La homologación tácita podría estar el 2 de mayo

[BPN-15/03/24] El pasado 13 de marzo los miembros paritarios completaron los requerimientos que la Asesoría Legal de la Secretaría de Trabajo señaló que faltaba para homologar el último acuerdo laboral. El trámite ya se remitió y quedó a la espera de un dictamen legal positivo que permita homologar el acuerdo del 45% de aumento para febrero ^[1].

Todo hace suponer que de estar todo completo y aunque la Secretaría de Trabajo se niegue a homologarlo (por ejemplo por razones políticas) el acuerdo podría estar homologado tácitamente el 2 de mayo.

Señaló que faltan las escalas salariales, la representación gremial de un representante de los trabajadores y la representación gremial de los representantes de la UADI (Unión Administradores de Inmuebles).

Por esta razón, excluyó la posibilidad de considerar tácitamente homologado el acuerdo. Indicación que reiteró con otras palabras al finalizar el escrito: "Corresponde dejar indicado que el plazo previsto por el artículo 6º de la Ley N° 23.546 no ha comenzado a computarse".

El 23 de enero se firmó un acuerdo que otorga un 45% de aumento sobre las escalas de enero y una retención del 2% para un fondo de comunicación y estudio que administra el SUTERH.

El 25 de enero se presentó para su homologación.

El 19 de febrero (25 días después) UADI, AIERH y CAPHyAI lo ratifican.

El 20 de febrero (26 días después) lo ratifica el SUTERH.

El 26 de febrero los paritarios firmaron un acuerdo de homologación tácita.

El 27 de febrero el SUTERH publicó en su sitio web ese acuerdo, la escala salarial de febrero y lo dio por homologado. Sin embargo, la escala salarial da un 68,3% sobre la de enero y no los 45% acordados.

El 28 el SUTERH publica un nuevo juego de escalas desde octubre hasta febrero con lo cual todos los sueldos, formulario 931, aportes y contribuciones sindicales y los libros de sueldos confeccionados durante esos meses quedaron mal presentados y abonados. Sin embargo, Pequeñas Noticias detectó que a la escala de noviembre le faltó calcular un 11% de aumento por lo que si bien desde ese mes en adelante todas las escalas quedaron mal nunca se volvieron a corregir.

El 1º de marzo el SUTERH ingresó a la Secretaria de Trabajo el acuerdo de homologación tácita.

El 5 de marzo la Asesoría Legal de la Secretaría de Trabajo denuncia faltantes y explica que los plazos para una homologación tácita corren a partir de la presentación completa y acabada de toda la documentación.

El 11 de marzo los miembros paritarios realizan una nueva presentación ante la Secretaría de Trabajo justificando los faltantes señalados en el dictamen y comienzan a cumplimentar lo exigido.

El 13 de marzo se gira el material completado a la Asesoría Legal a la espera de su dictamen

La batalla por los salarios se está dando en las homologaciones

[BPN-15/03/24] Durante la última semana varios medios denunciaron "demoras" y hasta "frenos" a las homologaciones de los acuerdos de –como mínimo- ocho gremios entre los que se encuentra el de encargados de edificios. El miércoles 13 de marzo funcionarios de la Secretaría de Trabajo señalaron a Clarín y El Comercial que "Hay algunos acuerdos que no se van a homologar nunca" en referencia directa al último incremento negociado por el SUTERH ^[0].

Por otra parte, Javier Milei designó al dirigente industrial Julio Cordero como nuevo secretario de la cartera laboral en reemplazo de Omar Yasín. Como antecedente se subraya que Cordero participó en la redacción del capítulo de reforma laboral del mega DNU 70/2023 de desregulación estatal que Milei presentó a fines del año pasado, apartado que se encuentra trabado en la Justicia. O sea que las perspectivas no parecen buenas para los trabajadores.

Mientras tanto, la Secretaría de Trabajo explicó que las demoras en las homologaciones se deben a que -producto de la aceleración de la inflación- la cartera laboral pasó de legalizar un acuerdo por año a uno cada dos meses e inclusive uno mensual.

Sin embargo, funcionarios de la Secretaría de Trabajo comentan en off que tienen orden de aumentar sólo acuerdos que recompongan los salarios entre dos y tres puntos por debajo de la inflación. "La orden de Caputo es no validar aumentos mayores al 14% en marzo y 9% en abril", explicaron voceros de Trabajo ante la consulta de un medio nacional.

Del análisis de los eventos de las últimas semanas se puede apreciar que el enfrentamiento no es de encargados de edificios solamente. Se declaró una guerra entre los sindicatos y el Gobierno nacional que va escalando día a día y el campo de batalla elegido es precisamente la homologación de los convenios colectivos de trabajo porque es una herramienta fundamental en el mundo del trabajo.

La redacción de Pequeñas Noticias preparó un informe días a día de las novedades en las homologaciones de la última semana:

El primero en advertir que se presentaban "importantes demoras" en la homologación de algunos acuerdos salariales al que consideró "un proceso esencial para la actualización y efectividad de las condiciones laborales acordadas" fue Ignacio online el pasado 7 de marzo ^[1].

Lo atribuyó a cambios introducidos por el Ministerio de Capital Humano en el procedimiento de homologación de los acuerdos salariales aunque no cerró la posibilidad de que también se debiera a "cuestiones políticas".

Desde el punto de vista de los procedimientos, ahora los acuerdos son revisados por un equipo de abogados que realiza un análisis más exhaustivo que el utilizado previamente. Este cambio ha generado un cuello de botella en el proceso retrasando significativamente la homologación.

Por otra parte, la inflación obligó a realizar acuerdos salariales por períodos cada vez más cortos lo que recargó de trabajo administrativo al ministerio.

Sin embargo, para Ignacio online "las justificaciones oficiales no han logrado aplacar el escepticismo entre los afectados. La ausencia de explicaciones convincentes, especialmente en casos aparentemente sencillos como el acuerdo de servicio doméstico, alimenta dudas sobre las verdaderas intenciones detrás de estos retrasos", y explicó: "El ajuste de las escalas salariales de este sector no debería requerir análisis técnicos prolongados ya que se basa en simples multiplicaciones matemáticas".

El 8 de marzo Mundo Gremial denunció que "El Gobierno nacional frenó la homologación de la paritaria de Camioneros y el gremio de Hugo y Pablo Moyano prepara medidas de fuerza en todo el sector" ^[2].

El argumento oficial fue la ausencia de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) en las audiencias convocadas por la autoridad laboral.

El 10 de marzo una investigación exclusiva de Ámbito develó que por lo menos una decena de sindicatos no cuenta con la homologación legal de sus acuerdos por aumentos de sueldo con empresas y de ese modo, la Secretaría de Trabajo los priva de una herramienta clave para exigirlos ^[3].

En lo que calificó como "una mecánica extendida del Gobierno" explicó que existe "una evasión deliberada de su rol de contralor en las negociaciones salariales que habilita a los empresarios a retacear aumentos pactados por las propias cámaras sectoriales"

Señaló que "la maniobra pudo ser verificada por Ámbito no sólo en el gremio de Hugo y Pablo Moyano sino también en los de alimentación, textiles, encargados de edificios, plástico, aceiteros, molineros, mineros y pasteleros, entre otros. Incluso un grupo de organizaciones del rubro industrial prepara por esta omisión una presentación judicial contra la administración libertaria".

Según el medio "en reserva, los funcionarios reconocen ante los dirigentes que las firmas sólo avanzan si los acuerdos contemplan las pautas salariales dictadas por el ministro de Economía: no más de 19% para enero, 15% para febrero y 12% para marzo". Bastante menos que el 45% para el mes de febrero acordado por Víctor Santa María (SUTERH) con las tres entidades de administradores ^[4] de consorcios que representan a los edificios (empleadores).

Una fuente que prefirió mantener su identidad en reserva señaló a Pequeñas Noticias que en la Secretaría de Trabajo tienen orden de no homologar ningún acuerdo que supere el valor de la inflación de ese mes menos dos o tres puntos. O sea que según estas cuentas en febrero debería ser –según el INDEC- del 13%, en marzo –estimada por el REM- del 11,5% y en abril del 9,4%.

El 11 de marzo el presidente Javier Milei echó a al secretario de Trabajo, Omar Yasín, luego de la polémica generada el fin de semana por los salarios del Gabinete y del propio jefe de Estado. "Lo he despedido por un error que no debió haber sucedido. Lo están notificando en este momento", aseguró el jefe de Estado ^[5]. En ese momento se especuló que esta situación complicará aún más la homologación de acuerdos paritarios.

Por otra parte, el adjunto del gremio de camioneros cruzó al gobierno nacional por frenar la homologación de la paritaria de ese gremio que como encargados de edificios estipula un aumento del 45% pero en este caso en dos tramos del 25% en marzo y 20% en abril. Camioneros logró cerrar la negociación con las tres cámaras del sector pero una impugnación de tres empresarios congeló la oficialización ^[6].

El 13 de marzo funcionarios de la Secretaría de Trabajo señalaron a Clarín y El Comercial que "hay algunos acuerdos que no se van a homologar nunca" en referencia directa al último incremento negociado por el SUTERH.

En su oportunidad, fuentes cercanas al exministro Yasín justificaron la no homologación de la paritaria en una decisión explícita del ministro de Economía, Luis Caputo. "La orden de Caputo es no validar aumentos mayores al 14% en marzo y 9% en abril", explicaron voceros de Trabajo ante la consulta de Clarín

Para Santa María el Ministerio sólo es árbitro si no hubo acuerdo

[BPN-15/03/24] El pasado 13 de marzo Víctor Santa María, titular del SUTERH (Sindicato Único de Trabajadores Edificios de Renta y Horizontal) sostuvo que el último acuerdo salarial "está homologado" aunque reconoció que "lo que no hay es un acta del Ministerio de Trabajo pero sí las partes se han puesto de acuerdo".

Explicó: "El ministerio sólo hace de árbitro es estos casos cuando no llegan a un acuerdo las partes. Según la ley está perfectamente homologado. Lo hemos dicho varias veces".

Advirtió a aquellos que no paguen el aumento que irán con "con toda la fuerza de la ley para inspeccionar y para para poner al día lo que tiene que ver con todo lo que es la vida de ese consorcio para tratar de que se pague ese aumento".

Adelantó que ya se reunió con los "empresarios" del sector [las entidades de administradores] para trabajar el aumento de marzo y que en 10 o 15 días va a tener novedades y señaló que su objetivo es seguir "recuperando salarios".

La redacción de Pequeñas Noticias transcribió para sus lectores los pasajes relacionados con los temas paritarios:

La CAPHyAI pidió perdón y dio explicaciones

[BPN-15/03/24] El pasado 15 de marzo la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) negó que los miembros paritarios hayan concedido a la ligera "beneficios abusivos como ha circulado en algunos medios y foros del sector inmobiliario". Señaló que "la negociación paritaria con la FATERYH ^[1] es dura y que en algún punto las fuerzas son desiguales".

Explicó que en los acuerdos "se ve reflejada ni más ni menos que la realidad de la economía de un país que se encuentra en shock y atravesando una de las mayores crisis de los últimos 30 años" y publicó un gráfico en el que comparó las escalas salariales de los encargados de edificios con el IPC (Índice de Precios al Consumidor), la Canasta Básica Total (CBT) y el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC).

Reconoció que los acuerdos salariales deben ser homologados: "Un principio básico del Derecho establece que los acuerdos son ley para las partes. Sin embargo, dada la particularidad de los convenios laborales se requiere la intervención del Estado en este caso particular a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social al sólo fin de verificar el cumplimiento de ciertos requisitos formales en el marco de los acuerdos paritarios todo lo cual se encuentra regulado no sólo por leyes nacionales, sino también por Tratados Internacionales a los cuales nuestro país ha adherido".

Sobre este último punto explicó sólo una de las razones por las que la Secretaria de Trabajo debe supervisar los acuerdos y homologarlos: "Esto resulta absolutamente atinado ya que nunca deberían convalidarse convenios que atenten contra cuestiones de orden público ni de interés general. De igual forma, también es necesario que la autoridad estatal verifique que las partes intervinientes sean efectivamente quienes cuentan con las facultades legales para representar a la masa empleadora y la masa trabajadora".

Como acotación al margen, es de recordar que en tiempos pasados los acuerdos se homologaban con sus correspondientes escalas proporcionando seguridad jurídica, fiscas y laboral a todos los actores de la comunidad consorcial. Desde hace unos años eso se perdió eclosionando finalmente en la situación contradictoria y confusa de los últimos meses.

Con respecto a las escalas salariales de enero y febrero sólo explicó: "El incremento del 45% fijado para febrero/24 ha sido calculado sobre la escala del periodo enero/24 con más los efectos de la recomposición salarial acordada en fecha 06/11/23". No hizo ninguna mención a las escalas salariales publicadas por el SUTERH desde octubre hasta febrero ni que a la escala de noviembre le faltó aplicar el 11% pactado el año pasado lo que alteró las subsiguientes.

Como conclusión afirmó que "no existen motivos para impugnar el acuerdo salarial suscripto por las entidades paritarias" aunque no se entiende si el sujeto que no tendría motivos de impugnar el acuerdo es la autoridad de aplicación porque ya se cumplieron todos los pasos formales o los administradores que siguen teniendo que decidir si el aumento es o no legal para pagarlo.

Sin embargo, a pesar de las presiones del SUTERH para que se considere el acuerdo como homologado, la CAPHyAI reconoció que algunos socios de la entidad "...han optado por liquidarlos según los montos antiguos a los cuales se les adicionó un concepto complementario de haberes designado como ‘a cuenta de acuerdo paritario en trámite’...".

Pidió disculpas por la parte que les toca ante la "incertidumbre causada por esta situación inédita e inesperada [que] ha generado grandes complicaciones en la tarea de la liquidación y pago de haberes así como también en lo que compete a la previsión de gastos proyectados al mes de marzo".

Sin embargo, apuntó sin nombrarlos contra "ciertos actores" que aprovechan la atención masiva sobre un tema para buscar protagonismo: "Sabemos diferenciar perfectamente la preocupación genuina de ciertas administraciones en contraste con el oportunismo desplegado por ciertos actores del medio de la propiedad horizontal que permanentemente pululan en este ámbito a la espera de tomar impulso con situaciones que captan la atención masiva, con el sólo fin de buscar un efímero protagonismo que nunca pudieron alcanzar por méritos propios". Incógnita.

Ahora los trabajadores podrán elegir su obra social

[BPN-15/03/24] El pasado 20 de febrero el presidente de la Nación, Javier Milei, mediante tres decretos de necesidad y urgencia realizó cambios significativos para los usuarios de obras sociales sindicales y empresas de medicina prepaga.

La medida alcanzará a 14 millones de trabajadores en relación de dependencia, sindicalizados, monotributistas, empleadas domésticas, y a más de 5 millones más que están en el sistema general.

La revista Perfil señaló: "Con esto, es probable que desaparezcan las obras sociales que funcionan solo como intermediarias y no ofrecen prestaciones", y agregó que desde el gobierno han señalado que éstas operan como supuestas "cajas negras políticas" al intervenir en la transacción solo para obtener un porcentaje de ganancia.

Con respecto a las obras sociales del SUTERH ^[2] y la FATERyH ^[3] habrá que ver cómo incide esta medida. Sin embargo, llama la atención que desde noviembre de 2020 hasta enero de 2024 las dos obras sociales perdieron en total el 19,1% de sus afiliados, a pesar de la restricción recientemente derogada ordenada por el expresidente Fernández ^[4].

Días antes –el 15 de febrero- la Obra Social del Personal de Edificios de Renta y Horizontal (OSPERyH) había emitido un duro comunicado ante lo que calificó "el feroz ataque" del Gobierno Nacional a las obras sociales en beneficio de las empresas de salud prepaga.

Puntualmente señaló que durante el mes de enero, el gobierno no le giró a las prestadoras sindicales unos 5 mil millones de pesos correspondientes al programa SUR que subsidia los tratamientos de alta complejidad y los medicamentos de alto costo.

Por otra parte, denunció que el gobierno proyecta una reducción de alrededor de un tercio de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que actualmente se destinan para pagar los servicios de transporte y educación para discapacitados, lo que obligaría a las obras sociales a financiarlos con recursos propios.

Agregó también que quiere eliminar los subsidios que las obras sociales sindicales reciben por parte del Estado. Se trata del Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales (SANO), que brinda el Estado a través de la Superintendencia de Servicios de Salud ^[5]

Bajaron los puestos de trabajo por segundo año consecutivo

[BPN-15/03/24] Durante el año pasado disminuyó en un -3,36% la cantidad de puestos de trabajo del sector de la propiedad horizontal con respecto al mismo período del año pasado. Es el segundo año consecutivo que los puestos de trabajo bajan y también se venía advirtiendo este resultado final en las mediciones trimestrales ^[1]. Por otra parte, el promedio anual de los ingresos mensuales aumentó un 123,32%.

En promedio, desde durante el 2023 hubo -1.894 puestos de trabajo menos que durante el 2022.

Desagregando por género, los varones perdieron 1.460 (-3.59%) puestos de trabajo durante el 2023 mientras que las mujeres 433 (-2,77%) puestos. En total suman los ya mencionados 1.894 puestos de trabajo menos para el año.

Durante el 2023 la remuneración promedio anual informada por el Ministerio de Trabajo subió de 124.870 pesos mensuales a 278.864 pesos (123,32%) con respecto al 2022.

Hay que tener en cuenta que en 2023 la remuneración mensual comenzó en enero con 182.714 pesos mensuales y terminó en diciembre con 596.022 pesos mensuales. Eso representó un aumento interanual de diciembre a diciembre de un 139,14%.

Durante el año pasado el ingreso promedio de un varón fue de 348.592 pesos mensuales y de una mujer 209.137 pesos.

El ingreso promedio de una trabajadora se mantiene en el 37,5% del de un trabajador. Sin embargo, como las escalas salariales del sector no discriminan varones y mujeres –o sea que a igual función y categoría igual remuneración- quedará por investigar las causas de estas diferencias.

Más en detalle, el incremento promedio anual de ingreso los varones durante el 2023 con respecto al 2022 fue de 191.866 pesos mensuales (122,42%) mientras que el de las mujeres fue de 116.123 pesos (124,84%).

Durante el año pasado la relación porcentual de puestos de trabajo de varones y mujeres se mantuvo en sus porcentajes históricos con mínimas variaciones.

Para confeccionar este informe se tomó en cuenta a los trabajadores alcanzado por los Convenios Colectivos de Trabajo 589/10 590/10 y no contempla al personal de las empresas de limpieza.

La fuente de los datos fue el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) que depende de la Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales (DGEyEL) cuyo superior directo es la Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales (SSPTyEL) del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Según su sitio web el OEDE es un sistema de información construido a partir de la vinculación de diversos registros administrativos adaptados para usos estadísticos. Su objetivo es elaborar un conjunto de indicadores para el análisis estructural y dinámico del empleo y de las empresas, orientado a la toma de decisiones

Comercio llevó ante la Corte el fallo que favoreció a SEARA

[BPN-15/03/24] El pasado 1º de febrero el Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal (SEC) interpuso un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la sentencia dictada por la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Ésta el 14 de diciembre de 2023 había rechazado un recurso interpuesto por el SEC contra el Ministerio de Trabajo nacional para que se deje sin efecto la personería gremial otorgada al Sindicato de Empleados de Administradoras de la República Argentina (SEARA) ^[1].

1.- Se conceda el recurso extraordinario y se eleven las actuaciones a la Corte.

2.- Se tenga por efectuada la reserva de acudir a la jurisdicción internacional.

3.- Que oportunamente la Corte revoque la sentencia recurrida y se haga lugar a la pretensión del SEC de revocar la resolución que otorgó personería gremial a SEARA.

Entre los argumentos presentados para elevar esta apelación a la sentencia, el letrado representante del SEC señaló que no se trataron las cuestiones planteadas.

El letrado del SEC explicó que "la sentencia recurrida avala la decisión administrativa permitiendo la constitución, existencia y ejercicio de derechos sindicales a entidades constituidas al margen de los requisitos legales dispuestos por la Ley 23.551 (Asociaciones Sindicales)".

Uno de los argumentos más importantes que destacó fue la "maliciosa" utilización de un informe del AIERH sobre el universo total de empleados de administradoras de consorcios en la CABA.

En un cruce de cartas documento entre el SEC y el AIERH, esta última entidad desmintió que los números informados abarcaran a todos los empleados de la ciudad –por carecer del dato- cosa que fue obviada por parte de la Sala IX al momento de dictar sentencia ^[2].

En resumen concluyeron: "La Cámara del fuero pretende validar un informe que se halla viciado de nulidad absoluta y fuera maliciosamente interpretado de manera ajena a los que el propio informante quiso válidamente informar".

En el escrito se explica que existen dos criterios para resolver problemas de jurisdicción gremial: un modelo basado en la "especificidad" y otro modelo que es más "genérico". En otras palabras, hasta ahora se adoptó el criterio de no fragmentar los gremios grandes en varios pequeños.

En sus propias palabras explicaron: "El tribunal juzgador no ha tenido en miras el criterio del Máximo Tribunal al momento de resolver la presente contienda. En este sentido ha optado por un criterio de especialidad, contrario al modelo sindical actual y ha preferido otro que a criterio de la Sala IX es más específico y de preferible elección sin dar mayores precisiones respecto a las motivaciones de su preferencia".

El letrado del Sindicato de Comercio señaló que el Ministerio de Trabajo cometió violaciones a la Ley 19.549 (Ley Nacional y Reglamentación de Procedimientos Administrativos): "En la tramitación del expediente no se le dio intervención a ninguna entidad sindical, sobre todo al comienzo del trámite administrativo. Es así que la Autoridad de Aplicación debió analizar si dentro del ámbito que SEARA pretendía ejercer representación se contaba con la existencia de una asociación previa que solape "total" o "parcialmente" dicho ámbito y/o si existía una asociación que comprenda en su personería gremial en forma "específica" o "genérica" al universo pretendido".

El letrado señaló también que a SEARA le faltan cumplimentar formalidades reglamentarias: "La ausencia de rúbrica de Libros de Afiliados y Aportes Sindicales con anterioridad al periodo de meses tenido en cuenta para el otorgamiento de la personería gremial. Del mismo expediente administrativo y de presentaciones realizadas por la entidad SEARA surge que la Rúbrica de Libros se encuentra pendiente de aprobación. Es decir que la DNAS (Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales) ha tomado en cuenta información que no resulta del todo fidedigna y válida a los fines del otorgamiento de la personería gremial ya que la entidad peticionante no contaba con los libros debidamente rubricados durante el período tenido en cuenta para dicho otorgamiento. Claro acto violatorio 15 de los artículos 44º, 53º, 54º, 55º, 56º y 65º del Código de Comercio de y de la Resolución DNAS 16 55/1993"

La cobertura de ascensores y calderas subió más de un 200%

[BPN-15/03/24] Desde el pasado 4 de marzo la cobertura de los seguros de los ascensores y las calderas de los consorcios aumentaron un 221,42%. En términos interanuales aumentó un 358,02%, un poco más que la inflación del 319,58% que estiman las fuentes oficiales para ese período.

Hasta febrero el monto mínimo de cobertura por el primer ascensor debía ser de casi 44 millones de pesos (300.000 uf) y por cada ascensor adicional poco más de 7 millones de pesos (50.000 uf). Desde el 4 de marzo ese valor trepó a los casi 142 millones de pesos para el primer caso y de poco más de 23 millones de pesos para el segundo.

Con respecto a las calderas y termotanques, mientras que hasta febrero el monto mínimo de cobertura debía ser de 59 millones de pesos para una "caldera de vapor de agua a alta presión" (400.000 uf) y 29 millones de pesos (200.000 uf) para una "caldera de vapor de agua a baja presión", a partir de marzo las coberturas subieron a 189 millones de pesos y 94 millones de pesos respectivamente.

En el gráfico que ilustra la nota se aprecia que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC supera el valor de la unidad fija. La línea roja expresa lo informado por el INDEC y lo estimado por el REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

Es de recordar que el Decreto 64/22 ordenó que a partir del 17 de agosto de 2021 cada unidad fija tendrá un valor equivalente al precio promedio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de medio litro de nafta de mayor octanaje que informe la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, estableciéndose por períodos semestrales ese valor".

Anteriormente el valor de la unidad fija se determinaba también semestralmente pero según el valor de medio litro de nafta de mayor octanaje informado por la sede central del Automóvil Club Argentino.

La obligación de contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil para cubrir daños a personas y bienes propios o de terceros causados por el uso del elevador surge del punto 2.7 del Anexo II de la Resolución 412 del 18/09/19 (BO: 24/09/19) firmada por Ricardo Pedace, director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control (AGC).

Textualmente ordena:

Por otra parte, la obligación de contratar un seguro por daños a personas o a bienes propios de terceros a causa del uso de la instalación surge del inciso 1) del punto 2.9 del Anexo III de la ya mencionada Resolución 412 que dispone:

Las denuncias contra administradores treparon al 2º puesto

[BPN-15/03/24] Durante el 2023 se produjeron 2.115 denuncias contra administradores ente al Registro Público de Administradores (RPA) porteño. Eso representó un aumento del 11,08% con respecto al año anterior. Por otra parte, del total de denuncias, las que se hicieron contra administradores subieron al 2º puesto luego de dos años de estar en el 3º puesto.

En total la Dirección General de Defensa y protección del Consumidor de la CABA (DGDyPC) recibió 14.403 denuncias por todo concepto de las cuales el 14,66% fueron contra administradores de consorcios.

Los números de 2023 rompen la barrera de las 1.984 denuncias que se produjeron contra administradores en 2019, el año anterior a la pandemia.

Desde otra lectura se observa que mientras que durante el 2022 las denuncias contra administradores representaron el 13,59% del total de denuncias que recibió Defensa al Consumidor en 2023 ese porcentaje creció al mencionado 14,66%.

Según Defensa y Protección del Consumidor porteño los diez rubros más denunciados durante el año pasado fueron:

Estos diez rubros representan el 76,8% del total de denuncias recibidas. Se observa que se mantuvieron en el primer lugar los servicios financieros. Al segundo lugar pasaron los administradores de consorcios y los servicios de telecomunicaciones pasaron del segundo al tercer lugar.

El mes en que se cursaron mayor cantidad de denuncias fue en mayo con 238 denuncias y el menor enero con 120.

Durante el año pasado se realizó una denuncia contra un administrador en la CABA cada 40 minutos. Para realizar este cálculo se tomó en cuenta que el horario de atención al público de Defensa y Protección al Consumidor fue de 9 a 15 horas (6 horas de trabajo) y la cantidad de días laborables de 2023 fueron 236.

Los datos de este informe fueron provistos formalmente por la Subgerencia Operativa de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor porteño.

Con las expensas llegará el acceso a la documentación

[BPN-15/03/24] El pasado 23 de febrero el director general de Defensa y Protección del Consumidor porteño, Carlos Traboulsi, ordenó que los administradores de consorcios en el plazo de 60 días deberán incorporar en sus liquidaciones impresas un código QR o un hipervínculo que permita a los consorcistas acceder en forma irrestricta a la documentación relacionada con la liquidación de expensas de ese periodo.

Exigió también que incorporen en el formulario de liquidación de expensas un hipervínculo al portal de la AFIP que permita acceder al estado "de los pagos realizados en concepto de aportes y contribuciones a la seguridad social de los empleados en relación de dependencia del consorcio".

Por último, ratificó la validez del envío a los consorcistas de la liquidación de expensas mediante formato digital.

Es de destacar que durante el 2023 el 38% del total de multas publicadas en el Boletín Oficial fueron por infracciones a estos dos artículos: 318 disposiciones se ordenaron por infracción al artículo 10º y 140 por violentar el inciso "f" del artículo 9º.

En total fueron 458 sobre un total de 1.210 sanciones.

De acuerdo a los registros de Pequeñas Noticias en 2017 esos dos ítems representaron el 56%, en 2018 el 69%, en 2019 el 53%, en 2020 el 55%, en 2021 el 47% y en 2022 el 43%.

Fundamentó la inclusión de un código QR en las liquidaciones de expensas en dos artículos de la Ley 941: el 10º que establece el detalle pormenorizado de la información que debe contener la liquidación de expensas y el inciso "f" del 9º que ordena no solo la conservación obligatoria de la documentación perteneciente al consorcio a cargo del administrador, sino también la obligación de garantizar a los consorcistas el libre acceso a la misma.

Zulberti lanzó la campaña ‘Consorcios Declarados’

[BPN-15/03/24] El pasado 25 de enero Andrés Zulberti, coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3, comenzó una campaña para que los consorcistas controlen que sus administradores hayan informado su edificio en las declaraciones juradas anuales ante el Registro Público de Administradores (RPA) porteño.

Es de recordar que en junio de 2021 Vilma Bouza -por aquel entonces directora del RPA- había "exhortado" a sus matriculados a declarar los consorcios "realmente administrados".

Textualmente había señalado: "Nos dirigimos a Uds. a fin de hacerles saber que este Registro Público de Administradores de Consorcios ha detectado muchos casos de inconsistencias en relación a los consorcios declarados por los administradores en los términos del artículo 12º de la ley 941 y los consorcios de propiedad horizontal efectivamente administrados", y llamó a "regularizar dicha situación" ^[1].

Si el consorcio fue declarado aparecerá el nombre del administrador, su domicilio, su número de CUIT y su número de matrícula. Si no aparecen datos es que no fue declarado.

Pequeñas Noticias realizó a Zulberti una breve entrevista en la que explicó los motivos para impulsar la campaña ‘Consorcios Declarados’:

Ahora ACoPH podrá verificar si los administradores están registrados

[BPN-15/03/24] El pasado 4 de marzo el director del Registro Público de Administradores de Consorcios (RPAC) bonaerense, Marcos Hernández, ordenó que se envíe semestralmente a la presidenta de ACoPH (Asociación de Consorcistas de Propiedad Horizontal de Mar del Plata), Sra. Ana María Huertas, el listado actualizado de los administradores de Mar del Plata correctamente registrados.

Con esta información ACoPH podrá informar a los consorcistas que así lo requieran si el administrador que ya administra o se postula para un edificio nuevo este correctamente inscripto en el RPAC, tal cual lo exige la Ley 14.701.

Así lo ordenó Hernández mediante la Disposición 172/2024.

En los considerandos de la disposición Hernández señaló:

Es de recordar que el 31 de enero la Sra. Huertas le había informado al director del RPAC bonaerense que el buscador de administradores no funcionaba y le había solicitado que proporcione la lista de administradores ya inscriptos en el partido de Gral. Pueyrredón.

Le había pedido también dar más importancia a ACoPH y trabajar en conjunto para facilitar el control del cumplimiento de la ley. En ese momento le reprochó que "se le da más importancia a la Cámara de Administradores de Mar del Plata" aunque "la gran mayoría de ellos hacen caso omiso a esta ley" ^[1]

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Este año se podrán presentar las DDJJ hasta el 30 de noviembre

Edificio Cruz de Malta, sede de Defensa y Protección del Consumidor porteño y el Registro Público de Administradores [Foto Pequeñas Noticias]

[BPN-15/03/24] El pasado 8 de febrero Carlos Traboulsi, director general de Defensa y Protección al Consumidor porteño, dispuso que los administradores de consorcios que hayan ejercido la actividad durante el 2023 tendrán tiempo de realizar las Declaraciones Juradas (DDJJ) anuales de los consorcios que administran desde el pasado 1º de marzo hasta el 30 de noviembre inclusive (artículo 3º).

Se resaltó:

Es de recordar que por otra parte cada administrador deberá continuar renovando anualmente su matrícula personal según la fecha indicada en el último certificado expedido por el Registro Público de Administradores (RPA) porteño.

También se destacó:

Así se ordenó mediante la Disposición 916 que se publicó en el Boletín Oficial el 26 de febrero. Ésta incorporó también tres anexos: el primero es el modelo oficial de la constancia de inscripción del administrador, el segundo es el modelo oficial de certificado para cada uno de los consorcios que administró el año pasado y el tercero el "Manual de Procedimiento DDJJ".

Según éste al administrador que deba renovar su matrícula se le exigirá:

1. Completar el formulario con datos de la administración según se trate de persona física o jurídica.

2. Completar el formulario de los consorcios que administra.

3. El Certificado del Registro de Juicios Universales expedido durante los últimos seis meses anteriores a la realización del trámite.

4.- Certificado del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal expedido durante los últimos seis meses anteriores a la realización del trámite. El certificado debe pasar digitalmente desde su PC al sistema de la DDJJ.

6.- Constancia de CUIT actualizada.

7.- Certificado de curso de Basura Cero. Los administradores que hayan renovado su matrícula en tiempo y forma durante los periodos 2019, 2020, 2021 o 2022 y que hayan presentado el mismo en dicha oportunidad, no será necesario que vuelvan a tomar el curso.

Para completar la DDJJ anual de los consorcios administrados se les exigirá a los mandatarios presentar de cada uno de ellos:

1. Todas las declaraciones juradas emitidas como formulario 931 AFIP y sus correspondientes pagos realizados. Deberán ser escaneados en un solo archivo por todos los empleados de cada consorcio declarado.

2.- El comprobante de pago del curso de SERACARH de cada uno de los encargados del consorcio.

3.- El acta de asamblea que le aprueba la rendición de cuentas destacando el punto donde se trató la moción y se aprobó.

4.- El Seguro de Responsabilidad Profesional correspondiente al período del año declarado o el acta de asamblea donde se aprobó que el patrimonio del administrador será garantía de su gestión.

5.- Copia digitalizada de la 1° y 2º hoja de la póliza de Seguros de daños por responsabilidad civil del consorcio.

6.- Constancia de CUIT o el Código de Identificación Tributaria (CDI) del consorcio.

7. El acta de asamblea donde se haya tratado y aprobado el plan destinado a la limpieza y desinfección de tanques como así también el cuidado de aguas del consorcio.

Jornada 'Nuevas miradas en la administración de consorcios'

[BPN-15/03/24] El próximo jueves 21 de marzo el Gobierno de la CABA organizó una jornada sobre propiedad horizontal que se desarrollará bajo el título "Nuevas miradas en la administración de consorcios".

El lunes 18 se tratará el tema "Cambio de hábitos: nuevos paradigmas del consumidor"", el martes 18 se desarrollará el tema "Consumo: Nuevos paradigmas del derecho" y el miércoles 20 "El panorama del consumo actual, nuevos paradigmas".

14:10 hs.- La apertura estará a cargo del director de general de Defensa y Protección al Consumidor porteño, Dr. Carlos Lionel Traboulsi.

14:20.- El Adm. Miguel Ángel Summa, presidente de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) abordará "La mirada de los administradores de consorcios".

14:50.- La Lic. Beatriz Laura Colucci, tesorera de la Asociación Inmobiliaria Edificios de Renta y Horizontal (AIERH), disertará sobre "La mirada técnico/profesional".

15:10.- El tema "Problemas frecuentes en los consorcios" estará a cargo del Dr. José Luis Alonzo Gómez, asesor de la CAPHyAI.

15:40.- Sobre "La mirada de los consorcistas" hablará la Dra. Victoria Loisi directivo de la Fundación Liga del Consorcista.

16:10.- El tema "Problemas y soluciones en el consorcio" estará a cargo del Dr. Eduardo Awad, presidente de la Asociación de Propietarios, Consorcios y Consorcistas de la RA (APCCRA).

17:30.- Claudio García de Rivas, director de Pequeñas Noticias y productor y conductor del programa de radio Consorcios 360 abordará "La mirada periodística" sobre la propiedad horizontal aunque no adelantó sobre qué tema puntual se concentrará.

17:50.- Como cierre el Dr. Diego Sarrabayrouse, coordinados del RPA porteño desarrollará "La mirada del Registro Público de Administradores"

Vuelven a buscar financiar obras de mantenimiento en consorcios

[BPN-15/03/24] El pasado 6 de marzo tres legisladores porteños del bloque Unión por la Patria presentaron un proyecto de ley para que se subsidie o se otorguen créditos a consorcios de más de 20 años de antigüedad y de hasta 20 unidades funcionales para que puedan realizar pequeñas obras de mantenimiento y de "puesta en valor" de sus edificios. La asistencia de ninguna manera podrá ser destinada a ampliaciones.

Esta es una versión reciclada de un proyecto casi igual que presentaron seis legisladores del Frente de Todos el 5 de junio de 2020, en plena pandemia. A esta versión remozada se le realizaron algunos retoques cosméticos en su redacción y se eliminaron aquellos párrafos que aludían al COVID-19.

Para lograr su objetivo los legisladores vuelven a proponer crear el "Programa de Puesta en Valor de Edificios de Propiedad Horizontal" que dependerá del IVC (Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires).

Por esa razón el proyecto propone agregar al IVC (Ley 1.251) dos nuevas obligaciones: "Fomentar el fortalecimiento de la práctica consorcial, en edificios de pequeña y mediana escala, a través del asesoramiento, tanto en lo legal como en lo técnico; como así también el financiamiento mediante créditos y subsidios para la ejecución de obras de mediana y baja escala".

La iniciativa fue presentada por Matías Barroetaveña, Claudia Neira y Juan Manuel Valdés de la Unión por la Patria.

De aprobarse el proyecto habrá tres tipos de ayuda para los consorcios: Un subsidio de hasta el 50% del costo de las obras, siendo éste quien deba abonar el resto de la erogación que demandará la obra; un crédito a tasa fija con un plazo máximo de 5 años por el 80% del costo de la obra o un subsidio por el 100% del costo.

Es de destacar que los copropietarios cuyos consorcios hayan sido incluidos en el programa, abonarán por el transcurso de dos años una alícuota adicional del 3% del ABL (Alumbrado Barrido y Limpieza). Ese porcentaje será destinado de manera exclusiva al IVC y será reinvertido en ampliar los alcances del programa. Sólo en aquellos casos que el IVC subsidie el 100% de las obras, los propietarios estará exentos de abonar esta alícuota adicional

La iniciativa prevé 16 tipos de obras diferentes para las que el consorcio puede solicitar ayuda de las que se enumerará las primeras a modo de ejemplo: Impermeabilización de azoteas; pintura e impermeabilización de frentes, contrafrentes y muros medianeros; reemplazo de cañerías de alimentación a medidores y a cada unidad de gas natural; reemplazo de caños de alimentación hasta tanque de reserva y distribución a cada unidad de agua; reparación o reemplazo de caños pluviales o cloacales; etc.

De todos modos, si el consorcio tuviera que realizar alguna obra que no se encuentra en las tareas tipificadas por la ley, quedará en manos del IVC la aprobación de la misma.

Los trabajos a realizar en los consorcios sólo los podrán realizar cooperativas de trabajo con domicilio en el AMBA [1], PyMEs de hasta 30 empleados con domicilio en la CABA o emprendedores y profesionales de la construcción que tengan domicilio en el AMBA con una experiencia mínima de tres años en las tareas que deberán realizar.

Los autores de la iniciativa argumentaron: "En el actual contexto de deterioro de los ingresos populares, muchos de los residentes de las propiedades de propiedad horizontal de pequeña y mediana escala se encuentran imposibilitados de realizar acciones de mantenimiento imprescindibles para la habitabilidad segura en estas construcciones.".

Agregaron también: "El Estado debe cumplir un rol trascendental en términos habitacionales, es hora de rescatar ese espíritu de la ley de propiedad horizontal, en tanto política pública de intervención en el mercado para generar oportunidades de acceso a la vivienda para los sectores medios, y brindar herramientas que ayuden a la buena conservación de los edificios, la reconstrucción de los consorcios y trabajo para los sectores no concentrados de la construcción. Por su escala, las obras propuestas en el presente proyecto pueden utilizar mano de obra local, lo que en la actual coyuntura sanitaria resulta fundamental, ya que no precisa movilizarse en transporte público".

En tiempos de motosierra buscan agregar nuevas obligaciones

[BPN-15/03/24] El pasado 1º de marzo la legisladora porteña María Inés Parry (UCR/Evolución) presentó un proyecto para crear un Sistema de Etiquetado de Sustentabilidad de Inmuebles en la CABA. La iniciativa busca brindar información a propietarios, inquilinos e inversores sobre la performance energética, el manejo de aguas y residuos de cada inmueble.

De ser aprobada la iniciativa, la certificación de sustentabilidad de los inmuebles será opcional y voluntaria para los propietarios y constructores de la CABA por un plazo de 5 años desde la reglamentación de la presente ley.

Cumplido ese plazo el GCBA puede optar por prorrogarla por otros 5 años o establecer su obligatoriedad para nuevas construcciones. Cumplidos 10 años desde la reglamentación de la presente ley, la certificación de sustentabilidad de los inmuebles será obligatoria en la CABA para toda nueva construcción o remodelación que supere el 50% de los metros cuadrados preexistentes (artículo 3º).

El sistema de etiquetado se basará en una escala de calificación de la letra "A" a la "G", siendo la "A" la más eficiente y la "G" la menos eficiente. La etiqueta se otorgará luego de una evaluación realizada por un certificador habilitado y tendrá una validez de 10 años (artículo 10º).

El costo de la certificación estará a cargo del titular del inmueble. La factura emitida por el certificador habilitado podrá ser deducida de los costos de los trámites para obras civiles en la CABA (constructora) y/o del Impuesto Inmobiliario (propietario) según corresponda con un tope máximo (artículo 12º).

Al momento de vender o alquilar un inmueble, el vendedor o locador estará obligado a entregar al comprador o locatario la Etiqueta de Sustentabilidad del Inmueble. Los anuncios de venta o alquiler también deberán incluir información sobre la certificación de sustentabilidad (artículo 11º).

El proyecto que ingresó a la Legislatura con el número 18-D-2024 se encuentra en la comisión de "Planeamiento Urbano" para luego será girada a "Ambiente" y "Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria". La iniciativa cuenta con 19 artículos de los cuales uno es de forma.

Según el artículo 8º de la iniciativa los criterios de sustentabilidad energética incluyen y no se limitan a la identificación de los medidores de consumo. Se verificará:

1.- La evaluación del sistema de ingreso de energía al establecimiento en cuanto a su capacidad y control de condiciones de funcionamiento.

2.- La evaluación del sistema de iluminación que incluye la tecnología aplicada en artefactos para la eficiencia energética así como la utilización de luz natural.

3.- La evaluación del sistema de climatización, y del sistema de calderas y radiadores si aplicara, contemplando además la transmitancia térmica para cada componente de la envolvente, las condiciones higrotérmicas, los riesgos de condensación; el análisis de motores, bombas, y ascensores desde su consumo y eficiencia energéticos.

4.- El uso de energías renovables.

5.- Se tomará en cuenta para la definición de los criterios el informe técnico IF-2022-132421445-APN-DNGE-MEC de la Dirección Nacional de Generación Eléctrica de la Subsecretaría de Energía Eléctrica.

Los criterios relacionados con el manejo de aguas tienen como eje central la eficiencia en cada una de las etapas del manejo de aguas, incluyen:

1.- La medición del consumo, el ingreso de agua a la propiedad y el sistema de bombeo

2.- La ubicación y altura del/los tanques de agua, el sistema de distribución y la tecnología de ahorro en el consumo de agua de los artefactos y diferentes dispositivos de distribución de agua

3.- El uso de fuentes no potables y la utilización de sistemas para la reutilización de las aguas de lluvias.

El proyecto especificó que los criterios relacionados al manejo de los residuos incluyen y no se limitan al análisis de la infraestructura destinada a la separación de residuos y su almacenamiento temporario. Cuando dicen "no se limitan" significa que la lista no es taxativa y pueden agregar más.

Insisten con crear una oblea de eficiencia energética

Fotoilustración creada sobre fotos de Pequeñas Noticias y la Legislatura porteña.

[BPN-15/03/24] El pasado 1º de marzo tres legisladores de Vamos X Más volvieron a presentar en la Legislatura porteña un proyecto de ley que crearía una nueva oblea para propietarios y consorcios. Se llamaría –de ser aprobado- "Etiqueta de eficiencia energética" y su objetivo sería "brindar información a los propietarios y locatarios de inmuebles sobre los factores de incidencia en el consumo de energía" [sic].

Es de recordar que los consorcistas porteños pagarán este año casi 1.400 millones de pesos (u$s 1,7 millones de dólares) por las tres obleas ya existentes: la de ascensores, la de calderas y la de instalaciones fijas.

Desde la creación de cada una de estas obleas, el Gobierno de la CABA recaudó en total más de 1.700 millones de pesos (1.729.885.513) o más de 32 millones de dólares (32.534.420) por un servicio imposible de controlar porque no existen estadísticas oficiales sobre siniestros protagonizados por estos tres elementos ^[1].

Si bien en la iniciativa -en principio- será obligatorio "para todas las construcciones de inmuebles nuevos con financiación del Instituto de la Vivienda (IVC)" ^[2] a continuación se aclara que "el Poder Ejecutivo determinará, de manera progresiva y contemplando las características de los inmuebles, la obligatoriedad de la certificación de eficiencia energética a los tres años de la publicación en el Boletín Oficial de la presente ley ^[3]". O sea que todo hace pensar que finalmente será obligatorio para todo el parque inmobiliario.

De la lectura de las definiciones –entre otros artículos- se infiere que la obligación de tramitar el certificado será de los propietarios de inmuebles. O sea que alcanzará no sólo al edificio sino también a cada unidad funcional por separado ^[4]. La oblea tendrá una validez de 20 años ^[5].

De ser aprobada, la iniciativa ordenará que la autoridad de aplicación determine los criterios para efectuar la certificación de eficiencia energética que incluirá al menos los siguientes parámetros: la transmitancia ^[6] térmica para cada componente de la envolvente, las condiciones higrotérmicas ^[7], los riesgos de condensación, la demanda de calefacción y refrigeración, y el uso de energías renovables.

Para llevar a cabo este proyecto se crearía el Registro de Certificadores y Viviendas con Etiquetas de Eficiencia Energética que tendrá bajo su órbita:

a) El proceso de inscripción de los certificadores que serán los habilitados para efectuar la certificación de eficiencia energética;

b) La tramitación de la certificación de eficiencia energética; y

c) La emisión de la etiqueta de eficiencia energética ^[8].

El propietario de un inmueble obligado a efectuar la certificación y etiqueta de eficiencia energética que incumpla será sancionado con una multa que irá de 100 a 1.000 unidades fijas -o sea de 47.139 a 471.390 pesos- y será intimado a la obtención de la misma en un plazo de 30 días.

Esta iniciativa es una reproducción exacta de una iniciativa presentada el 2 de marzo de 2022 y a su vez es un virtual "copia y pega" de un proyecto presentado por esos cuatro legisladores y Claudio Gabriel Cingolani (Vamos Juntos) el 10 de agosto de 2020 y que nunca pudo superar la comisión de "Planeamiento urbano".

En los fundamentos de la iniciativa se argumentó que "se busca maximizar el aprovechamiento de la energía y conocer el nivel de eficiencia energética de los inmuebles con el plan de optimizar su uso".

Agregaron también que "el proyecto apunta a desarrollar una política pública destinada a generar conciencia sobre el uso de la energía y buscar alternativas para hacer un uso más eficiente, propendiendo a la protección del medio ambiente".

En otras palabras: "El sistema de certificación de eficiencia energética de hogares es una medida destinada a conocer cómo los inmuebles emplean la energía.".

Develaron que "actualmente se está desarrollando una prueba piloto en forma conjunta entre Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de etiquetado de viviendas en la ciudad y dispone de apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de la Fundación Bariloche. En el marco del proyecto también se realiza un taller de capacitación a profesionales con el propósito de dotarlos de conocimiento técnico específico a los fines de concretar el relevamiento de las viviendas seleccionadas".

Por último, resaltaron que se proponen "avanzar en un esquema de certificación de eficiencia energética a fin de conocer la capacidad energética de los inmuebles de la ciudad de Buenos Aires, obtener datos precisos y poder trazar planes a mediano y largo plazo en el uso de la energía"

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[1] BPN Nº 720 del 15/01/22: "El Gobierno porteño recaudará 300 millones de pesos en obleas".

[2] Artículo 3º.

[3] Artículo 4º

[4] Artículo 2º y artículo 5º.

[5] Artículo 6º

[6] La transmitancia o transmitencia es una magnitud que expresa la cantidad de energía que atraviesa un cuerpo en la unidad de tiempo (potencia).

[7] Condiciones higrotérmicas son las determinadas por la temperatura, humedad, velocidad de aire y radiación térmica.

Índice de escalas salariales de encargados de edificios

La licuadora le gana a las escalas en todos los frentes

[BPN-15/03/24] Durante el tercer mes de 2024 y de acuerdo a las nuevas escalas salariales que publicó el SUTERH ^[1], el promedio de las escalas salariales de los encargados de edificios ^[2] volverá a perder contra la inflación en los tres frentes: -13,5 puntos porcentuales con respecto al mes pasado, -62,45 puntos en lo que va del año y -197,55 puntos en el cálculo interanual.

En marzo el promedio de las escalas salariales no variará con respecto al mes pasado. Esto se debe porque hasta ahora no se firmó un acuerdo paritario para marzo. Por otra parte, no se incluyó la escala de febrero porque hasta ahora no está homologada.

Durante el tercer mes de este año el promedio de las escalas salariales seguirá siendo de 368.425 pesos mensuales.

En marzo el promedio de las escalas salariales disminuyó en un -7,5% con respecto al último mes del año pasado.

Durante diciembre del año pasado el promedio de las escalas salariales estaba en 398.298 pesos mensuales.

El incremento anual de las escalas salariales desde marzo del año pasado hasta el mismo mes de éste será de un 98,68%.

El promedio de las escalas salariales de marzo de 2023 fue de 185.440 pesos.

Según el Índice de Precios de Consumidor que mide el INDEC la inflación de febrero fue de un 13,2% y para el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que estima el Banco Central de la República Argentina (BCRA) la inflación de marzo será del 13,5%.

Según estos números, la inflación interanual de este mes será de un 296,23%.

Mientras tanto, el haber mínimo de un jubilado que paga expensas en marzo será de 255.975,30 pesos bruto a los que se deben descontar 4.033,36 pesos en concepto de "Obra social s/haberes PAMI".

Esto se debe a dos razones:

1- En marzo se incrementaron los haberes en un 27,18% según la Resolución 38/2024 del 17 de febrero.

2.- Se otorgó una "ayuda económica previsional" de hasta 70 mil pesos según el Decreto 177 del 22 de febrero.

3.- La suma de 51.530,7 pesos ordenado por la Ley N° 27.426 que establece que jubilados y pensionados con 30 años o más de aportes efectivos cobrarán un "suplemento dinerario hasta alcanzar un haber previsional equivalente al 82% del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil".

En dólares, este haber mínimo representa 295,49 dólares al precio oficial o 253,44 dólares según el mercado blue ^[3].

En marzo del año pasado ese haber estuvo en 73.665,41 pesos.

Este mes el incremento del haber mínimo de la clase pasiva fue positivo contra la inflación mensual (26,44 puntos), la acumulada anual (-15,01 puntos) y contra la medición interanual (-48,75 puntos).

En enero de 2016 la jubilación mínima estaba establecida en 4.299,06 (u$s 312,98). Si ese haber hubiera aumentado al ritmo de la inflación este mes debería haber sido de 255.975 pesos mensuales (u$s 298,18 promedio a valor oficial).

Si calculamos, mes a mes, lo que debió ganar un jubilado siguiendo el ritmo de la inflación y lo que realmente percibió incluidos los bonos extras, observamos que en total lo perdido desde enero de 2016 hasta marzo de 2024 fueron -491.547,34 pesos (u$s -1.648,48) incluida la incidencia de los medios aguinaldos

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[1] SUTERH: Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal

[2] Para comparar escalas salariales del sector se promediaron las funciones de encargado permanente con y sin vivienda en sus cuatro categorías de cada mes. En los casos que correspondió se sumaron los bonos, tanto los acordados en paritarias como por el Poder Ejecutivo nacional incluido el bono no remunerativo del 20% que se paga en diciembre.

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