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15 de Noviembre de 2026 - Nº 836

Registro Público de Administradores porteño

Para fines de octubre había 9 mil administradores registrados

De ese total, solo el 5,94% fue sancionado durante los dos últimos años por infracciones a la Ley 941. Se consolida una mayoría de mujeres tanto como administradoras profesionales como voluntarias.

[BPN-15/11/26] Según el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al 3 de noviembre había 9.005 administradores registrados en el Registro Público de Administradores (RPA) porteño. De ellos, el 86,32% (7.773) son profesionales, el 8,92% (803) son voluntarios y en el 4,76% (429) no se consignó fecha de inscripción. En la información oficial no se aclaró si este último grupo corresponde a administradores dados de baja, en trámite de alta o si existió alguna otra razón para la omisión...



Sindicato de Empleados de Administradores

Se acordó nuevo reencuadramiento y aumentos hasta diciembre

A mediados de octubre las tres entidades de administradores y SEARA pactaron un nuevo reencuadramiento para los empleados del sector y aumentos salariales hasta diciembre. Se eliminó la categoría "cadete" y se creó la de "administrativo calificado".

Paritarias encargados de edificios 2026

Ya se puede descargar la documentación de tres acuerdos

El programa Consorcios 360 puso a disposición de la comunidad una copia de los acuerdos salariales y las disposiciones homologatorias correspondientes al 30 de diciembre, al 23 de junio y al 27 de julio.


CONSORCIOS 360º: La brújula informativa de la propiedad horizontal


Elecciones porteñas 2027

Tetaz propone dos medidas para ‘regular’ las expensas

Considera que se debe permitir al consorcio contratar un encargado a tiempo parcial o una empresa de limpieza y que se debe intervenir en la negociación paritaria del gremio porque no tiene contraparte.


Paritarias encargados de edificios

Buscan que las homologaciones se publiquen en el Boletín Oficial

Silvia Bercovsky inició una petición en Change.org para que la Secretaría de Trabajo publique en el Boletín Oficial, en un plazo máximo de 72 horas hábiles, las disposiciones homologatorias del convenio colectivo de trabajo 589/10. Asimismo, redactó un anteproyecto de ley para presentar en la Cámara de Diputados con el fin de que algún bloque legislativo lo asuma como propio.


El "Mandarina Gate"

El Grupo Octubre compró Mandarina Contenidos y el canal Bondi

Jorge Rial adelantó el lanzamiento de su canal de streaming Ensalada Rusa obligado por la catarata de información que rodeó lo que terminó llamando 'El Mandarina Gate'. ¿Por qué se vendió la productora? ¿A quiénes se la ofrecieron y por cuánta plata? Rial le dedicó al tema tres emisiones de urgencia.


ABL y patentes porteñas.

Nueva oportunidad de pagar las deudas sin intereses resarcitorios

Desde el 15 de octubre y hasta el 31 de diciembre, la AGIP tiene habilitado un nuevo plan de facilidades para cancelar deudas del impuesto Inmobiliario, ABL y Patentes que hayan vencido antes del 1 de octubre de este año.


Proyecto de ordenanza neuquino

Régimen Municipal de Conservación Preventiva de Fachadas

Un concejal presentó un proyecto de ordenanza que busca evitar desprendimientos y deterioros en los frentes de los edificios que puedan afectar la seguridad de las personas y el espacio público. De ser aprobada, quedarán incluidos los consorcios de propietarios de la ciudad.


Rincón Solidario

Gestión Profesional

Contratar una empresa de limpieza en el consorcio: ¿Una solución real o un problema diferido? 

por la Dra. Diana Sevitz

[BPN-15/11/26] Cada vez que en una asamblea se discute la limpieza del edificio y el rol del encargado arrancan los debates fundados —la mayoría de las veces...


Pequeñas Noticias

Nosotros

El autor y su obra

Administrar profesionalmente desde el primer día

En breve, una administradora con diez años de experiencia presentará en la Editorial Dunken una guía técnica completa para administradores que dan sus primeros pasos en la profesión. La obra orienta sobre la organización del tiempo, cómo pararse frente a la gente y cómo sostener la profesión sin quemarse.


Trabajadores de Edificios

Por 5º semestre consecutivo caen los puestos de trabajo

Durante el primer semestre de 2026 se mantuvo la disminución de los puestos de trabajo respecto del mismo período del año anterior. Por otra parte, tras alinearse los montos liquidados con lo homologado, el promedio de los ingresos mensuales aumentó en consonancia con las escalas salariales.


Registro Público de Administradores bonaerense

El RPAC alertó sobre contactos por WhatsApp o redes sociales

El organismo recordó sus correos electrónicos oficiales y recomendó consultar a esas direcciones ante cualquier duda sobre la autenticidad de una comunicación.


Proyecto de resolución porteño

Piden informes sobre el programa de electromovilidad

Dos legisladores porteños presentaron un proyecto para que el Poder Ejecutivo responda 17 preguntas relacionadas con el programa que busca potenciar la expansión de estaciones de carga de vehículos eléctricos en los consorcios de propietarios.


Índice de escalas salariales de encargados de edificios

Solo faltan las homologaciones de los acuerdos de mayo y septiembre

Si hasta fin de noviembre no se homologan los dos acuerdos pendientes, las escalas salariales perderán contra la inflación mensual y la acumulada anual pero ganaran en la interanual. Por su parte, el haber mínimo de los jubilados perderá en esas tres mediciones.


Rincón Solidario

¿La administración está autorizada a poner multas?

por la Dra. Silvia Marcela Bercovsky

Buen día señor Claudio 
Soy María de Mar del plata Pcia de Buenos Aires
Me dirijo a ud a fin de consultarle si legalmente una administración de edificios está autorizada a poner multas a vecinos que NO...


Para Agendar

Terminamos el año aclarando dudas sobre tu consorcio

Por Comuna 14

Vínculos a nuestras redes sociales


Registro Público de Administradores porteño

Para fines de octubre había 9 mil administradores registrados

[BPN-15/11/26] Según el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al 3 de noviembre había 9.005 administradores registrados en el Registro Público de Administradores (RPA) porteño. De ellos, el 86,32% (7.773) son profesionales, el 8,92% (803) son voluntarios y en el 4,76% (429) no se consignó fecha de inscripción. En la información oficial no se aclaró si este último grupo corresponde a administradores dados de baja, en trámite de alta o si existió alguna otra razón para la omisión.

Datos Generales

Administradores Profesionales

7.773

86,32 %

Administradores Voluntarios

803

8,92 %

Sin fecha de inscripción

429

4,76 %

Total Padrón:

9.005

100,00 %

De la información provista por el Gobierno de la ciudad y como dato curioso, figuran 25 inscriptos antes de la sanción de la Ley 941, ocurrida el 3 de diciembre de 2002; uno registrado para el 26 de marzo de 2027 (dentro de poco más de cuatro meses) y otro con fecha de inscripción del 10 de junio de 2029 (dentro de dos años y siete meses).

Administradores profesionales

De este grupo, el 50,53% está compuesto por mujeres (una tendencia que afianza su crecimiento en el sector), el 46,87% por varones y un 2,55% por empresas.

Administradores Profesionales

Varones:

3.643

46,87 %

Mujeres:

3.928

50,53 %

Empresas

198

2,55 %

Sin datos

4

0,05 %

 

7.773

100,00 %

Administradores voluntarios

Se trata de propietarios que administran su propio edificio a título gratuito y cuya única obligación actual es matricularse en el RPA. Aquí también se observa que la mayoría de quienes asumen esta tarea son mujeres (56,41%), seguidas por los varones (42,84%) y tres empresas (0,37%).

Administradores Voluntarios

Varones:

344

42,84 %

Mujeres:

453

56,41 %

Empresas

3

0,37 %

Sin datos

3

0,37 %

 

803

100,00 %

Llamó la atención que existan empresas dedicadas a administrar consorcios donde desempeñan sus actividades: en el primer caso se trata de un banco, en el segundo de una empresa de sistemas de información geográfica y en el último de una federación dedicada a seguros.

Sancionados y sanciones

Para comprender estas cifras, debe tenerse en cuenta que, según el artículo 7 de la Ley 941, el RPA solo está obligado a hacer públicas las sanciones impuestas a los administradores durante los últimos dos años.

Del padrón total, el 3,72% (289 administradores) fue sancionado durante los dos últimos años mediante 345 disposiciones por faltas a la Ley 941. En promedio, cada infractor recibió 1,19 multas.

Categoría 

Sancionados

Sanciones

% Sancionados

Administradores Profesionales

289

345

3,72 %

Administradores Voluntarios

1

1

0,12 %

Sin fecha de inscripción

9

10

2,10 %

Totales

299

356

5,94 %

En solo un caso se sancionó a un administrador voluntario: se trató de una mujer no inscripta que, en 2025 y ante la denuncia de un vecino, fue multada con 700 unidades fijas (equivalentes a 868 mil pesos al día de hoy) y obligada a regularizar su inscripción.

Al analizar en detalle quiénes acumulan una o más sanciones en los últimos dos años, se observa que la relación de géneros se invierte: los varones lideran con el 53,51% de los casos, seguidos por las mujeres con un 40,80% y las empresas con un 5,69%.

Perfil

Casos

Porcentaje

Mujeres

122

40,80 %

Varones

160

53,51 %

Empresas

17

5,69 %

Sin datos

 0

0,00 % 

 

299

100,00 %

Sancionados y reincidentes

El 86,29% de las sanciones informadas por el Gobierno porteño corresponde a una primera infracción; el 10,37%, a dos; el 2,01%, a tres; el 1,00%, a cuatro, y se registró un único caso de un administrador con seis infracciones en el período de dos años.

Cantidad de sanciones

Total

Porcentaje

Administrador con 1 sanción

258

86,29 %

Administrador con 2 sanciones

31

10,37 %

Administrador con 3 sanciones

6

2,01 %

Administrador con 4 sanciones

3

1,00 %

Administrador con 5 sanciones

0

0,00 %

Administrador con 6 sanciones

1

0,33 %

 

299

100,00 %

Los datos fueron provistos por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor -dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana y de la Jefatura de Gobierno- y se encuentran actualizados al 3 de noviembre de este año.


Contadora Viviana B. Grinberg

Administración Bernetti SRL


Sindicato de Empleados de Administradores

Se acordó nuevo reencuadramiento y aumentos hasta diciembre

[BPN-15/11/26] El pasado 15 de octubre, el Sindicato de Empleados de Administradores (SEARA) y las tres entidades patronales del sector firmaron un acuerdo en el que pactaron eliminar la categoría "cadete" y crear la de "administrativo calificado" con un salario de 1.633.925 pesos mensuales. De este modo, las dos únicas categorías vigentes en forma retroactiva desde el 1º de octubre son "administrativo general" y "administrativo calificado", con una diferencia salarial entre ambas del 21,2%.

Por otra parte, estipularon un aumento para octubre del 2,2%, para noviembre del 2,1% y para diciembre del 2%.

El acuerdo todavía no fue homologado.

Impacto real

Teniendo en cuenta los cambios de categorías y aumentos pactados, en promedio, las escalas salariales de los empleados de los administradores en diciembre habrán acumulado un aumento del 42,62% durante el 2025 mientras que la inflación proyectada será para ese mes del 30,07%. La diferencia a favor de los trabajadores será de 12,55 puntos porcentuales.

 

Escalas Salariales

Inflación

 

Período

Mensual

Interanual

Mensual

Interanual

Diferencia

abril/2026

2,50 %

 

2,60 %

 

 

mayo/2026

2,10 %

42,02 %

2,10 %

33,20

8,82 pp

junio/2026

2,10 %

43,46 %

1,90 %

33,50

9,96 pp

julio/2026

2,00 %

38,46 %

2,10 %

33,80

4,66 pp

agosto/2026

1,90 %

39,08 %

1,70 %

33,50

5,58 pp

septiembre/2026

1,90 %

39,71 %

1,90 %

33,40

6,31 pp

octubre/2026

2,20 %

40,79 %

1,70 %

32,51

8,27 pp

noviembre/2026

2,10 %

41,76 %

1,60 %

31,35

10,41 pp

diciembre/2026

2,00 %

42,62 %

1,80 %

30,07

12,55 pp

Categoría administrativo general

Los paritarios explicaron que, hasta ahora, la estructura salarial del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) contemplaba únicamente las categorías "administrativo" y "cadete", las cuales consideraron insuficientes para reflejar la diversidad de funciones, responsabilidades y calificaciones que se presentan actualmente en la actividad. Por lo tanto, entendieron que era necesario establecer una clasificación de tareas basada en criterios objetivos, que contemple la dimensión de las administradoras y asegure una transición ordenada, sin afectar derechos adquiridos.

Este cambio de categorías representará para los trabajadores anteriormente encuadrados como cadetes un aumento del 21,2% en septiembre -base para los futuros cálculos-, al que se le deberá sumar el 2,2% acordado para octubre.

El nuevo acuerdo, en el inciso 1 del artículo 4, define de la siguiente manera esta categoría:

"Quien desarrolla tareas administrativas iniciales, de apoyo, ejecución y atención, bajo pautas, procedimientos o instrucciones establecidas por el empleador, sin asumir en forma normal y habitual la autonomía, responsabilidad o complejidad propias del Administrativo Calificado. Comprende, entre otras: atención al público y a copropietarios, recepción y derivación de reclamos, carga de datos, archivo, gestión de correspondencia, cobranzas y pagos por indicación del empleador, y trámites y diligencias externas (incluidas las tareas antes asignadas a la categoría Cadete)".

Categoría administrativo calificado

Entre la categoría de administrativo general y la de administrativo calificado también existe una diferencia escalar del 21,2%.

Textualmente, el artículo 4 la define así:

"Quien desarrolla tareas propias de la actividad que, por su naturaleza, requieren mayor autonomía, responsabilidad, análisis, conocimientos o complejidad que las del Administrativo General. Comprende, entre otras: liquidación de expensas y de sueldos del personal de los consorcios, rendición de cuentas, control de proveedores y presupuestos, seguimiento de obras, siniestros y reclamos, gestión de cuestiones ante organismos públicos, y preparación de asambleas".

Agrega también que, para este encuadramiento, se considerarán especialmente los siguientes parámetros objetivos:

1.- Tener una o más personas a cargo, o ejercer en forma habitual funciones de coordinación o supervisión.

2.- Representar habitualmente a la administración en asambleas o mediaciones.

3.- Poseer título habilitante y matrícula o inscripción vigente como administrador/a de consorcios, o título universitario o técnico, cuando esa condición se vincule con las funciones efectivamente desempeñadas para la empleadora.

Por último, el artículo señala que "la concurrencia de uno o más de estos parámetros constituye un elemento objetivo relevante para el encuadramiento, que se valorará junto con la naturaleza de las funciones efectivamente desarrolladas. La sola posesión de un título o matrícula no determina por sí misma el encuadramiento".

El reencuadramiento

Bajo el título "Régimen de transición", el artículo 5 del acuerdo paritario establece que, a partir del 1º de octubre de 2026, el personal que revistaba en la categoría Cadete será reencuadrado como Administrativo General, y el personal que revistaba en la categoría Administrativo será reencuadrado como Administrativo Calificado, cualquiera sea la dotación de la administradora.

Los administradores con tres o más trabajadores revisarán el encuadramiento de su personal dentro de los sesenta días corridos desde la suscripción del presente documento y lo notificarán por escrito a cada trabajador. Cuando de la revisión resulte que un trabajador debe ser encuadrado como administrativo calificado, la diferencia salarial correrá desde el 1º de octubre.

Aclararon que el reencuadramiento no podrá implicar una disminución de la remuneración que el trabajador percibía. Si la remuneración básica que percibía superara la de la categoría asignada, la diferencia se mantendrá como un adicional personal que no podrá ser absorbido por los incrementos salariales de este convenio ni de convenios futuros.

Por último, explicaron que el reencuadramiento no afecta la antigüedad, los adicionales que correspondan ni otros derechos adquiridos por el trabajador.

Próximo acuerdo

Las partes acordaron reunirse nuevamente en diciembre de este año. Firmaron el acuerdo, en representación del sindicato, Gabriela Pilar Saldivia y Alejandra Pilar González; en representación de la Asociación Inmobiliaria Edificios de Renta y Horizontal (AIERH), Raúl Marcelo Costa; por la UADI (Unión Administradores de Inmuebles), Osvaldo Emilio Enrique Primavesi; y por la CAPHyAI (Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias), el Adm. Guillermo Alejandro Casella.


Dra. Silvia Bercovsky / Abogada especialista en propiedad horizontal.

 


Paritarias encargados de edificios 2026

Ya se puede descargar la documentación de tres acuerdos

[BPN-15/11/26] El pasado 23 de octubre, el programa de radio y streaming Consorcios 360 puso a disposición de sus seguidores copia de los acuerdos salariales y las disposiciones homologatorias que no se habían hecho públicos ni por la Secretaría de Trabajo, ni por la FATERyH, ni por las tres entidades de administradores que firmaron las paritarias en representación de los consorcios.

Durante la emisión, se presentó una diapositiva por cada acuerdo salarial con tres códigos QR para que los seguidores pudieran descargarlos libremente: el vínculo al acuerdo de propiedad horizontal, al de renta y a la homologación de ambos.

Enero, febrero y marzo

Este acuerdo fue firmado el 30 de diciembre de 2025 y homologado el 31 de agosto mediante la Disposición 1.081.

Acuerdo del 30/12/25

Meses: enero/febrero/marzo

Propiedad Horizontal:

https://bit.ly/3Ub2CAk

Renta:

https://bit.ly/3VLZeMR

Homologación:

https://bit.ly/4iyFXHm

Abril

La producción está a la espera de la documentación del acuerdo firmado el 1 de abril de 2026, aplicable a ese mismo mes y homologado el 16 de julio mediante la Disposición 890. Dicho convenio estableció tres puntos clave: se incorporaron 20 mil pesos a las escalas salariales para los trabajadores de jornada completa y 10 mil pesos para los de media jornada. A los encargados no permanentes -con o sin vivienda- no se les aplicó la proporcionalidad, por lo que percibieron 20 mil pesos en lugar de 10 mil. Sobre esta base, se aplicó un incremento del 2%. Por último, la suma fija de 120 mil pesos se redujo a 100 mil pesos, monto que debe calcularse de manera proporcional según la categoría laboral.

Mayo

Respecto al acuerdo firmado el 12 de mayo, cuyo último movimiento data del 15 de mayo de 2026, se incorporaron 20 mil pesos a las escalas salariales para el personal de jornada completa y 10 mil pesos para el de media jornada. Sobre dicha base se aplicó un incremento del 2% y la suma fija se redujo de 100 mil pesos a 80 mil pesos, calculada de forma proporcional a las categorías de trabajo.

Junio

Este acuerdo se firmó el 23 de junio de 2026 y fue homologado el 31 de agosto mediante la Disposición 1.082.

Acuerdo del 23/06/26

Meses: junio

Propiedad Horizontal:

https://bit.ly/4z6b96O

Renta:

https://bit.ly/4yXEyA1

Homologación:

https://bit.ly/3VOfhK3

Julio, agosto y septiembre

Este convenio se formalizó el 27 de julio de 2026 y fue homologado el 2 de octubre mediante la Disposición 1.266.

Acuerdo del 27/7/2026

Meses: julio/agosto/septiembre

Propiedad Horizontal:

https://bit.ly/4hXuf99

Renta:

https://bit.ly/4iyvuM8

Homologación:

https://bit.ly/4igj7D7

Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero

El último movimiento del acuerdo firmado el 4 de septiembre se registró el 6 de noviembre de 2026. En primer lugar, este convenio modificó el ya homologado de septiembre; en segundo lugar, no se definieron aumentos porcentuales mensuales, sino que se adjuntaron seis escalas para su homologación. En el documento, los firmantes expresaron: "Luego de realizar un análisis de conveniencia, legalidad y oportunidad, las partes convienen en establecer un incremento salarial de conformidad a los importes que surgen de las escalas salariales que se adjuntan desde el mes de agosto de 2026 para su debido cotejo".


Consorcios 360, el programa periodístico más completo y popular sobre propiedad horizontal.

Dra. Diana Sevitz / Abogada especialista en propiedad horizontal.


Elecciones porteñas 2027

Tetaz propone dos medidas para ‘regular’ las expensas

Martín Tetaz [foto redes sociales]

Martín Tetaz [foto redes sociales]


[BPN-15/11/26] El pasado 29 de octubre, el exdiputado nacional Martín Tetaz (PRO) propuso dos medidas para regular las expensas: por un lado, permitir al consorcio contratar un encargado a tiempo parcial o una empresa de limpieza y, por el otro, intervenir en la negociación paritaria del gremio porque, en sus palabras, no tiene contraparte.

Sobre este último punto, no quedó suficientemente claro si propuso que el Estado intervenga en las negociaciones paritarias o si reclama que sean los copropietarios quienes intervengan en ellas. Actualmente, la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERyH) negocia salarios y condiciones laborales con tres entidades de administradores que representarían los intereses de los consorcios: la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal (AIERH) y la Unión Administradores de Inmuebles (UADI).

Tetaz realizó estas declaraciones en un video de apenas 43 segundos que publicó en su cuenta de Instagram, donde cosechó 1.700 me gusta, 1.100 comentarios y 40 reenvíos [*]. Como dato de color, en el video se ubicó frente al edificio del barrio de Belgrano donde se filmó la serie El encargado.

Tiempo parcial y empresas de limpieza

El disparador del video es una voz en off que pregunta: ¿Cómo harías para regular las expensas?

A esto, el exlegislador responde:

En primer lugar, hay que desarmar el componente casi fijo del encargado dentro de las expensas. Esencialmente, hay que permitir que los consorcios puedan contratar a tiempo completo si tienen muchas unidades para dividir, pero si no, a tiempo parcial, o que puedan directamente no contratar a un encargado y, en todo caso, contratar una empresa privada de limpieza por el tiempo que necesitan.

Es de recordar que el Convenio Colectivo de Trabajo 589/10 (propiedad horizontal) y el 590/10 (renta) prevén que se pueda contratar un encargado medio tiempo, cierta cantidad de veces por semana a tiempo parcial o cualquier otra configuración conveniente para el edificio.

Tampoco está prohibido contratar empresas de limpieza, aunque los expertos recomiendan a los administradores tomar ciertos recaudos para no verse involucrados en conflictos laborales entre el trabajador y la empresa que brinda el servicio. La Dra. Diana Sevitz elaboró para esta edición un completo informe.

Paritarias y contraparte

Otra solución que propone Tetaz es intervenir en las paritarias de los encargados de edificios, un viejo anhelo de buena parte de los propietarios de departamentos.

En segundo lugar, hay que intervenir en la negociación paritaria del gremio porque no tiene contraparte; es una negociación que genera la situación ridícula de que aumentan las expensas más de lo que aumentan los sueldos de los que viven en ese edificio, que pueden ser trabajadores o jubilados. Por lo tanto, sí, claro, tiene que aumentar el sueldo de los encargados lo mismo que aumenta el promedio de los sueldos del sector privado de la economía.

Todos los intentos de los consorcistas por participar en las negociaciones paritarias en nombre propio fracasaron. La primera vez se produjo el 20 de diciembre de 2004, cuando el Registro de las Asociaciones Gremiales de Empleadores del Ministerio de Trabajo inscribió a la Unión de Consorcistas de la República Argentina (UCRA), entidad dirigida por Alicia Giménez. Poco después, los cuatro miembros paritarios -la FATERyH, la CAPHyAI, el AIERH y la UADI- se opusieron terminantemente a su incorporación con diversos argumentos.

La segunda gestión la protagonizó Gabriel Mormandi, presidente de la Asociación Civil de Propietarios de Inmuebles de Renta y Horizontal (APH), quien llegó a concretar su presencia en una discusión paritaria, aunque no logró ser incluido. Si bien existieron otros intentos posteriores, ninguno logró superar el filtro principal: obtener la inscripción en el Registro de las Asociaciones Gremiales de Empleadores.

Martín Tetaz

Martín Alberto Tetaz (52) es un político y economista argentino. Se desempeñó hasta el 10 de diciembre de 2025 como diputado nacional del PRO por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Nació en la ciudad de La Plata. Se recibió de economista en la Universidad Nacional de La Plata en 2001 y allí mismo se desempeñó como docente. Durante su época de estudiante fue militante de Franja Morada.

Apenas egresado, emigró a Gillingham, Inglaterra, donde realizó estudios de psicología cognitiva, aunque no los terminó. Recibió cierto reconocimiento como economista especializado en esa materia, sobre la que dio conferencias y realizó publicaciones.

En 2021 fue electo diputado por la Unión Cívica Radical en la coalición Juntos por el Cambio. Entre 2022 y 2023 su nombre fue mencionado como posible candidato a gobernador de Buenos Aires, aunque al final bajó su precandidatura.

Actualmente dejó claro que aspira a ser electo para Jefe de Gobierno porteño en las elecciones del año que viene.

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[*] Actualizado al 05/11/2026.



El autor y su obra

Administrar profesionalmente desde el primer día

[BPN-15/11/26] Durante la segunda semana de noviembre, la administradora Laura Rita Pineyro presentará su libro Administrar profesionalmente desde el primer día en la Editorial Dunken. La autora definió la obra como una guía técnica completa que abarca matrícula, obligaciones, libros, expensas, liquidaciones, asambleas, personal, sanciones y desarrollo profesional. Si bien comentó a este medio que el libro está dedicado a los administradores, también fue pensado para que les sea útil a los consorcistas.

Explicó que administrar un consorcio no se aprende solo en un curso, sino también a los golpes: en una madrugada limpiando una napa tapada, en una asamblea que se descontrola o en la primera vez que alguien encierra a alguien con llave en un departamento.

Pineyro señaló que su libro no es un tratado jurídico ni reemplaza al Código Civil y Comercial, a la Ley 941 ni al reglamento de propiedad horizontal de cada edificio. Lo considera un mapa que ordena al administrador las prioridades, le muestra dónde están los pozos y le da el criterio para no caer en ellos. Aclara que lo técnico está presente, pero traducido a un idioma humano y con el costado que casi nadie cuenta: cómo organizar el tiempo, cómo pararse frente a la gente y cómo sostener la profesión sin quemarse. Ella solo pide una cosa: leer el libro con un lápiz en la mano, subrayar, anotar las dudas y, sobre todo, adaptar lo que dice a la propia realidad. Se destaca que la autora ofreció aclarar a sus lectores cualquier duda que le escriban a su correo estudioagora.ba@gmail.com.

Dedicó tres párrafos a enseñar cómo leer su guía. En principio, recomendó leerla completa una vez para tener el mapa y después usarla como manual de consulta, capítulo por capítulo. En segundo término, pidió prestar atención a los recuadros. Sus consejos nacen de la experiencia práctica: aquellos donde figura la palabra "OJO" señalan los errores más caros, y donde se anuncia "LETRA CHICA" se ofrece el respaldo normativo. Por último, invitó a leer la obra con el reglamento del consorcio, el texto de la Ley 941 y su reglamentación y el Título V del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) en la mano, ya que serán su base de trabajo.

La autora reveló que esta guía es, básicamente, esa carta que le hubiera gustado recibir el primer día que se dedicó a administrar. Señaló que está escrita desde la práctica y no desde la teoría: cada consejo y cada "ojo" surgieron de situaciones que vivió, que vio vivir a sus colegas o que aprendió a fuerza de equivocarse. Su idea es simple: que el lector se ahorre varios de esos golpes.

La obra está dividida en seis partes y un cierre que se extienden a lo largo de 67 páginas, cuyo índice sintetiza los ejes del recorrido: el oficio (y el rol en él), lo no negociable (legal y obligatorio), el día a día, el personal del consorcio, los errores que se pagan caro, la profesionalización (el costado humano) y las herramientas para arrancar.

La autora

Laura Rita Piñeyro es administradora de consorcios matriculada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es especialista en comunicación estratégica, gestión financiera y flujo de fondos, asesora en procesos contables y community manager certificada. Se formó en la Fundación Liga del Consorcista, en la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), en la Asociación Inmobiliaria Edificios de Renta y Horizontal (AIERH) y en la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA).

Lleva más de una década administrando edificios en Boedo, Caballito, Almagro, Palermo, Belgrano, San Telmo y Balvanera, entre otros barrios, y pone el foco en una gestión financiera clara, una comunicación comprensible y procesos ordenados respaldados por una red de profesionales de confianza para el área legal, inmobiliaria y de obras. Hoy es titular del Estudio Ágora.



Paritarias encargados de edificios

Buscan que las homologaciones se publiquen en el Boletín Oficial

[BPN-15/11/26] El pasado 18 de octubre, Silvia Bercovsky inició una petición en la plataforma Change.org para que la Secretaría de Trabajo publique en el Boletín Oficial, en un plazo no mayor a 72 horas hábiles contadas a partir del dictado del acto administrativo, las disposiciones homologatorias de los CCT 589/10 y 590/10. La iniciativa establece que, si el Estado no efectúa la publicación oficial, el acuerdo no entrará en vigencia ni resultará exigible a los consorcios.

Con el objetivo de visibilizar el reclamo, la profesional redactó un anteproyecto de ley para presentar en la Cámara de Diputados de la Nación. Su propósito es que los legisladores adopten la propuesta o, en su defecto, ingresarla como petición ciudadana respaldada por las firmas recolectadas en la campaña.

Bercovsky anunció la iniciativa el 23 de octubre en el programa de radio y streaming Consorcios 360. El proyecto consta de cuatro artículos, de los cuales uno es de forma [adherir a la iniciativa].

Sus argumentos en detalle

Bercovsky argumentó que el proyecto de ley busca resolver una compleja problemática de seguridad jurídica, económica y laboral que afecta a diario al ecosistema de la propiedad horizontal en la Argentina, al garantizar la publicidad fehaciente de las disposiciones homologatorias de los acuerdos paritarios del sector.

Muchos empleadores y pocos trabajadores

Explicó que, a diferencia de las negociaciones colectivas de otros rubros, las paritarias de la propiedad horizontal poseen un impacto masivo: sus decisiones afectan a millones de personas que habitan en edificios y pagan expensas, a decenas de miles de administradores que deben liquidar haberes en plazos estrictos, y a cerca de 60 mil encargados y trabajadores de edificios en todo el país.

El administrador no liquida sueldos en nombre propio

En relación con sus competencias, la abogada puntualizó que a esta masividad se suma una distinción jurídica y funcional clave: las administraciones de consorcios no liquidan sueldos a título propio, sino en representación legal y bajo el mandato de los consorcios de propietarios, ante quienes deben rendir cuentas estrictas. Toda erogación presupuestaria realizada por un administrador debe contar con documentación respaldatoria. Frente a un incremento salarial, resulta indispensable disponer de una copia del acuerdo y de la resolución homologatoria correspondiente que justifique técnicamente los importes en el recibo del trabajador, los formularios presentados ante el organismo fiscal y las liquidaciones destinadas a las entidades gremiales.

Ineficacia del mecanismo subsidiario

Si bien el marco general de las convenciones colectivas de trabajo (Ley 14.250, Art. 5°) impone a la autoridad laboral la obligación de publicar el texto íntegro de las homologaciones y prevé que las partes puedan difundirlo por su cuenta ante la omisión oficial, la evidencia reciente demuestra la ineficacia de dicho mecanismo en el sector de la propiedad horizontal.

Para respaldar su postura, aportó datos sobre la publicación de acuerdos y homologaciones entre las tres entidades de administradores y el sindicato durante los años 2025 y 2026:

De los 11 acuerdos alcanzados en ese período, la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) anunció en su sitio web la existencia de todos ellos, pero omitió publicar los textos y no notificó las disposiciones homologatorias. Además, la información brindada suele ser parcial: ante incrementos escalonados para varios meses (por ejemplo, agosto, septiembre y noviembre), solo se informa el aumento del mes en curso y se omiten los tramos futuros.

Por el lado patronal, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) informó la existencia de 8 de los 11 acuerdos, facilitó copia del acta en 6 casos y difundió la disposición homologatoria en solo una oportunidad.

La Asociación Inmobiliaria Edificios de Renta y Horizontal (AIERH) no publicó copia de los acuerdos celebrados y sus datos públicos se remontan a mayo de 2025, por lo que omitió información de 9 convenios posteriores.

La Unión Administradores de Inmuebles (UADI) carece de sitio web institucional y mantiene inactivos sus canales informativos desde 2018.

En síntesis, Bercovsky señaló que este escenario fragmentado demuestra que la difusión privada resulta inviable para suplir el deber estatal de publicidad. La falta de documentación respaldatoria oficial genera inseguridad laboral para los encargados, al desconocer los montos exactos de sus haberes; inseguridad económica para los consorcistas, cuyos presupuestos se alteran sin justificación formal; e inseguridad jurídica para los administradores, que deben responder por liquidaciones ante el fisco y los consorcios sin el aval legal correspondiente.



Trabajadores de Edificios

Por 5º semestre consecutivo caen los puestos de trabajo

[BPN-15/11/26] El sector de trabajadores de edificios registró en el primer semestre una disminución del 1,9% en los puestos de trabajo con respecto al período anterior. Durante los últimos cinco semestres, la actividad acumuló una pérdida del 9,47%, lo que representa una caída promedio de 5.568 puestos en total.

Puestos de trabajo en el primer semestre

Puestos de Trabajo 1º semestre

Año

Promedio

Cantidad

Variación

2017

56.640

5.512

10,78 %

2018

56.528

-112

-0,20 %

2019

57.133

605

1,07 %

2020

57.753

620

1,09 %

2021

58.793

1.040

1,80 %

2022

57.968

-825

-1,40 %

2023

56.106

-1.863

-3,21 %

2024

55.210

-896

-1,60 %

2025

54.254

-956

-1,73 %

2026

53.225

-1.029

-1,90 %

Mientras que durante los primeros seis meses de 2021 se informaron casi 59 mil puestos de trabajo, en 2026 esa cifra se redujo a un promedio de poco más de 53 mil. El primer semestre con la pérdida más pronunciada fue el de 2023, con una caída de 1.863 puestos, seguido por el primero de este año con 1.029; completan la nómina los períodos de 2025, 2024 y 2022.

Descenso por género

Al desglosar por género, los varones perdieron 896 puestos de trabajo (-2,30%), mientras que las mujeres registraron una baja de 133 puestos (-0,87%) durante este primer semestre. A pesar de estas cifras, la proporción porcentual entre ambos géneros se mantuvo con variaciones mínimas.

Aumento en ingresos y remuneraciones

En contraste con el descenso del empleo, el promedio de los ingresos mensuales aumentó un 37,24% con respecto al año pasado.

Remuneración promedio en el primer semestre

Remuneración Promedio 1º Semestre

Año

Remuneración

Incremento

2017

19.211

 

2018

24.697

28,56 %

2019

38.340

55,24 %

2020

54.943

43,30 %

2021

62.779

14,26 %

2022

100.113

59,47 %

2023

217.636

117,39 %

2024

660.618

203,54 %

2025

1.045.675

58,29 %

2026

1.435.129

37,24 %

El ingreso promedio bruto subió de 1,04 millones de pesos a 1,43 millones de pesos mensuales durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo período de 2025 (exactamente 1.045.675 y 1.435.129 pesos, respectivamente).

Por otra parte, el promedio de las escalas salariales homologadas del sector -que incluye bonos- aumentó un 38,45% interanual, al pasar de 874.931 a 1,21 millones de pesos mensuales. Este incremento resultó superior al promedio de ingresos mensuales por trabajador informado por la Secretaría de Trabajo.

La brecha de 1,2 puntos porcentuales entre el aumento del promedio de ingresos (37,24%) y el de las escalas salariales (38,45%) no resulta significativa, aunque refleja un incremento en comparación con los 2,54 puntos porcentuales del año anterior. Una explicación posible para esta divergencia es la homologación de la mayoría de los acuerdos salariales que se encontraban pendientes.

Brecha salarial por género

Durante el primer semestre de 2026, el ingreso promedio bruto de un trabajador varón fue de 1,78 millones de pesos mensuales (1.780.140 pesos), mientras que el de una mujer alcanzó 1,09 millones de pesos (1.090.117 pesos). Así, el ingreso promedio de una trabajadora representó el 61,24% del de un par masculino, lo que configura una brecha salarial del 38,76%.

El incremento promedio en la remuneración de los varones con respecto al primer semestre del año anterior fue de 477.203 pesos mensuales (36,63%), mientras que para las mujeres se ubicó en 301.706 pesos (38,27%).

Dado que las escalas salariales del sector garantizan igual remuneración a igual función y categoría sin distinción de género, las causas que explican estas diferencias de ingresos continúan en análisis.

Metodología

La información contenida en este informe proviene del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), dependiente de la Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales (DGEyEL) de la Secretaría de Trabajo de la Nación. Se tomaron en cuenta los trabajadores alcanzados por los Convenios Colectivos de Trabajo 589/10 y 590/10, con exclusión del personal perteneciente a empresas de limpieza.



El "Mandarina Gate"

El Grupo Octubre compró Mandarina Contenidos y el canal Bondi

Jorge Rial detalla en su ciclo de streaming los pormenores y las cifras de la venta de Mandarina Contenidos a Víctor Santa María

Jorge Rial detalla en su ciclo de streaming los pormenores y las cifras de la venta de Mandarina Contenidos a Víctor Santa María


[BPN-15/11/26] El 28 de octubre, el Grupo Octubre -conglomerado mediático dirigido por el sindicalista Víctor Santa María- anunció formalmente un acuerdo para adquirir el 100% del paquete accionario de la productora Mandarina Contenidos y del canal de streaming Bondi. Santa María es el titular del Sindicato Único de Encargados de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH).

Mandarina Contenidos

Mandarina es conocida por el gran público porque produce los programas de chimentos y debates mediáticos de mayor repercusión en la televisión argentina, encabezados por figuras de alto perfil como Ángel de Brito y Yanina Latorre. La productora tuvo un rol central al abastecer la programación de América TV.

Entre sus ciclos más conocidos se destacan LAM, un programa sobre farándula y espectáculos conducido por Ángel de Brito; El diario de Mariana, un espacio de variedades vespertino conducido por Mariana Fabbiani; Sálvese quien pueda, un ciclo de espectáculos y actualidad; BTV (Buena TV), un envío humorístico y de actualidad conducido por Beto Casella, y Bendita, actualmente conducido por Edith Hermida y cuya producción técnica y ejecutiva estuvo vinculada a Mandarina. También produjo para Netflix la serie biográfica sobre Fito Páez: El amor después del amor.

Motivos, negociación y precio

Según develó Jorge Rial en su canal de streaming "Ensalada rusa", la empresa perteneció a dos socios: Héctor Colela -socio mayoritario, exmano derecha de Alfredo Yabrán y heredero de su emporio tras su muerte- y Mariano Chihade, conocido por ser pareja de Mariana Fabbiani y por su cercana relación personal y comercial con el expresidente Mauricio Macri. Rial lo definió como un vector de negocios.

Colela, harto de la sobreexposición, empezó a revisar con lupa los balances y la facturación de la productora. Rial señaló que recibió información con pruebas y grabaciones sobre manejos extraños en las cuentas de Mandarina por parte de Chihade. Por otra parte, la productora -impulsada también por su hijo- buscaba realizar contenidos internacionales de prestigio y cine, pero la realidad de la grilla terminó volcada al chimento cotidiano y a pérdidas financieras en proyectos como la serie sobre Fito Páez.

Ante este panorama, pretendió vender la empresa por un valor de entre 12 y 15 millones de dólares para recuperar entre 6 y 7 millones. Ante la falta de interesados por esas cifras, se decidió vender el 100% a Víctor Santa María por 6 millones de dólares. La parte correspondiente a Chihade se pactó en cuotas a pagar entre 3 y 4 años.

Entre aquellos a los que se ofreció la productora y rechazaron la propuesta se encontraron Trasmonte (20 millones de dólares), Daniel "Tano" Angelici (18 millones de dólares), Gabriel Osman (15 millones de dólares), Daniel Vila (15 millones de dólares), Claudio Belocopitt (12 millones de dólares), Gustavo Yankelevich (12 millones de dólares) y Mauricio Macri (10 millones de dólares).

La pesada herencia

En primer término, Mandarina tenía contratos firmados para abastecer la pantalla de América TV durante todo el año siguiente. Ante su venta sorpresiva, los abogados del canal comenzaron a preparar una demanda millonaria por incumplimiento contractual que salpicará directamente a Santa María como su nuevo dueño.

En segundo lugar, la operación fue percibida como una traición corporativa y un movimiento a espaldas del canal. Tanto Vila como Manzano mostraron una enorme indignación -evitando incluso atenderle el teléfono a Santa María-, lo que abrió un frente de conflicto entre los dos grupos de medios más importantes del país.

Según explicó Rial, el multimedio de Santa María (Grupo Octubre, Canal 9, Página/12) sostiene una línea política identificada con el peronismo y el kirchnerismo. Por el contrario, Mariano Chihade es un empresario históricamente vinculado a Mauricio Macri y sus figuras principales se ubican en la vereda opuesta. Esto genera incertidumbre sobre cómo convivirá esa grilla con la bajada editorial del grupo.

Como parte del acuerdo, Chihade debió asumir como gerente de programación de Canal 9 por un plazo de 5 años, lo que desató roces operativos. Un ejemplo fue la discusión por el alquiler del edificio donde funcionaban las oficinas y estudios de Bondi: Chihade pretendía que se le siguieran pagando 30 mil dólares mensuales por ese inmueble, mientras que Santa María se negó rotundamente para trasladar la producción a las instalaciones de Canal 9 en Palermo.

Rial señaló que América TV intenta desarmar la valía del paquete adquirido al negociar directamente con figuras como Yanina Latorre, Mariana Fabbiani o el panel para que permanezcan en su pantalla, lo que dejaría a Mandarina sin gran parte de sus principales activos.

Por último, y ante este complejo panorama, el histórico conductor dejó abierta la expectativa sobre los próximos acontecimientos.



Registro Público de Administradores bonaerense

El RPAC alertó sobre contactos por WhatsApp o redes sociales

[BPN-15/11/26] El pasado 26 de octubre, el Registro Público de Administradores de Consorcios (RPAC) de la provincia de Buenos Aires alertó a administradores y consorcistas que sus funcionarios o autoridades nunca se contactarán por WhatsApp, redes sociales o aplicaciones de mensajería para realizar gestiones, solicitar información o requerir pagos.

Ante cualquier mensaje de este tipo enviado en nombre del RPAC, recomendaron:

- No entregar datos personales.

- No compartir códigos de verificación.

- No abrir enlaces ni descargar archivos.

- No entregar datos bancarios.

- No realizar transferencias ni pagos.

- Bloquear y denunciar el contacto.

Por otra parte, recordaron que los únicos canales oficiales de comunicación del RPAC son los siguientes correos electrónicos:

- Informes: informesRPAC@mjus.gba.gob.ar

- Inscripciones: inscripciones@mjus.gba.gob.ar

- Fiscalizaciones: fiscalizaciones@mjus.gba.gob.ar

- Certificados: certificados@mjus.gba.gob.ar

Por último, reiteraron que ante cualquier duda sobre la veracidad de un mensaje, los interesados deben consultar directamente a las direcciones de correo institucionales.


ABL y patentes porteñas.

Nueva oportunidad de pagar las deudas sin intereses resarcitorios

Germán Krivocapich Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos de la CABA.

Germán Krivocapich Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos de la CABA.


[BPN-15/11/26] El pasado 14 de octubre, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) porteña habilitó un nuevo plan de facilidades con dos opciones para cancelar deudas del impuesto Inmobiliario, ABL y Patentes que hayan vencido antes del 1 de octubre de este año, por montos de hasta 5,94 millones de pesos y que se encuentren en instancia administrativa. Hay tiempo de adherir al plan hasta el último día de este año.

Hay dos opciones de financiación del pago con diferentes beneficios cada una:

1.- En caso de que el contribuyente salde su deuda al contado, se le condonará el 100% de los intereses resarcitorios.

2.- En caso de que opte por pagar en hasta 12 cuotas, se le condonará el 50% de los intereses resarcitorios y no se le aplicarán intereses por financiación.

En ambas opciones, los montos acordados se debitarán el 10 de cada mes de manera automática por intermedio de un CBU previamente informado.

En este plan de facilidades también se pueden incluir deudas de planes anteriores que hayan sido declarados caducos o nulos antes del 1 de octubre de 2026.

Se debe tener en cuenta que el plan caducará si se acumulan más de dos cuotas impagas -consecutivas o alternadas- a los 60 días del vencimiento de la segunda, o si se registra la falta de pago de la última cuota a los 60 días de su vencimiento. Es de resaltar que, al caducar el plan, se volverán a imputar los intereses resarcitorios que habían sido condonados.

Adhesión

El trámite es simple y se realiza de forma íntegra en línea en cinco pasos desde el Portal del Contribuyente de la AGIP:

1.- Ingresar al Portal del Contribuyente con el usuario y la contraseña de la cuenta miBA, nivel 3.

2.- Buscar "Planes de Facilidades" e ingresar al servicio.

3.- Seleccionar el impuesto que se desea pagar y elegir la modalidad de pago del nuevo plan.

4.- Visualizar la deuda, seleccionar todos los períodos, elegir la financiación y validar los datos.

5.- Informar el CBU de la cuenta desde la cual se quiere que se debiten los importes y pulsar en la opción "Generar plan".

El beneficio fue ordenado por Germán Krivocapich, administrador gubernamental de ingresos públicos, mediante la Resolución Nº 383/AGIP/2026. La repartición también puso a disposición de los contribuyentes un tutorial.

Fundamentos

El funcionario explicó la necesidad de establecer esta norma al argumentar que, en virtud de la evolución de las variables económicas y financieras de la República Argentina, resulta oportuno implementar un régimen transitorio para facilitar la regularización de las obligaciones tributarias adeudadas respecto del impuesto Inmobiliario, la tasa retributiva de los servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros, y la de Patentes sobre vehículos en general.


Proyecto de resolución porteño

Piden informes sobre el programa de electromovilidad

[BPN-15/11/26] El pasado 2 de noviembre, los legisladores Matías Barroetaveña y Noemí Geminiani (Fuerza por Buenos Aires) presentaron en la Legislatura porteña un proyecto para que el Poder Ejecutivo responda 17 preguntas vinculadas al programa Electromovilidad Porteña y a los consorcios de propietarios. Uno de los objetivos de esta iniciativa es potenciar la expansión de estaciones de carga eléctrica para vehículos automotores.

Mientras que Geminiani se desempeña como trabajadora de edificios, secretaria adjunta del SUTERH y cosecretaria de Estadísticas y Registros de la CGT, Barroetaveña es director del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) -entidad vinculada al Grupo Octubre y dirigida por Víctor Santa María (SUTERH)-, exsecretario de Empleo de la Nación, profesor de la UBA y politólogo.

Ocho de las consultas corresponden específicamente al programa, cinco están relacionadas con el Código de Edificación y las obras en espacios comunes, y cuatro se enfocan en seguridad y convivencia.

El proyecto, que cuenta con dos artículos (uno de ellos de forma), ingresó por mesa de entradas bajo el número de expediente 3433-D-2026 y será girado a la comisión de Planeamiento Urbano.

Programa Electromovilidad Porteña

El proyecto apunta a conocer cómo avanza la implementación del programa oficial en los consorcios. En ese sentido, exige al Ejecutivo que detalle si existen políticas de fomento para instalar puntos del Sistema de Alimentación del Vehículo Eléctrico (SAVE) y cuál es el estado actual de las estaciones habilitadas frente a la cantidad de autos eléctricos que circulan por la Ciudad. Asimismo, busca saber cuántos edificios ya incorporaron esta tecnología y cuántos trámites de habilitación pasaron por el sistema de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), especificando los aprobados en total.

Otro eje central es la seguridad técnica de las instalaciones. El texto requiere conocer qué controles se aplican para garantizar que los tableros y las conexiones cumplan con la normativa vigente y sean colocados exclusivamente por electricistas matriculados. A esto se suma un pedido para saber si el Gobierno recibió denuncias de vecinos que cargan sus vehículos en tomacorrientes comunes o en redes no preparadas, o si debió intervenir ante accidentes derivados de estas prácticas. Por último, se indaga sobre si se elaboraron proyecciones del crecimiento del parque automotor y si se evalúan líneas de financiamiento, incentivos o acuerdos con las distribuidoras eléctricas para facilitar las obras en los edificios residenciales.

Código de Edificación y obras en espacios comunes

En lo relativo al Código de Edificación y a las intervenciones en los espacios comunes, la iniciativa busca determinar si el Ejecutivo proyecta reformas para adecuar la infraestructura de los inmuebles. Específicamente, se requiere información sobre pautas de superficie, ubicación, ventilación y accesibilidad, además de consultar cómo se armonizarán estas propuestas técnicas con las mayorías y exigencias previas del Código Civil y Comercial de la Nación. También se consulta sobre el criterio normativo previsto para los casos en que el cargador se ubica en una cochera privada pero sus conexiones obligan a atravesar zonas comunes de la finca.

A la par del marco regulatorio, el pedido de informes pone el foco en la capacidad operativa de la infraestructura existente y en el control estatal. Por ello, se solicita precisar si se realizaron estudios técnicos para evaluar el impacto de cargas simultáneas de varios vehículos en un mismo consorcio y la necesidad de incorporar sistemas de gestión dinámica de potencia. Por último, se pide al Gobierno que rinda cuentas sobre las fiscalizaciones efectuadas en los edificios, detallando la cantidad de inspecciones, los incumplimientos detectados, las intimaciones cursadas y las sanciones aplicadas.

Seguridad y convivencia

En materia de seguridad y convivencia consorcial, la solicitud indaga si el Gobierno porteño elabora propuestas para regular seguros específicos que cubran los riesgos de los cargadores, tales como incendios, daños o la actualización de las pólizas integrales existentes. Asimismo, se pide precisar si se prevén herramientas técnicas para medir y asignar de manera individual el consumo eléctrico de cada usuario, como submódulos de medición o interruptores inteligentes con registro en tiempo real que eviten que el gasto recaiga sobre las expensas comunes.

Por último, el proyecto exige precisiones sobre los aspectos operativos y de emergencia. Solicita información sobre los protocolos elaborados junto a Bomberos, las condiciones de ventilación, la accesibilidad para equipos de rescate, los sistemas de corte rápido y la gestión de riesgos de las baterías. Para cerrar, se consulta si se confeccionaron guías para los administradores sobre documentación técnica, trámites de autorización, mantenimiento periódico y distribución de gastos.

Fundamentos

Como antecedente, se recordó que en diciembre de 2008 se sancionó la Ley 2930 (Plan Urbano Ambiental) que promueve tecnologías para reducir emisiones y alcanzar una ciudad carbono neutral para 2050. Asimismo, se señaló que en septiembre de 2025 se creó el programa Electromovilidad Porteña con el objetivo de potenciar la expansión de estaciones de carga.

Sin embargo, el texto advierte que el crecimiento de autos eléctricos particulares plantea desafíos en los edificios de vivienda multifamiliar que exceden la mera regulación eléctrica. Las organizaciones consorciales enfrentan dilemas respecto a las condiciones de carga, el uso de espacios comunes, el sobreconsumo de energía y las pólizas de seguro adecuadas.

Por estos motivos, se presentó el proyecto de resolución para conocer el estado de situación y evaluar las medidas necesarias a fin de orientar el curso de acción futuro.


Proyecto de ordenanza neuquino

Régimen Municipal de Conservación Preventiva de Fachadas

[BPN-15/11/26] El pasado 26 de octubre, el concejal Sergio Marino (Juntos por la Vida) presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén para crear un Régimen Municipal de Conservación Preventiva de Fachadas para evitar desprendimientos que puedan afectar la seguridad de las personas y el espacio público. El régimen prevé que los propietarios de los edificios deban realizar inspecciones técnicas periódicas obligatorias, el mantenimiento regular y, en caso de ser necesario, la ejecución de reparaciones (artículos 1º y 2º).

Incluye a los consorcios

Quedarán comprendidos en este régimen los edificios -incluidos los consorcios de propietarios- cuya fachada o elementos exteriores superen los siete metros de altura, los edificios de menor altura que posean balcones, marquesinas, revestimientos u otros elementos exteriores cuya condición pueda generar riesgo para las personas o el espacio público; y aquellos inmuebles que, por sus características constructivas, antigüedad, antecedentes de deterioro o condiciones particulares de riesgo, sean incorporados mediante acto administrativo por la Autoridad de Aplicación (artículo 3º).

Los profesionales

El proyecto establece que los propietarios de los edificios deben contratar un profesional con incumbencia y matrícula habilitante que deberá confeccionar un informe técnico que identifique el estado de conservación de la fachada, los riesgos detectados, las medidas correctivas necesarias y los plazos recomendados para su ejecución (artículo 4º).

Periodicidad

La iniciativa establecerá -de ser aprobada- que la periodicidad de esas inspecciones será de 10 años en el caso de edificios de hasta diez años de antigüedad, de 5 años en edificios de entre los diez y los 25 años de antigüedad y de 3 años en edificios de más de veinticinco años de antigüedad. Este cronograma no impide que la autoridad de aplicación establezca inspecciones extraordinarias o reducir los plazos cuando existan antecedentes de deterioro, desprendimientos, siniestros o condiciones de riesgo fundadas (artículo 5º).

Plan de inspección, mantenimiento y acceso seguro

Como novedad, la iniciativa establece que los inmuebles deberán contar con un Plan de Inspección, Mantenimiento y Acceso Seguro elaborado por un profesional que contemple las condiciones necesarias para realizar las tareas de inspección, mantenimiento y reparación de los sectores de fachada (artículo 7º).

Ese Plan de Inspección deberá identificar los sectores de fachada sujetos a inspección y mantenimiento; los riesgos identificados; los métodos previstos para el acceso; las medidas de protección necesarias; los sistemas permanentes de protección contra caídas; los equipos o sistemas temporales que puedan utilizarse; las condiciones de montaje, utilización, inspección y mantenimiento de los sistemas previstos; y las medidas de emergencia y rescate, cuando correspondan (artículo 8º).

Marino propone que los proyectos de obra nueva deban prever, desde la etapa de proyecto, las condiciones necesarias para permitir la futura inspección, mantenimiento y reparación segura de sus fachadas (artículo 10º).

Edificios existentes y obras nuevas

Los edificios existentes serán incorporados progresivamente a este régimen de acuerdo a un cronograma que deberá priorizar la altura, antigüedad, exposición al espacio público, características constructivas, antecedentes de deterioro y nivel de riesgo. Sin embargo, la incorporación total de los edificios existentes no podrá superar el plazo de cinco años desde la entrada en vigencia de la ordenanza (artículo 11º).

Según el proyecto, la autoridad de aplicación deberá establecer un mecanismo de certificación que permita acreditar la realización de la inspección, su resultado y la fecha correspondiente para la próxima inspección. La certificación podrá incorporar un código QR para su consulta y validación digital (artículo 13º).

Calificación de estado

Por último, el resultado de la inspección deberá establecer alguna de estas tres condiciones:

- Fachada en condiciones adecuadas: cuando no se hayan identificado situaciones que requieran intervención inmediata.

- Fachada con requerimientos de mantenimiento o reparación: cuando se hayan identificado deterioros que requieran intervención dentro de un plazo determinado.

- Fachada en condición insegura: cuando se hayan identificado riesgos para las personas o el espacio público y requiera la adopción de medidas preventivas o correctivas (artículo 14º).

La iniciativa, que consta de 21 artículos, ingresó por mesa de entrada bajo el número de registro único 54.093 y el 29 de octubre pasó a la Comisión de Obras Públicas por disposición de la sesión ordinaria 18/2026 del Concejo Deliberante.


Índice de escalas salariales de encargados de edificios

Solo faltan las homologaciones de los acuerdos de mayo y septiembre

[BPN-15/11/26] Si no se homologan los acuerdos de mayo y el nuevo de septiembre durante la segunda quincena de este mes, en noviembre el promedio de las escalas salariales de los encargados de edificios perderá 1,7 puntos porcentuales (pp) contra la inflación mensual, 15,75 pp contra el acumulado anual pero ganará 4,22 pp en la medición interanual.

Para comparar las escalas salariales del sector, se promediaron las funciones de encargado permanente con y sin vivienda en sus cuatro categorías de cada mes. En los casos que correspondió, se sumaron viáticos y los bonos acordados en paritarias, incluyendo los bonos del 20% que ahora se pagan en junio y diciembre.

Acuerdos salariales pendientes de homologación

Ante el silencio de las tres entidades de administradores y el gremio se asume que faltan dos homologaciones. Para los cálculos de este mes no se tomaron en cuenta los siguientes acuerdos:

1.- Acuerdo del 12 de mayo: Nuevamente incorporó 20 mil pesos a las escalas salariales para los trabajadores de jornada completa y 10 mil pesos para aquellos de media jornada, sobre dicha base aplicó un incremento del 2% y redujo la suma fija de 100 mil pesos a 80 mil pesos los cuales deberán calcularse de forma proporcional a las categorías de trabajo.

2.- Acuerdo del 4 de septiembre: Otorgó aumentos salariales desde septiembre hasta febrero del año próximo con un aumento total de un 15,5% para esos seis meses.

El incremento mensual

Sin homologación del último acuerdo, en noviembre el promedio de las escalas salariales se mantuvo igual al de octubre. Este mes el promedio de las escalas será de 1.329.060 pesos mensuales.

El acumulado anual

En noviembre, el promedio de las escalas salariales aumentará un 12,77% con respecto a diciembre del año pasado.

Durante el último mes del año pasado, el promedio era de 1.178.544 pesos mensuales.

La medición interanual

El incremento interanual de las escalas salariales desde noviembre del año pasado hasta el mismo mes de este año será del 36,35%. El promedio de las escalas salariales del 11º mes del año pasado fue de 974.745 pesos.

Inflación (INDEC y BCRA/REM)

Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, la inflación de octubre fue del 2,2% y para el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la inflación de noviembre será del 1,7%.

Con base en estos números, la inflación interanual de noviembre será del 31,61%.

Jubilados

Haber mínimo

El haber mínimo de un jubilado que paga expensas en septiembre será de 514.158,46 pesos brutos, a los que se les debe descontar la "Obra social s/haberes PAMI".

Este monto se debe a dos razones:

1.- Se estableció en marzo del año pasado que el haber mínimo a partir de julio se actualizaría todos los meses según la inflación del IPC del INDEC (Decreto 274 del 22/03/24). Como la inflación de septiembre fue del 1,9%, las jubilaciones de noviembre aumentarán en un 1,93% (Resolución 304 del 27/10/2026).

2.- Se volvió a otorgar un "Bono Extraordinario Previsional" de hasta 70 mil pesos que se repita hace 33 meses, mediante el Decreto 1.296 del 28/10/2026.

En dólares y contra la inflación

- En dólares, este haber mínimo representa 332,77 dólares al precio oficial o 330,65 dólares según el mercado blue.

- En noviembre del año pasado, ese haber fue de 403.085,39 pesos.

- Este mes, el incremento mensual del haber mínimo de la clase pasiva fue negativo contra la inflación del mes pasado (-0,04 pp), contra el acumulado anual (-3,39 pp) y la medición interanual (-4,57 pp).

- Si el haber mínimo de enero de 2016 (4.299,06 pesos o 312,98 dólares) hubiera aumentado al ritmo de la inflación, este mes debería haber sido de 745.132,33 pesos mensuales (u$s 482,47 promedio a valor oficial).

- La pérdida total de un jubilado desde enero de 2016 hasta noviembre de 2026 (siguiendo el ritmo de la inflación y restando lo realmente percibido, incluidos los bonos y la incidencia de los medios aguinaldos) es de aproximadamente -5.642.063,88 pesos (u$s -3.653,21).

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Todos los valores están actualizados al 11/11/2026.


Gestión Profesional

Contratar una empresa de limpieza en el consorcio: ¿Una solución real o un problema diferido? por la Dra. Diana Sevitz

Dra Diana Sevitz

[BPN-15/11/26] Cada vez que en una asamblea se discute la limpieza del edificio y el rol del encargado, arrancan los debates fundados —la mayoría de las veces— en premisas falsas o en un desconocimiento de la normativa. ¿Los temores de siempre de los propietarios? La antigüedad acumulada, el impacto de una eventual indemnización, los incumplimientos cotidianos y las excusas para no cumplir las tareas. Ante este clima de incertidumbre, suele surgir la misma pregunta: ¿Y si contratamos una empresa de limpieza y nos olvidamos del tema?

En una primera mirada parece la alternativa ideal: el administrador firma un contrato comercial con un proveedor y, en el imaginario del consorcio, la comunidad se desentiende de las cargas sociales y de la antigüedad. Que los problemas los resuelva otro. Sin embargo, la práctica demuestra que la situación dista de ser tan sencilla y esconde aristas delicadas.

El conflicto de convenios y el enredo normativo

Al evaluar esta contratación convergen marcos legales opuestos. Por un lado, el Estatuto de Encargados de Casas de Renta (Ley 12.981) y el CCT 589/10 del SUTERH, que tutelan al personal propio. Por el otro, el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744), que regula la subcontratación.

Aquí se destapa el problema de fondo: una disputa entre encuadres sindicales en la que el consorcio no tiene arte ni parte. Las empresas de servicios suelen registrar a su personal bajo el Sindicato de Obreros de Maestranza (CCT 74/99 del SOM), con escalas salariales y cargas sociales distintas. Sin un asesoramiento previo adecuado, el consorcio queda atrapado en el medio de un tironeo gremial y termina siendo el "pato de la boda" ante reclamos por diferencias salariales.

En la Provincia de Buenos Aires se suma un requisito específico: la Ley Provincial 13.880 exige la inscripción obligatoria en un registro provincial a todas las firmas que presten servicios de limpieza a terceros.

Ley de Bases y responsabilidad solidaria: ¿qué cambió en la práctica?

La reforma de modernización laboral introducida por la Ley de Bases N.º 27.742 buscó atenuar el alcance de la solidaridad. La norma establece que la responsabilidad solidaria solo se configura cuando se contraten servicios que integren la "actividad normal y específica" del establecimiento, restringiendo además las deudas reclamables al período en que el trabajador prestó tareas efectivas para ese comitente.

Ahora bien, en los tribunales laborales la postura de los jueces no siempre coincide con la intención del legislador. Tercerizar el servicio no blinda automáticamente al consorcio ni lo exime del deber de auditoría.

Pros y contras del esquema en la actualidad

Aspectos favorables:

- Flexibilidad logística: Facilita la cobertura inmediata ante ausencias por enfermedad, accidentes, vacaciones o francos.

- Modulación del servicio: Permite contratar exactamente los días y la carga horaria que la estructura del edificio requiere.

- Previsibilidad contractual: Los insumos, la supervisión y las pautas operativas quedan fijados por contrato, evitando imprevistos cotidianos.

Riesgos y puntos críticos:

- Alcance del Art. 30 de la LCT: Para un sector amplio de la doctrina y la jurisprudencia, la limpieza de accesos, palieres y sectores comunes es una tarea inescindible de la conservación del inmueble. Si la contratista quiebra, no paga los sueldos o incurre en trabajo no registrado, el consorcio responde solidariamente con su patrimonio.

- Carga de control del administrador: La ley impone verificar mes a mes el pago de haberes, la alta en ARCA (ex-AFIP), los aportes patronales, la ART y las constancias salariales de cada operario asignado. Si ese control falla, las contingencias recaen de lleno sobre la copropiedad.

Criterios jurisprudenciales en los tribunales

Repasar algunos pronunciamientos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) permite dimensionar el criterio predominante:

Aplicación de la responsabilidad solidaria:

- En "García, Luis E. c/ Sulimp S.A. y otro" (CNAT, Sala VII, Expte. 27.832/2017, Sent. Def. del 12/08/2021), la Cámara confirmó la condena solidaria al consorcio por las tareas de limpieza.

- En "Castillo, Luisa E. c/ Limpieza y Mantenimiento S.A. y otro" (CNAT, Sala II, Expte. 1707/2014, Sent. Def. del 31/07/2017), se sostuvo que la limpieza integra la actividad ordinaria y específica de conservación de partes comunes.

- En "Bernardo, Raúl R. c/ Consorcio Tacuarí 124/136 y otro" (CNAT, Sala V, Expte. 13609/2016, Sent. Def. del 07/04/2022), se confirmó la solidaridad del consorcio por deficiencias de registración de la empresa prestadora.

Excepción por planteo defectuoso:

- En "Copa, Rubén G. c/ Cleanward S.R.L. y otro" (CNAT, Sala II, Expte. 42345/2015, Sent. Def. del 21/03/2023), se desestimó la solidaridad del consorcio. Sin embargo, el tribunal aclaró que ello obedeció a un error de la demandante al encuadrar el reclamo bajo la figura de intermediación fraudulenta (art. 29 LCT) en lugar de fundarlo adecuadamente en el art. 30. Fue un rigorismo técnico procesal, no una exención de fondo.

La situación en el Fuero Laboral de Mar del Plata

Aunque en la Provincia de Buenos Aires existen fallos que extienden la solidaridad por entender que el mantenimiento es inherente al giro del consorcio, la búsqueda jurisprudencial no muestra un criterio unívoco o plenario en los Tribunales de Trabajo do Departamento Judicial de Mar del Plata. En la práctica procesal bonaerense, el resultado dependerá de cómo quede trabada la litis, la prueba producida y el rigor con que el consorcio acredite los controles documentales ejercidos.

Conclusión: ¿existe certeza de que no hay riesgos?

Afirmar que estas contrataciones están exentas de riesgo sería una ligereza. Contratar una empresa de limpieza no borra la contingencia laboral; cambia el encuadre y exige un análisis caso por caso.

Cada consorcio, con la información técnica sobre la mesa —en materia normativa, sindical y de aportes—, deberá evaluar si la figura le resulta conveniente. Puede ser una solución válida para consorcios pequeños con pocas horas semanales de mantenimiento o para cubrir reemplazos puntuales. Aun así, la premisa es ineludible: recurrir a empresas de solvencia acreditada, redactar contratos rigurosos que resguarden al edificio y exigir que la administración audite legajos, recibos y aportes todos los meses.

En inmuebles de mayor envergadura, la idea de desprenderse de la relación laboral con el personal permanente resulta muy atractiva. Pero ese paso requiere un análisis previo ajustado por parte de especialistas en Derecho Laboral. De lo contrario, lo que en los papeles prometía ser un ahorro termina derivando en un pleito judicial con condena solidaria, el escenario más perjudicial para la comunidad.

Dra. Diana Claudia Sevitz

Especialista en Propiedad Horizontal

dsevitz@estudiodianasevitz.com.ar

WhatsApp: +54 9 11 3415-2040


Rincón Solidario

¿La administración está autorizada a poner multas? por la Dra. Silvia Marcela Bercovsky

Dra. Silvia Marcela Bercovsky

Buen día señor Claudio 
Soy María de Mar del plata Pcia de Buenos Aires
Me dirijo a ud a fin de consultarle si legalmente una administración de edificios está autorizada a poner multas a vecinos que NO respeten las normas establecidas en asamblea
En marzo 2026 fecha de la asamblea de mi edificio donde soy una propietaria resolvimos poner multas pecuniarias a vecinos que por ejemplo estacionen en espacios de cochera prohibidos, hagan mudanzas en horarios prohibidos, lleven a sus perros a hacer sus necesidades a lavadero terraza o cochera, .
Hay también casos de vecinos que cocinan en su depto para vender viandas lo cual genera olor a comida en todo el día, casos de vecinos que usan los pasillos para hacer mezclas de materiales de construcción cuando están haciendo reformas en sus UF 
Sin otro particular 
Lo saludo cordialmente
María [Mar del Plata]
(2/10/2026]

Estimada María:

Respecto a las multas, los consorcios no tienen un órgano judicial, el CCC establece en su art. 2069, el mecanismo a seguir ante violaciones al reglamento remitiendo a la vía judicial indefectiblemente.

Analizando las facultades del administrador de consorcios, que están establecidas en el art. *2067 del CCYC, se observa que éste no menciona facultad alguna del administrador del consorcio de imponer multa o sanción a los propietarios.

Si fuera posible la imposición de multas en consorcios, surgen varios interrogantes: ¿Qué sucede si un propietario por una cuestión personal de animosidad con otro Propietario efectúa el pedido de una multa al administrador y este la aplica? ¿Quién juzga al propietario? ¿Cómo se garantiza al propietario el derecho constitucional a la defensa y al debido proceso? En principio, la multa debería ser notificada al propietario antes de su imposición, y se le deberá otorgar un plazo para que éste pueda hacer efectivo su descargo y ante quien debe efectuarlo, se le debe notificar día, y horario en que se produjo el hecho que se le imputa, quienes han presenciado el hecho, cuáles son las pruebas que avalan la imputación, cuál es la falta al reglamento en que ha incurrido, cual es el órgano que analizó la infracción que se le atribuye y cuál es su dictamen al respecto.

Hay que diferenciar los temas que son ajenos a la intervención del administrador (y del consorcio): casos ruidos molestos, inmisiones (humo), etc., que deberán ser denunciados ante el organismo competente de cada jurisdicción.

El administrador lo es de la persona jurídica consorcio, no de los propietarios que la integran, no tiene poder de policía, ni facultades para actuar ante problemas vecinales. Sus facultades están taxativamente enumeradas en el art. 2067 del CCC y en ninguna de ellas figura facultad ni para aplicar multas ni para actuar ante problemas entre propietarios.

Lo saluda Atte.

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La Dra. Silvia Bercovsky (UBA) es abogada especializada en propiedad horizontal y es parte del equipo del programa de radio Consorcios 360. Por cualquier consulta se le puede enviar un correo a estusmb@gmail.com o llamarla al teléfono (11) 5049-8440 en el horario de 9 a 20 hs.


¿Qué significan las siglas?

ACCABA: Asociación de Consorcistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ACAPPH: Asociación Civil Administradores Profesionales Propiedad Horizontal.

ACoPH: Asoc. Civil de Consorcistas de la Propiedad Horizontal (Mar del Plata).

ACRA: Arbitros de Consumo de la República Argentina.

ADEPROH: Asociación Civil de Defensa al Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal RA.

AGIP: Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.

AIERH: Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal.

AIPH: Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal AIPH.

APARA: Asociación de Profesionales Administradores de la República Argentina.

APH: Asociación Civil de Propietarios de inmuebles de Renta y Horizontal.

APCCRA: Asociación de Propietarios, Consorcios y Consorcistas de la RA.

API: Asocición Propietarios de Inmuebles.

APIPH: Asociación Propietarios de Inmuebles en Propiedad Horizontal.

APBR: Asociación de Propietarios de Bienes Raíces.

ARCA: Agencia de Recaudación y Control Aduanero (exAFIP: Administración Federal de Ingresos Públicos).

APROPHMAR: Asociación de Propietarios de Propiedad Horizontal de Mar del Plata.

CAAC: Confederación Argentina de Administradores de Consorcios.

CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CACCyC: Comisión Argentina de Consorcios, Copropietarios y Consorcistas.

CaFACA: Cámara Federal de Administradores de Consorcios de Argentina.

CAPHBByZ: Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de Bahía Blanca y Zona.

CAPHPBA: Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires.

CAPHyAI: Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias.

CAPRA: Cámara de Propietarios de la República Argentina.

CASIPH: Cámara Argentina de Sistemas Informáticos de Propiedad Horizontal.

CCT: Convenio Colectivo de Trabajo.

CDI: Clave de Identificación.

CECAF: Cámara Empresaria de Conservadores de Ascensores y Afines.

CEDDDA: Camara Empresarial de Desinsectacion, Desrodentizacion y Desinfeccion Ambiental.

CGPC: Centro de Gestión y Participación Comunal de la Ciudad Autónoma de Bs. As.

CIA: Cámara Inmobiliaria Argentina.

COAPLA: Empresas de Control de Plagas de la Republica Argentina.

CEPRARA: Cámara de Empresarios Pintores y Restauraciones Afines de la República Argentina

CUCICBA: Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la CABA.

CUIL: Clave Única de Identificación Laboral.

CUIT: Clave Única de Identificación Tributaria.

FAC: Federación Argentina de Consorcios.

FACARA: Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina.
FAPHRA: Federación Nacional de Cámaras y Asociaciones de Administradores de Propiedad Horizontal de la República Argentina

FATERyH: Federación Argentina de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal.

FECIBA: Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires.

FEDECO: Federación de Asociaciones de Consorcios.

FRA: Fundación Reunión de Administradores.

ICI: Instituto de Capacitación Inmobiliaria.

INADI: Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.

IxE: Indignados por expensas.

LCPH: Fundación Liga del Consorcista de Propiedad Horizontal.

RCD: Red de Consorcistas Damnificados.

ReDeCo: Reafirmación de los Derechos del Consorcista.

SEARA: Sindicato Empleados de Administradoras de la República Argentina.

SERACARH: Servicio de Resolución Adecuada de Conflictos para la Actividad de Rentas y Horizontal.

SiPreBA: Sindicato de Prensa de Buenos Aires.

SUTERH: Sindicato Único Trabajadores Edificios Renta y Horizontal.

UADI: Unión Administradores de Inmuebles.

UCRA: Unión de Consorcistas de la República Argentina.

UITEC: Unión Iberoamericana de Trabajadores de Edificios y Condominios.

ULAI: Unión Latinoamericana de Administradores e Inmobiliarias.

UMIPH: Unión de Medios Independientes de la Propiedad Horizontal.

UPA - Unión Porteña de Administradores.


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1º Edición Nº DCCCXXXVI

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