[BPN-15/08/26] El pasado 30 de julio, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) informó la firma de un acuerdo salarial para los encargados de edificios junto a la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal (AIERH), la Unión Administradores de Inmuebles (UADI) y la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERyH).

Dos aumentos y tres bonos para el tercer trimestre

[BPN-15/08/26] El pasado 30 de julio, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) informó la firma de un acuerdo salarial para los encargados de edificios junto a la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal (AIERH), la Unión Administradores de Inmuebles (UADI) y la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERyH).

El convenio otorga a los trabajadores un aumento del 2% en los haberes de julio y un 1,9% en los de agosto. Asimismo, establece tres sumas fijas remunerativas y proporcionales a las horas trabajadas: 55 mil pesos en julio, 80 mil pesos en agosto y 105 mil pesos en septiembre.

Si bien en su circular la entidad patronal indicó haber firmado el acuerdo el miércoles 29 de julio, el documento consigna como fecha el lunes 27. Este dato se sitúa un día antes de que Víctor Santa María, secretario general de la FATERyH, anunciara en redes sociales que antes del fin de semana habría novedades sobre los sueldos de julio.

El documento adjuntado por la entidad de administradores contiene el acta acuerdo y cuatro escalas salariales (correspondientes al período de junio a septiembre) sin las firmas de los miembros paritarios. Además, el acuerdo aún no ha sido homologado por la Secretaría de Trabajo.

De haber sido homologados todos los acuerdos -incluido este último-, el incremento interanual del promedio de las escalas (incluidos bonos y viáticos) habría superado en agosto a la inflación estimada por el Banco Central en más de 14 puntos porcentuales. Sin embargo, en septiembre las escalas quedarían, por primera vez en el año, 5,7 puntos porcentuales por debajo del índice inflacionario.

Este nuevo acuerdo con SEARA también le ganaría a la inflación

[BPN-15/08/26] El pasado 29 de julio, las tres entidades que representan a la patronal acordaron con el Sindicato de Empleados de Administradores (SEARA) tres aumentos salariales para el tercer trimestre de este año (de julio a septiembre). Sin embargo, ni la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), ni la Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal (AIERH), ni la Unión Administradores de Inmuebles (UADI), ni el propio sindicato difundieron una copia del acuerdo firmado.

Según informaron, los incrementos contemplan los siguientes puntos:

Julio: Se incorporó al básico el bono de $ 80.000 otorgado en junio y se aplicó un aumento del 2 %.

Agosto: Se otorgó un incremento del 1,9 %.

Septiembre: Se otorgó un incremento del 1,9 %.

En redes sociales se reflejó el malestar de administradores y empleados por la difusión tardía del acuerdo salarial, anunciado el penúltimo día del mes, cuando la liquidación de haberes ya estaba avanzada. Desde las entidades explicaron al respecto: "Sabemos que la demora generó preocupación y enojo, y lo entendemos. Esta negociación fue más compleja que las anteriores y nos llevó hasta el último día del mes".

De homologarse durante la segunda quincena de este mes los seis convenios pendientes, los aumentos y bonos pautados superarían la inflación acumulada en 6,42 puntos porcentuales. Los acuerdos a la espera de la ratificación oficial son: el del 28 de agosto de 2025 (escalas de septiembre a diciembre), el del 2 de diciembre (escalas de enero a marzo), el del 19 de diciembre (feriados de Nochebuena, Víspera de Año Nuevo y jornada de 40 horas), el del 22 de abril (escalas de abril a junio) y el del 29 de julio (escalas de julio a septiembre).

En la siguiente tabla, la diferencia se calcula entre el incremento acumulado de las escalas salariales y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el INDEC, complementado con las proyecciones del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central a la fecha de este informe.

Para realizar dicho cálculo se promedió mensualmente la categoría de administrativo con la de cadete y al resultado se le sumó el bono correspondiente a cada período. Este procedimiento permite obtener un valor mensual de referencia para calcular variaciones periódicas, acumuladas anuales o comparaciones con otros indicadores macroeconómicos.

Se homologó el acuerdo de abril del SUTERH y ahora solo faltan tres

[BPN-15/08/26] El pasado 16 de julio, la Secretaría de Trabajo homologó, mediante la Disposición 890, el acuerdo salarial del 1º de abril de 2026 suscrito por la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERyH) y las tres entidades de administradores que representan a los consorcios (CAPHyAI, AIERH y UADI). Desde el inicio del trámite, el 7 de abril, hasta su homologación, transcurrieron tres meses y ocho días.

El acuerdo estableció tres puntos clave:

1.- Se incorporaron 20 mil pesos a las escalas salariales para los trabajadores de jornada completa y 10 mil para los de media jornada. Cabe destacar que a los encargados no permanentes (con o sin vivienda) no se les aplicó esta proporcionalidad, por lo que percibieron 20 mil pesos en lugar de 10 mil.

2.- Sobre dicha base, se aplicó un incremento del 2%.

3.- La suma fija de 120 mil pesos se redujo a 100 mil pesos, monto que debe calcularse de manera proporcional según la categoría laboral.

Del análisis de las escalas salariales surge que, de haberse homologado el acuerdo de marzo considerando únicamente los básicos y los viáticos, el aumento habría sido del 4,3%. Sin embargo, al agregarse las sumas fijas (120 mil pesos en marzo y 100 mil pesos en abril), el incremento terminó situándose en el mencionado 2,1%.

Acuerdo del 12 de mayo: Incorporó nuevamente $20.000 a las escalas salariales para los trabajadores de jornada completa y$ 10.000 para los de media jornada. Sobre esa base, aplicó un aumento del 2 % y redujo la suma fija de $100.000 a$ 80.000, liquidables de forma proporcional a las categorías de trabajo. Se presentó para su homologación el 13 de mayo y su último movimiento registrado fue el 15 de ese mismo mes.

Acuerdo del 23 de junio: Incorporó $50.000 a las escalas salariales para los trabajadores de jornada completa y$ 25.000 para los de media jornada. Sobre esa base, aplicó un aumento del 2,1 % y redujo la suma fija de $80.000 a$ 30.000, también proporcionales según la categoría laboral. Se presentó para su homologación el 25 de junio y su último movimiento data del 8 de julio.

10 de abril: El programa de streaming Consorcios 360 informó en primicia la novedad.

15 de abril: Pequeñas Noticias lo comunicó a sus suscriptores.

17 de abril: El programa Consorcios 360 reveló en exclusiva la «letra chica» del acuerdo y el estado del trámite de homologación.

21 de abril: El SUTERH publicó un resumen del acuerdo junto con la copia de la escala salarial de abril. Ese mismo día, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) notificó el acuerdo a sus asociados mediante una circular y puso a disposición la escala salarial correspondiente.

13 de mayo: La Secretaría de Trabajo —mediante el Dictamen 3727— señaló que las escalas salariales de marzo y abril no estaban suscriptas por los representantes paritarios ni identificaban a qué acuerdo pertenecían. Por ello, ordenó a las partes adjuntar nuevamente las escalas, debidamente firmadas, ratificadas y aclaradas.

11 de junio: La Secretaría de Trabajo —mediante el Dictamen Nº 4591— reiteró el cumplimiento de las exigencias formuladas en el dictamen previo.

15 de julio: Mediante el Dictamen Nº 5349, la Secretaría de Trabajo dio por cumplidas las formalidades requeridas y elevó las actuaciones a la superioridad para proceder a la homologación.

Desde agosto las notificaciones son solo por TAD

[BPN-15/08/26] Desde el pasado 3 de agosto, todas las notificaciones sobre denuncias y audiencias de conciliación ante el Registro Público de Administradores (RPA) porteño se realizan exclusivamente a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD). Los avisos oficiales se envían al correo electrónico asociado al usuario en dicha plataforma.

Así lo notificó a los administradores de consorcios el 23 de julio la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor porteña.

Al digitalizarse el procedimiento mediante el domicilio electrónico, la notificación fehaciente ocurre en el momento en que el documento ingresa al buzón de TAD o cuando transcurre el plazo legal fijado para su lectura. Un descuido o una casilla sin revisar pueden derivar en rebeldías, apercibimientos o en la imposibilidad de presentar descargos a tiempo.

1.- Confirmar que los datos de contacto y correos electrónicos vinculados a la cuenta de miBA / TAD estén actualizados y sin errores.

2.- Si la administración opera como sociedad (SA, SRL, etc.), verificar que la representación legal y las delegaciones de CUIT estén correctamente configuradas en el sistema de AGIP / TAD para evitar que las notificaciones queden invisibilizadas.

3.- Aunque el sistema envía un aviso por correo electrónico al ingresar un mensaje, los filtros de correo no deseado o fallas en los servidores pueden impedir su llegada. Se recomienda ingresar a la plataforma TAD al menos una vez al día o fijar jornadas específicas de control operativo.

Textualmente, la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor informó:

Nueva plataforma para comparar gastos de los consorcios

El servicio funciona en cuatro sencillos pasos:

1.- Un propietario sube una factura, expensa o documento del gasto que desea revisar.

2.- Sus vecinos adhieren a la solicitud proporcionando el número de su unidad funcional verificada para demostrar interés colectivo y obtener una mayor cantidad de respuestas. Para evitar confusiones, el sitio aclara: "Las adhesiones registradas no constituyen una decisión formal del consorcio. Sirven para acreditar el interés de los propietarios y respaldar una solicitud de comparación".

3.- Proveedores inscriptos en la plataforma y verificados envían sus presupuestos según un pliego de condiciones estandarizado y transparente.

4.- La plataforma emite un informe comparativo con un dictamen técnico profesional y una recomendación, listo para ser presentado en la asamblea.

La herramienta permite a los propietarios reducir costos e identificar puntos de ahorro potencial, además de generar una propuesta objetiva acompañada de informes técnicos aptos para ser presentados en la asamblea de copropietarios. Asimismo, garantiza a los proveedores que quienes adhieren sean propietarios reales mediante diversos sistemas de validación.

A los proveedores les brinda acceso a oportunidades genuinas de contratación en las que el interés de los vecinos fue verificado. Asimismo, cuenta con pliegos claros y estructurados, sin intermediarios opacos ni licitaciones falsas.

Hasta ahora, la plataforma aplica a cualquier gasto recurrente del consorcio, tales como: mantenimiento de ascensores, limpieza e higiene de áreas comunes, seguros integrales de consorcio, recarga y control de matafuegos, mantenimiento de plomería, bombas y tanques, y pintura de frentes y espacios comunes.

Jorge Bustos fue expulsado del SUTERH

[BPN-15/08/26] El pasado 21 de mayo, Jorge Bustos, titular de la Lista Bordó, fue expulsado del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH). La medida se concretó tras años de disputas internas motivadas por sus intentos de participar en las elecciones y por sus cuestionamientos a la gestión sindical.

Según Bustos, la conducción sindical justificó su desvinculación en tres motivos principales:

En primer lugar, la publicación de una carta abierta en la que criticaba el estado de la obra social, ponía en duda que el secretario general Víctor Santa María hubiera ejercido como encargado de edificio y cuestionaba la inclusión de su hija en la lista oficialista. Para el gremio, estas afirmaciones constituyeron una falta de respeto.

En segundo lugar, la presentación de recursos de amparo y medidas cautelares ante la Justicia tras ser impedidos de participar en los comicios, acciones que la entidad consideró un intento de entorpecer el proceso electoral.

En tercer lugar, Bustos admitió haber convocado a los afiliados a abstenerse de votar en elecciones sin pluralidad democrática por presentarse una lista única, y señaló que la participación electoral cayó drásticamente en los últimos años.

Durante la entrevista, Bustos ratificó que su prioridad es la regularización de la obra social. Denunció su deterioro y propuso ampliar prestaciones, eliminar copagos y asegurar la atención a hijos con discapacidad. Asimismo, impulsó un "sindicato de puertas abiertas" centrado en las necesidades del trabajador, criticando la inversión de fondos en multimedios y hoteles de lujo inaccesibles para los encargados.

A su vez, relató que en 2021 la Junta Electoral dio de baja su lista 24 horas después del cierre de listas y que en 2025 les prohibieron utilizar el color bordó -denominación que usaban desde 2018- para asignárselo a otra nómina, lo que les impidió competir.

De acuerdo con la documentación presentada por Bustos y su propio testimonio, el conflicto se desarrolló de la siguiente manera:

Julio de 2018: Fundación de la agrupación opositora Lista Bordó.

Febrero de 2021: Solicitud del estatuto social (documento clave para conocer las normas electorales), el cual nunca fue entregado por el sindicato.

Septiembre de 2021: La Junta Electoral reconoce la denominación "Lista Bordó", pero posteriormente impugna a sus candidatos sin otorgar plazo de subsanación.

Mayo de 2025: Al intentar inscribirse nuevamente, se le notifica a la agrupación que no puede utilizar el color bordó por haber sido asignado a otro afiliado de apellido González. Ante esta situación, presentan un amparo judicial.

Septiembre de 2025: La Justicia dicta sentencia a favor del SUTERH y valida las elecciones realizadas.

4 de abril de 2026: Bustos recibe en su lugar de trabajo la notificación de una sanción disciplinaria promovida por el secretario gremial.

12 de abril de 2026: Se le notifica la convocatoria a una asamblea para tratar su expulsión.

21 de mayo de 2026: Una asamblea extraordinaria ratifica la desafiliación de Jorge Bustos.

22 de mayo de 2026: Notificación oficial de la expulsión mediante carta documento.

22 de julio de 2026: Presentación de una nueva medida cautelar solicitando su reincorporación al gremio.

Por quinto año consecutivo caen los puestos de trabajo

[BPN-15/08/26] Durante el primer trimestre de este año, la cantidad de puestos de trabajo en el sector de la propiedad horizontal disminuyó un 2,08% en comparación con el mismo período del año pasado. Por otra parte, el ingreso promedio mensual del trimestre aumentó un 35,68%.

En promedio, entre enero y marzo de 2026 hubo 1.173 puestos de trabajo menos que durante el mismo período de 2025.

Al desagregar los datos por género, los varones perdieron 983 empleos (-2,44%), mientras que las mujeres perdieron 190 (-1,17%). Esto suma la pérdida total de 1.173 empleos en el período.

Durante los primeros tres meses del año, la proporción de puestos ocupados por mujeres registró un ligero incremento respecto a la de los hombres.

Durante el primer trimestre, el nivel de empleo en la propiedad horizontal se mantuvo por debajo de las cifras registrados en 2017, aunque superó los valores de 2016.

Durante el primer trimestre de 2026, la remuneración promedio informada por el Ministerio de Capital Humano pasó de $908.034 mensuales a$ 1.232.000 (un incremento del 35,68%) en relación con el mismo período del año anterior.

De enero a marzo de este año, el ingreso promedio de un encargado varón fue de $ 1.533.547 mensuales, mientras que el de una mujer alcanzó los $ 930.452. En el mismo período del año pasado, los promedios habían sido de $ 1.137.572 y $ 678.496, respectivamente.

La brecha de 16,1 puntos porcentuales entre el incremento del haber promedio (35,68%) y el ajuste de las escalas salariales homologadas (19,58%) podría atribuirse a que una parte de los consorcios liquidó los aumentos con anterioridad a la homologación oficial, o bien a un incremento en el volumen de horas trabajadas.

Asimismo, la diferencia en el haber promedio de los varones respecto al primer trimestre del año pasado fue de $ 395.976 mensuales (34,81%), en tanto que el de las mujeres registró una suba de $ 251.956 (37,13%).

El ingreso promedio de una trabajadora se ubicó en un 60,67% respecto del percibido por un trabajador. Dado que las escalas salariales de los Convenios Colectivos del sector no hacen distinción de género —garantizando igual remuneración por igual función y categoría—, las causas de esta disparidad quedan sujetas a investigación.

Para la confección de este informe se consideró al personal alcanzado por los Convenios Colectivos de Trabajo 589/10 y 590/10, excluyendo a los empleados de empresas de limpieza externa.

La información proviene del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), organismo dependiente de la Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales (DGEyEL), bajo la órbita de la Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales del Ministerio de Capital Humano.

El OEDE se define como un sistema de información estructurado a partir de la vinculación de registros administrativos adaptados para fines estadísticos. Su propósito es elaborar indicadores para el análisis estructural y dinámico del empleo y de las empresas, orientado a la toma de decisiones.

Buscan que la Justicia transparente aportes sindicales

[BPN-15/08/26] Durante la tercera semana de julio, el abogado Diego Ernesto Martín impulsó una campaña para promover una acción civil con el propósito de que la Justicia determine si el sistema de recaudación y administración de aportes de FATERyH/SUTERH permite conocer, verificar y cancelar correctamente las obligaciones exigibles. Aclaró que no busca desconocer deudas legítimas, sino obtener certeza jurídica, transparencia y garantizar el derecho de defensa de los consorcios que aspiran a cumplir con sus obligaciones.

La plataforma aludida es el Sistema de Control de Aportes y Contribuciones de la Propiedad Horizontal (SiCayC), mediante el cual se liquidan mensualmente tanto los aportes retenidos a los trabajadores como las contribuciones tributadas por los consorcios en su carácter de empleadores.

En esta etapa, Martín informó que se encuentra reuniendo casos para demostrar que las irregularidades detectadas no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de una problemática que afecta a numerosos administradores y consorcios. Por tal motivo, convoca a participar a todos aquellos que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

- Recibir intimaciones por supuestas deudas sin información clara sobre su origen, composición o cálculo.

- Carecer de acceso a la cuenta corriente histórica completa, a las declaraciones juradas, a los pagos, intereses o imputaciones.

- Afrontar restricciones en el sistema que impiden cancelar un concepto de forma aislada, obligando a regenerar la declaración jurada íntegra o a abonar nuevamente conceptos ya saldados.

- Recibir intimaciones de pago correspondientes a períodos de varios años de antigüedad sin la posibilidad de verificar la documentación respaldatoria.

- Carecer de opciones válidas (código QR, VEP, entre otras) para cancelar deudas de manera espontánea, lo que obliga a contactar al sindicato, gestionar un convenio de pago y afrontar la intervención letrada con sus respectivos honorarios. El abogado argumentó que, ante la voluntad de pago, deberían ofrecerse alternativas directas similares a las habilitadas en ARCA, AGIP y los servicios públicos.

- Afrontar reclamos por períodos en los cuales el consorcio carecía de empleados o por obligaciones regularizadas previamente mediante convenios de pago.

- Imposibilidad de determinar con exactitud el monto adeudado, su método de cálculo o el procedimiento para su regularización.

Señaló también que el 27 de julio presentó una denuncia ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) para que se investigue el caso de un individuo que suscribe diversos convenios de pago de consorcios con el sindicato figurando como "Dr." y presentándose como "letrado apoderado". Explicó que, al realizar la consulta en la nómina pública de matriculados del CPACF, dicho nombre no figura como abogado matriculado.

Se ordenaron cambios sustanciales en los exámenes para el RPA

[BPN-15/08/26] El pasado 3 de agosto, la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor porteña introdujo seis cambios significativos en el proceso de evaluación de los aspirantes a inscribirse en el Registro Público de Administradores de Consorcios (RPA). Se modificó la modalidad del examen, la composición de las mesas examinadoras, el sistema de calificación y notificación, la frecuencia de las convocatorias y de los reintentos, la forma de inscripción y difusión, y se agregaron principios rectores al proceso.

Los cambios en detalle:

Mientras que anteriormente el examen era oral, a partir de ahora la evaluación será escrita, individual y bajo la modalidad de opción múltiple (multiple choice).

Hasta el momento, las mesas eran mixtas y estaban integradas por funcionarios de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, representantes de entidades de capacitación y miembros de cámaras de administradores. A partir de la publicación de la nueva disposición en el Boletín Oficial, la autoridad de aplicación de la Ley 941 será la única encargada de tomar las evaluaciones y verificar la idoneidad de los postulantes.

Antes no se asignaba una nota numérica al desempeño de cada aspirante; solo se informaba si había aprobado o desaprobado al finalizar la prueba. Desde ahora se establece un puntaje de 1 a 10, siendo necesario obtener 6 puntos o más para aprobar. Por otra parte, el resultado ya no será inmediato, sino que se notificará por correo electrónico dentro de un plazo de cinco días hábiles.

Hasta agosto de este año, las mesas se conformaban trimestralmente y cada persona podía rendir hasta dos veces por año calendario. Las modificaciones introducidas garantizan un mínimo de dos llamados anuales, con la posibilidad de sumar fechas adicionales si fuera necesario. En caso de reprobar, el aspirante podrá volver a presentarse dentro del plazo de un año a contar desde la fecha del examen fallido.

Anteriormente, los postulantes debían registrarse a través de una dirección de correo electrónico específica. Desde ahora, los llamados se publicarán en el sitio web oficial de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, donde se detallarán los procedimientos y aspectos operativos de cada convocatoria.

Durante el primer semestre aprobaron casi 400 aspirantes

[BPN-15/08/26] Durante el primer semestre de este año, 387 aspirantes aprobaron el examen obligatorio necesario para matricularse en el Registro Público de Administradores porteño. En total, en las tres fechas previstas se inscribieron 571 personas, de las cuales se presentaron 438 (76,7 %) y aprobó el 88,4 %.

Para examinar a los postulantes se conformaron mesas en tres jornadas: el 10 de marzo, el 28 de abril y el 16 de junio. Estas estuvieron integradas por funcionarios de Defensa y Protección al Consumidor y por 15 representantes de entidades autorizadas para dictar los cursos de capacitación. Los evaluadores fueron Raúl Costa, Laura Colucci y Beatriz Barnes (AIERH); Miguel Summa, Alejandro Casella, José Luis Alonso Gómez y Mayra Lucero (CAPHyAI); Juan Blumetti y Jorge Alejandro Muñoz (Centro de Educación No Formal GCABA); Roberto Cacheiro (CIDEI); Jorge Scampini (Consejo Profesional de Ciencias Económicas); Eduardo Awad y Nelly Díaz (Estudio Jurídico Awad y Asociados); y Gustavo Sabatelli y Roberto Gestoso (Formación Profesional de GCABA).

El 23 de enero de 2025, el entonces director general de Defensa y Protección del Consumidor porteño, Carlos Traboulsi, dispuso que quienes deseen inscribirse en el RPA deberán rendir un examen oral presencial.

La medida se estableció al aprobar el "Reglamento para la Evaluación de aspirantes a la inscripción o alta de la matrícula ante el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal", mediante la Disposición 358, publicada en el Boletín Oficial el pasado 27 de enero.

Sólo se aprobó poco más del 14% de las solicitudes

[BPN-15/08/26] Durante el primer semestre de este año, un total de 70 edificios solicitaron ante el SERACARH la bonificación del 40% del Impuesto Inmobiliario para las áreas comunes. Solo se aprobaron 10 solicitudes; de las restantes, 43 fueron archivadas por no presentar la documentación requerida y 17 se encuentran en instancia de evaluación.

En términos porcentuales, el 14,3% fue aprobado, el 24,3% está en revisión y el 61,4% fue denegado. Así lo informó a este medio el 30 de julio la Dirección General de Rentas del Ministerio de Hacienda y Finanzas porteño.

El resultado resulta exiguo si se tiene en cuenta que en 2025 se registró un promedio de más de 37.000 puestos de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires.

El 27 de noviembre de 2025, la Legislatura porteña aprobó la Ley 6.929, una iniciativa del Poder Ejecutivo que incorporó el artículo 415 bis al Código Fiscal. Este establece una bonificación del 40% del Impuesto Inmobiliario en los espacios comunes para los consorcios de propietarios (destinados a vivienda u oficina) que cuenten con, al menos, un empleado en relación de dependencia.

El 7 de abril, la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) firmó un acuerdo con el Servicio de Resolución Adecuada de Conflictos para la Actividad de Renta y Horizontal (SERACARH), mediante el cual delegó en esa entidad la tramitación del beneficio fiscal otorgado.

El 10 de abril de este año, el jefe de Gobierno porteño aprobó el texto ordenado del Código Fiscal mediante el Decreto 147/26 y sus anexos, los cuales se publicaron en el Boletín Oficial el 13 de abril.

El 14 de abril, el administrador gubernamental de Ingresos Públicos, Germán Krivocapich, oficializó mediante la Resolución 155/AGIP la delegación del trámite en el SERACARH. Esta entidad está conformada por el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) -el integrante de mayor peso político y económico- y las tres cámaras de administradores que firman los convenios colectivos del sector: la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), la Asociación Inmobiliaria Edificios de Renta y Horizontal (AIERH) y la Unión Administradores de Inmuebles (UADI).

Los mayores podrán recibir las boletas de impuestos en papel

[BPN-15/08/26] El pasado 14 de mayo, la Legislatura porteña aprobó una ley que obliga al Poder Ejecutivo local a remitir en soporte papel todas las boletas de impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otro instrumento de carácter tributario dirigido a personas de 70 años o más (artículo 1).

La norma establece que los contribuyentes alcanzados podrán optar expresamente por recibir la documentación en formato digital mediante los mecanismos que disponga la autoridad de aplicación (artículo 2). La opción por la vía digital debe ser voluntaria y expresa, con la posibilidad de revocarla en cualquier momento para regresar automáticamente al envío físico (artículo 3).

Si el Estado omite la remisión en soporte papel cuando corresponda, no se podrá considerar válidamente notificada a la persona mayor. En consecuencia, no correrán los plazos administrativos ni se aplicarán sanciones hasta que se efectúe la notificación impresa (artículo 4).

Finalmente, la ley determinó que la autoridad de aplicación será la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) junto con los organismos que el Poder Ejecutivo determine, los cuales deberán implementar las medidas necesarias para su cumplimiento (artículo 5).

Por otra parte, se aclaró que la falta de recepción de las boletas impresas no interrumpe ni suspende los plazos de vencimiento, por lo que los pagos deberán efectuarse en término para evitar el devengamiento de intereses.

La norma surgió a partir de una iniciativa presentada el 6 de abril por seis legisladores porteños: Manuela Thourte (Ciudadanos Unidos/UCR); María Graciela Ocaña, Horacio Rodríguez Larreta y Emmanuel Ferrario (Confianza y Desarrollo); y Leandro Santoro y Berenice Iañez (Fuerza por Buenos Aires).

En los fundamentos del proyecto, los autores señalaron: "La presente iniciativa se enmarca en lo dispuesto por la Ley Integral de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley 6753), la cual establece como política pública garantizar la igualdad de oportunidades, el pleno goce de los derechos y la protección integral de las personas mayores (artículos 1° y 2°). En particular, el artículo 7°, inciso a, dispone que las instituciones que brinden servicios a personas mayores deben otorgar atención preferencial y establecer procedimientos administrativos simplificados, facilitando la atención presencial o telefónica y evitando la atención exclusivamente virtual cuando las circunstancias lo requieran".

Se dejó de rubricar el Libro de Sueldos en la CABA

[BPN-15/08/26] El pasado 24 de julio, el secretario de Trabajo y Empleo porteño, Ezequiel Edgardo Jarvis, ordenó dejar sin efecto la obligación de rubricar en la CABA la documentación laboral prevista por el artículo 52 de la LCT (N.º 20.744). Asimismo, derogó todas las resoluciones y disposiciones locales que regulaban este trámite (artículo 1).

La disposición se aplicó con carácter retroactivo al 1º de junio de 2026 para eximir a los empleadores de la carga administrativa y de posibles sanciones por incumplimientos ocurridos desde esa fecha. Por lo tanto, el período devengado de mayo de 2026 es el último sujeto al régimen de rúbrica en la jurisdicción (artículo 3).

Las solicitudes de rúbrica iniciadas antes del 1º de junio de 2026 que continúen en trámite, así como los aranceles abonados, serán reguladas por la Dirección General de Relaciones del Trabajo, organismo que definirá la continuidad de las gestiones o la devolución de los importes que hayan quedado sin causa (artículos 4 y 5).

La resolución no aplica a los regímenes registrales o documentales especiales fijados por leyes específicas ajenas al artículo 52 de la LCT (artículo 6).

En los considerandos, Jarvis aclaró que la eliminación de esta obligación no afecta las facultades de la Ciudad para fiscalizar, controlar y sancionar en materia de normas laborales, higiene, salud y seguridad en el trabajo.

El 6 de marzo de este año, la Ley nacional 27.802 modificó el artículo 52 de la LCT y, el 29 de mayo, el Decreto Nacional 407 reglamentó el nuevo esquema. Este régimen centraliza la registración laboral en el sistema de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y prohíbe a las jurisdicciones locales exigir libros o registros distintos a los nacionales.

Al reubicarse la registración en el ámbito de la ARCA a nivel nacional, cesó el sustento jurídico que exigía la rúbrica en la CABA.

Por su parte, el 8 de mayo de este año, el director general de Administración del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dispuso suspender, hasta nuevo aviso, la recepción de trámites de rúbrica del libro especial de sueldos y jornales previsto en el artículo 52 de la LCT, correspondientes a los períodos devengados a partir de abril de 2026. La medida se hizo efectiva mediante la Disposición 160-2026-GDEBA-DGAMTGP.

Se homologó el acuerdo de abril y se agregó el de julio

[BPN-15/08/26] Si no se homologan los acuerdos de diciembre, mayo, junio y julio durante la segunda quincena de este mes, en agosto el promedio de las escalas salariales de los encargados de edificios perderá 1,8 puntos porcentuales (pp) contra la inflación mensual, 21,24 pp contra la acumulada anual y 2,47 pp en la medición interanual.

Para comparar las escalas salariales del sector, se promediaron las funciones de encargado permanente con y sin vivienda en sus cuatro categorías para cada mes. En los casos correspondientes, se sumaron los viáticos y los bonos acordados en paritarias o por el Poder Ejecutivo nacional, incluyendo los bonos del 20% que se pagan en junio y diciembre.

Ante el silencio de las tres entidades de administradores y del gremio, se supone que quedan pendientes cuatro homologaciones de meses anteriores. Para los cálculos de este mes no se tomaron en cuenta los siguientes acuerdos:

Acuerdo del 30 de diciembre: Otorgó un aumento del 2% para enero, del 1,8% para febrero y del 1,7% para marzo, más un bono de 120 mil pesos para cada uno de esos meses. El expediente se demoró por fallas formales. Su último movimiento fue el 3 de julio de 2026.

Acuerdo del 12 de mayo: Incorporó nuevamente 20 mil pesos a las escalas salariales para los trabajadores de jornada completa y 10 mil para los de media jornada. Sobre esa base, aplicó un incremento del 2% y redujo la suma fija de 100 mil pesos a 80 mil, los cuales deben calcularse de forma proporcional a las categorías de trabajo. Se presentó para su homologación el 13 de mayo y su último movimiento fue el 15 de ese mes.

Acuerdo del 23 de junio: Incorporó 50 mil pesos a las escalas salariales para los trabajadores de jornada completa y 25 mil para los de media jornada. Sobre esa base, aplicó un incremento del 2,1% y redujo la suma fija de 80 mil pesos a 30 mil, los cuales deben calcularse de forma proporcional a las categorías de trabajo. Se presentó para su homologación el 25 de junio y su último movimiento fue el 8 de julio.

Acuerdo del 27 de julio: Otorgó un aumento del 2% en los haberes de julio y del 1,9% en los de agosto. Asimismo, estableció tres sumas fijas remunerativas y proporcionales a las horas trabajadas: 55 mil pesos en julio, 80 mil pesos en agosto y 105 mil pesos en septiembre.

Sin la homologación del acuerdo, en agosto el promedio de las escalas salariales se mantuvo igual al de julio. Este mes, el promedio de las escalas será de $ 1.181.281 mensuales.

En agosto, el promedio de las escalas salariales aumentará un 0,23% con respecto a diciembre del año pasado, período en el que se ubicaba en $ 1.178.544 mensuales.

El incremento interanual de las escalas salariales entre agosto del año pasado y el mismo mes de este año será del 31,22%. El promedio de las escalas salariales en julio de 2025 fue de $ 888.498.

Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, la inflación de julio fue del 2,1%, mientras que para el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la inflación de agosto será del 1,8%. Con base en estos números, la inflación interanual de agosto alcanzará el 33,56%.

El haber mínimo de un jubilado que paga expensas en agosto será de $ 489.775,93 brutos, monto al que se le debe descontar la "Obra social s/haberes PAMI".

Esta cifra responde a dos factores:

1.- Se estableció que el haber mínimo se actualizaría mensualmente según el IPC del INDEC (Decreto 274/24). Como la inflación de junio fue del 1,9%, las jubilaciones aumentarán un 1,89% (Resolución 232 del 29 de julio).

2.- Se otorgó nuevamente un "Bono Extraordinario Previsional" de hasta $ 70.000 —mecanismo que se repite desde hace 27 meses— mediante el Decreto 686 del 24 de julio.

En dólares, este haber mínimo representa u$s 329,41 al tipo de cambio oficial o u$s 319,07 en el mercado paralelo (blue).

En agosto del año pasado, el haber fue de $ 384.305,37.

Este mes, el incremento mensual del haber mínimo de la clase pasiva fue negativo contra la inflación del mes pasado (-0,18 pp), contra el acumulado anual (-2,27 pp) y en la medición interanual (-6,24 pp).

Si el haber mínimo de enero de 2016 ($4.299,06 o u$s 312,98) hubiera aumentado al ritmo de la inflación, este mes debería ubicarse en $704.229,47 mensuales (u$s 472,06 promedio a valor oficial).

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