Los dos despachos ya fueron firmados

[BPN-21/10/09] En las próximas semanas, probablemente en el mes de noviembre, se tratará en el Recinto de la Legislatura Porteña el proyecto de ley para modificar la Ley 941 (Registro Público de Administradores de la CABA) impulsado por el legislador Sergio Abrevaya (Coalición Cívica).

Después de la última reunión de la Comisión Legislación General y del Trabajo del 5 de octubre, finalmente se generaron dos despachos. El de minoría –contempla el proyecto original impulsado por Abrevaya- fue firmado por los legisladores Marcelo Meis (Corriente de Convergencia Federal), Martín Hourest (Igualdad Social) y Raúl Puy (Diálogo por Buenos Aires) y el de mayoría por Christian Asinelli (Identidad Porteña), Mónica Lubertino (PRO), Jorge Garayalde (PRO) y Néstor Abbas (PRO).

Más allá de las diferencias, ambos despachos coinciden en que es necesaria una modificación profunda de la Ley 941. En las reuniones de comisión, una de las principales diferencias que se planteó fue por el artículo 14º que limita la representación en paritarias de los administradores que ejercen en la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, eso fue lo que provocó que el legislador Asinelli generara un despacho en el que se eliminara ese artículo, aunque cabe destacar que ese no es el único cambio que impulsa.

La que finalmente desistió de presentar un tercer despacho fue la legisladora Mónica Lubertino que lo había prometido en la última reunión de legisladores de la comisión el pasado 5 de octubre.

Abrevaya propone modificar el artículo 4º de la Ley 941 de la siguiente manera: "Para poder inscribirse, los administradores de consorcios deben presentar la siguiente documentación: [...] copia certificada del acta de asamblea la cual deberá contener los datos del consorcio, cantidad de unidades funcionales del mismo y designación ad honorem como administrador".

A este texto, Asinelli incorpora: "asimismo descripción de la unidad funcional de la cual es propietario con su número de matrícula del Registro de Propiedad Inmueble."

Abrevaya propone modificar el artículo 6º, agregando el siguiente texto: "El administrador sólo puede acreditar ante los consorcios su condición de inscripto en el Registro, mediante un certificado emitido a su pedido, cuya validez es de treinta días. En dicha certificación deben constar la totalidad de los datos requeridos al peticionante en el Artículo 4º de la presente Ley, así como las sanciones que se le hubieran impuesto en los dos últimos años".

Asinelli concuerda con este agregado pero incorpora: "El/la administrador/a debe presentar ante el consorcio el certificado de acreditación en la asamblea ordinaria o extraordinaria que se realice a fin de considerar su designación."

En cuanto al artículo 8º Asinelli y Abrevaya proponen textos diferentes.

El legislador de la Coalición Cívica propone: "El/la administrador/a, salvo que se trate de una administración gratuita, debe presentar anualmente una constancia del certificado de inscripción en el Registro, en la asamblea ordinaria o extraordinaria que se realice a fin de considerar su designación o continuidad. En dicha oportunidad hará entrega de una copia de la presente ley al consorcio de propietarios".

Mientras que Asinelli prefiere: "El/la administrador/a debe presentar anualmente una constancia del certificado de inscripción en el Registro actualizado en la asamblea ordinaria. En dicha oportunidad hará entrega de una copia de la presente ley al consorcio de propietarios presentes. De igual forma procederá en cualquier asamblea donde se considere su designación o continuidad".

En su despacho, Asinelli elimina el inciso k del artículo 9º de Abrevaya que expresa que: "[El administrador] no puede, sin el previo consentimiento de la Asamblea de Propietarios, refinanciar deudas por expensas atrasadas".

De la misma manera, propone suprimir del texto original de Abrevaya el artículo 14 que expresa que "Queda vedado a los administradores de consorcios o asociaciones que los nuclea negociar acuerdos salariales".

En cuanto a los datos que deben contener los recibos de expensas, Abrevaya sostiene que deben: "ser numerados, constando el mes que se abona y conteniendo los datos personales, firma aclarada del administrador, su N° de CUIL o CUIT. y número de inscripción en el Registro creado por esta Ley".

Para Asinelli este punto debería estar redactado –y así lo corrigió- de la siguiente manera: "los recibos de pagos de expensas deben ser numerados y contener los siguientes datos: denominación y domicilio del consorcio, piso y departamento, nombre y apellido del/a propietario/a, mes que se abona, período o concepto, vencimiento, con su interés respectivo, datos del/a administrador/a, firma y aclaración, CUIT y número de inscripción en el Registro y lugar y formas de pago".

El último cambio es sobre el artículo 11º, inciso g.

Abrevaya propone que "los administradores deben exigir original de los comprobantes correspondientes, y guardar en archivo copia de los mismos. Para la documentación detallada en los incisos a), b), c), d), e) y g), el tiempo de archivo será de diez años, salvo disposición en contrario de la Asamblea de Propietarios. En oportunidad de su remoción, renuncia o cese, debe entregar dicho archivo al Consorcio dentro de los diez días posteriores".

Por su parte, Asinelli discrepa y quiere que se fije que "Los administradores deben exigir original de los comprobantes correspondientes, y guardar en archivo copia de los mismos por el plazo mínimo de dos años, salvo que la Asamblea disponga uno mayor.

La mayoría de los consorcistas apoyan la ley

Recordemos que durante casi un año los consorcistas participaron activamente de varias reuniones junto al legislador en las que debatieron cada uno de los puntos de las reformas.

La presidenta de la Unión de Consorcistas de la República Argentina (UCRA) y vicepresidenta de la Federación Argentina de Consorcios (FAC), Alicia Giménez, aclaró que de sancionarse esta ley "todo el mundo se va a poder seguir autoadministrando. Nosotros en ningún momento dijimos que los consorcios no se van a poder autoadministrar. Tampoco es obligatorio que se tengan que bancarizar los consorcios y que se impongan auditorías anuales".

Señaló que todo lo que se está diciendo "es puramente un error, no tiene nada que ver con este proyecto. Nosotros no estamos en contra de nadie, estamos a favor de nosotros mismos".

"De acá, de una u otra manera tiene que salir una ley para los consorcistas y no para los abogados", sentenció.

A través de una carta dirigida a este medio, la Asociación Civil de Defensa al Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal RA (ADEPROPH) manifestó que si bien la intención de la norma debe ser aceptada con beneplácito, el proyecto no aporta una solución concreta e inmediata a la conflictiva consorcial.

Por su parte, la coordinadora de ACCABA, Teresa Villanueva, destacó que no sólo hay que modificar la Ley 941 sino también la Ley 13.512. "No estamos en contra de nadie, estamos a favor de nuestro bolsillo y de poder seguir pagando. Espero que haya diálogo y que podamos hablar los verdaderos consorcistas que no tenemos un interés especial", reflexionó.

Por último, el presidente de FEDECO, Samuel Knopoff, le retrucó a Awad quien viene posponiendo la anunciada creación de una asociación de consorcistas que se llamaría "Dueño de casa": "los que quieran representar a alguien que se inscriban en la Inspección General de Justicia y asuman esa representación".

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Un triste tigre

[BPN-21/10/09] La presidenta de la Asociación Consorcistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ACCABA), Teresa Villanueva, consideró que fue muy vergonzoso el comportamiento que tuvo el presidente del Colegio Público de Abogados, Dr. Jorge Rizzo, durante la reunión de la Comisión Legislación General y del Trabajo en la que se debatió la modificación a la Ley 941 que creó un Registro Público de Administradores (RPA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Sólo aportó un triste espectáculo. Que Dios nos ampare si semejante personaje se mete en cuestiones de propiedad horizontal. Durante la reunión mostró su falta de modales, su prepotencia y su falta de respeto hacia los consorcistas presentes y a las señoras que tuvimos que soportar ademanes por demás groseros de su parte", destacó.

Según ella, estas actitudes ponen en evidencia "los verdaderos intereses que guían a esta gente".

Por otra parte, Villanueva señaló que en esta cruzada lo acompañó, haciendo referencia al Dr. Eduardo Awad, "un profesional que hasta ese momento creíamos que luchaba por la defensa de los derechos de los consorcistas y que ahora nos dio la espalda y se dedicó a crear confusión y malestar". Actualmente, Awad es el director del Instituto de Propiedad Horizontal del Colegio de Abogados.

"El único que tiene representatividad soy yo"

[BPN-21/10/09] El pasado 5 de octubre, el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Jorge Rizzo (Gente de Derecho), manifestó su oposición al proyecto del legislador Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) para modificar la Ley 941 que creó un Registro Público de Administradores en la CABA. Durante la hora de debate en la última reunión de la Comisión Legislación General y del Trabajo, Rizzo acusó a Abrevaya de fascista, gritó a un grupo de consorcistas presentes brindando lo que algunas entidades de consorcistas calificaron como un insólito y vergonzoso espectáculo lleno de ademanes groseros, prepotencia y actitudes irrespetuosas hacia los presentes.

"Quiero dirigirme a usted -para no afectar la sensibilidad de nadie- para decirle que de todas las asociaciones que estamos acá representadas, creo que el único que tiene algún tipo de representatividad soy yo porque represento a 105 mil personas, elegido en elecciones libres y democráticas cada dos años", destacó Rizzo cuando el presidente de la comisión, Marcelo Meis le dio la palabra.

Rizzo subrayó que como presidente del colegio no puede permitir que sellos de goma -aludiendo a las entidades de consorcistas presentes- se sigan arrogando en la Argentina una representación que según él no tienen. "El proyecto que impulsan es inconstitucional. Nosotros pudimos advertir que tiene algunas deficiencias que podrían generar un aumento en las expensas. Si bien se hicieron cambios desde que nosotros mandamos la nota, aún no son suficientes", señaló.

Las declaraciones de Rizzo generaron malestar en los presentes y todos los sectores explotaron en gritos al punto de que Meis señaló que si no se calmaban los ánimos iba a ordenar suspender la reunión y desalojar la sala.

Cuando Rizzo finalizó de hablar, Abrevaya le recordó que si bien representa a 105 mil abogados hay que tener en cuenta que sólo lo votaron 5 mil. Ante estas declaraciones Rizzo estalló en gritos recalcando que él representaba a todos y acusó al legislador de fascista. Ante el descontrol, Meis le pidió al presidente del Colegio de Abogados que mas allá de que esté de acuerdo o no con lo que exponga el legislador tiene que respetarlo.

"No dejar hablar y no respetar al que opina distinto también es ser fascista, yo les pido por favor que no nos comportemos como decimos que son los demás", subrayó Meis.

Manual Lerú del proyecto Abrevaya

[BPN-21/10/09] El proyecto del legislador porteño Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) será tratado en el Recinto en las próximas semanas. Algunos de los principales cambios que él propone son que: los administradores duren un año en su cargo, que las expensas contengan obligatoriamente un detalle de los gastos, que las entidades de administradores no puedan negociar aumentos de salarios con los encargados de edificios sin una expresa autorización del consorcio y que cada administrador deba presentar anualmente una declaración jurada patrimonial o un seguro de caución o garantía para responder con su dinero por eventuales problemas.

Esta iniciativa surgió después de varios meses de trabajo con las entidades de consorcistas. Recordemos que a fines de marzo del 2008, Abrevaya convocó a los consorcistas para escuchar personalmente la problemática del sector y buscar puntos de consenso para articular una línea de trabajo común.

Al cierre de esta edición, se pudo observar en el sitio WEB Ley de Consorcios que el proyecto cuenta con el apoyo de 12.202 firmas.

Uno de los puntos que generó mayor contradicción y debate fue el artículo 14º que propone que quede vedado a los administradores de consorcios o asociaciones que los nuclea negociar acuerdos salariales . Este punto hace referencia a la participación de la Unión Administradores Inmuebles (UADI), Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) y la Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal (AIERH)

En cuanto a la autoadministración, la iniciativa no impide que los consorcios puedan hacerlo. Propone que la administración de consorcios no pueda ejercerse a título oneroso sin la previa inscripción en el Registro Público de Administradores y que sea voluntaria para aquellos que no administren onerosamente, salvo que la asamblea de propietarios del consorcio administrado determine la obligatoriedad de la inscripción.

En cuanto a los honorarios de los administradores busca fijar que sean acordados entre el administrador y la asamblea de propietarios, sin ninguna otra entidad o cámara que los regule. A su vez, sólo podrían ser modificados con la aprobación de la asamblea ordinaria, o en su caso la extraordinaria convocada al efecto y por la mayoría dispuesta en el Reglamento de Copropiedad.

Algunas de las obligaciones que quiere establecer son que el administrador deba:

- Ejecutar las decisiones adoptadas por la asamblea de propietarios.

- Atender a la conservación de las partes comunes, resguardando asimismo la seguridad de la estructura del edificio conforme lo dispuesto por las normas vigentes.

- Asegurar al edificio contra incendio y accidentes, al personal dependiente de consorcio y terceros.

- Conservar la documentación del consorcio y garantizar el libre acceso de los consorcistas a la misma.

- Denunciar ante el Gobierno de la Ciudad toda situación antirreglamentaria y las obras ejecutadas en el edificio que administra sin el respectivo permiso de obra o sin aviso de obra.

- Depositar los fondos del consorcio en una cuenta bancaria a nombre del consorcio de propietarios, salvo disposición contraria de la asamblea de propietarios.

- La gestión del administrador debe, siempre que la asamblea ordinaria o extraordinaria lo disponga, ser auditada contablemente y acompañada de un informe de control de gestión realizados por profesionales de ciencias económicas. De igual forma, la asamblea ordinaria o Extraordinaria podrá disponer la realización de una auditoria legal a cargo de un Profesional del Derecho.

- No puede, sin el previo consentimiento de la asamblea de propietarios, refinanciar deudas por expensas atrasadas.

- En caso de renuncia, cese o remoción, debe poner a disposición del consorcio, dentro de los diez días, los libros y documentación relativos a su administración y al consorcio, no pudiendo ejercer en ningún caso, la retención de los mismos.

- En caso de juicios con sentencia favorable al Consorcio de Propietarios, el administrador debe depositar en la cuenta bancaria del Consorcio los montos totales percibidos dentro de los dos días hábiles desde su recepción.

En cuanto a la duración del mandato del administrador, salvo disposición en contrario establecida en el Reglamento de Copropiedad y Administración de cada consorcio, tendrá mandato por el plazo de hasta un año, pudiendo ser confirmado por otro período igual por la asamblea ordinaria o extraordinaria, con la mayoría estipulada en el reglamento o en su defecto por los dos tercios de los propietarios presentes.

¿Qué es el fascismo?

[BPN-21/10/09] Durante la última reunión de la comisión Legislación General y del Trabajo en la que se trató el proyecto del legislador Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) para modificar la Ley 941 que creó un Registro Público de Administradores (RPA) se mencionó en varias oportunidades el término fascismo.

El presidente del Colegio Público de Abogados, Dr. Jorge Rizzo, el director del Instituto de Propiedad Horizontal del colegio, Dr. Eduardo Awad, entidades de consorcistas, legisladores y administradores se acusaron mutuamente de no ser representativos y de fascistas.

Ahora bien, qué es el fascismo. El término proviene del italiano fascio (‘haz, fasces’), y éste a su vez del latín fasces (plural de fascis). El fascismo es una ideología política fundamentada en un proyecto de unidad monolítica denominado corporativismo, por ello exalta la idea de nación frente a la de individuo o clase; suprime la discrepancia política en beneficio de un partido único y los localismos en beneficio del centralismo. En este sentido, propone como ideal la construcción de una utópica sociedad perfecta, denominada cuerpo social.

Para ello el fascismo inculca la obediencia de las masas (idealizadas como protagonistas del régimen) para formar una sola entidad u órgano socioespiritual indivisible. Al mismo tiempo, utiliza hábilmente los medios de comunicación y el carisma de un líder dictatorial en el que se concentra todo el poder con el propósito de conducir en unidad al denominado cuerpo social de la nación.

El fascismo se caracteriza por su método de análisis o estrategia de difusión de juzgar sistemáticamente a la gente no por su responsabilidad personal sino por la pertenencia a un grupo. Aprovecha demagógicamente los sentimientos de miedo y frustración colectiva para exacerbarlos mediante la violencia, la represión y la propaganda, y los desplaza contra un enemigo común (real o imaginario, interior o exterior), que actúa de chivo expiatorio frente al que volcar toda la agresividad de manera irreflexiva, logrando la unidad y adhesión (voluntaria o por la fuerza) de la población.

En el trasfondo de todas estas cuestiones subyace la idea de representación. John Stuart Mill (1806-1873), filósofo, político y economista inglés, en su libro "Consideraciones sobre el gobierno representativo" si bien reivindica la universalización del sufragio como uno de los mecanismos para que todos los ciudadanos estuvieran representados, lo que se pregunta es si ¿basta sólo con el ejercicio del derecho al voto para asegurar la representación de todos? Y su respuesta fue que no.

Él abogaba por la implantación de un sistema de representación política proporcional, que justificó en la necesidad de que la asamblea contuviera una imagen expresa de los deseos de la nación. Subyace aquí una defensa del principio de pluralismo político, que aunque inicialmente estuviera dirigido a garantizar la expresión de la diversidad de deseos, opiniones e intereses, no puede dejar de evolucionar con las aspiraciones humanas, que hoy exigen que la esfera política sea también el lugar donde se visibilizan las identidades diferentes.

Según él, uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta la representación política es la necesidad de dar respuesta a las reivindicaciones de aquellos grupos que abogan por una representación que refleje sus identidades, puesto que muchas de ellas han estado y continúan estando subrepresentadas o simplemente excluidas de la esfera pública. En muchos casos aparecen erigidos en movimientos sociales, se trata de grupos que se hallan marginados en el ámbito socioeconómico.

Explica que algunos buscan favorecer su presencia y visibilidad en la toma de decisiones que les afectan, satisfaciendo una genérica demanda de reconocimiento de su existencia por parte de los otros, otros simplemente los silencian, los ocultan o los estigmatizan.

"El proyecto de Abrevaya es prejuicioso"

[BPN-21/10/09] En una entrevista concedida a Pequeñas Noticias, Lisandro Cingolani manifestó su oposición al proyecto que impulsa el legislador porteño Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) para modificar la Ley 941 que creó un Registro Público de Administradores de consorcios en la CABA.

Cingolani es licenciado en Economía y en el momento de asumir la nueva lista de unidad de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) ocuparía un puesto -en representación de Cambio y Profesionalización- del nuevo Consejo Directivo que tal vez sería –de confirmarse- el de miembro titular del tribunal de cuentas.

Señaló que el núcleo central de la oposición al proyecto de ley de Abrevaya podría resumirse en que es una ley que en su motivación es prejuiciosa. "Lo que motiva la creación de la ley es un grupo de prejuicios sobre cómo hoy está funcionando la propiedad horizontal. La comisión no se molestó en contrastar con lo que verdaderamente pasa en la realidad", destacó.

Según él, la propuesta arrastra una concepción obtusa y cerrada: "cuando uno tiene una motivación que está basada en una sensación obviamente no se basa en hechos verdaderos".

En este sentido, consideró que cuando se hace una ley basada en una percepción de la realidad incorrecta se obtiene una ley torpe e incorrecta.

Para Cingolani los problemas centrales de los propietarios son tres: que los administradores no dedican el tiempo necesario para resolver los problemas, los aumentos en las expensas y la alta proporción de profesionales que se corrompen y se llevan una parte del costos de los trabajos.

Por otro parte, señaló que Abrevaya no tuvo en cuenta a todos los actores de la propiedad horizontal y sólo escuchó la voz de un sector.

Cingolani señaló que si se sanciona esta ley además de anticonstitucional es de cumplimiento imposible. "Los administradores harán todo lo posible por salvar las apariencias pero los incumplimientos serán permanentes", destacó.

"Nunca se puede mejorar la calidad de vida de la gente aplastando principios básicos del derecho privado, vulnerando derechos constitucionales, cortando los alambres de la competencia jurisdiccional y legislando en base a la demagogia y el prejuicio. El método ya falló y seguirá fallando", reflexionó.

Explicó que si bien entiende que el Gobierno porteño quiere alcanzar un alto grado de cumplimiento de las normas, "obligar al representante legal del consorcio a denunciar a sus clientes sobre cualquier irregularidad observada es trasladar arbitrariamente una carga pública".

Según él, este proyecto convierte derechos en obligaciones. "Cada derecho de un propietario se convierte en una obligación personal para su representante, deformándose los principios del mandato: el representante debe actuar "en carácter de …", es decir "como si fuera" su representado", destacó.

En este sentido, resumió que pretenden que el representante legal pagado por sus clientes trabaje al servicio del poder de policía del Estado: "cumpliendo ese rol se lo está obligando, en su función natural, a declarar contra sus representados".

En cuanto a los datos que quieren que incluyan los recibos de expensas, señaló que está de acuerdo en que la información tiene que ser amplia y estar disponible. Sin embargo, resaltó que la liquidación de expensas es una información resumida del estado contable del edificio, no es un informe general de situación que se pueda hacer por múltiples medios y es el propio edificio quien es apto para resolver su modalidad.

Cingolani señaló que Abrevaya parte de la base de que el propietario no tiene capacidad intelectual para designar a un representante en forma correcta.

"De la misma manera yo puedo decir que Abrevaya no representa al pueblo, representa a la corporación de los políticos. Entonces si quiero regularlo le pregunto al pueblo cómo hacerlo. Es como decir, el señor que tiene los votos no representa al pueblo, yo le voy a preguntar directamente al pueblo, es una actitud políticamente fascista, está desconociendo la voluntad de los canales institucionales", reflexionó.

¿Un paso más cerca?

[BPN-21/10/09] Pese a que cuatro fuentes de la Legislatura porteña informaron que el proyecto de ley para crear un Colegio Público de Administradores no fue tomado por ningún legislador y que difícilmente será tratado en un corto plazo, en el último número de la revista de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), se publicó como nota de tapa que el Colegio Público de Administradores está un paso más cerca de poder crearse.

El 30 de septiembre, el legislador Juan Manuel Olmos (Peronista) –quien en ese momento estaba a cargo de la presidencia de la Legislatura- le manifestó al presidente del Colegio de Abogados de la CABA, Dr. Jorge Rizzo y al director del Instituto de la Propiedad Horizontal, Dr. Eduardo Awad, que si bien en la Legislatura hubo varios proyectos para colegiar a los administradores nunca se avanzó en el tema. En cuanto al trámite parlamentario de esta iniciativa, les aseguró que está muy lejos de tomar estado parlamentario.

Por otra parte, el director de la comisión Legislación General y del Trabajo, Dr. Pablo Enrique Sellei, le aseguró al presidente de Fundación Liga del Consorcista, Dr. Osvaldo Loisi, que el proyecto aún no fue levantado por ningún legislador y que era probable que esa iniciativa no fuera discutida en un futuro inmediato.

También, durante las reuniones de comisión, el propio presidente de la Comisión Legislación General y del Trabajo, Marcelo Meis, señaló que el proyecto de colegiación no fue tomado por ningún legislador.

Por último, el legislador Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) volvió a ratificar lo manifestado por Sellei, Olmos y Meis y -a modo de pronóstico general- resaltó que la Legislatura ha aprobado pocos proyectos de colegios.

Parte de esta desinformación se puede deber a que, si bien la nota de la Cámara se publicó en la revista número 296 de agosto y septiembre, la noticia sucedió el 28 de agosto, es decir cuando la publicación ya debería haber sido distribuida. Ese día fue cuando el Grupo de los 5 (G5) presentó el proyecto de colegiación a la Legislatura.

"Hemos trabajado en silencio durante mucho tiempo para dar este paso que consideramos es fundamental para avanzar en la jerarquización y profesionalización de nuestra actividad", señalaron.

En otro orden de cosas, la CAPHyAI, en esa misma nota, aseguró que el Colegio no definirá montos de honorarios y que tendrá como objetivo: "administrar la matrícula y tener un ámbito donde el vecino pueda plantear sus inquietudes y efectuar sus denuncias".

A su vez, consideraron que de crease se mejorará la convivencia y se definirán mejor los límites entre los administradores y los administrados.

Según ellos, este proyecto de ley, "que parece estar dirigido a un conjunto limitado de personas, tiene en su esencia el objetivo de dictar leyes de juego claras donde el administrador tendrá perfectamente definidas sus obligaciones y estará sometido a sistemas eficaces de control de gestión".

Consideraron que los consorcistas deberían analizar esta iniciativa en el convencimiento de que sólo busca sumar al bienestar general y que es perfectible.

Pedido a los socios para actualizar los padrones

[BPN-21/10/09] La Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) les solicitó a los socios que envíen la documentación necesaria para poder actualizar los padrones de la entidad y así cumplir con lo dispuesto en la última resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ).

Recordemos que en agosto, a pocas horas de realizarse el acto eleccionario, la IGJ notificó a la CAPHyAI que debía suspender la Asamblea a causa de que el padrón electoral presentaba irregularidades. A través de una resolución, explicaron que numerosos asociados de la Cámara son empresas y o personas jurídicas que no tenían determinada la persona física que tiene derecho a ejercer su representación legal.

En este sentido, la CAPHyAI les pidió a sus asociados que envíen la documentación antes del día 23 de octubre a nombre de David Arismendi.

De acuerdo al estatuto de la Cámara, dentro de las obligaciones de los socios están las de: "exhibir los elementos que acrediten su actividad comercial o profesional, su estatuto o contrato social y la nómina actualizada de sus componentes o integrantes" y a su vez, "las empresas asociadas deberán comunicar a la Cámara las modificaciones que sufran los estatutos, los contratos sociales y nómina de los respectivos organismos directivos en cada oportunidad que se produzca algún cambio en los mismos".

La CAPHyAI confeccionó un formulario con el objetivo de que las empresas asociadas puedan aportar los datos necesarios para cumplir con lo dispuesto por la IGJ. En esta declaración jurada les solicitan que especifiquen el nombre social con la que operan actualmente, el tipo de sociedad (S.A., S.R.L., de Hecho u otra), el número de CUIT, el domicilio y sede social, el código postal, teléfonos/fax, el mail y los datos de las persona/s física/s que designan representantes ante la Cámara.

En estos casos, deben mencionar su nombre, su DNI y su registro de firma.

Por otra parte, aclararon que si son una sociedad constituida bajo la forma de S.A., S.R.L. o S.C.acc., deberán adjuntar copia del estatuto o contrato social y nómina de sus accionistas o socios, actualizada.

En el caso de las personas jurídicas la documentación deberá ser por duplicado y estar autenticadas por Escribano Público.

1º Congreso Nacional de Transporte Vertical

[BPN-21/10/09] La Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina (FACARA) realizó el Primer Congreso Nacional de Transporte Vertical

"Creemos que en tiempos difíciles como los actuales es necesario dar un impulso aún más grande a nuestra actividad... El objetivo de este primer congreso es ofrecer toda aquella información que entendemos es necesaria para encontrar una salida a esta realidad y seguir creciendo", destacó el presidente de FACARA, Rubén García.

Durante las dos jornadas del 24 y 25 de septiembre, los diversos especialistas trataron distintos temas sobre la seguridad en el transporte vertical, entre los que se destacaron las nuevas tecnologías y proyectos, normativas y jurisprudencia y desarrollo empresarial.

En representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, participó el director general de relaciones institucionales del Gobierno de la CABA Lic. Claudio Avruj. "Nosotros desde el Gobierno estamos comprometidos en lograr una mejor calidad de vida para todos los porteños y en esto influye la seguridad. Queremos alentar y asentar la idea de mancomunar esfuerzos", subrayó.

Durante la primera jornada, el Ing. Rinaldi y Soregaroli abrieron la agenda de disertaciones con una exposición sobre las normativas del Gobierno de la Ciudad.

En principio, Rinaldi subrayó que uno de los principales objetivos de la federación es lograr que en algún momento el reglamento de la Ciudad sea de orden nacional. "Se está trabajando a través de un comité del Mercosur, para poder incorporar las normas de seguridad de esta ciudad en los reglamentos de cada uno de los municipios del país", señaló.

Por su parte, Soregaroli resaltó que es fundamental tener un libro en el que quede asentado el estado del ascensor: "es sumamente importante que exista un registro de todo lo que pasa, que haya una empresa de conservación matriculada, un representante que hace la verificación, un seguro y los informes del profesional en que escriba todas las novedades que se produzcan".

Durante la jornada, señalaron que el libro es una especie de historia clínica del ascensor. En este sentido, explicaron que tanto el administrador como el conservador -a través de su representante- tienen que tener mucho cuidado: "el administrador debe repasarlo y leerlo para poder llevar adelante todo aquello que debe hacer para cumplir con la reglamentación".

¿Quién reemplaza a Gabriela?

[BPN-21/10/09] Después de que Gabriela Pilar Saldivia renunciara a su cargo de gerenta de Administración Oneto Sociedad Anónima para poder hacerse cargo de la Coordinación General del Registro Público de Administradores (RPA), asumió en su lugar Mónica D’Alesio.

En una entrevista concedida a Pequeñas Noticias, D’Alesio aseguró que para ella es todo un desafío poder hacerse cargo de una de las administraciones más antiguas del mercado y poder incursionar en el mundo de la propiedad horizontal.

Mónica se define como una mujer con mucha fuerza y acostumbrada a tomar decisiones importantes: "siempre tengo fuerzas para salir adelante. Soy una mujer muy tenaz". Hasta el momento, ella venía trabajando en importantes empresas de servicios en temas relacionados con atención al cliente.

"Llegué a la administración a través de Gabriela. La conozco a través de una amiga y a partir de su proyecto político decidió convocarme. Para ella lo más importante era poner a una persona de confianza y ambas compartimos esto de que hay cosas que se pueden aprender pero otras, como la responsabilidad y la confianza, vienen con uno", destacó.

Según ella, el consorcista es una persona que demanda permanentemente. "Es natural que la gente cuando reclame se ponga nerviosa y nuestra misión es tratar de calmarla. Sin embargo me encontré que algunos consorcistas vienen con una importante carga agresiva que –a pesar de que se va diluyendo a medida que se comienzan a encontrar soluciones- revela mucha tensión en el abordaje al problema. Si bien hay gente que es amorosa y que te presenta el reclamo de manera tranquila en la confianza de su resolución, hay algunos que viven este proceso, hasta su correcta resolución, con hostilidad", reflexionó.

Uno de los objetivos de D’Alesio es que en los consorcios se trabaje con mayor previsión y que se proyecten acciones a largo plazo. "Uno tiene que preveer las cosas y no atender solamente la crisis de lo inmediato", manifestó.

A su vez, resaltó que la gente –por la situación económica actual y la de los consorcios en particular- está muy reacia a gastar dinero cuando el administrador le propone hacer obras necesarias dentro del edificio: "si no es urgente no las pueden hacer".

Se jubiló de las administraciones

[BPN-07/10/09] El Dr. Cristóbal Orlando Ruano decidió jubilarse. Después de 32 años de desempeñarse como administrador de consorcios, vendió las acciones de la sociedad anónima a la que pertenecía. "Ahora me dedico a la abogacía", destacó Ruano. En una entrevista concedida a Pequeñas Noticias en su casa de San Fernando, señaló que pese a que se jubiló no descarta la posibilidad de volver a trabajar para la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI).

"El hecho de que no esté más en la sociedad anónima quiere decir que no estoy más asociado a la Cámara pero no quiere decir que no pueda volver. En algún momento podría llegar a volver aunque no ahora porque no están dadas las circunstancias", destacó.

Ruano es corredor inmobiliario y abogado especializado en Propiedad Horizontal. Durante muchos años, se desempeñó como secretario de la CAPHyAI y como presidente de las Comisiones Prensa y Difusión y Cursos y Conferencias - Estudios Superiores de la CAPHyAI. 

Ruano fue el hombre que sorpresivamente y a cinco meses de las elecciones del 2006, (en ese momento secretario de la CAPHyAI), anunció que se postularía como candidato a presidente para las elecciones de octubre.

Un miércoles 10 de mayo de 2006, luego de evaluar con nueve miembros de las comisiones "Prensa y Difusión" y "Cursos, Conferencia y Estudios Superiores" los logros alcanzados durante el 2005, Ruano hizo pública su aspiración, haciendo que por primera vez en la vida de la institución se enfrenten dos listas en una elección.

En ese momento, consideró que si bien tradicionalmente en las elecciones de la CAPHyAI hubo siempre una lista única "es sano que en esta oportunidad haya más de una lista, que exista competencia y que cada persona que crea que tiene mejores ideas, las manifieste, las desarrolle, las proponga y que, finalmente, sean los socios los que decidan el camino que quieren que la cámara continúe".

Habrá que esperar la publicación del aumento en el BO para hilar fino y confirmar o corregir los valores de los topes y/o el valor de las mismas asignaciones familiares.

¡Uruguayos, a votar!

[BPN-21/10/09] El próximo domingo 25 de octubre se celebran elecciones nacionales en el país vecino y son muchos los trabajadores del sector que querrán cruzar "el charco" y emitir su voto.

La Ley 23.759 (publicada en el BO 26.804 del 18/01/1990) establece en su 1º artículo que "Las personas radicadas en el territorio de la República Argentina que sean ciudadanos de países limítrofes y que trabajen en el país en relación de dependencia gozarán en sus empleos de hasta cuatro (4) días de licencia, a los fines de que puedan concurrir a emitir su voto en las elecciones que se realicen en su país de origen" y en el 2º artículo agrega que "La licencia a la que se refiere el Artículo 1º se considerará a cuenta de la licencia que por ley le corresponde. A tal efecto será de aplicación lo dispuesto por la ley 20.744 (t. o. por el Decreto 390/76)".

En una consulta telefónica al SUTERH (Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal), nos aclararon que los días que el trabajador se tome para ir a emitir su voto serán descontados de los días de las vacaciones que le correspondan.

Es oportuno aclarar que el Decreto 1360/09 publicado el 5 de octubre del corriente otorga asueto los días 23 y 26 de octubre de 2009, a los ciudadanos uruguayos que se desempeñen en la Administración Pública Nacional a fin de que concurran a emitir su voto en las Elecciones Nacionales que se realizarán el día 25 de octubre de 2009, o sea que los trabajadores del sector privado no son alcanzados por este beneficio.