Los aumentos de 2018 hasta febrero sumaron un 46%

[BPN-13/12/18] El incremento promedio de las escalas salariales de los encargados de edificios de 2018 y los dos primeros meses del 2019 fue de un 45,92% con respecto al 2017. Si por otra parte se realiza un corte y se toma el promedio de esas escalas de febrero de 2019 contra el mismo mes del 2018 el aumento fue de un 46,74% pero hay que tener en cuenta que no incluye los 6 mil pesos que se abonaron en tres cuotas de 2 mil pesos ni la primera cuota del bono de 5 mil pesos que se pagó en diciembre.

De corresponder el bono de 5 mil pesos otorgado por el decreto presidencial el promedio de las escalas salariales de 2018 con respecto al año anterior será de un 31,25% y el de 2019 con respecto al año en curso de un 29,54%. Durante los 14 meses que van de enero de 2018 hasta febrero de 2019 aumentaron un 50,63% con respecto al 2017. Para realizar este cálculo se pagaron los 5 mil pesos en dos cuotas iguales: una en noviembre y otra en enero.

La medición por promedios anuales relacionados con los incrementos que se negocian para los encargados de edificios nació a consecuencia de que las paritarias del sector se pactan año a año en fechas y por períodos diferentes, se negocian sumas fijas disímiles y se agregan cláusulas "gatillo" o de "revisión". Todos estos factores impiden saber con certeza –a los efectos de poder compararlas con otras variables de la economía- cuánto fue el aumento anual que sufrieron las escalas salariales de un año con respecto a otro.

Para realizar los cálculos, la redacción de Pequeñas Noticias volcó en una planilla electrónica las escalas salariales y sus sumas fijas desde enero de 2016 hasta febrero de 2019 de un encargado permanente con y sin vivienda desde la 1º categoría hasta la 4ª. Estos datos se promediaron mensualmente y anualmente. La información en estudio no incluye ni el bono del 20% que se otorga en diciembre, ni el Sueldo Anual Complementario (SAC) que se abona en junio y diciembre.

En 2018 -aparentemente porque falta la medición de la inflación de noviembre y diciembre- la situación se invierte y mientras que el acumulado inflacionario hasta noviembre es de 43,75% el incremento en las planillas salariales está previsto que sea de un 29,9%, un 13,85% por debajo de la inflación. Sin embargo ya hay previsto dos aumentos para enero y febrero de 2019 que adelantan un incremento salarial para el 2019 del 24,67% con respecto a este año. Si se agregan esos dos meses al 2018 se llega al 45,92% de incremento. En el gráfico está representado por el rectángulo celeste sobre el 2018 

La FATERyH desconoció la representatividad de APH

[BPN-13/12/18] Durante las negociaciones del último acuerdo salarial del sector de la propiedad horizontal, la FATERyH (Federación de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal) desconoció la representatividad de APH (Asociación Civil de Propietarios de inmuebles de Renta y Horizontal). Por su parte, inmediatamente a continuación, los representantes del AIERH (Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal), la UADI (Unión Administradores de Inmuebles) y la CAPHyAI (Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias) aclararon que si bien es la tercera vez que esa entidad participa de las negociaciones salariales del sector nunca acreditó ni notificó su personería gremial.

Si bien el acuerdo paritario –que luego se homologó- se había firmado el pasado 14 de noviembre, su presentación ante el Ministerio de Producción y Trabajo se realizó el martes 20, o sea seis días después.

En esa oportunidad se presentaron representando a APH su presidente, el abogado e inmobiliario Gabriel Mormandi ^[1], y el abogado Jorge Resqui Pizarro, un consorcista participativo que actúa bajo el nombre ReDeCo (Reafirmación de los Derechos del Consorcista) quién asistió en calidad de invitado. Esta representación, cuando les fue cedida la palabra manifestó: "que -sin desconocer la necesidad de los trabajadores de recomponer sus salarios- [...] propone la aplicación del decreto presidencial a abonar en los meses de enero y febrero de 2019". O sea que rechazó la recomposición salarial del 13% para este año y del 4% para el año que viene.

Acto seguido, Osvaldo Bacigalupo, secretario de la FATERyH, le manifestó "que rechaza la propuesta de [...APH...] por desconocer la representatividad de la misma en esta negociación".

Por último los representantes del AIERH, la UADI y la CAPHyAI manifestaron que "pese a ser esta la tercera oportunidad en que [...APH...] participa de esta negociación paritaria, la misma no ha acreditado debidamente su personería gremial y de la que tampoco hemos sido notificados de la misma".

Acto seguido la FATERyH manifestó, "en el marco del CCT N° 589/10 y CCT 590/10, han arribado a un acuerdo el cual acompañan al presente" y agregaron que "se adjunta [el] acta acuerdo con sus respectivas escalas salariales, el cual ratifican en un todo su contenido y firmas contenidas solicitando la homologación del mismo".

Dos días después se homologó y ahora el SUTERH exige también el pago de los 5 mil pesos.

Sobre las paritarias firmadas ante el Ministerio de Producción y Trabajo, al día de la fecha de la redacción de esta nota ^[2], APH no informó nada ni en su sitio web institucional ^[3] ni en su página en Facebook ^[4].

Quien sí lo hizo al día siguiente fue Resqui Pizarro en la página en Facebook de "Reafirmación de los derechos del consorcista": calificó esa jornada como "histórica para los consorcistas". El abogado relató: "además de dejar claramente asentado que los auténticos y genuinos representantes de los consorcios de PH [propiedad horizontal] en este ámbito son los consorcistas que integran los consorcios, se ofreció a la representación sindical abonar lo dispuesto en el DNU 1043/18, en dos partes iguales con los sueldos de enero y febrero venideros [NR: El decreto establece que debe ser pagado en noviembre y diciembre] atento a que todavía siguen agregándose los aumentos de la revisión de agosto pasado y en diciembre los trabajadores de edificios cobrarán, como todos los años, el bono del 20% sobre los básicos de convenio", y agregó: "los representantes sindicales y los empresarios administradores rechazaron la propuesta y hasta a la representación de los consorcistas ejercida legal y legítimamente por la mencionada APH, y de ese modo ‘acordaron’ un 17 % de aumento".

Según él "quedó patentizado que la postura de los representantes de los consorcistas y su participación en un ámbito que durante décadas estuvo reservado a las corporaciones, descoloca a los miembros paritarios que siempre han acordado a espaldas de los consorcios y sus integrantes, disponiendo de los dineros ajenos y, finalmente, logrando que cada vez sean más los consorcios que deciden desprenderse de sus trabajadores".

Por otra parte adelantó: "Para el año entrante llevaremos al debate paritario un proyecto de reforma integral del CCT, para mejorar y equilibrar las relaciones laborales dentro del sector. Nunca en desmedro de los reales trabajadores, pero sí preservando y reafirmando los derechos de quienes viven y/o trabajan en sus consorcios". Es de recordar que esa reforma integral del Convenio Colectivo de Trabajo es un anhelo incumplido de APH desde su nacimiento.

La publicación del socio del estudio jurídico "Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal", recibió 2 me encanta, 18 me gusta y 5 comentarios

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[1] Matrícula número 3.000 en el Colegio Profesional Inmobiliario de la CABA.

[2] 30 de noviembre de 2018.

[3] En su sitio web institucional la última entrada fue de la sección "Noticias" fue del 21 de mayo de este año.

El culebrón del bono de 5 mil pesos

[BPN-13/12/18] En el sector de la propiedad horizontal, hay dos posturas claramente enfrentadas sobre el pago del bono presidencial de 5 mil pesos ^[1]. Por una parte el SUTERH (Sindicato Único Trabajadores Edificios Renta y Horizontal) sostiene que debe ser pagado mientras que la CAPHyAI (Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias) afirma que no.

En los sitios institucionales del AIERH (Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal) y la UADI (Unión Administradores de Inmuebles) no se publicó ninguna mención sobre el tema. Tampoco hicieron comentarios públicos las entidades de consorcistas.

A modo de argumento, el 29 de noviembre el Sindicato expresó: "Respecto del bono de $5.000, de carácter no remunerativo, anunciado por el gobierno nacional, cabe consignar que deberá ser abonado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del decreto 1043/18", y agregó: "Asimismo, informamos que dicho bono no interfirió en el último acuerdo paritario llevado a cabo por las cámaras y nuestro sindicato". La redacción no entendió el concepto subrayado pero se puede señalar que en el acta acuerdo no figuró el tema en ningún sentido. El que introdujo el tema del bono fue la delegación de APH (Asociación Civil de Propietarios de inmuebles de Renta y Horizontal) que lo ofreció como único aumento hasta marzo del año que viene.

Por su parte la CAPHyAI el día anterior se había remitido al primer párrafo del artículo 4º del Decreto 1.043/18 que expresa: "Las partes signatarias de los convenios colectivos de trabajo que hubiesen pactado colectivamente un incremento sobre los ingresos de los trabajadores, en concepto de revisión salarial de la pauta oportunamente acordada en la negociación colectiva del año 2018, podrán compensar aquel aumento con la suma total de la asignación establecida en el artículo 1° del presente hasta su concurrencia, salvo que acuerden expresamente su no absorción".

El 12 de noviembre de este año el presidente de la Nación, Mauricio Macri, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia cuyo primer artículo ordenó: "Establécese, a partir del 1° de noviembre de 2018, una asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, que ascenderá a la suma de $5.000, la cual será otorgada por los empleadores de la siguiente forma: a) 50% con los salarios del mes de noviembre de 2018, pagaderos en el mes de diciembre de 2018 y b) el 50% restante con los salarios del mes de enero de 2019, pagaderos en el mes de febrero de 2019".

El 14 de noviembre a las 16 hs., la CAPHyAI, la UADI, el AIERH y la FATERyH se reunieron en la sede del SERACARH, a pedido de los representantes de los trabajadores, para realizar una recomposición salarial "visto la situación de desfasaje producida" durante el 2018. Firman un acuerdo que otorga un incremento del 17% a pagar un 7% en noviembre, un 6% en diciembre, un 2% en enero y otro 2% en febrero.

Ese mismo día a las 16:46 hs. Víctor Santa María, titular del SUTERH, en su página en Facebook no hizo ningún comentario sobre el acta acuerdo logrado pero con respecto a los 5 mil pesos explicó: "Ese es un decreto de Presidencia de la Nación que está dirigido a los empleadores privados" y afirmó que "no tiene ninguna contraindicación y todos lo tendrán que pagar" ^[1].

Sin embargo tres días después retrocedió de su afirmación. En esa misma página una afiliada que le preguntó: "Para sobrellevar esta situación, ¿podrá sacar un comunicado si nos corresponde el bono de 5.000 pesos obligatorio que decretó el gobierno, cómo nos deben pagar a nosotros y si corresponde a todas las categorías? ¿Podría aclararnos las dudas? Creo que merecemos ese mínimo." En esa oportunidad la respuesta fue: "En cuanto tengamos más novedades sobre el bono lo publicaremos en las diferentes vías de comunicación del sindicato".

Mientras tanto, en su página en Facebook, el SUTERH se abstuvo de hacer comentarios oficiales sobre el bono.

El 28 de noviembre, ante la incertidumbre creada entre los administradores (los que deben liquidar), los propietarios (los que deben pagar) y los encargados (los que deben cobrar), la CAPHyAI publicó un comunicado de prensa en el que aclaró que no se debe pagar.

El 29 de noviembre en su sitio web institucional, el SUTERH publicó una nota ordenando pagar el bono.

Al día siguiente, el último día del mes a las 9:05 de la mañana, el Sindicato publicó esa misma nota en su página de Facebook.

Ese mismo día, la Asociación Civil AIPH (Administradores Independiente de Propiedad Horizontal) publicó en su página de Facebook una imagen en la que sugirieron "no pagar el bono correspondiente al decreto 1043/18 del PEN hasta que se aclare la situación".

También ese mismo día, algunos administradores informaron a este medio que el SUTERH había agregado al Sistema de Control de Aportes y Contribuciones en la propiedad horizontal una ventana con un borde rojo que advertía: "En el período elegido corresponde abonar el Bono Decreto 1043/18".

El 5 de diciembre, la CAPHyAI distribuyó un nuevo comunicado en el que reiteraron lo expresado en el artículo 4º del Decreto 1043/18

Durante el día de hoy la CAPHyAI ratificó a la redacción de Pequeñas Noticias su postura de que no corresponde pagar el bono de los 5 mil pesos porque en el acta acuerdo de la revisión salarial de noviembre el sindicato no dejó aclarado expresamente que los aumentos pactados no incluían el bono tal cual lo expresa el artículo 4º del Decreto 1.043/18

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El convenio de encargados de edificio en el segundo puesto

Por otra parte, el pasado 10 de diciembre, Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo, destacó que hay por lo menos tres sectores laborales que ya están negociando las paritarias de 2019, con un porcentaje promedio estimado del 23%: Luz y Fuerza, Aceiteros y Encargados de edificios. Es de recordar que en principio Víctor Santa María, titular del SUTERH (Sindicato Único Trabajadores Edificios Renta y Horizontal) había incluido en el acuerdo un aumento del 23% para el año que viene pero luego lo retiró del acta acuerdo ^[5], lo que hace suponer que esperará el desarrollo de los acontecimientos económicos del país antes de exigir un porcentaje de aumento.

Retomando la lista de los 12 gremios con los mejores acuerdos, a aceiteros y encargados de edificios le siguen sanidad ^[4] y judiciales con un 45%, bancarios con un 44,4%, alimentación con un 41%, camioneros con un 40,2% y el Sindicato del Petróleo y Gas Privado con un 40%.

Por último, les siguen comercio con un 35%, el gremio de las entidades civiles y deportivas con un 28%, la construcción con un 26% y metalúrgicos con un 23,5%.

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[1] Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina.

[2] Federación Argentina de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal (FATERyH).

[3] Federación Gremial de la Alimentación.

[4] Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad.

[5] BPN Nº 643 del 15/11/18: "El SUTERH pidió una recomposición del 17%".

Escaso interés por la Cuenta Consorcio de Rodríguez Larreta

[BPN-13/12/18] Luego de dos presentaciones oficiales del Gobierno porteño acompañada de la mayoría de los medios de comunicación, la Cuenta Consorcio gratuita del Banco Ciudad cosechó sólo un 17% de incremento en su cartera de clientes. En esa misma sintonía, el 89% de los seguidores de la página en Facebook de Pequeñas Noticias consideró que los consorcios de propietarios no están adhiriendo masivamente a la Cuenta Consorcio.

Según datos oficiales, el Banco Ciudad contaba con 1.540 Cuentas Consorcio el 31 de agosto de este año

El 12 de septiembre, Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana, y Javier Ortiz Batalla, presidente del Banco Ciudad, presentaron la cuenta y explicaron: "Esta iniciativa acompaña las acciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que la gestión de los consorcios sea más eficiente, económica, transparente y participativa", y agregaron: "Con este producto, buscamos colaborar con más de un millón de vecinos de la Ciudad que viven en edificios de propiedad horizontal, contribuyendo a reducir los gastos fijos mensuales del consorcio". Prometieron que los consorcios que se pasen a esta cuenta ahorrarán unos 7.200 pesos al año.

Sin embargo a fin de mes, el 30 de septiembre, a pesar de su amplia difusión mediática este servicio bancario sólo logró un incremento del 5% en su cartera de clientes y pasó de 1.540 cuentas a 1.618. O sea que sólo 78 consorcios optaron por esta opción.

Durante octubre la cantidad de cuentas que se incrementaron siguió subiendo pero el 31 no había superado el 11% con respecto al mes anterior. Ese mes la cartera de clientes del producto creció en 179 cuentas nuevas.

Ante estos resultados, Carrillo organizó el 1º de noviembre otra presentación pero esta vez en la casa matriz del banco junto a Patricia Parente, gerente del Banco Ciudad. A él, según los medios consultados por 

Pequeñas Noticias asistieron unos 100 administradores a los que les ofrecieron la posibilidad de abrir una cuenta para sus consorcios en forma inmediata. Esta presentación fue acompañada por otra importante cantidad de medios, tanto oficialistas como opositores.

El 20 de noviembre Pequeñas Noticias realizó una encuesta entre los seguidores de su página en Facebook en la que se les preguntó si consideran que los consorcios están adhiriendo masivamente a la Cuenta Consorcio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para el 3 de diciembre el 89% de los encuestados había opinado que "No" y sólo el 11% consideró que "Sí".

Entre los comentarios que cosechó la encuesta se destacaron:

Daniel Oscar: "La cuenta del Banco Ciudad es engañosa."

Lilian: "No lo sé. En el consorcio que integro, la asamblea instruyó al administrador para que proceda a la apertura de la cuenta corriente del consorcio en el Banco Ciudad".

María: "Yo tengo las cuentas consorcio en Banco Ciudad y lo que no cobran es el mantenimiento...".

Santa María pidió Procedimiento Preventivo de Crisis

[BPN-13/12/18] El pasado 5 de diciembre, el colaborador de Página/12, Ezequiel Boetti, informó que "directivos de Página/12 le informaron a un grupo reducido de editores que la empresa presentó ante la Secretaría de Trabajo el pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis. Todavía no está aprobado y seguramente por protocolo sea citada la UTPBA (Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires), que es el sindicato con personería gremial, para dar su aval", y agregó: "Según informaron a los editores, no habría despidos sino un reordenamiento de la organización del trabajo en materia de horarios y funciones. Fue pedido por seis meses y podría haber, según anunciaron, retiros voluntarios".

Los conflictos entre los trabajadores de Pagina/12 y Santa María comenzaron prácticamente desde que el Grupo Octubre adquirió el matutino a fines de 2015 ^[1]. Ya por aquel entonces desconcertaba a sus empleados la doble vara que utilizaba para, por una parte defender los derechos de los encargados de edificios y, por otra resistir los reclamos de los trabajadores del diario ^[2].

Según información publicada por los trabajadores de Página/12, todo hace creer que su plantel consta de unos 148 trabajadores por lo que –según este artículo- las medidas planeadas afectarían a un mínimo de 23 empleados.

Por otra parte, ante la Secretaría de Trabajo las autoridades de Página/12 deberán fundamentar su solicitud: "En su presentación, el peticionante fundamentará su solicitud, ofreciendo todos los elementos probatorios que considere pertinentes" (Artículo 99º).

Dentro de las 48 horas de efectuada la presentación, el Ministerio dará traslado a la otra parte, y citará al empleador y a la asociación sindical [en este caso la UTPBA] a una primera audiencia, dentro de los cinco días (artículo 100º) y en caso de no existir acuerdo en la audiencia prevista en el artículo anterior, se abrirá un período de negociación entre el empleador y la asociación sindical, el que tendrá una duración máxima de 10 días (artículo 101º).

Por último "hasta la conclusión del procedimiento de crisis, el empleador no podrá ejecutar las medidas objeto del procedimiento, ni los trabajadores ejercer la huelga u otras medidas de acción sindical" (artículo 104º).

Mientras tanto el pasado 6 de diciembre los trabajadores de Página/12 anunciaban que estuvieron veinte días sin firmar sus notas "en repudio a la decisión del Grupo Octubre de no pagar la magra recomposición paritaria durante todo 2018". En total adhirieron a la protesta 131 trabajadores: 90 periodistas y 12 fotógrafos; unos 29 trabajadores que por sus funciones no firman notas respaldaron la medida con una carta pública.

El 27 de noviembre los trabajadores de Página/12 explicaron que realizaron un paro por el "incumplimiento [del Grupo Octubre] de la paritaria de prensa en lo que resta del año, de la exclusión de las recomposiciones salariales colectivas a los mal llamados colaboradores, a quienes obliga a facturar, y ante las presiones para quebrar la adhesión al quite de firmas votado por la asamblea".

Agregaron también: "En los últimos días el grupo que conduce Víctor Santa María confirmó que no cumplirá este año la paritaria que suscribió como parte de la cámara que comparte con Clarín, La Nación y Perfil y que sólo pagará la primera de las dos cuotas de 2.500 pesos del bono acordado entre el gobierno y la CGT. Con una inflación acumulada del 39,5% en lo que va del año, los incumplimientos del Grupo Octubre, sumados a la paritaria a la baja que firmó la UTPBA, implican que los trabajadores de Página/12 cobramos en promedio un 10% de recomposición, el equivalente apenas a la primera cuota de la paritaria vigente desde mayo"

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Foto: Blog "Trabajadores de Página/12".

[1] BPN Nº 565 del 18/12/15: "Santa María compraría Página/12".

Víctor Santa María habría comprado FM Palermo

[BPN-13/12/18] Durante la primera semana de diciembre Víctor Santa María, titular del SUTERH (Sindicato Único Trabajadores Edificios Renta y Horizontal) y presidente del Partido Justicialista (PJ) porteño habría comprado la sociedad FM del Barrio SRL, dueña de las frecuencias FM 94.7 y 93.9, también conocidas como FM Palermo I y FM Palermo II.

A modo de antecedente se puede mencionar que la sociedad FM del Barrio SRL estaba en vías de ser vendida. Finalmente, luego de una auditoría contable, Cristina Castro Padula y Freddy Le Pera, dueños de la sociedad, concretaron la venta de la sociedad y de su edificio en la calle Ravignani 1.732 (Palermo) al Grupo Octubre a mediados de la primera semana de diciembre.

Según el matutino La Nación, el edificio no será demolido como se rumoreaba entre los empleados de la FM y especuló que en los próximos meses, alguno de los medios del Grupo Octubre que funcionan en Venezuela 356 serán mudados a Palermo.

Sobre el plan de programación de ambas radios, según trascendió, una de las FM será totalmente deportiva, con periodistas que quedaron sin aire tras el cierre de la radio de ESPN en septiembre pasado, con Germán Sosa a la cabeza y diferentes experiodistas de Radio Rivadavia AM 630.

Su figura principal sería Gonzalo Bonadeo (seguramente con un ciclo a las 16), quien hasta el mes de febrero conducirá el segmento de 18 a 20 Arqueros, Ilusionistas y Goleadores en la AM del grupo, La 750 AM. También habrá un espacio para los cuadros de fútbol más importantes de nuestro país, como Boca los lunes; River, los martes, y Racing, los miércoles.

Quieren sacar el impuesto al cheque a los consorcios

[BPN-13/12/18] El pasado 13 de noviembre, el diputado nacional Marcos Lavagna (Aires Federal Unidos por una Nueva Argentina) presentó un proyecto de ley que, en una redacción confusa, pretende eximir a las cuentas bancarias de los consorcios del impuesto al cheque. Hoy la tasa está establecida en 0,60% sobre los créditos y débitos bancarios.

De la lectura del texto no queda claro quién es el beneficiario de la exención. De una primera lectura se entiende que el beneficiario es el administrador o, en el mejor de los casos, las operaciones que realicen los administradores en las cuentas de los consorcios. Esto no es lo mismo que cuando el beneficiario de la exención es directamente la cuenta corriente que está a nombre de un consorcio.

El proyecto consta de 3 artículos de los cuales uno es de forma, entró a la Cámara de Diputados bajo el número de expediente 7132-D-2018 y está previsto que sea tratado por comisión de Presupuesto y Hacienda.

Entre sus argumentos el diputado argumentó: "La Argentina se encuentra en un proceso de crisis económica profunda que afecta a todos los sectores de la economía, siendo la clase media una de las más afectadas por las medidas que está tomando el Gobierno para lograr el equilibrio fiscal. Los fuertes aumentos de tarifas de los servicios públicos, el aumento del desempleo, la aceleración de la inflación, y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, afectan la capacidad de consumo de las familias".

Agregó también: "Según las estimaciones del Presupuesto 2019, recién comenzará a registrarse un crecimiento interanual en 2019, y si las previsiones optimistas se cumplen, en 2020 habrá crecimiento luego de dos años de fuerte recesión. Por ello, en el corto plazo se requieren tomar medidas que tiendan a mitigar el impacto de la crisis. En tal sentido, hemos elaborado esta iniciativa que tiene como propósito disminuir uno de los costos de las expensas".

Según algunos medios especializados en temas de la ciudad, el mismo día que se presentó el proyecto en Diputados, Lavagna y Sergio Abrevaya (GEN) se reunieron "con asociaciones de consorcistas" con el objetivo de "continuar trabajando en medidas, que en el corto plazo, ayuden a bajar el costo de las expensas", según expresaron.

Esta sintonía entre Lavagna y Abrevaya se comprendió mejor el 5 de diciembre luego de que el diputado nacional cerrara el año junto a Sergio Massa y Miguel Ángel Pichetto en una reunión de 400 personas en la cual Lavagna se perfiló como el candidato a jefe de Gobierno porteño del Partido Justicialista no kirchnerista. De la misma participó Sergio Abrevaya y mandó saludos –entre otros muchos- la ex diputada nacional, Margarita Stolbizer, también del GEN.

Es de recordar que el candidato a diputado nacional del GEN fue Matías Tombolini pero en las elecciones de 2017 sacó sólo un 5% de los votos. En enero de 2018, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lo puso al frente del Consejo Económico y Social, del cual Sergio Abrevaya había sido su primer presidente y Víctor Santa María su vicepresidente.

El impuesto al cheque nació en plena época de crisis del año 2001, con el supuesto objetivo de mejorar la competitividad de la economía. Se prometió que sería transitoria y el 24 de marzo del año que viene cumplirá 18 años de vida.

Vamos Juntos dio luz verde al proyecto de Abrevaya

[BPN-13/12/18] El pasado 5 de diciembre, la Comisión de Legislación General emitió dictamen de mayoría sobre un proyecto de Sergio Abrevaya (GEN) que pretende modificar la Ley 257 (Fachadas y balcones), Ordenanza 40.473 (matafuegos) y la Ley 451 (Código de faltas). Abrevaya propone –entre otras muchas cosas- cambiarle a la Ley 257 su cronograma de controles, ampliando sus plazos; quiere que la Ordenanza 40.473 imponga una recarga anual y una verificación semestral de los matafuegos; y a los ciudadanos de a pie, incumplidores de esta norma, les impulsa fuertes multas mientras que a los locales de gran afluencia de público propone disminuirlas.

ÚLTIMO MOMENTO: En el día de hoy el proyecto fue aprobado con modificaciones. Votaron afirmativamente 56 legisladores, por la negativa Marta Jacqueline Martinez y Fernando Pablo Vilardo de Autodeterminación y Libertad y se abstuvo Gabriel Solano (Frente de Izquierda y de los Trabajadores).

Este proyecto lo había presentado el legislador el 1º de marzo y era radicalmente diferente al que finalmente se presentará en el recinto de la Legislatura para su votación. Luego de su tratamiento por Legislación General estaba previsto que sea tratado por las comisiones de Justicia porque cambia el monto de las infracciones a la Ley 257 y a la Ordenanza 40.473 y a la comisión de Defensa de los Consumidores y Usuarios por razones desconocidas pero ambas rechazaron su tratamiento.

Es de destacar que en la Comisión de Legislación General votaron a favor del despacho sólo los legisladores de "Vamos Juntos": Christian Bauab, Daniel Eduardo Del Sol, María Luisa González Estevarena, Paola Vanesa Michielotto, Hernán Reyes y Guillermo Pablo Suarez. Votaron en contra: Santiago Luis Roberto (Unidad Peronista), Leandro Halperin (Evolución) y Leandro Santoro (Unidad Ciudadana).

El despacho tiene tratamiento preferencial y estaba previsto su tratamiento legislativo el 13 de diciembre.

Más que una modificación hay que tomar este proyecto como una redacción total de la Ley 257 porque de sus 12 artículos, Sergio Abrevaya (GEN) propone modificar sustancialmente ocho y eliminar uno.

Actualmente la Ley 257 modifica el artículo 6.3.1.1 (Obligaciones del Propietario relativas a la conservación de la obras) del Código de la Edificación. De sancionarse el proyecto, se desvincula su articulado de ese Código y la obligación de conservar en buen estado el inmueble surgirá de la misma Ley 257 (artículo 1º).

A los elementos que un inmueble debe conservar en buen estado agregó "conductos e instalaciones" (artículo 1º).

Cambia el cronograma de los controles y amplía sus plazos: en la ley actual el mínimo es cada dos años (edificios de más de 72 años) y el máximo de 10 años (edificios de 10 a 21 años), en la propuesta de Abrevaya el mínimo es de 5 años (edificios de más 55 años) y el máximo es de 15 años (edificios de 15 a 25 años) (artículo 2º).

Desdobla los eximidos de las obligaciones de la ley en dos: los inmuebles de planta baja que no excedan los 4 metros de altura en su fachada al frente y aquellos destinados sólo a vivienda que en su fachada al frente excedan los 4 metros hasta los 9 metros de altura y se encuentren retirados, como mínimo, 3 metros de la línea oficial (artículo 3º).

Quita a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro la exclusividad del control del cumplimiento de la ley. El proyecto sólo menciona a la "autoridad de aplicación" aunque no determina cual sería (artículo 3º en adelante).

De ser aprobada, sólo tres artículos quedararán tal cual el original: el que obliga al Poder Ejecutivo a "adoptar a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires u otros medios a su alcance, las medidas necesarias para instrumentar créditos destinados a los propietarios que deban realizar obras de conservación exigidas por la aplicación de la presente ley" (artículo 10º). El que establece que "la reglamentación de la presente ley deberá dictarse dentro de los noventa días de su promulgación y tendrá vigencia al décimo día de su publicación" (artículo 11º). Y el que ordena "Comuníquese, etcétera", llamado también artículo de forma (Artículo 12º).

Esta ordenanza crea en la CABA un "Registro de reparadores y recargadores de equipos contra incendios, en sus distintos tipos (matafuegos)". Actualmente tiene 10 artículos y Abrevaya modifica ocho. En este caso, no sólo su "modificación" la reescribe completamente sino que cambia parcialmente su espíritu. Establece que "el objeto de la presente es regular los procesos de fabricación, reparación, recarga, instalación y control de extintores (matafuegos) y equipos contra incendio, como así también los de fabricación, reparación, instalación y mantenimiento de instalaciones fijas contra incendio (IFCI) en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires" (artículo 1º).

Se destaca que la iniciativa propone modificar su artículo 4º y establece que "la vigencia de la recarga de los extintores (matafuegos) es de un año". Agrega a continuación, en una redacción ambigua, que "seguidamente al procedimiento de recarga se debe realizar una única revisión y/o control completo del estado del matafuego". Como no resulta lógico pensar que la revisión del matafuegos se realice inmediatamente luego de la recarga se entiende que los matafuegos deberán ser revisados a los seis meses de la recarga que, por otra parte, se supone habrá incluido una revisión aunque la ley no lo diga. Para sintetizar: en lugar de las cuatro revisiones trimestrales parece ser que se propone una semestral y una recarga anual.

Al Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires Abrevaya propone agregar un artículo y modificar dos.

Para las infracciones a la Ley 257 Abrevaya propone saladas multas: el "titular o responsable de un inmueble que no cumpla con las obligaciones impuestas en materia de fachadas, es sancionado/a con multa de 1.000 a 5.500 unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del inmueble, cuando corresponda" (artículo 2.1.1.14 bis).

Desde el 1º de septiembre el valor de la unidad fija esta fijado en 17,85 pesos. O sea que las multas por incumplimiento a la Ley 257 hasta el último día de febrero serán desde 17.850 pesos hasta los 98.175 pesos. Es de suponer que en marzo subirán porque están atadas al valor de la nafta.

Sobre el tema matafuegos e instalaciones fijas contra incendios subió las multas a los particulares pero se las bajó a los establecimientos con "gran afluencia de público".

La multa mínima que deberá pagar el ciudadano de a pie aumentó de 500 a 1.000 unidades fijas. La máxima se incrementó de 2.000 a 3.500 unidades fijas. Textualmente la iniciativa propone: "El titular o responsable de un establecimiento o inmueble que no posea matafuegos u otros elementos de prevención contra incendios, o cuya provisión no satisfaga la cantidad exigida para la superficie de que se trata o no se ajusten en su capacidad, características, especificaciones o ubicaciones a las exigencias establecidas en la normativa vigente, o carezcan de las respectivas constancias de carga, y/o incumpla con los extremos previstos en la normativa vigente en la materia es sancionado/a con multa de 1.000 a 3.500 unidades fijas y/o clausura del local o establecimiento" (artículo 2.1.1).

Por otra parte a los locales de gran afluencia de público –como hubiera sido catalogado el local bailable República Cromañón ^[1]- les bajó las multas. La multa mínima pasó de 10 mil unidades fijas a 6.800 y la multa máxima de 50 mil a 34.000.

Textualmente la propuesta de Abrevaya reza: "Cuando la infracción es cometida en una estación de servicio, garaje, cine, teatro, centro comercial, hoteles, establecimiento educativo, geriátrico, natatorio, clubes, recinto en el que se depositen materiales inflamables o local de gran afluencia de público, es sancionado/a con multa de 6.800 a 34.000 unidades fijas y/o clausura del establecimiento" (artículo 2.1.1).

Con respecto a los fabricantes y recargadores de matafuegos la iniciativa propone: "Los establecimientos, que fabriquen, reparen, revisen y/o controlen, recarguen y/o instalen extintores (matafuegos) que no cumplan con la normativa vigente en la materia serán sancionados con multa de 5.000 a 8.000 unidades fijas y/o clausura del establecimiento, sin perjuicio, de corresponder, la baja definitiva del Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores (matafuegos) y Equipos contra Incendios. Cuando la falta se cometa por establecimientos que no se encuentren inscriptos conforme la normativa vigente en la materia, son sancionados con multa de 10.000 a 15.000 unidades fijas y/o clausura del establecimiento" (artículo 2.1.1 bis).

La propuesta es exactamente igual cuando se trate de instalaciones fijas contra incendios: "Los establecimientos, que fabriquen, reparen, instalen y/o mantengan instalaciones fijas contra incendio (IFCI) que no cumplan con la normativa vigente en la materia serán sancionados con multa de 5.000 a 8.000 unidades fijas y/o clausura del establecimiento. Cuando la falta se cometa por establecimientos que no se encuentren inscriptos conforme la normativa vigente en la materia, serán sancionados con multa de 10.000 a 15.000 unidades fijas y/o clausura del establecimiento" (artículo 2.1.1)

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Los ganadores del sorteo y sus nuevos libros

[BPN-13/12/18] Pequeñas Noticias, a lo largo de noviembre entregó los cinco ejemplares del libro "Vecinos famosos y otras historias desopilantes de edificios" de la Cra. Mariel Kernes. Los ganadores fueron Claudia Ziliotto, Alicia Trigub, Juan Carlos Arrigo y Andrés Zulberti quien, a su vez sorteará otro ejemplar entre los participantes de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3.

El sorteo comenzó el 2 de octubre y finalizó el 1º de noviembre. En la página y el grupo de Pequeñas Noticias en Facebook el sorteo recibió 1.124 visualizaciones que generaron 301 interacciones, fue compartido 54 veces y cosechó 42 "Me gusta" y tres "Me encanta".

El libro, que se desarrolla a través de 204 páginas, consta de nueve capítulos, un prólogo y los correspondientes agradecimientos y dedicatorias. Sus capítulos son: "Me lo contaron los famosos", "Anécdotas y opiniones de administradores y vecinos", "Y así nos comunicamos", "Me los contaron los vecinos", "Me lo contaron los administradores", "Las reuniones de consorcio", "Encuesta", "Anécdotas de convivencia en otros países" y "Comentarios finales".

Llamó la atención de la redacción de Pequeñas Noticias la gran cantidad de entrevistas a figuras públicas que realizó la autora. Entre los 76 personajes que relataron detalles de sus vivencias relacionadas con consorcios en las 60 páginas que compone el capítulo se pueden encontrar actores, futbolistas, periodistas, humoristas, conductores de radio o TV, políticos, funcionarios, legisladores, modelos y "mediáticos", entre otros.

Las facturas para un consorcio

Estimados, esta consulta es muy sencilla.
¿Las facturas para un consorcio son del modo "A" o del modo "B"?
Cuáles son sus razones en cualquiera que le correspondiera.
Muchas gracias por su nuevo tiempo en facilitarme este nuevo dato.
Saludos
Eduardo [CABA]
(26/11/2018)

Hola Eduardo, los comprobantes más comunes son "A", "B" o "C" y la respuesta a cuál corresponde a un consorcio, depende de dos circunstancias: 1) quién emite y 2) quién recibe.

En cuanto a la emisión, los dos primeros sólo los puede emitir un proveedor /prestador de servicios que sea Responsable Inscripto en el IVA y los monotributistas, sólo pueden emitir comprobantes tipo "C". Es decir que si el proveedor/prestador es monotributista, corresponde que le entregue al consorcio un comprobante "C".

Si el prestador/proveedor es responsable inscripto, emitirá "A" o "B" según cuál sea la situación impositiva del consorcio: si éste a su vez es también responsable inscripto, emitirá factura "A" y si no lo es, emitirá factura "B".

Los consorcios deben inscribirse como responsables en el IVA cuando existe una locación de antenas, o locales comerciales por ejemplo, que son las situaciones más comunes.

Existe otros dos tipos de comprobante, denominados "M" y "A con CBU informada" que son los que debe emitir un proveedor/prestador que sea responsable inscripto, cuando el receptor también es responsable inscripto, pero a quien AFIP no le autorizó la emisión de facturas "A".

Si el consorcio por el cual preguntás es inscripto y recibe alguna de estas dos modalidades, deben recibirlas pero tener en cuenta que sobre las "M" corresponde hacer retenciones impositivas, y que el pago de las "A con CBU informada" sólo puede realizarse mediante depósito o transferencia bancaria a la CBU que consta en la misma factura.

Espero haberte ayudado.

Viviana Grinberg

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La Contadora Publica Viviana Grinberg es especialista en Propiedad Horizontal y se desempeña en la práctica privada realizando  auditorías de expensas, seguimientos anuales y controles de gestión. Para cualquier consulta se le puede escribir un e-mail a vgrinberg@arnet.com.ar o llamarla a los teléfonos 4553-6094 ó 4552-9692.

Un saludo cordial.

Estimado Augusto:

En la nota "El culebrón del bono de 5 mil pesos" de este boletín hemos desarrollado el tema ampliamante.

Durante el día de hoy la CAPHyAI ratificó a la redacción de Pequeñas Noticias su postura de que no corresponde pagar el bono de los 5 mil pesos porque en el acta acuerdo de la revisión salarial de noviembre el sindicato no dejó aclarado expresamente que los aumentos pactados no incluían el bono tal cual lo expresa el artículo 4º del Decreto 1.043/18

Un saludo cordial.

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