[BPN-15/06/26] El pasado 27 de mayo, la Secretaría de Trabajo homologó, mediante la Disposición 688, el acuerdo salarial del 9 de septiembre de 2025 firmado por la FATERyH y las tres entidades de administradores que representan a los consorcios (CAPHyAI, AIERH y UADI). Desde el inicio del trámite, el 11 de septiembre, hasta su homologación, transcurrieron cinco meses y 26 días.

Finalmente se homologó el acuerdo del 9 de septiembre

[BPN-15/06/26] El pasado 27 de mayo, la Secretaría de Trabajo homologó, mediante la Disposición 688, el acuerdo salarial del 9 de septiembre de 2025 firmado por la FATERyH y las tres entidades de administradores que representan a los consorcios (CAPHyAI, AIERH y UADI). Desde el inicio del trámite, el 11 de septiembre, hasta su homologación, transcurrieron cinco meses y 26 días.

Este acuerdo había establecido varios aumentos escalonados para los trabajadores del sector: un 1,8% en septiembre, un 1,7% en octubre y un 1,6% en noviembre. Asimismo, garantizó la continuidad del bono remunerativo de 50 mil pesos durante esos tres meses, la incorporación de dicho monto a las escalas salariales a partir de diciembre y un viático (con algunas excepciones) para el personal sin vivienda, equivalente al 7% del salario básico de un trabajador permanente sin vivienda de cuarta categoría.

12 de septiembre: Consorcios 360 anticipa la novedad en su programa.

15 de septiembre: Pequeñas Noticias informa sobre el acuerdo en su boletín.

22 de septiembre: Pequeñas Noticias destaca el silencio de las cámaras de administradores tras 13 días del anuncio de Santa María. En un contexto de versiones contradictorias sobre el viático para el personal sin vivienda, el medio advierte que la situación profundiza la inseguridad jurídica laboral en la propiedad horizontal.

23 de septiembre: El SUTERH publica la escala salarial de septiembre junto a una breve nota explicativa. No difunde el acuerdo completo ni precisa los aumentos de octubre y noviembre, limitándose a mencionar el bono de $ 50.000 y el viático.

24 de septiembre: La CAPHyAI publica la Circular 30 y confirma la firma del acuerdo realizada 15 días antes, aunque el documento contiene dos errores técnicos. Horas más tarde, mediante la Circular 31, corrige el primero de ellos (la forma de liquidar el 7% de los viáticos), pero mantiene el segundo, que informaba un incremento del 1,8% para noviembre en lugar del 1,6% pautado.

30 de septiembre: Una asesora legal de la Secretaría de Trabajo emite el Dictamen 8665, donde señala que las partes deben ratificar el acuerdo y acreditar su representación gremial.

6 al 14 de octubre: Las partes ratifican el convenio y presentan la documentación requerida. El 14 de octubre, el expediente se deriva a la Asesoría Técnico Legal para la prosecución del trámite.

3 de diciembre: Tras cumplirse los recaudos legales, el Dictamen 11.438 eleva el expediente a consideración.

Cambian las reglas del juego para las negociaciones paritaria

Todas estas modificaciones impactarán de una u otra forma tanto en el gremio como en las entidades de administradores que representan a los consorcios de propietarios en paritarias en su calidad de empleadores. A modo de ejemplo, el decreto establece taxativamente que los consorcios de propietarios podrán estar representados sin intermediarios en las negociaciones colectivas, un anhelo de larga data de una buena parte de los propietarios de unidades en propiedad horizontal.

La nueva reglamentación considera vencidos todos aquellos convenios cuyo plazo original haya expirado. Para los que no tengan una fecha expresa de vencimiento, la autoridad tomará como referencia el 31 de diciembre de 2026 para convocar a su renegociación (artículo 4º).

En este sentido, el Poder Ejecutivo instruyó a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para que, dentro de los 30 días contados desde la entrada en vigencia del decreto, inicie el procedimiento de convocatoria previsto en el artículo 137 de la Ley N° 27.802.

Las cámaras empresarias deberán acreditar una representación de al menos el 10% de los trabajadores del sector para participar en las paritarias (artículo 5º). Este punto generó confusión en la comunidad consorcial: debido a que la representación de los consorcios la ejercen las entidades de administradores -es decir, de manera tercerizada-, algunos actores interpretaron que ese porcentaje se aplicaba sobre el padrón de administradores en ejercicio.

Sin embargo, al tratarse de las paritarias de los encargados de edificios, el requisito exige el 10% del total de los encargados empleados por los administradores asociados a esa cámara. A modo de ejemplo, durante 2025 hubo un promedio mensual de 53.290 puestos de trabajo en propiedad horizontal. Asumiendo que cada puesto correspondiera a un trabajador en actividad, el 10% equivaldría a 5.329 trabajadores. Esto significa que el conjunto de administradores asociados a la entidad debería gestionar, como mínimo, una cantidad de edificios que emplee a esos más de 5 mil trabajadores.

Por su parte, el gremio deberá validar su representatividad mediante la presentación de la lista de afiliados, en la cual indicará los datos del empleador, el consorcio, su categoría y el ámbito de prestación de cada operario. La autoridad de aplicación verificará estos datos cruzándolos con los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y otras bases de datos públicas.

Cuando una convención colectiva sea aplicable en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación tendrá la facultad de admitir hasta dos representaciones adicionales del sector empleador de esas regiones (artículo 5º).

Según explicó el Poder Ejecutivo en los fundamentos de la norma, esta medida busca lograr una adecuada integración del ámbito de representación y evitar que las condiciones laborales se fijen únicamente en función de los centros productivos principales, sin considerar las diferencias de productividad regionales.

El artículo 5º establece taxativamente que la representación de los consorcios de propietarios en las negociaciones colectivas podrá ser ejercida directamente por las asociaciones que los agrupen.

El primer intento de una entidad de consorcistas para ser incluida en las paritarias se produjo el 20 de diciembre de 2004, cuando el Registro de las Asociaciones Gremiales de Empleadores del Ministerio de Trabajo inscribió a la Unión de Consorcistas de la República Argentina (UCRA), entidad dirigida por Alicia Giménez. Poco después, los cuatro miembros paritarios de entonces -la FATERyH, la CAPHyAI, el AIERH y la UADI- se opusieron terminantemente a su incorporación con diversos argumentos.

La segunda gestión la protagonizó Gabriel Mormandi, presidente de la Asociación Civil de Propietarios de Inmuebles de Renta y Horizontal (APH), quien llegó a concretar su participación en una discusión paritaria, aunque con un resultado adverso. Si bien existieron otros intentos posteriores, ninguno logró superar el filtro principal: obtener la inscripción en el Registro de las Asociaciones Gremiales de Empleadores.

El artículo 9º de la Ley N° 14.250 (Convenciones Colectivas de Trabajo) fija un techo del 2% para las contribuciones y los aportes previstos en los convenios a favor de las asociaciones de trabajadores, aplicable tanto para afiliados como para no afiliados. Quedan excluidas de este tope las cuotas de afiliación sindical y las cláusulas que acuerden otros beneficios especiales en función de la afiliación a la entidad profesional que suscribió el convenio.

Por otra parte, la norma ordena que los aportes, contribuciones y cualquier otro concepto previsto en las convenciones colectivas -cualquiera sea su denominación u objeto- en beneficio directo o indirecto de cámaras, asociaciones, agrupaciones o personas jurídicas integradas total o parcialmente por empleadores, no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones de los trabajadores.

Asimismo, el artículo 7º del Decreto Reglamentario 407 establece que toda convención colectiva vigente que contenga cláusulas con aportes, contribuciones, cuotas, retenciones, fondos o cargas económicas en favor de las partes signatarias o de entes colectivos que excedan los límites dispuestos por el artículo 9º de la ley, deberá ser readecuada.

Nuevos recibos, no más libros de sueldos y bastante más

La primera modificación destacada es que el recibo de sueldos incluirá las contribuciones patronales, lo que permitirá al empleador determinar con rapidez uno de los componentes más importantes de su costo laboral. Esto aportará claridad a los consorcistas, quienes habitualmente no acceden al costo laboral total de sus empleados. Por otra parte, el trabajador conocerá con precisión los montos que tanto él como su empleador abonan a la seguridad social, la obra social, el INSSJP, la ART, al sindicato y las cámaras empresariales.

El nuevo recibo de sueldos se estructura en cuatro secciones:

- Datos identificatorios de las partes y fecha de pago de cargas sociales.

- Costo total empleador: detalle de las contribuciones y conceptos patronales por disposición legal o convencional.

- Subtotal contribuciones empleador: remuneración bruta total, su determinación y deducciones.

- Sueldo neto: remuneración neta final.

En el documento también figurará un gráfico circular bajo el título "Costo total empleador", en el que se detallará visualmente el porcentaje del sueldo neto, la seguridad social, el costo sindical, la obra social, el INSSJP y la ART.

El Decreto 407/2026 no establece un plazo especial de adecuación. Por lo tanto, al haber entrado en vigencia el 1° de junio de 2026 (día de su publicación en el Boletín Oficial), los recibos emitidos desde esa fecha deben contemplar las modificaciones reglamentadas.

La segunda medida relevante es la supresión de la obligatoriedad de llevar registros laborales en soporte físico o digital. Específicamente, la norma se refiere al Libro de Sueldos y Jornales, establecido por el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo (1976). Históricamente, este artículo obligaba a los empleadores a rubricar dicho libro y cumplir con ciertas formalidades legales para asentar los datos del trabajador y su remuneración, información que ya consta en los recibos de haberes.

El que se mantendría es el libro de Libro de Órdenes impuesto por el artículo 25º del Estatuto del Encargado que dice: "En toda casa de renta deberá llevarse un libro sellado por la autoridad de aplicación, en el que se asentarán las órdenes impartidas por el empleador, para el mejor desempeño de las tareas del personal".

La nueva norma establece un sistema de registro único y simplificado que elimina cargas administrativas. A partir de ahora, la obligación de registrar la relación laboral se considera cumplida exclusivamente mediante el alta y baja de los trabajadores en los sistemas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Esta gestión es suficiente para todos los efectos legales y no se podrán exigir requisitos adicionales.

Otro punto de especial interés para los consorcios es que la ANSES implementará un sistema digital para notificar a empleadores y obras sociales el inicio y la finalización de los trámites jubilatorios.

Las prescripciones de reposo laboral deben emitirse electrónicamente a través de la plataforma ReNaPDiS y estar suscriptas por profesionales habilitados en la red ReFePS. Solo se admitirá el formato papel en casos excepcionales de falta de conectividad debidamente acreditada.

Se dispuso que el trabajador pueda notificar su renuncia al empleador por medios electrónicos, a través de un procedimiento que reglamentará la Secretaría de Trabajo.

El Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (ReNaPDiS) es el organismo oficial creado por el Ministerio de Salud de la Nación en junio de 2024 para auditar, estandarizar e integrar los sistemas de salud digital del país. Su objetivo es garantizar que las aplicaciones sanitarias sean seguras, interoperables y protejan los datos personales de los pacientes.

El registro abarca diversas tecnologías del ámbito sanitario digital:

- Plataformas de prescripción y repositorios de recetas electrónicas o digitales.

- Diccionarios digitales de medicamentos.

- Sistemas de teleasistencia.

- Sistemas de validación de medicamentos y administración de farmacias.

La Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud de Argentina (ReFePS) es un sistema informático que unifica las matrículas de todos los profesionales, técnicos y auxiliares médicos del país. Funciona dentro del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). La red nació oficialmente en 2015, aunque el proyecto comenzó en 2005 con la adopción de una matriz de registro estandarizada.

Sus funciones principales son:

- Ficha única: agrupa la información personal, títulos, especialidades y matriculaciones de cada profesional.

- Identificación: asigna un código numérico único por persona para evitar la duplicación de datos.

- Validación segura: permite verificar si un profesional está legalmente habilitado para ejercer, combatiendo el intrusismo.

El Ejecutivo nacional reglamentó el FAL

[BPN-15/06/26] El pasado 29 de mayo, el Poder Ejecutivo nacional prorrogó al 1º de noviembre de 2026 la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y reglamentó el Título II de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Esta norma había dispuesto que el régimen entrara en vigor el pasado 1º de junio, aunque ya preveía la posibilidad de una prórroga.

El Fondo de Asistencia Laboral es un sistema que busca asistir a las empresas privadas en el pago de las indemnizaciones de sus empleados al finalizar la relación laboral. El decreto aclara expresamente que este fondo no modifica el régimen indemnizatorio vigente, por lo que el trabajador mantiene el derecho a percibir exactamente lo establecido por la ley. La medida aplica a todo el sector privado, lo que incluye a las pymes y a las entidades sin fines de lucro, mientras que el sector público queda excluido.

El decreto establece de forma explícita que la responsabilidad por las obligaciones frente al trabajador sigue siendo exclusiva del empleador. Del mismo modo, la exactitud del cálculo y la determinación de los montos a pagar continúan bajo la obligación de la firma. Por su parte, la falta de pago, la indisponibilidad o la insuficiencia de fondos en la cuenta del FAL no generarán ninguna responsabilidad para el Estado nacional ni para la agencia de recaudación.

Cada empleador dispondrá de una "Cuenta individual del empleador", la cual funcionará como un patrimonio separado e independiente; es decir, será inembargable y los fondos se destinarán de forma exclusiva al pago de indemnizaciones. Las empresas aportarán dinero mensualmente a través de la recaudación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex-AFIP), integrado en la declaración jurada de la Seguridad Social. Para compensar este desembolso, el decreto contempla mecanismos para reducir otras contribuciones patronales tradicionales que las compañías ya abonan al Sistema de Seguridad Social.

De este modo, si la empresa quiebra, el capital acumulado en su cuenta del FAL se mantendrá a salvo de otros acreedores y quedará reservado con prioridad para el pago de las indemnizaciones de los trabajadores registrados. Al respecto, el artículo 21 del decreto reglamentario prevé específicamente que, en los supuestos de cese, disolución, liquidación o quiebra del empleador, la entidad financiera que administra el fondo deberá actuar bajo las instrucciones de la autoridad judicial interviniente (el juez de la quiebra) y de la Secretaría de Trabajo.

El fondo cubre únicamente a los trabajadores debidamente registrados. Para tener derecho a percibir los cobros a través de este sistema, el empleado debe contar con una antigüedad no menor a 12 meses antes de la finalización del contrato de trabajo. Si el trabajador estaba registrado de forma deficiente (por ejemplo, declarando un salario menor al real), el fondo solo pagará sobre la base de lo que figuraba oficialmente en la documentación. La empresa deberá abonar la diferencia restante con recursos propios y afrontar las sanciones correspondientes.

Ante el despido o la desvinculación de un empleado, la empresa debe presentar una declaración jurada electrónica ante la entidad financiera que maneja su cuenta del fondo. Una vez presentada y validada la información, el dinero se transferirá directamente a la cuenta bancaria del trabajador en un plazo máximo de 5 días hábiles.

Los recursos de las cuentas mantendrán movilidad, ya que se administrarán a través de "vehículos de inversión colectiva" (como fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros) autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV). En resumen, el empleador solo podrá seleccionar qué entidad financiera administrará su cuenta -con la opción de trasladarse si no está conforme con el rendimiento-, pero no tendrá la potestad de diseñar la cartera de acciones, bonos o plazos fijos según su propio criterio. Para resguardar la economía local y dar seguridad al fondo, el decreto le prohíbe a las entidades financieras invertir este dinero en el exterior, de modo que solo se permite la colocación en instrumentos financieros emitidos y negociados en la República Argentina.

Cada compañía debe elegir una entidad financiera habilitada y obtener un código denominado "ID FAL". Si una firma no selecciona un fondo por su cuenta y transcurre más de un mes sin informar su código, el Gobierno nacional, a través de la CNV, le asignará un fondo de oficio automáticamente para garantizar la continuidad de los aportes.

Para comenzar a utilizar los recursos del fondo, debe transcurrir un tiempo mínimo de 6 meses consecutivos de aportes desde el primer pago efectivo de la empresa. Si una firma acumula suficiente dinero en su cuenta individual como para cubrir holgadamente las eventuales indemnizaciones de toda su nómina actual de empleados, podrá solicitar la autorización para suspender o pausar temporalmente sus aportes mensuales.

Las cuentas utilizadas exclusivamente para estos fondos están totalmente exentas del impuesto a los créditos y débitos bancarios (conocido como impuesto al cheque) para evitar costos innecesarios. Asimismo, las contribuciones mensuales que realizan las empresas al fondo se podrán deducir del impuesto a las ganancias. Por el lado de los trabajadores, los pagos que perciban del fondo gozarán del mismo beneficio o exención impositiva que ya poseen las indemnizaciones tradicionales.

Las empresas tienen derecho a la portabilidad; es decir, pueden solicitar el traslado de todo su dinero acumulado a otra entidad financiera si así lo desean, siempre y cuando no registren pagos pendientes de indemnizaciones. Si una empresa se vende, se fusiona o cambia de titularidad, la cuenta individual del fondo se transferirá al nuevo propietario, manteniendo la antigüedad y la continuidad de los fondos de los trabajadores.

Una oportunidad de oro para regularizar empleados no registrados

La medida no solo beneficiará a los empleadores al eliminar acciones penales tributarias y otorgar un descuento adicional del 50% si pagan el saldo restante al contado, sino que también garantiza derechos a los trabajadores. A los empleados regularizados se les reconocerá formalmente ese período informal como tiempo de servicio efectivo para calcular sus futuras jubilaciones, pensiones y subsidios por desempleo, sobre la base del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El decreto establece una condonación masiva de las deudas que los empleadores tengan por no haber abonado a tiempo los aportes y contribuciones de sus trabajadores.

Los porcentajes de descuento en la deuda general varían según el tamaño de la empresa:

Descuento del 90% para micro y pequeñas empresas, y entidades sin fines de lucro.

Descuento del 80% para medianas empresas (tramos 1 y 2).

Descuento del 70% para el resto de los empleadores.

Condonación del 100% cuando se trate de deudas con el Sistema Nacional del Seguro de Salud (obras sociales), las cuotas de la ART y el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.

Sin embargo, el artículo 3º del decreto aclara explícitamente una excepción a tener en cuenta: "Lo dispuesto en el [...] no alcanza a aquellas deudas que tengan origen en la falta de pago de aportes y contribuciones por la aplicación de alícuotas adicionales previstas en regímenes previsionales diferenciales y especiales de la Seguridad Social". O sea, los regímenes especiales o diferenciales (por ejemplo, actividades insalubres o regímenes con aportes extra) quedan fuera de la condonación general y deben pagarse por completo.

A los empleados que sean blanqueados o regularizados se les reconocerá el período no registrado como tiempo de servicio. Esto les servirá para:

Cumplir con los años mínimos necesarios para acceder a la jubilación (Prestación Básica Universal).

Acreditar aportes para pensiones por invalidez o fallecimiento.

Sumar el tiempo necesario para cobrar el seguro por desempleo.

Se debe tener en cuenta que el valor para calcular estas prestaciones se basará en el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente al momento de la adhesión, o en la remuneración real declarada si esta fuese mayor.

Para la proporción de la deuda que no se condone, el organismo ARCA (ex AFIP) creará un Plan de Facilidades de Pago. Además, si el empleador decide abonar el saldo pendiente al contado, recibirá un descuento extra del 50% sobre el capital e intereses.

Los empleadores que se sumen a este régimen y regularicen a su personal quedarán eximidos de acciones penales por delitos tributarios o de seguridad social relacionados con esas deudas, siempre que no cuenten con una sentencia firme previa.

También se les dará de baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) por infracciones cometidas hasta el 6 de marzo de 2026.

Ahora el Certificado de Trabajo podrá ser digital

[BPN-15/06/26] El pasado 15 de mayo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA/ex AFIP) estableció que los Certificados de Trabajo previstos por el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo podrán emitirse en formato digital. Sin embargo, desde febrero de este año, en dicho documento se deben consignar "las capacitaciones realizadas" por el trabajador. El empleador tiene la obligación de entregar este certificado cuando se extingue la relación laboral, independientemente de la causa de la desvinculación.

La normativa permite que el empleador cumpla con su obligación legal mediante la emisión del certificado tanto en formato papel como digital:

En formato digital: Se emite electrónicamente y no requiere firma hológrafa ni digital del empleador. La autoridad considera que la validación de la identidad mediante la clave fiscal es suficiente.

En formato físico: Se imprime por duplicado y requiere las firmas del empleador y del trabajador para su validez.

Para la elaboración del documento (Formulario F.984), el sistema utiliza automáticamente la información de las bases de datos de ARCA sobre:

- Altas, bajas y modificaciones de la relación laboral.

- Liquidaciones de sueldos informadas.

- Declaraciones juradas de aportes y contribuciones (F.931).

Respecto a las capacitaciones, se deben incluir:

Legales y por convenio: Cursos de seguridad e higiene, RCP, Ley Micaela u otros obligatorios por la Ley de Riesgos del Trabajo o el Convenio Colectivo. En el caso de los encargados de edificios, se deberá incluir el curso del SERACARH.

Externas: Carreras, posgrados o cursos externos cuyo arancel haya sido financiado por la empresa.

Internas o informales: Talleres propios de la compañía, e-learning, charlas de inducción y capacitación continua.

A través del servicio "Trabajo en Blanco", los empleados pueden:

- Acceder directamente al Certificado de Trabajo Artículo 80 - LCT emitido digitalmente.

- Obtener el Certificado Digital de Ingresos Laborales (CDIL) de los últimos seis meses, el cual incluye un código QR para verificar su validez.

- Consultar su situación registral e imprimir su constancia.

- Utilizar un "Buzón de Observaciones" para reportar irregularidades detectadas en su registro.

Este certificado (previsto en la Ley 24.241 para fines previsionales) se confecciona mediante el sistema informático de la ANSES, pero es accesible desde el módulo de "Simplificación Registral" de ARCA.

El Gobierno bonaerense suspendió la rúbrica del Libro de Sueldos

[BPN-15/06/26] El pasado 8 de mayo, el director general de Administración del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dispuso suspender, hasta nuevo aviso, la recepción de trámites de rúbrica del libro especial de sueldos y jornales previsto por el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) N° 20.744, correspondientes a los períodos devengados a partir de abril de 2026. Así lo ordenó mediante la Disposición 160-2026-GDEBA-DGAMTGP.

Si bien la provincia dejó sin recepción administrativa estos trámites, la norma no eliminó la obligación laboral de registración prevista por la LCT (como sí lo hizo la Ley 27.802), sino que suspendió el procedimiento de rúbrica provincial.

Esta suspensión tiene su origen en el artículo 20 de la Ley 27.802, que modifica el artículo 52 de la LCT y establece que los empleadores deberán registrar a los trabajadores ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), conforme a la normativa que dicte dicho organismo. En especial, los artículos 103, 104, 105, 106 y 155 de esa ley introducen modificaciones en materia de registración laboral para distintos regímenes, lo que consolida un esquema centralizado en la órbita nacional.

Buscan crear un régimen provincial de créditos para consorcios

Los fondos del financiamiento se podrán destinar a la reparación y mantenimiento de fachadas, balcones e instalaciones comunes de gas, electricidad, agua y sistemas térmicos. Asimismo, el crédito cubrirá obras de adecuación estructural, prevención de desprendimientos, modernización de ascensores, instalación de tableros capacitores, mejoras de accesibilidad para personas con movilidad reducida y trabajos orientados a la conservación del valor patrimonial del inmueble.

El proyecto declara a este régimen de interés público provincial. Según los fundamentos del texto, el crecimiento urbano y la densidad poblacional en ciudades como San Miguel de Tucumán y Yerba Buena han generado un incremento de edificaciones bajo la modalidad de propiedad horizontal. El documento argumenta que el deterioro de fachadas, balcones e instalaciones edilicias afecta tanto a la seguridad de los habitantes como a la de los peatones en la vía pública, lo que justifica la intervención del Estado a través de políticas preventivas.

La normativa establece que la Caja Popular de Ahorros de Tucumán será la entidad encargada de implementar y mantener una línea de crédito específica con tasas de interés preferenciales. Los fondos financiarán la reparación de frentes, la adecuación estructural, la modernización de ascensores, la refacción de instalaciones eléctricas, sanitarias, de gas o calderas, y las obras de accesibilidad.

El plazo de devolución será de hasta 48 meses y la cuota mensual no podrá superar el 40% del promedio de las expensas ordinarias de los últimos seis meses. El sistema de repago se realizará mediante débito automático desde la cuenta del consorcio.

A su vez, se contempla la posibilidad de aplicar tasa cero para edificios que cumplan con determinados requisitos de antigüedad o valor patrimonial. El programa también incluye la opción de otorgar períodos de gracia de hasta seis meses para el pago de capital, el financiamiento de hasta el 100% del presupuesto y evaluaciones crediticias simplificadas.

Para acceder al crédito, los consorcios de propietarios deben estar legalmente constituidos bajo los términos del Código Civil y Comercial de la Nación, poseer domicilio en la provincia de Tucumán, tener CUIT vigente y contar con la aprobación del endeudamiento mediante una asamblea de propietarios. Por su parte, la Caja Popular de Ahorros deberá destinar anualmente un cupo mínimo de su cartera crediticia para este fin.

El proyecto del Poder Ejecutivo ya tiene dictamen de comisiones

[BPN-15/06/26] El pasado 20 de mayo quedó expedito el camino del proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, presentado por el Poder Ejecutivo nacional, para ser votado por el Senado. Ese día, la iniciativa obtuvo dictamen de mayoría de la comisión de Legislación General del Senado, con las disidencias de Carlos Mauricio Espínola (Frente Todos) y Edith Elizabeth Terenzi (Juntos por el Cambio Chubut).

Ocho días después, las senadoras María Carolina Moisés (Alianza Unión por la Patria/Jujuy) y Anabel Fernández Sagasti (Justicialista) presentaron un dictamen de minoría. Previamente, el mismo 20 de mayo, la propuesta ya había logrado dictamen de mayoría en la comisión de Asuntos Constitucionales.

De esta forma, el proyecto quedó en condiciones de ser debatido en el recinto por los 72 senadores, instancia en la que se tratarán en particular aquellos puntos que motivaron las disidencias de Espínola y Terenzi.

Sujetos alcanzados: La acción se puede dirigir contra locatarios, sublocatarios, tenedores precarios, intrusos y cualquier otro ocupante que tenga la obligación exigible de restituir el inmueble (artículo 12).

Validez de notificaciones: Se otorga plena validez a las intimaciones enviadas al domicilio denunciado en el contrato (incluso si el inquilino se niega a recibirla) o al domicilio electrónico que se haya constituido al firmar el acuerdo (artículo 21).

Restitución inmediata: En los juicios por falta de pago o vencimiento de contrato, el propietario puede solicitar y obtener la desocupación inmediata del inmueble bajo caución juratoria (artículo 21).

Protección contra abusos del propietario: Si se demuestra que el locador obtuvo la restitución anticipada ocultando de forma maliciosa hechos o documentos (como contratos vigentes o recibos de pago), se ejecutará la caución y se le impondrá una multa de hasta 10 veces el monto del último alquiler en favor del inquilino (artículo 18).

Limitación de pruebas: Para evitar que el juicio se extienda de manera indefinida con maniobras dilatorias, en los casos de falta de pago o vencimiento de plazo solo se admitirá la prueba documental y la pericial (artículo 19).

Entrega de llaves: Se prohíbe expresamente que el locador se niegue a recibir las llaves del inmueble o que condicione su recepción. Si el inquilino notifica fehacientemente que quiere devolverlas y el locador hace silencio o se niega, el locatario puede consignarlas judicialmente. A partir del día de la notificación ya no se devengarán alquileres ni obligaciones accesorias, siempre que inicie la consignación dentro de los 10 días hábiles posteriores (artículo 21).

Reconocimiento judicial y constatación obligatoria: Antes de dar traslado a la demanda (es decir, antes de notificar formalmente a los demandados), el juez debe ordenar un reconocimiento judicial del inmueble dentro de las primeras 72 horas de dictada la primera providencia. Esta diligencia se realiza con asistencia del defensor oficial con el objetivo de constatar quiénes son los ocupantes reales e identificarlos con nombre, apellido y DNI (o pasaporte si son extranjeros) (artículo 14).

Uso de herramientas visuales para el notificador: Si el inmueble no posee chapa identificatoria con el número, el oficial notificador puede localizarlo utilizando fotografías del lugar que permitan ubicarlo correctamente (artículo 16).

Facultades de identificación: El notificador queda facultado para identificar a todos los ocupantes presentes en el acto, exigirles la exhibición de documentos y advertirles que la sentencia tendrá efectos contra todos ellos (estén o no denunciados formalmente en la demanda). Si encuentra resistencia, está autorizado a requerir el auxilio de la fuerza pública (artículo 17).

El mandamiento de lanzamiento es un documento oficial (físico o electrónico) dirigido a un oficial de justicia que le otorga el poder de expulsar a los ocupantes y sus pertenencias fuera del inmueble. El artículo 20 de la iniciativa exige que este instrumento judicial incluya automáticamente tres recaudos fundamentales para asegurar su efectividad:

Fuerza pública y allanamiento: Autorización expresa al oficial de justicia para usar la fuerza pública en caso de necesidad, realizar el allanamiento del domicilio y proceder a la apertura de cerraduras (incluso si la propiedad se encuentra desocupada en ese momento).

Depositario de bienes: Autorización al oficial de justicia para designar a un depositario de los bienes muebles que se encuentren dentro del inmueble al momento de la ejecución.

Quieren que los conflictos de intereses sean explícitos

[BPN-15/06/26] El pasado 27 de mayo, la legisladora porteña Silvia Lospennato (Vamos por Más) presentó un proyecto de ley para que los administradores de consorcios deban informar a la asamblea de propietarios cuando existan intereses personales al momento de contratar a un proveedor. La legisladora considera que hay conflicto de intereses si el prestador del servicio es el propio administrador, su cónyuge, conviviente o un pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.

Para lograr este objetivo, Lospennato propone incorporar a la Ley 941 (Registro Público de Administradores) el artículo 11 bis, sobre requisitos para contratar, y el inciso k al artículo 15, referido a las infracciones.

El propuesto artículo 11 bis, bajo el título "Conflicto de intereses", ordena que los administradores que pretendan contratar la provisión de bienes, servicios o la realización de obras con personas o empresas con las cuales tengan un interés personal, deberán informar previamente y por escrito a la asamblea de propietarios la existencia de dicho vínculo.

En la notificación se debe identificar con precisión la naturaleza de la relación y las eventuales ventajas derivadas del contrato propuesto. Asimismo, dicha contratación deberá ser aprobada expresamente por la asamblea. El proyecto aclara que el interés personal también se extiende a aquellas empresas en las que el administrador o sus personas vinculadas sean socios, miembros o integren el órgano de administración o dirección.

Por su parte, la reforma del artículo 15 agrega un nuevo inciso que contempla expresamente como infracción la contratación de bienes, servicios u obras en violación de lo dispuesto por el artículo 11 bis.

En los fundamentos de su propuesta, Lospennato argumentó que, si bien el artículo 11 vigente dispone los requisitos para que el administrador contrate en nombre y por cuenta del consorcio, resulta imprescindible regular el conflicto de intereses que suele existir cuando dicha contratación involucra a personas con las que el administrador posee un vínculo personal.

La legisladora recordó que estas obligaciones ya están contempladas en la normativa nacional. Explicó que el Código Civil y Comercial de la Nación prescribe para el mandatario la obligación de "informar sin demora al mandante de todo conflicto de intereses y de toda otra circunstancia que pueda motivar la modificación o la revocación del mandato" (inciso c del artículo 1.324). Además, señala que si "media conflicto de intereses entre el mandante y el mandatario, este debe posponer los suyos en la ejecución del mandato, o renunciar" (artículo 1.325).

A su vez, agregó que el código de fondo dispone, de manera genérica en sus reglas de "Representación" (artículos 358 y siguientes), que el representante tiene las obligaciones de "fidelidad, lealtad y reserva" para con su representado (artículo 372).

En resumen, Lospennato señaló que en el caso de los consorcios esta necesidad se acentúa debido a la confluencia de dos fenómenos: por un lado, la existencia de múltiples representados frente a un único representante; por el otro, la gran capacidad de decisión que el administrador suele tener en los hechos por la propia dinámica consorcial, la cual a veces supera lo ideal para el cuidado adecuado de los intereses comunes.

El Ejecutivo busca crear un SECLO porteño

[BPN-15/06/26] El Jefe de Gobierno porteño presentó un proyecto de ley para crear el Servicio de Conciliación Laboral Previa y Obligatoria (SECLO) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa, que funcionará bajo la órbita de la Autoridad Administrativa del Trabajo, busca intervenir con carácter previo y obligatorio en los conflictos por reclamos individuales o grupales que competen a la Justicia del Trabajo local, además de controlar la legalidad de los acuerdos voluntarios y coordinar los procedimientos de arbitraje voluntario.

Para la implementación del sistema se creará un Registro de Conciliadores Laborales. Los aspirantes a integrar esta nómina deberán ser abogados con matrícula activa en la CABA, acreditar antecedentes comprobables en materia de derecho laboral, poseer experiencia o especialización en métodos alternativos de resolución de conflictos, conciliación y arbitraje, y cumplir con las condiciones que imponga la autoridad administrativa.

Según el proyecto, el SECLO porteño intervendrá antes de cualquier acción judicial en los conflictos por reclamos individuales o plurindividuales de trabajo que correspondan a la competencia de la Justicia del Trabajo de la Ciudad. El organismo tendrá a su cargo la celebración de las audiencias de conciliación —con un mínimo de dos convocatorias— dentro de un plazo de 20 días hábiles para buscar una solución consensuada entre las partes.

En el marco previo a la vía judicial, la entidad efectuará el control de legalidad de todos los acuerdos alcanzados —sean voluntarios, obligatorios u optativos— para verificar la justa composición de los derechos e intereses involucrados. Si es necesario, formulará observaciones previas a la homologación y devolverá las actuaciones al conciliador para su subsanación. La autoridad administrativa dispondrá de un plazo de 10 días hábiles para dictar el acto de homologación o rechazo. Al ser homologado, el acuerdo adquirirá carácter de cosa juzgada y se convertirá en título ejecutivo.

Cuando el trabajador y el empleador alcancen un acuerdo laboral de forma privada, la función del servicio será recibir y tramitar las solicitudes de ratificación de estos pactos transaccionales, de manera externa al proceso obligatorio de sorteo. El organismo deberá constatar en audiencia que el consentimiento del trabajador haya sido prestado con total discernimiento, intención y libertad antes de proceder a la homologación.

Entre sus tareas principales, el servicio administrará el Registro de Conciliadores Laborales de la Ciudad mediante la evaluación, selección e inscripción de los abogados aspirantes que cumplan con los requisitos de idoneidad. La designación para cada reclamo iniciado se realizará mediante un sorteo electrónico que garantice la rotación equitativa de la lista. Asimismo, el organismo resolverá las recusaciones y excusaciones de los conciliadores cuando se presenten causales de incompatibilidad o conflicto de intereses.

El SECLO porteño estará facultado para aplicar multas por incomparecencia injustificada a los empleadores o requeridos que no asistan a las audiencias citadas. También ejercerá el poder disciplinario sobre los conciliadores, con atribuciones para sustanciar sumarios administrativos y aplicar sanciones que van desde el apercibimiento y la suspensión preventiva, hasta la remoción definitiva del registro.

Si la conciliación obligatoria concluye sin acuerdo, el organismo podrá proponer el sometimiento voluntario a un arbitraje. En caso de aceptación, se instrumentará el compromiso arbitral y se definirán las pruebas y los plazos para que el árbitro dicte el laudo definitivo, el cual será ejecutable ante la Justicia del Trabajo.

Desde diciembre no se homologan acuerdos

[BPN-15/06/26] Si no se concreta un nuevo convenio ni se homologan las tres últimas paritarias durante la segunda quincena de este mes, en junio el promedio de las escalas salariales de los encargados de edificios ganará 17,9 puntos porcentuales (pp) frente a la inflación mensual. No obstante, registrará una pérdida de -17,10 pp contra el acumulado anual y de -21,72 pp en la medición interanual.

Este salto mensual se debe al impacto del bono del 20% que se otorga anualmente en este mes. El beneficio responde al acuerdo firmado el 25 de febrero de 2025 (Disposición 1744/2025) entre la FATERyH y las tres entidades de administradores en representación de los consorcios.

Para comparar las escalas salariales del sector, se promediaron las funciones de encargado permanente con y sin vivienda en sus cuatro categorías de cada mes. En los casos correspondientes, se sumaron los viáticos y los bonos acordados tanto en paritarias como por el Poder Ejecutivo nacional, lo que incluye los refuerzos del 20% que se pagan en junio y diciembre. Para este cálculo no se computaron los medios aguinaldos.

Ante el silencio del gremio y de las tres entidades de administradores, se asume que restan homologar tres acuerdos de meses anteriores. Para los cálculos de este mes no se tomaron en cuenta los siguientes convenios:

Acuerdo del 30 de diciembre: Otorgó un aumento del 2% para enero, 1,8% para febrero y 1,7% para marzo, además de una suma fija de 120 mil pesos para cada uno de esos meses. El expediente no avanzó debido a fallas formales. Su último movimiento fue el 26 de mayo de 2026 y su estado es "en gestión de la solicitud".

Acuerdo del 1º de abril: Incorporó 20 mil pesos a las escalas salariales para el personal de jornada completa y 10 mil pesos para el de media jornada. Sobre esa base, aplicó un incremento del 2% y redujo la suma fija de 120 mil pesos a 100 mil, calculados de forma proporcional según la categoría de trabajo. Su último movimiento fue el 29 de mayo de 2026 bajo el estado "en gestión de la solicitud".

Acuerdo del 12 de mayo: Incorporó nuevamente 20 mil pesos a las escalas salariales para trabajadores de jornada completa y 10 mil para media jornada. Sobre dicha base, sumó un incremento del 2% y redujo la suma fija de 100 mil pesos a 80 mil, proporcionales a las categorías. Se presentó para su homologación el 13 de mayo, su último movimiento fue el 15 de ese mes y todavía no fue ratificado.

En junio, el promedio de las escalas salariales aumentará un 20% , alcanzando un valor de $ 1.178.544 mensuales.

Durante junio, el promedio de las escalas salariales se mantuvo en los mismos niveles que en diciembre del año pasado (0%). Esto se debe a que este mes se liquidará el mismo bono del 20% abonado en diciembre, sumado a que ninguno de los aumentos acordados para este año ha sido homologado. Durante el último mes del año anterior, el promedio también se ubicó en $ 1.178.544 mensuales.

El incremento interanual de las escalas salariales desde junio del año pasado hasta el mismo mes de este año será del 12,10%. El promedio de las remuneraciones en junio de 2025 fue de $ 1.051.328.

Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, la inflación de mayo fue del 2,1%. Por su parte, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyecta que la inflación de junio volverá a ser del 2,1%. Con base en estos datos, la inflación interanual de junio se ubicará en el 33,82%.

El haber mínimo de un jubilado que paga expensas en junio será de $ 473.317,99 brutos, cifra a la que se le debe aplicar el descuento por la obra social PAMI. A este monto se le sumará el medio aguinaldo, que también aporta a dicha obra social.

Este resultado responde a dos factores:

1.- En marzo del año pasado se estableció que el haber mínimo se actualizaría mensualmente según el IPC del INDEC (Decreto 274 del 22/03/24). Dado que la inflación de abril fue del 2,6%, las jubilaciones de junio aumentarán un 2,58% (Resolución 139 del 22 de mayo).

2.- Se otorgó nuevamente un "Bono Extraordinario Previsional" de hasta $ 70.000 mediante el Decreto 399 del 28 de mayo.

- En moneda extranjera, este haber mínimo representa u$s 331,48 al tipo de cambio oficial o u$s 328,69 en el mercado blue.

- En junio del año pasado, dicho haber se ubicaba en $ 374.723,94.

- Este mes, el incremento mensual del haber mínimo de la clase pasiva fue levemente positivo frente a la inflación del mes anterior (0,09 pp) , pero resultó negativo ante el acumulado anual (-1,90 pp) y la medición interanual (-7,51 pp).

- Si el haber mínimo de enero de 2016 ($ 4.299,06 o u$s 312,98) hubiese aumentado al ritmo de la inflación, este mes debería haber alcanzado los $ 678.878,78 mensuales (un promedio de u$s 475,27 al valor oficial).

La publicación del paquete reglamentario de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 altera de forma drástica las reglas de juego en la liquidación, el control y la gestión de las relaciones de trabajo. Para el sector de la propiedad horizontal, donde el personal de portería representa el costo más significativo de las expensas, estas medidas exigen una lectura minuciosa, técnica y desprovista de falsos optimismos simplificadores.

Este análisis no puede hacerse a ciegas: cada decreto nacional debe tamizarse obligatoriamente a través del Estatuto de Encargados de Casas de Rentas y Propiedad Horizontal (Ley 12.981) y el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable (CCT 589/10 - SUTERH), dado el principio de especificidad que rige nuestra materia. A continuación, detallo un examen profundo, decreto por decreto, de estas reformas fundamentales.

1. Decreto 407/2026: Desregulación documental, costo laboral, paritarias y nuevo control de ausentismo

Este decreto introduce criterios operativos orientados a simplificar las cargas administrativas y dotar de transparencia al costo laboral total. Su aplicación en los consorcios presenta particularidades críticas:

La norma reglamenta el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y determina que la obligación de registrar las relaciones laborales se cumple exclusivamente mediante las altas y bajas en los sistemas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (arca). El decreto define este mecanismo como suficiente a todos los efectos legales; de este modo, prohíbe requisitos adicionales y determina que no será exigible a los empleadores llevar libros laborales en soporte físico ni digital.

Aquí es donde debemos poner un freno de mano. El artículo 4° del Estatuto (Ley 12.981) exige históricamente un libro especial rubricado. Al ser una norma de orden público sectorial, la exención total que plantea el decreto nacional va a generar colisiones inevitables con las inspecciones del Ministerio de Trabajo local, especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que retiene el poder de policía laboral.

Mi recomendación es categórica: el consorcio debe mantener el registro voluntario del Libro de Sueldos Digital parametrizado con arca. En caso de un litigio judicial ordinario por diferencias salariales, plus convencionales u horas extras —tan habituales en el suterh—, el libro de sueldos sigue siendo la "prueba reina" para desvirtuar las presunciones en contra del empleador (Art. 55 LCT). Darlo de baja bajo la excusa de la flexibilización es, en mi opinión, dejar al consorcio jurídicamente desprotegido en los tribunales laborales de CABA.

El artículo 5° del decreto reglamenta el artículo 140 de la LCT e impone una estructura rígida de cuatro secciones claramente diferenciadas que los sistemas de liquidación deben adoptar:

1.- Datos identificatorios completos: CUIT del consorcio, CUIL del encargado, fecha de ingreso, antigüedad real, categoría del edificio y lugar o fecha de pago de las cargas sociales.

2.- Detalle de contribuciones y conceptos patronales: todo lo abonado por disposición legal o convencional de forma previa a la determinación del bruto.

3.- Composición bruta y retenciones: determinación del salario bruto con sus respectivos descuentos de ley.

4.- Remuneración neta: el salario de bolsillo expresado de forma clara.

Lo verdaderamente disruptivo para las administraciones es la obligación de incluir en el anverso un cuadro de composición del Costo Total Empleador (siguiendo el modelo del Anexo III del decreto). En el caso de los encargados de edificios, el recibo exhibirá de forma desagregada el costo exacto que abona el consorcio por cada rubro: SIPA, obra social (osperyh), ART, seguros de vida y las contribuciones extraordinarias o fondos solidarios del convenio colectivo. Esto visibilizará ante las asambleas de propietarios el costo real y global de la plantilla.

El control de las carpetas médicas se traslada por completo al entorno digital, lo que otorga una herramienta clave contra el ausentismo injustificado. Para que una orden de reposo laboral sea válida y oponible al consorcio, el certificado debe ser emitido electrónicamente a través de plataformas inscriptas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (renapdis) y estar suscripto por un profesional matriculado ante la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (refeps).

Si surgen discrepancias insalvables entre el control médico que envía la administración y el certificado del encargado, las partes quedan habilitadas para recurrir a juntas médicas oficiales o a dictámenes de institutos públicos o privados que cuenten con un mínimo de 5 años de inscripción continuada en el Registro Federal de Establecimientos de Salud. Esto pone fin a los certificados en papel de dudosa procedencia que interrumpen servicios esenciales como la limpieza o la recolección de residuos.

El artículo 5° del decreto introduce una modificación sustancial al régimen de negociación colectiva (Decreto 199/88). Ratifica de manera expresa que, en las mesas paritarias, la representación de los consorcios de propietarios podrá ser ejercida por las asociaciones que los agrupen; este es un paso fundamental para buscar el equilibrio en la discusión de los futuros convenios del sector.

2. Decreto 408/2026: Estructuración financiera de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL)

Este decreto define la arquitectura financiera y el blindaje de las cuentas destinadas al nuevo sistema de cese laboral que busca sustituir o complementar el esquema indemnizatorio tradicional de la LCT. Se estructurará mediante fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Para incentivar el sistema, la norma declara la exención total del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias (impuesto al cheque) para todos los movimientos, suscripciones y rescates de cuotapartes de estos vehículos de inversión.

Atención aquí: la aplicación de este fondo de cese no opera de manera automática ni compulsiva. Al ser un régimen optativo, su implementación en la propiedad horizontal requiere obligatoriamente que las partes signatarias (fateryh/suterh y las cámaras de administradores) acuerden su adopción formal dentro de la negociación colectiva.

Hasta tanto el sindicato y las cámaras no firmen una modificación convencional en este sentido, la estabilidad y el despido de los encargados se seguirán rigiendo estrictamente por las indemnizaciones del artículo 6° de la Ley 12.981 y las pautas generales de la LCT. El beneficio fiscal del Decreto 408/2026 queda estructurado como una plataforma financiera disponible para cuando el sector decida colectivamente el momento de implementarlo.

3. Decreto 409/2026: Régimen de Promoción del Empleo Registrado (Blanqueo Laboral)

Este decreto operativiza la regularización de las relaciones laborales del sector privado que se encuentren no registradas o deficientemente registradas (subdeclaración de salarios o fechas de ingreso falsas), iniciadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 27.802.

El incentivo medular radica en una condonación total de la deuda por capital e intereses generada por la falta de pago de aportes y contribuciones destinados a los subsistemas de la seguridad social (jubilaciones, asignaciones familiares y Fondo Nacional de Empleo). Para la porción de deuda que no resulte alcanzada por la condonación, el decreto instruye a arca a implementar un plan de facilidades de pago con condiciones financieras sumamente favorables.

En los consorcios es muy frecuente arrastrar contingencias severas por haber registrado de forma deficiente las jornadas de los suplentes de fin de semana, personal jornalizado de limpieza, cuidadores de cocheras o personal contratado a través de empresas de servicios no habilitadas. El Decreto 409/2026 representa una ventana excepcional de amnistía financiera. Permitirá a las administraciones sanear los registros de empleo del personal del edificio ante arca, eliminando pasivos ocultos y extinguiendo el riesgo de multas previsionales e intereses punitorios acumulados que, históricamente, ponían en jaque el patrimonio del consorcio mediante expensas extraordinarias impagables.

Para resguardar la responsabilidad legal de la administración, se deben adoptar de forma inmediata las siguientes directivas:

1.- No innovar respecto al libro de sueldos: a pesar de la desregulación formal del Decreto 407/2026, ratificamos la obligación práctica de mantener el Libro de Sueldos Digital. Es el único escudo probatorio eficaz ante la justicia del trabajo.

2.- Adecuación tecnológica de las liquidaciones: reestructuración de los recibos para visibilizar de forma desagregada el cuadro de "Costo Total Empleador" exigido por el Anexo III.

3.- Auditoría estricta de licencias médicas: notificar formalmente al personal del consorcio que ya no se reconocerán certificados médicos en soporte papel que estén por fuera de los ecosistemas digitales obligatorios del renapdis y refeps.

Hola.

¿Me pueden decir si en la rendición de cuentas de los trabajos que se hacen en el edificio el administrador tiene que presentar factura de los materiales comprados?

El plomero que mandó el administrador pone un importe en las facturas y dice que ahí están incluidos los materiales. Pero no dice cuánto es de mano de obra y cuánto de materiales.

Silvia

El administrador tiene la obligación legal absoluta de presentar las facturas detalladas de los materiales comprados, y no puede aceptar un importe global que mezcle mano de obra y materiales. Esta práctica, lamentablemente común, vulnera el derecho a la información de los copropietarios y viola las normativas vigentes, tanto a nivel nacional como local. El Código Civil y Comercial de la Nación establece en su artículo 2067, inciso d, que el administrador debe administrar los fondos del consorcio y rendir cuentas documentadas, lo que significa que cada gasto debe tener su comprobante de respaldo real. A su vez, el artículo 859 refuerza que la rendición de cuentas debe ser instruida y documentada, especificando los ingresos y egresos de manera cronológica y acompañando los comprobantes originales. Por lo tanto, si un plomero realiza un trabajo y compra materiales, el administrador debe exigirle el desglose en la factura o, en su defecto, los tickets de compra de la ferretería o corralón para demostrar cuánto costó cada insumo.

En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 941 y sus reformas son todavía más estrictas al respecto. El artículo 10 de esta ley regula los requisitos obligatorios para las liquidaciones de expensas, exigiendo detallar con precisión los datos del proveedor, el número de factura, el monto y el concepto exacto del gasto. Si el administrador acepta una factura bulto donde todo viene cerrado en un combo, le resulta imposible cumplir con este formato legal porque el concepto queda difuso y se oculta el verdadero destino de los fondos. Además, el artículo 9, inciso f, de la misma ley obliga al mandatario a conservar la documentación del consorcio en forma ordenada y garantizar el libre acceso de los copropietarios a ella. Al no contar con los comprobantes de los materiales, el administrador incumple su deber de custodia.

Aceptar conceptos globales sin la debida discriminación patrimonial deja al administrador expuesto a denuncias y severas multas ante Defensa del Consumidor por infracción a los deberes de transparencia y liquidación deficiente. Para los propietarios, la herramienta inmediata es impugnar ese gasto en la liquidación de expensas y exigir formalmente, por escrito, la exhibición de los comprobantes que respalden el valor real de los materiales supuestamente adquiridos.

Atte.

¡Hola Carina!

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publica las entidades habilitadas para dictar tanto el curso de primera vez como el de renovación. 

Es un archivo PDF que se puede descargar en tu computadora, tablet o celular. Contiene el nombre de la entidad, su dirección, su correo electrónico y su teléfono. Algunas están asociadas a universidades, otras a entidades civiles relacionadas con el sector, muchos son de proveedores de bienes o servicios para la propiedad horizontal y en algunos casos con estudios de profesionales privados.

https://static.buenosaires.gob.ar/sites/default/files/2026-02/Entidades%20Habilitadas%2020_08_2025%20%281%29.pdf

Una alternativa gratuita es la que brinda el Centro De Educación No Formal Gobierno De La Ciudad brinda.

https://buenosaires.gob.ar/gcaba_historico/informe/administracion-de-consorcios-de-propiedad-horizontal-modulo-juridico

Un saludo cordial.

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