Tres años para llevar a juicio las multas impagas

[BPN-15/02/23] Defensa y Protección al Consumidor (DGDyPC) porteño demora en promedio más de tres años en abrir una causa judicial a aquellos administradores que no pagan las multas que se les impone por infracciones a la Ley 941 (Registro Público de Administradores).

Durante los últimos cuatro años esa repartición abrió causas por deudas que sumaban más de 700 mil dólares. Entre ellas había una multa impaga de 2012, otra de 2013, quince de 2014, etc.

Por otra parte, más del 18% de los sancionados durante los años 2018, 2019 y 2020 no pagaron sus multas y se les debió abrir una causa judicial.

Desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2022 Defensa y Protección al Consumidor porteño abrió 467 causas judiciales contra administradores de consorcios por falta de pago de infracciones a la Ley 941 que suman casi 22 millones de pesos.

Analizando año por año, durante el 2019 abrió 300 causas, en 2020 –año de inicio de la pandemia- esa cifra bajó drásticamente a 16 causas, al año siguiente subió otro poco y recién el año pasado se presentaron en 111 oportunidades ante la justicia para cobrar las infracciones impagas.

Por razones que nunca se explicaron de forma convincente, el 52% (245) de las disposiciones sancionatorias que se llevaron a la Justicia no fue publicado en el Boletín Oficial mientras que el 38% (179) sí. En el 9% (43) de las causas restante faltó el número de disposición y el año por lo que no se pudo verificar la fecha de su publicación

Durante esos cuatro años se presentó a la justicia una causa del año 2012 (casi 7 años después de haber sido ordenada), una de 2013 (casi 6 años después), quince de 2014 (casi 5 años después), quince de 2015 (más de cuatro años después) y así sucesivamente.

En promedio desde el momento en que Vilma Bouza, la directora general de DGDyPC, firma la disposición sancionatoria hasta que se deciden a llevar a la justicia a aquellos que no pagan pasan 3 años y cinco días. A esa demora se le deberá agregar el tiempo que se toma la Justicia local para accionar.

La demora se calculó desde la fecha de la firma de la disposición sancionatoria hasta la fecha de la apertura de la causa judicial. Por esa razón en los 43 expedientes judiciales que no fueron digitalizados ese cálculo no se puedo realizar.

La redacción de Pequeñas Noticias convirtió a dólares el valor de cada multa según su cotización a la fecha de la firma de la disposición sancionatoria para poder calcular sus valores actualizados.

O sea que esos casi 22 millones de pesos, a plata de hoy son más de 128 millones de pesos [1], una diferencia de más de 106 millones de pesos por encima de sus valores originales. Es de suponer que a pesar de que los jueces regulan una actualización de los montos reclamados, en el marco de la inflación que se vive en el país, el daño al contribuyente porteño será más que importante.

A la redacción de Pequeñas Noticias le llamó la atención que del total de disposiciones ordenadas durante el 2018 más del 22% deberá ser cobrado con auxilio de la justicia. En 2019 ese número bajó al 16% y en 2020 subió a casi el 17%.

En el marco de esta investigación, el coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3, Andrés Zulberti, el 10 de enero solicitó a Defensa del Consumidor que explique "cómo toma conocimiento de la falta de pago de las multas" a lo que le respondieron:

Este informe se realizó sobre una paciente y laboriosa investigación que realizó Zulberti sobre datos públicos proporcionados por el Poder Judicial de la CABA.

Al total de causas a las que permite acceder el fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo les aplicó diversos filtros para localizar aquellas que correspondían a acciones iniciadas por Defensa del Consumidor contra administradores de consorcios por falta de pago de las multas dispuestas.

En cada caso se verificó que el demandado fuera administrador de consorcios y se consultó el expediente de la causa para constatar el número y año de la disposición sancionatoria que se reclamaba.

De esa forma se armó una base de datos en la que constaba el número de causa, su fecha de iniciación, nombre y apellido del administrador, su número de RPA, monto reclamado en pesos y –finalmente- número y año de la disposición.

Zulberti proporcionó esta información a la redacción de Pequeñas Noticias quien la cruzó con sus propias bases de datos: las disposiciones ordenadas desde 2018 según lo fue informando año tras año, las disposiciones publicadas en el Boletín Oficial desde 2014 y el promedio de la cotización del dólar oficial mes a mes desde 2012.

Actualmente, el Registro Público de Administradores (RPA) porteño está coordinado por Diego Sarrabayrouse, depende de Defensa y Protección del Consumidor cuya directora general es Vilma Bouza y su superior directo es desde el 1º de agosto de 2021 Julia Domeniconi, secretaria de Atención y Gestión Ciudadana y es dependiente funcional de Eduardo Macchiavelli, secretario de la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial (UPFDT)

Bajaron levemente las denuncias contra administradores

[BPN-15/02/23] Durante el 2022 se produjeron 1.904 denuncias contra administradores ente al Registro Público de Administradores (RPA) porteño. Eso representó una disminución del -2,01% con respecto al año anterior.

En total la Dirección General de Defensa y protección del Consumidor de la CABA (DGDyPC) recibió 14.010 denuncias por todo concepto de las cuales el 13,59% fueron contra administradores de consorcios.

Los números de 2022 descienden levemente del pico máximo de 1.984 denuncias que se produjeron en 2019, el año anterior a la pandemia.

Sin embargo, desde otra lectura se observa que mientras que durante el 2021 las denuncias contra administradores representaron el 12,58% del total de denuncias que recibió Defensa al Consumidor, en 2022 ese porcentaje creció al 13,59%.

Según Defensa y Protección del Consumidor porteño los diez rubros más denunciados durante el año pasado fueron:

Es de recordar que durante el 1º semestre del año pasado Defensa al Consumidor porteño no informó el 17% de las denuncias recibidas durante ese período que correspondieron a unos 20 rubros diferentes. Si bien el segundo semestre se informó en forma completa en términos anuales sigue quedando un 8% de las denuncias sobre las sigue sin haber datos ^[1].

El mes en que se cursaron mayor cantidad de denuncias fue en abril con 207 denuncias y el menor febrero con 95.

Durante el año pasado se realizó una denuncia contra un administrador en la CABA cada poco más de 45 minutos. Para realizar este cálculo se tomó en cuenta que el horario de atención al público de Defensa y Protección al Consumidor es de 9 a 15 horas (6 horas de trabajo) y la cantidad de días laborables de 2022 fueron 240.

Actualmente, el Registro Público de Administradores (RPA) porteño está coordinado por Diego Sarrabayrouse, depende de Defensa y Protección del Consumidor cuya directora general es Vilma Bouza y su superior directo es desde el 1º de agosto de 2021 Julia Domeniconi, secretaria de Atención y Gestión Ciudadana y es dependiente funcional de Eduardo Macchiavelli, secretario de la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial (UPFDT)

Le abrieron una causa judicial a un muerto para cobrar una deuda

[BPN-15/02/23] El 17 de septiembre de 2021 la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (DGDyPC) porteño abrió una causa judicial a un administrador tres años después de su fallecimiento para cobrarle una multa por una infracción a la Ley 941 (Registro Público de Administradores).

También la disposición sancionatoria se había ordenado luego de su deceso.

En 2016 un vecino de un consorcio en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón al 3.900 denunció a su administrador por infracción a un inciso del artículo 9º y dos incisos del artículo 10º de la Ley 941. A partir de esta denuncia el RPA detecta que en su declaración jurada anual de 2016 no había informado ese consorcio y de oficio le agrega una imputación por la infracción al artículo 12º de esa misma ley.

Durante dos años esa denuncia no se resuelve y finalmente el 8 de noviembre de 2018 el administrador fallece a consecuencia de un cáncer.

Dos meses y 21 días después de su deceso, la directora general de DyPC firmó la Disposición 564 del 28 de enero de 2019 sancionándolo con una multa de poco más de 50 mil pesos. Esa disposición nunca se publicó en el Boletín Oficial.

Dos años, 10 meses y 9 días después, un 17 de septiembre de 2021 Defensa y Protección al Consumidor le abrió una causa judicial -que nunca se cerró- para cobrar esa deuda.

Leve aumento de calderas, ascensores e instalaciones fijas

[BPN-15/02/23] Durante el 2022 subió levemente la cantidad de ascensores, calderas e instalaciones fijas contra incendios en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el año pasado la cantidad de ascensores, montacargas, montavehículos, escaleras mecánicas, rampas móviles, artificios especiales, guardas mecanizadas y otros sumaron 84.553 máquinas mientras que durante el 2021 habían sido 83.263 máquinas. La diferencia de 1.290 unidades representó un incremento del 1,55% ^[1].

Los cuatro tipos de máquinas con más unidades fueron los ascensores (78.233), los montacargas (3.468), montavehículos (1.505) y escaleras mecánicas (771).

Por su parte, durante el año pasado la cantidad de instalaciones térmicas creció en 1.563 unidades, un incremento del 6,43% con respecto al 2021.

En números finos ese total de instalaciones térmicas está compuesto de 3.441 máquinas de vapor de baja presión, 339 de vapor de alta presión, 7.058 de agua caliente, 110 de fluido térmico y 14.917 fueron termotanques ^[2].

Por último durante el 2022 la cantidad de instalaciones fijas contra incendio fue de 22.964, unas 209 más que durante el año anterior. El incremento de un año a otro fue mínimo un 0,92% ^[3].

Este año el valor de la ‘oblea del ascensor’ está fijado en 4,435 pesos que multiplicado por las más de 84 mil máquinas representará una erogación para los porteños de 375 millones de pesos o dos millones de dólares. Desde que se creó este gravamen hasta ahora ya costó casi 28 millones de dólares.

La oblea de las calderas e instalaciones fijas contra incendio fue fijado en 4.250 pesos que multiplicados por las 25.865 calderas y 22.964 instalaciones fijas sumará casi 208 millones de pesos o más de un millón de dólares.

Una visión 360 sobre el mundo de los consorcios

[BPN-15/02/23] Desde el próximo 3 de marzo se podrá escuchar "Consorcios 360", un nuevo proyecto comunicacional sobre propiedad horizontal que se trasmitirá por AM 1010 Onda Latina todos los viernes a las 17 hs.

La iniciativa es el resultado de la asociación de tres personas con muchos años en el sector: Claudio García de Rivas (periodista), Daniel Sánchez Rivera (administrador) y Andrés Zulberti (consorcista). Hay conversaciones para que se integre en los próximos meses un cuarto integrante cuya identidad por el momento no se dio a conocer.

En diálogo con la redacción de Pequeñas Noticias, García de Rivas explicó: "Estoy muy entusiasmado con este nuevo proyecto comunicacional. Nuestra idea es que los oyentes no sólo se puedan enterar de las nuevas noticias del sector sino que también puedan escuchar el análisis y las opiniones de dos de sus actores centrales: los administradores de consorcios y los consorcistas".

Señaló: "En este momento existen muchos programas de TV por cable y radio y –en general- cada uno habla desde la perspectiva de su sector específico ya sea gremial, inmobiliario, administración de consorcios, copropietarios e inclusive inquilinos", y agregó: "Nuestro proyecto trata de –a partir de la dinámica noticiosa- integrar a todos estos sectores en una sola mesa de diálogo y debatir sobre los problemas que afrontan los consorcios de propietarios".

Finalmente resumió: "Es una experiencia comunicacional nueva en la esperanza de que sea útil e interesante para nuestros oyentes".

Claudio García de Rivas es el director de Pequeñas Noticias desde diciembre de 1999 hasta la actualidad, condujo el programa de radio "Derecho de Piso" desde 2010 hasta 2012, fue coconductor y productor del programa de radio "Hablemos de Consorcios" junto a un grupo de destacados profesionales desde 2008 hasta 2010. En 2009 fue productor y conductor del programa "El primer día".

Daniel Sánchez Rivera es administrador de consorcios en la CABA desde 2012 y conduce el programa "Consorcio de radio" desde el 2013. En 2015 se incorporó al programa la Dra. María Mercedes Orueta Cossi y ese mismo año el programa ganó el premio "Faro de Oro 2015" de Mar del Plata y al año siguiente los premios "Fortaleza Argentina" de Bahía Blanca, "Río de Los Pájaros" de Concordia, "Estampas de Bs. As." de la CABA, "Antena Vip" de La Plata, "Reina Del Plata" de la CABA, "Cuna De La Bandera" del Rosario y "Latinoamericano Señal Latina" de la CABA ^[1].

Andrés Zulberti es coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3 desde 2016. Entre sus muchas actividades, se destacó su lucha –siempre en defensa de los intereses de los consorcistas- contra la Ley Muñoz sancionada en 2015 y derogada en 2016 ^[2]. Esta ley pretendía transferir el control del Registro Público de Administradores porteño a un Consejo de la Propiedad Horizontal que sería conducido por 11 miembros de los cuales una importante mayoría eran del SUTERH, de las entidades de administradores que firman los Convenios Colectivos de Trabajo y del nuevo sindicato SEARA que conduce Gabriela Pilar Saldivia.

Poco después, en el año 2017 combatió contra los diferentes proyectos del Gobierno de la CABA que al año siguiente desembocaron en la sanción de la Ley Carrillo (Ley 5.983) que todavía pretende (nunca fue derogada) concentrar en los servidores informáticos del Estado todos los datos privados, laborales y comerciales de los consorcios porteños ^[3]

Awad volvió a anunciar que este mes inaugurará su asociación

[BPN-15/02/23] El pasado 11 de febrero nuevamente el Dr. Eduardo Awad anunció que presentará en sociedad su Asociación de Propietarios, Consorcios y Consorcistas de la República Argentina. Adelantó que la fecha será el jueves 23 de febrero pero aclaró que está pendiente de confirmación.

Reiteró que él la creó, que es su presidente y anunció –en sus palabras- que desde allí va a defender a los millones y millones de consorcistas que hoy no tienen defensa. Explicó que las expensas ya no se pueden pagar y por eso no se puede vivir en paz en los consorcios. Por último resumió que trabajará para defender el derecho de los consorcistas de vivir en paz.

Así lo comunicó en su perfil personal en Facebook ese sábado poco después de las seis de la tarde de ese día. La publicación obtuvo 46 me gusta, 17 comentario y fue compartida 23 veces.

En su oportunidad había señalado en el marco de una entrevista radial que su objetivo prioritario es tramitar la participación de su entidad en las negociaciones paritarias. Denunció que "las paritarias que se celebran actualmente son para la tribuna. Son simplemente un teatro en el cual están todos de acuerdo y hacen ver como que no están de acuerdo" ^[1].

Es de recordar que en septiembre del año pasado había anunciado que durante ese mes inauguraría su asociación y develó que el atraso se debió a un problema de salud del cual ya está terminando de salir.

Su asociación la presentó ante la Inspección General de Justicia (IGJ) el 2 de diciembre de 2021 y desde mayo del año pasado se encuentra en condiciones de funcionar ^[2].

Tal cual había adelantado en 2019, en el proyecto lo acompañan Alejandro Juan Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), y Claudio Roberto Vodánovich, secretario general de esa entidad inmobiliaria. Awad había aclarado a Pequeñas Noticias que sus compañeros de proyecto participarán con él sólo como amigos ^[3]

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[1] BPN Nº 736 del 15/09/22: "Este mes Awad inauguraría su entidad de consorcistas".

[2] BPN Nº 730 del 15/06/22: "La asociación de Awad ya está en condiciones de funcionar".

No hay avances en el Convenio Colectivo de SEARA

[BPN-15/02/23] Al momento de la confección de esta nota ^[1] no se observaron avances en el trámite de homologación de un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo para los empleados de los administradores impulsado por Gabriela Pilar Saldivia, secretaria general de SEARA (Sindicato de Empleados de Administradoras).

Es de recordar que el 12 de diciembre del año pasado tres entidades de administradores (AIERH, CAPHyAI y UADI ^[2]) habían firmado un Convenio Colectivo de Trabajo con SEARA que alcanzaría a todos los trabajadores de los administradores de consorcios que desarrollen su actividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se destaca que el nuevo convenio contempla escalas salariales que van desde noviembre del año pasado –el mes anterior a su firma- hasta marzo de éste, o sea el mes que viene. Como es de suponer, al no haber sido homologado no tiene fuerza de ley para el sector y los administradores siguen liquidando a sus empleados los sueldos según el convenio colectivo que rige para los empleados de comercio.

El pasado 3 de enero el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) solicitó a SEARA que aclare dos objeciones que le realizó al CCT: en primer término pidió que se aclaren "los alcances de las sumas no remunerativas pactadas en el Anexo I, toda vez que se contrapone con lo establecido en el artículo 103º de la Ley N° 20.744".

En segundo lugar el MTEySS observó que "la entidad sindical no posee homologado aporte alguno en concepto de cuota sindical" lo que hizo presumir la falta de pasos previos.

Mientras tanto el 7 de enero –antes de su homologación- la directora general de Defensa y protección al Consumidor porteño, Vilma Bouza, comunicó a los administradores inscriptos en el Registro Público de Administradores porteño que "se encuentra en trámite la homologación del Convenio Colectivo de Trabajo, que regulará las relaciones de empleo de los trabajadores/as de administradoras y que ha sido suscripto por SEARA y por la parte empleadora por UADI, AIERH y la CAPHAI" ^[3].

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Por qué la CAPHyAI firmó el acuerdo con SEARA

[BPN-15/02/23] El pasado 24 de enero la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) explicó que se vio forzada a firmar con SEARA (Sindicato de Empleados de Administradoras de la RA) un Convenio Colectivo de Trabajo para los empleados de los administradores por el desinterés en el tema que demostraron sus socios.

Es de resaltar que este CCT aún no fue homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación por lo que los administradores deberán seguir liquidando los sueldos a sus empleados de acuerdo a lo establecido por el Convenio del Sindicato de Comercio.

Así lo informaron en su revista institucional Propiedad Horizontal Nº 370 de enero y febrero de este año.

Las autoridades de la CAPHyAI explicaron que si bien Gabriela Pilar Saldivia, secretaria general de ese sindicato, a lo largo del tiempo tuvo contacto con diversas autoridades de la entidad "proponiendo convenios para el personal de las administraciones" y se realizaron reuniones en este sentido, desde la entidad de administradores no se le "demostró interés alguno en otorgarle una representación gremial".

Sin embargo Saldivia siguió avanzando en las negociaciones con otras dos entidades de administradores con personería gremial y mucho más flexibles: la Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal (AIERH) y la Unión Administradores de Inmuebles (UADI).

Ante esta situación la CAPHyAI intentó informar a sus asociados sobre el interés de este gremio de introducirse en las estructuras de las administraciones convocando a sus socios a una consulta para debatir el tema.

La primera fue en enero de 2017 y la segunda en diciembre de 2022 con una bajísima participación. En sus palabras resumieron que el resultado de esas asambleas fue "sin lograr el resultado esperado a pesar de la delicada información enviada".

Ante la falta de respuesta positiva de las autoridades de la CAPHyAI para firmar un CCT específico del sector, Saldivia le presentó a las autoridades de la entidad de administradores "un borrador de Convenio Colectivo de Trabajo con un ambicioso proyecto de beneficios para los trabajadores" indicando al final que el mismo se firmará con el AIERH y UADI "aclarando que si la CAPHyAI quiere acompañar puede firmar una vez presentado ante el Ministerio de Trabajo". O sea el CCT se firmaría con el AIERH y la UADI sin importar realmente si la CAPHyAI firma o no.

Con los riesgos que entendieron representaba este panorama, el Consejo Directivo de la CAPHyAI decidió participar y solicitar cambios en dicho CCT para adecuarlo al convenio de Comercio que rige la actividad hasta este momento.

La siguiente tabla es la publicada por la CAPHyAI sobre el resultado de esas negociaciones:

Aceptados esos cambios por parte del gremio se firmó el convenio con la participación de SEARA, AIERH, UADI y la CAPHyAI y se presentó ante el Ministerio de Trabajo para su homologación, cosa que a la fecha no han obtenido.

Finalmente la CAPHyAI publicó tres puntos de lo sucedido para reflexión de sus socios:

Produjo rechazo la ‘promo’ de ACAPPH con un banco multinacional

[BPN-15/02/23] El pasado 3 de febrero las autoridades de la Asociación Civil Administradores Profesionales Propiedad Horizontal (ACAPPH) comunicaron que mediante un acuerdo realizado con un banco privado multinacional cada administrador que abra una cuenta en ese banco en sus consorcios recibirá un "regalo" personal de 20 mil pesos. Si el administrador por su parte es socio de la entidad se le bonificará su última cuota societaria.

En muchos sectores de la comunidad consorcial se generó el temor de que la oportunidad de un regalo personal de este tipo impulse a muchos administradores a considerar la apertura de cuentas en los consorcios que administran en la búsqueda de lucro personal aún por encima de la conveniencia o la voluntad de sus mandantes.

Por su parte, el 9 de febrero la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) consideró que el Banco fue muy mal asesorado ya que este beneficio debe ser exclusivamente para el consorcio y no para el mandatario. Calificó ese beneficio a los administradores como "fuera de ética" y responsabilizó a las autoridades de ACAPPH explicando: "Si bien la entidad financiera no tiene por qué conocer la mecánica del vínculo consorcio/administrador es función de las entidades que nuclean la actividad velar por que no ocurran estas situaciones".

Finalizó señalando que la confianza hacia los administradores se genera mediante acciones transparentes.

Generó una sarcástica opinión el convenio ANAC/SUTERH

[BPN-15/02/23] El pasado 20 de enero la titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) firmaron un convenio para que el personal de la autoridad aeronáutica pueda utilizar las instalaciones recreativas y deportivas del Centro "Caras y Caretas" del sindicato. Sobre el acuerdo la titular del ANAC, Lic. Paola Tamburelli, agregó: "Valoramos estos acuerdos de cooperación mutua que generan nuevas oportunidades para la gente".

Pocos días después, el 26 de enero el expiloto del Ejecito Argentino, empresario y titular del medio AeroMarket, Luis Alberto Franco, en una sarcástica nota de opinión criticó diversas cuestiones relacionadas con la gestión de la administradora nacional de ANAC y preguntó: "¿A qué se refiere Tamburelli al decir ‘cooperación mutua’? ¿Será que Santa María tendrá privilegios al realizar los trámites relacionados con sus aeronaves, por ejemplo, del [helicóptero] Bell 407 GXP, LV-IKC en que tanto le divierte volar?" ^[1].

Es de aclarar que su comentario se basa en dos hechos: por una parte la ANAC es la encargada de fiscalizar y controlar la actividad aérea en nuestro país y por otra, en que no trascendió qué compromisos asumió esa repartición del Estado a cambio de los beneficios recibidos para su personal.

Desde el 8 de enero de 2023 y hasta el 13 de ese mes (5 días) la aeronave de Santa María reportó 11 viajes por un total de casi 5 horas (4:56 hs.) a destinos tales como San Fernando, Quilmes, Villa Gesell, Isla Martín García, Aeroparque Jorge Newbery, el aeropuerto internacional de Punta del Este (Uruguay) Capitán de Corbeta Carlos A. Curbelo, etc.

En su perfil público en LinkedIn, Luis Alberto Franco, explica que se desempeñó como oficial piloto de aviones y helicópteros del Ejército Argentino desde 1981 hasta 1987.

Sobre su publicación relató: "En 1990 fundé junto con mi padre, la publicación Aeromarket. A partir de 2006 asumí la conducción integral del medio. En 2011 agregamos nuestros servicios la página WEB, el newsletter y posteriormente la presencia en redes sociales. En septiembre de 2015, al cumplir los 25 años ininterrumpidos, transformamos completamente la publicación gráfica".

Agregó también: "Aeromarket es el medio de mayor inserción en la aviación civil argentina. Hemos logrado tener influencia en la formación de opinión pública en materia aeronáutica y en la consideración de las autoridades estatales que rigen la actividad".

Finalmente concluyó: "Como referente del sector soy convocado frecuentemente por medios televisivos y radiales (América TV, A24, Radio 10, Radio Rivadavia, Canal 26, Crónica TV, etc.), para explicar diversos temas relacionados con la aviación que traspasan la esfera de la especialidad para ser de interés público".

Según su sitio web institucional la ANAC ^[2], máxima autoridad aeronáutica argentina, "es la encargada de fiscalizar y controlar la actividad aérea en nuestro país. Realiza un trabajo activo para garantizar el crecimiento de la actividad acompañado por los estándares internacionales y nacionales de seguridad operacional".

Explican que "el crecimiento del sector aéreo es posible sólo si se lo acompaña de un plan de seguridad operacional que apunte al sostenimiento y la mejora de los estándares de seguridad, a la incorporación de medidas de prevención para mitigar riesgos y a la capacitación constante de la comunidad aeronáutica".

Por último, informan que "como autoridad aeronáutica, la ANAC asume el rol fundamental para maximizar la seguridad operacional, asumiendo el control y la fiscalización de la actividad aérea civil en todo el país. Cuenta con un cuerpo de inspección especializado en aviación comercial y general, trabaja continuamente en la actualización y modernización de las normativas para adecuarlas a los estándares internacionales y vela por la seguridad operacional, acompañando el crecimiento de la aviación argentina"

Recomendaron derogar el amparo del SUTERH

[BPN-15/02/23] El pasado 11 de noviembre el Ministerio Público Fiscal de la CABA recomendó hacer lugar a la apelación del Gobierno de la CABA contra una sentencia judicial que declaró inconstitucional la supresión de la obligación de construir una vivienda para el encargado introducida por el nuevo Código de Edificación de la CABA (Ley 6.100).

Es de recordar que el 6 de diciembre de 2018 la Legislatura porteña aprobó en segunda lectura un nuevo Código de Edificación en el que se eliminó el artículo de la Ordenanza 34.421 que obligaba a construir una vivienda para el encargado en edificios que cumplan con cualquiera de estas tres condiciones: tengan más de 14 unidades, superen los ochocientos metros cuadrados o tengan más de tres pisos ^[1].

El 27 de mayo de 2019, el Sindicato Único de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) presentó un amparo contra la Legislatura y el Gobierno porteño para que se declare inconstitucional esa supresión. La causa recayó en la Secretaría 34 del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 17, cuyo titular es Marcelo Segón.

El 23 de septiembre se sorteó la segunda instancia resultando designada la Sala III de la Cámara de Apelaciones del Fuero.

Este era uno de los puntos del plan de 14 medidas que el 27 de enero de 2018, Horacio Rodríguez Larreta había presentado para bajar las expensas entre un 10 y un 20%.

Este objetivo finalmente no se logró. En ese momento era presidente de la Nación Mauricio Macri (2015/2019) y la disparada del valor del dólar, la suba de la tarifa de los servicios y la subsecuente inflación aumentaron las expensas –según datos del mismo Gobierno porteño- en exactamente un 42,98%.

Por su parte el INDEC había informado para ese año un aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de un 47,6%, casi el doble del año anterior que había sido del 24,8%

Sigue bajando el interés por el programa "SUTERH con Vos"

[BPN-15/03/23] El año pasado volvió a caer la cantidad de visualizaciones del programa "SUTERH con Vos" en YouTube por tercer año consecutivo. Durante el 2022 en promedio cada programa fue visto por 151 personas mientras que el año anterior cada uno había recibido 187 visualizaciones, o sea un 20% menos.

Números llamativos teniendo en cuenta que al día de la confección de esta nota el canal del sindicato en esa red social tenía 4.790 suscriptos. O sea que en promedio poco más del 3% de sus suscriptos miró cada uno de sus programas durante el 2022.

Sin embargo, es de destacar que cuando se publicaron en la plataforma fragmentos con declaraciones de algunos de los dirigentes del sindicato sobre temas gremiales concretos las visualizaciones se multiplicaron. Uno de los últimos ejemplos fue una publicación de agosto de 2018 con 4.419 vistas en la que Osvaldo Bacigalupo, secretario gremial, anunció nuevas escalas salariales.

Un año antes había recibido 3.154 vistas el fragmento de un programa en el que se comunicó que la Compañía Teatral del SUTERH estrenó la obra "Milagro en el Convento de Santa María Juana".

Todo hace suponer que los suscriptos al canal están al tanto de las publicaciones en el canal y eligen qué ver y qué no.

En el gráfico que ilustra esta nota se aprecia que tras un leve traspiés en 2013 los números del programa fueron en ascenso desde 2012 hasta 2019 en que cada programa fue visto en promedio por 292 personas.

Contra todo lo que se podría suponer, con el inicio de la pandemia los números comenzaron a ser negativos año tras año y el pronóstico para el 2023 –de acuerdo a los programas ya emitidos y de no producirse cambios- esa tendencia se mantendrá a la baja.

Ahora el Grupo Octubre deberá negociar paritarias con SiPreBA

[BPN-15/02/23] El pasado 19 de enero el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social resolvió otorgar al Sindicato de Prensa de la Ciudad De Buenos Aires (SiPreBA) la personería gremial "para agrupar a los trabajadores en relación de dependencia con empleadores de la actividad de prensa que presten tareas comprendidas en el estatuto del periodista profesional y en el estatuto de empleados administrativos de empresas periodísticas en [...] la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Esto sucedió cinco meses después de que Víctor Santa María, titular del Grupo Octubre, en el marco de una entrevista radial con Ernesto Tenembaum provocara a los trabajadores de Página/12 afirmando que si cobran menos que los encargados de edificios es porque éstos "tienen un buen secretario general que los representa en la paritaria" ^[1].

Actualmente el secretario general del SiPreBA es Agustín Lecchi, un dirigente que participa del Frente Sindical y que ahora será una de las piezas decisivas en las negociaciones paritarias del sector con las asociaciones de empleadores entre las que está el Grupo Octubre.

En octubre del año pasado en el marco de una audiencia que se realizó con las entidades gremiales del sector se constató que la Unión de Trabajadores de Prensa (UTBA) no contaba con la cantidad de afiliados activos exigida ni poseía los Libros de Registro de Afiliados ni el de Registro de Aportes de Afiliados rubricados tal cual exige la ley.

Por lo tanto, una vez verificado que SiPreBA cumplía con las exigencias legales y contaba con una base de afiliados superior a la de las otras organizaciones se le concedió la autorización para representar a los trabajadores del sector en paritarias [artículo 1º].

También excluyó a la UTBA del ámbito personal y territorial otorgado a SiPreBA aunque ordenó mantenerla "meramente inscripta" [artículo 2º].

Días antes del reconocimiento de SiPreBA como representante de los trabajadores de prensa, la Comisión Interna de Página/12 publicó en su página en Facebook una carta abierta que dirigieron a los directivos del diario en la que denunciaron los diversas maniobras que el Grupo Octubre realizó para deteriorar los salarios de sus trabajadores y les exigió que asuman su rol de conductores y pongan fin a estas prácticas que calificaron de vergonzosas.

Las escalas perdieron en el mensual pero ganaron en el interanual

[BPN-15/02/23] Este mes de febrero el promedio de las escalas salariales de los encargados de edificios ^[1] perderá contra la inflación -5,5 puntos porcentuales con respecto al mes pasado, -0,61 en el acumulado anual pero ganará 36,1 puntos porcentuales en la medición interanual.

En febrero el promedio de las escalas salariales se mantendrá igual que el mes pasado. Esto se debe a que está vigente la escala salarial de enero y se repite el bono de 24 mil pesos pactado el 5 de julio del año pasado y reprogramado el 10 de noviembre por las tres entidades de administradores que representan a los consorcios en paritarias ^[2] y la FATERyH ^[3]. Los acuerdos fuero homologados mediante las Resoluciones 1.365 y 2.167 ^{[4] [5]}.

Durante el segundo mes de este año el promedio de las escalas salariales será de 183.440 pesos mensuales.

El incremento acumulado anual de las escalas salariales desde enero de este año hasta febrero será de un 11,22%.

El promedio de las escalas salariales de diciembre del 2022 fue de 164.937 pesos.

Desde febrero de 2022 hasta el mismo mes de este año las escalas salariales se incrementaron en un 136,31%.

En febrero del año pasado el promedio de las escalas salariales fue de 77.626 pesos mensuales.

El promedio anual de los primeros dos meses de este año contra los dos primeros del año pasado arrojó un aumento del 153,70%. Una diferencia de -20,14 puntos con respecto al mes pasado.

Según el Índice de Precios de Consumidor que mide el INDEC la inflación de enero fue de un 6% y para el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que estima el Banco Central de la República Argentina (BCRA) la de febrero será de un 5,7%.

Según estos números, la medición de la inflación acumulada anual de estos dos primeros meses será de un 11,83% y la interanual de febrero está estimada en un 100,21%.

Mientras tanto, el haber mínimo de un jubilado que paga expensas en diciembre será de 60.124,26 pesos mensuales. Esto se debe a que en diciembre los haberes recibieron un 15,62% (Resolución 256/ANSES) en concepto de actualización trimestral y por otra se otorgó un "refuerzo de ingreso previsional" por un monto máximo de 10 mil pesos (Decreto 788) que se repitió en enero y febrero.

En dólares, este haber mínimo representa 308 dólares al precio oficial, 172 dólares a cotización turista o 159 dólares según el mercado blue ^[6].

En febrero del año pasado ese haber estuvo en 29.061,62 pesos.

Este mes el incremento del haber mínimo de la clase pasiva fue negativo contra la inflación mensual (-5,5 puntos) y el acumulado anual (-11,83) pero positivo en la medición interanual (6,68 puntos).

En enero de 2016 la jubilación mínima estaba establecida en 4.299,06 (u$s 312,98). Si ese haber hubiera aumentado al ritmo de la inflación este mes –sin incluir el bono de 10 mil pesos- debería haber sido de 72.792,48 pesos mensuales (u$s 312,61 promedio a valor oficial).

Si calculamos, mes a mes, lo que debió ganar un jubilado siguiendo el ritmo de la inflación y lo que realmente percibió incluidos los bonos extras, observamos que en total lo perdido desde enero de 2016 hasta febrero de 2023 fueron -206.305,24 pesos incluida la incidencia de los medios aguinaldos

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[1] Para comparar escalas salariales del sector se promediaron las funciones de encargado permanente con y sin vivienda en sus cuatro categorías de cada mes. En los casos que correspondió se sumaron los bonos, tanto los acordados en paritarias como por el Poder Ejecutivo nacional.

[2] La Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal (AIERH), la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) y la Unión Administradores de Inmuebles (UADI).

[3] Federación Argentina de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal.

[4] BPN Nº 732 del 15/07/22: "Se acordaron siete bonos remunerativos hasta febrero".

[5] BPN Nº 742 del 15/12/22: "Los bonos remunerativos se prorrogaron 30 días".

Estimado director de Pequeñas Noticias:

En noviembre de 2022 una consorcista me preguntó si su administrador fue sancionado con alguna infracción a la Ley 941 (Registro Público de Administradores porteño). Le respondí afirmativamente pero que la misma estaba en Ejecución Fiscal porque no la había pagado y por ello no estaba publicada en el Boletín Oficial de la CABA. Tampoco aparece en el nuevo buscador del Registro Público de Administradores (¡¡¡claro, pasaron más de dos años…!!!).

Tiempo después me volvió a consultar si la multa ya había sido abonada a lo que le pregunté qué interés tenía en saberlo. Me respondió que "me sirve para saber cómo se lo lleva el gobierno...".

El primer pedido que realicé por Ley 104 (Ley de Información Pública) a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (DGDyPC) fue un listado de los administradores deudores de multas del año 2021. La respuesta fue que "... no puede ser producido por el Organismo toda vez que la base de datos no brinda la información pretendida por el requirente..." (¡¡¡se habían gastado 800.000 dólares en sistemas…!!!).

Como me "dejaron con la espina" solicité que informen (otra vez por Ley 104) cómo toman conocimiento de los deudores ya que el organismo emite una Boleta de Deuda para su ejecución conforme el artículo 450 de la Ley 189 (Código Contencioso, Administrativo y Tributario).

La respuesta fue que "teniendo cada uno de ellos un control exhaustivo y minucioso [¡¡¡cajonean…!!!] sobre la notificación del acto administrativo sancionatorio, los plazos con los que cuenta el sancionado para pagar la multa impuesta [10 días hábiles] o interponer el correspondiente recurso de apelación [pasa a otra instancia...] y, en caso contrario [que quede firme...], proceder a la confección del pertinente certificado de deuda [¿Cuánto tiempo se toman...?], el cual es remitido a los mandatarios para su correspondiente ejecución" [¿Cuánto tiempo más llevará...?].

Luego de un exhaustiva verificación en el Poder Judicial-CABA (créame que fue así y será para otra historia...), existen unas casi 22 millones de razones por las cuales los funcionarios de Defensa al Consumidor, el organismo de control de la Ley 941 se toman "su tiempo" para que la sanción efectiva a los administradores (la víscera más sensible...).

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