle la problemática que vive la propiedad horizontal. Fue a partir de ese encuentro que Abrevaya decidió convocar a todas las entidades de consorcistas para trabajar en acciones comunes, una de ellas: modificar la Ley 941 que creó un Registro Público de Administradores en la CABA.

Según ella, el mérito de Abrevaya es que esta ley les "devuelve la dignidad como propietarios". Consideró que en los últimos años, algunos administradores a fuerza de maltratos y tomando actitudes dictatoriales fueron "tomando posesión de los edificios y manejándolos a su antojo".

"Ahora todo dependerá del órgano de aplicación"

[BPN-18/11/09] La presidenta de la Unión de Consorcistas de la República Argentina (UCRA), Alicia Giménez, consideró que está muy conforme con los cambios que se aprobaron para modificar la Ley 941 (Registro Público de Administradores de la CABA).

"Hay algunas cosas que ajustar pero se hicieron cambios que son muy importantes, ahora todo va a depender del órgano de aplicación", destacó. Explicó que si bien la reglamentación no va a poder ir más allá de la ley es esencial que se especifique cómo se van a aplicar todas las modificaciones que se sancionaron.

Por otra parte, en cuanto al artículo 14 –que finalmente no se incluyó en la ley- sobre la participación de los administradores en las negociaciones de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) subrayó que "en ningún momento la Ley 13.512 hace mención a este tema. No entiendo por qué dicen que es contrario a la ley. Este artículo de ninguna manera contradice a una ley nacional, la ley es de 1948 y las negociaciones paritarias surgen en 1953. Tampoco posteriormente hubo una modificación". A su vez, agregó que el mandato del administrador es meramente administrativo, "lo dice claramente el código civil".

Uno de los puntos que más rescató de la nueva ley que modificó el funcionamiento del RPA fue la duración del mandato del administrador. A partir de la sanción de esta ley el mandato del administrador será por un año, pudiendo ser renovado por la asamblea y removido antes del vencimiento del plazo. "Este punto es uno de los que más ha llamado la atención, una de las cosas que más se esperaba. Generalmente, los reglamentos no lo dicen y sólo mencionan que para remover al administrador se necesitan dos tercios", señaló.

Por otra parte, consideró como muy positivo que los honorarios del administrador sean acordados por la asamblea y no por las entidades que los representan, la posibilidad de hacer auditorías [optativo], la inclusión de más datos en los recibos de expensas y la apertura de una cuenta bancaria a nombre del consorcio [optativo].

El aumento ya salió publicado en el BO

[BPN-18/11/09] El pasado jueves 13 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial (BO) el decreto Nº 1729/2009 en el cual aumentaron las asignaciones familiares un poco más del 33%. Este aumento alcanza a los hijos, hijos discapacitados y al prenatal.

El artículo 2º dice que el decreto "será de aplicación para determinar el derecho a percibir las Asignaciones Familiares que se devenguen a partir del mes de octubre de 2009" por lo tanto en la liquidación de haberes del mes de noviembre también habrá que liquidar la diferencia de las asignaciones que se abonaron en octubre.

La nueva tabla resumida para el pago de las distintas asignaciones familiares con los valores generales es:

Estos valores generales corresponden a todo el país con la excepción de las localidades comprendidas como Zona 1, Zona 2, Zona 3 o Zona 4.

Zona 1: Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito los Arboles, Los Chacayes, Campo de los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Venegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su ejido urbano) en Salta.

Zona 2: Provincia del Chubut.

Zona 3: Departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi en Jujuy; Departamento Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano) en Salta.

Zona 4: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

En noviembre cambian las asignaciones familiares

[BPN-17/11/09] El mes de noviembre no tiene cambios en relación a los ítems remunerativos pero se deben cambiar los valores de las asignaciones familiares.

El 13 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial el Decreto Nº1729/2009 que aumentó las asignaciones familiares correspondiente a hijos, hijos discapacitados y prenatal. Según el artículo 2º del decreto estos aumentos deberán liquidarse en forma retroactiva al mes de octubre por lo tanto en este sueldo se deberán actualizar los valores de noviembre y la diferencia del mes de octubre.