Las seis entidades de administradores en pie de guerra

[BPN-25/04/18] A mediados de abril, por primera vez en la historia de la comunidad consorcial, las seis entidades de administradores –salvando sus importantes diferencias- se unieron para iniciar una campaña de difusión conjunta que bajo el lema "El gobierno vulnera la propiedad privada" desmiente que el Ejecutivo porteño pueda bajar las expensas un 20% y denuncia que la promesa de que el proyecto Consorcio Participativo ayude a bajar las expensas "es un señuelo para imponer una inédita ofensiva contra la propiedad privada".

La mecánica de la ofensiva fue muy simple: se le solicitó a los administradores que distribuya a todos los copropietarios, vía expensas, un volante A4, impreso a color de los dos lados que proporcionaron por correo electrónico a sus afiliados y por las redes sociales a los administradores no federados. Esta modalidad multiplicó el poder de fuego de cada mandatario por la cantidad de edificios que administra lo que brindó a las entidades no sólo una difusión territorial más amplia, sino también una más profunda.

Si bien el 23 de noviembre de 2007 ya se habían unido cinco entidades de administradores (El Grupo de los 5) en la Federación Argentina de Municipios para bregar por una colegiatura para el sector y para aunar criterios en una serie de puntos vinculados a la profesión ^[1], en esta oportunidad se sumó la no hace mucho creada APARA (Asociación de Profesionales Administradores de la República Argentina).

Las entidades fueron: AIERH (Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal), AIPH (Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal AIPH), la ya mencionada APARA, CAPHyAI (Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias), FRA (Fundación Reunión de Administradores) y UADI (Unión Administradores de Inmuebles).

El mensaje que cada una de las entidades de administradores difundió entre sus asociados comenzó explicando que "la profesión de administrador exige cada día todo de nosotros, y -haciendo un poco de historia- recordó: "durante los últimos años y mediante una sucesión de disposiciones, resoluciones y leyes se impusieron exigencias desproporcionadas y crecientes, cambios en las reglas, incremento constante de la burocracia, mayores costos, multas arbitrarias, normas contradictorias, sistemas que no funcionan, manifestaciones públicas prejuiciosas y mucho más".

Señaló que "los errores de los funcionarios no solo nos afectan a nosotros. Empeoran la vida en edificios y aumentan las expensas", y agregó: "Con el promocionado plan para bajar las expensas un 20% se están incubando conflictos y con el proyecto de 'Consorcio Participativo' se quiere estatizar virtualmente nuestra actividad".

Por último propuso "a los administradores distribuir el documento adjunto a todos los propietarios con las expensas de abril de 2018".

En el frente del volante las entidades de administradores, bajo el título "La promesa de bajar un 20% las expensas", explicaron: "El GCBA lanzó una campaña publicitaria anunciando una baja de un 20% en las expensas eliminando ‘obligaciones inútiles’. Eso no va a suceder. Las medidas anunciadas son de incidencia mínima o bien son impracticables o serán revisadas porque quitan seguridad. Se está generando una expectativa que solo puede llevar a la frustración y al conflicto entre propietarios y administradores".

A continuación desarrollaron una tabla en la que contrastaron lo que prometió el Gobierno porteño en sus anuncios oficiales y lo que las entidades firmantes consideraron que es lo que va a pasar en realidad: un 0% de ahorro.

Por otra parte, es de tener en cuenta que para bajar un 20% las expensas –tal cual prometió el Gobierno de la CABA- hay que realizar ahorros por un 40% porque la mitad de lo que gasta un consorcio –en un promedio muy general- son salarios, aportes y contribuciones.

El dorso del volante estuvo dedicado al Proyecto Consorcio Participativo: "Se quiere obligar a los consorcios, por ley, a utilizar una plataforma estatal única de gestión. Sin embargo los servicios que prometen ya existen. Actualmente son de libre elección, variadas características y avanzada tecnología. El Gobierno busca estatizar la documentación privada de los edificios, sus sistemas de comunicación y de toma de decisiones. Quiere concentrar sus sistemas contables y los informes que emiten. Busca acumular el dinero de sus expensas en el Banco Ciudad. Con el eslogan de la transparencia y la comunicación el Gobierno pretende construir y al mismo tiempo operar una base de datos inmensa, nunca antes en manos estatales. Y buscará con ella ampliar la base tributaria y canalizar publicidad oficial".

Explicó algunas de las consecuencias de que se apruebe: "El proyecto exigirá aumentar el ABL para solventar los 400 millones de pesos anuales que costará la nueva estructura de empleados públicos y el desarrollo y mantenimiento de la plataforma. El GCBA está a punto de violar leyes nacionales como la de Protección de Datos Personales, el Código Civil y Comercial, la Ley de Defensa de la Competencia y la misma Constitución Nacional. En diciembre el proyecto fue postergado por desconfianza de los propios legisladores del oficialismo. Aun así el Gobierno viene anunciando que volverá a presentarlo".

Por último resumió: "Esperamos que la opinión pública lo rechace definitivamente" 

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Bonadio quiere ver los libros del SUTERH

[BPN-25/04/18] Durante la tercera semana de abril, el juez Claudio Bonadio libró órdenes para que el SUTERH (Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal), su obra social (OSPERyHRA) y el SERACARH (Servicio de Resolución Adecuada de Conflictos para la Actividad de Rentas y Horizontal) entreguen los libros societarios y contables.

Según las fuentes periodísticas consultadas ^{[1][2][3][4][5]}, en el marco de la causa por lavado de dinero contra el secretario general del sindicato de encargados, Víctor Santa María, éste habría sido el primer paso indispensable para iniciar un peritaje contable con el objetivo de determinar sus movimientos de dinero.

Según Clarín, la causa cuenta con un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) y documentación aportada por la diputada Graciela Ocaña, donde se denunció a Santa María por operaciones millonarias en Suiza que podrían estar relacionadas con maniobras de lavado de dinero.

Un informe de inteligencia que reveló ese mismo medio, mostró operaciones realizadas entre el sindicato de porteros y empresas vinculadas a Andrés Leonardo Stangalini y Damián Fernando Bila, entre otros nombres que se repiten, con "fines ajenos a la actividad sindical".

Mientras El Intransigente ^[2] y El Sindical ^[3] señalaron textualmente que "allanaron el sindicato de los porteros", Infobae ^[4] –más prudente- comunicó que "Bonadio ordenó una serie de procedimientos en el gremio y la obra social de los porteros".

Sin embargo Urgente 24 ^[5] señaló que "cuando otros periodistas intentaron confirmar esta noticia, el allanamiento no fue tal". Puntualizó que eso no fue lo que ocurrió y que un vocero del SUTERH explicó: "En el día de la fecha, se ha recibido una requisitoria judicial solicitando distinta información. Ante este pedido, el área legal del SUTERH procedió a entregar la documentación pertinente a la actuación judicial en la que no se encuentra sometido a proceso ningún miembro de la institución". Esta misma fuente resumió que "se ha expresado a las autoridades intervinientes que la entidad sindical brindará toda la colaboración que le sea requerida".

Finalmente explicó: "El allanamiento, en Derecho Procesal Penal es el ingreso a un domicilio con fines de investigación: el registro del lugar, en búsqueda de objetos o personas relacionadas con un delito, o con motivo de algún otro acto procesal (por ejemplo, trabar un embargo o sacar fotografías, etc.). Dado que se trata de una restricción a los derechos constitucionales, a la inviolabilidad del domicilio y la intimidad, como norma general la orden de allanamiento debe provenir de un órgano judicial, mediante resolución escrita, fundada y determinada".

Clarín tituló su nota "El juez Claudio Bonadio pedirá un peritaje contable en el gremio de Víctor Santa María" 

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[1] Clarín del 18/04/18: "El juez Claudio Bonadio pedirá un peritaje contable en el gremio de Víctor Santa María".

[2 ] El Intransigente.com del 19/04/18: "Allanaron el sindicato de Víctor Santa María".

[3] El Sindical del 18/04/18: "Allanamiento al sindicato y Obra Social de Víctor Santa María por presunto lavado de dinero".

[4] Infobae del 18/04/18: "Bonadio ordenó una serie de procedimientos en el gremio y la obra social de los porteros".

Luis Games mandó una carta a Macri y otra a Carrió

Games reconoció que hay que hacer un cambio pero indicó que "es grave la ineficiencia y falta de transparencia" que existe en el Gobierno de la Ciudad y que, si bien, "las herramientas son muy valiosas [...] hay que acompañarlas de capacitación, integración y transparencia. En este caso, esto que le menciono no se ve...".

En sus palabras expresó: "Comparto que es necesario llevar adelante una reforma estructural y de fondo en la administración y control de los consorcios de la Ciudad de Buenos Aires. Pero no todo se resuelve con una aplicación del Gobierno gratis. La cuestión no es solamente con la administración, los sistemas, sindicatos, propietarios y leyes. El Gobierno también falló en gran forma con el Registro Público de Administradores (RPA), la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DyPC)", y sentenció: " Es grave la ineficiencia y falta de transparencia".

Desde su sentimiento personal le trasmitió: "No comparto el camino que eligió para llevar adelante este cambio. No vamos juntos, quedan afuera 40 Pymes y Emprendedores de sistemas e informática. Producir el cambio genuino es más sencillo que lo que el Gobierno de la Ciudad propone: una aplicación y un Monopolio Estatal".

Games, en su carta develó algunos aspectos interesantes en las negociaciones que se mantuvieron con Facundo Carrillo, autor del proyecto y secretario de Atención y Gestión Ciudadana, y otros funcionarios a los que no nombró: "Durante 6 meses mantuvimos entrevistas con la tercera línea del Gobierno -en alguna medida incoherentes- y que adoptó rígidas posiciones. En realidad, los funcionarios hicieron un análisis de mercado de sistemas, de cobranzas, de pagos y de eCommerce (comercio electrónico)".

Aludiendo a la postura de Carrillo durante las reuniones con las empresas de sistemas, Games detalló: "El mensaje del gobierno fue desde el vamos y sigue siendo el mismo, ‘ustedes quedan afuera de sus actividades’, ‘no nos interesa la experiencia que tienen ni el conocimiento’, ya sea por h o por b, escusas de siempre para no abrir, cuestiones menores que se pueden mejorar pero que se resisten a trabajar en equipo".

Por otra parte reveló algunas de las ofertas que se le brindaron al funcionario en la intención de acercar posiciones: "Fue rechazada la colaboración ofrecida al gobierno para facilitarle red tecnológica en competencia abierta, acortar plazos, no gastar, mantener competencia de prestadores, subir la vara tecnológica, la eficiencia, mejorar transparencia y control. Sumar la mitad de los edificios de la ciudad para promover el cambio".

Mencionó también la ronda de charlas con los vecinos que Carillo y Miguel desarrollaron con los vecinos en diferentes lugares de la ciudad aunque, curiosamente, no en las sedes de las comunas: "Ahora se suma a la campaña barrial el vicejefe de Gobierno [Felipe Miguel], pero en vez de generar un clima de cambio propenso a la participación y en consenso, basado en ‘juntos se puede, con fe y esperanza’, para mejorar, profesionalizar, transparentar, competir, bajar costos, participar y controlar; nuevamente nos hemos encontrado con clima adverso, un muro de piedra, un vamos por toda la ciudad, el ser inflexible y excluyente para crear un monopolio estatal".

Textualmente, Games le trasmitió al presidente de la Nación su fuerte desilusión: "Tengo 62 años, pasé muchas crisis en este país y siempre para adelante, soy emprendedor por naturaleza, a mi lado trabajan 10 jóvenes, no soy comerciante ni especulador, soy defensor de derechos, libertad, trabajo, libre contratación, competencia, igualdad de oportunidades; y creo en la justicia, pero más bien en la divina.

"Lamentablemente voté por el cambio, pero estoy con fuerte desilusión. Estamos enfrentados en lucha asimétrica de poder con el Ejecutivo y ahora en la Legislatura de la Ciudad.

"Ya no se trata de poder seguir o cerrar la pyme. No se trata de dinero. Son principios. Lo mío no es bronce, ni oro. Es cerámica, es pasión y amor.

"Se trata de la falta de honestidad política del discurso del Jefe de Gobierno de la Ciudad.

"Se trata de lo que dejamos a nuestros hijos, de la codicia que crea más desigualdad, de la falta de interés en profesionalizar y educar. Esto en el sector consorcios está muerto y sin futuro".

Rodríguez Larreta anunció que eliminará IIBB del gas y el agua

[BPN-25/04/18] El pasado 24 de abril, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, anunció que presentará un proyecto de ley para eliminar durante este año el impuesto de Ingresos Brutos (IIBB) en las facturas de gas y agua que pagan los habitantes de la CABA. La medida redundará en un descuento del 4% en ambos servicios.

Rodríguez Larreta aclaró que esta medida la tomó "siguiendo la iniciativa que nos planteó" el presidente Mauricio Macri "en esta situación de esfuerzo que estamos haciendo todos para sincerar nuestra política energética", estimó su costo en unos 1.500 millones de pesos y adelantó que se financiará "postergando alguna obra", aunque no aclaró cuál.

Con respecto a los aumentos de electricidad el jefe de Gobierno comunicó que distribuirá entre los vecinos 5 millones de lamparitas LED para –mediante el ahorro de la energía- mitigar el aumento de un 24% que sufrió este servicio desde el pasado febrero.

Habló de esta y otras medidas que el Gobierno tomará para promover un cambio en la "matriz energética" y lo enlazó con su campaña para bajar un 20% las expensas: "Además de eso vamos a intensificar todas nuestras campañas de concientización en lo que es el cambio de artefactos, en lo que es... En lo que ya impulsamos cuando hace dos meses anunciamos la baja de expensas. Un componente de esa baja de expensas tiene que ver con el cambio energético de los edificios con lo cual tenemos ahí un ahorro adicional".

Sobre esta medida el legislador Gabriel Solano (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) adelantó: "Rechazaremos en la Legislatura el proyecto anunciado por Rodríguez Larreta para eliminar el cobro de Ingresos Brutos en las facturas de Agua y Gas. Es claro que el propósito es hacer pasar el tarifazo, a costa de una merma de los ingresos que recibe el Estado de la Ciudad. Estamos ante una transferencia indirecta de recursos a favor de las empresas privatizadas", y agregó "El propio Larreta confesó que la medida implicará un ajuste, ya que la Ciudad dejará de percibir aproximadamente 1.500 millones de pesos, afectando obras que están en curso. De fondo, refuerza una tendencia general a concentrar la recaudación impositiva en el Estado nacional en detrimento de las provincias, que son justamente las que sostienen los sistemas de salud y educación".

Es de recordar que el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, el pasado 28 de marzo había anunciado que el incremento de la factura de gas será –en un promedio nacional- del 32% con máximos de hasta el 40%. En esa oportunidad había explicado que se aplicará una suba promedio del 40% para los hogares de menor consumo (categorías R1 a R23), mientras que los de consumo medio (R31 a R33) sufrirán incrementos del 32%. A los usuarios de mayor consumo (R34) les corresponderá un ajuste del 28%.

Facturas de luz y gas sin Ingresos Brutos

[BPN-25/04/18] El pasado 9 de abril, tres legisladores de la CABA presentaron un proyecto de ley para que consumidores residenciales y pymes no paguen Ingresos Brutos de sus facturas de gas y electricidad durante tres años. De aprobarse la iniciativa el ahorro sería de un 6% en el valor de cada factura. Los autores de la iniciativa son Sergio Abrevaya (GEN), Silvia María Eva Gottero y María Rosa Muiños, ambas del Bloque Peronista.

El proyecto de ley consta únicamente de dos artículos: el primero trata sobre la exención impositiva al servicio eléctrico y el segundo sobre al servicio de gas natural. Como dato curioso la propuesta carece de artículo de forma. Ingresó a la Legislatura porteña bajo el número de expediente 1047-D-2018 (109496) <texto original>.

En sus fundamentos los autores se remitieron a un trabajo de abril de este año de la Universidad de Avellaneda, titulado "Costo tarifario, que entre otras muchas cosas aseveró: "Del informe se desprende que nuestro país verificó desde inicios de 2016 incrementos acumulados promedio del 920% en energía eléctrica, de casi un 930% en gas natural y del 683% en agua", y agregó: "En prospectiva, aún restan aplicarse aumentos de tarifas para los próximos meses. Según lo comunicado en las diferentes carteras, se esperan incrementos promedio de 56% en electricidad, 36% en gas natural y 40% en agua potable, entre otros".

Quieren que los cortes de gas se inspeccionen y reconecten en cuatro días

[BPN-25/04/18] El pasado 10 de abril, el Leg. Sergio Abrevaya (GEN) presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña para que las empresas distribuidoras de gas deban inspeccionar las instalaciones y sus accesorios a los dos días de haber sido presentado el formulario de solicitud de inspección y rehabilitar el servicio a los dos días en que la inspección resultara aprobada. La iniciativa pretende también que la distribuidora no pueda cortar el suministro de gas exigiendo adecuaciones constructivas o edilicias a las nuevas normativas que emita el Ente Nacional Regulador del Gas o dicha distribuidora.

Para conseguir su objetivo, Abrevaya propone agregar un artículo 4.8.1.1 al Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Éste establecerá un único motivo para el corte del servicio, cuando existas pérdidas o fugas de gas: "La distribuidora de gas podrá interrumpir el servicio cuando existan pérdidas o fugas en el suministro de gas, el cual será reanudado en forma inmediata cuando el cliente haya reparado o corregido la situación o situaciones que ocasionaron el corte y la distribuidora haya verificado que la instalación se encuentra en condiciones de seguridad".

La empresa deberá realizar las comprobaciones acompañada por un habitante de la casa mayor de edad: "La distribuidora deberá realizar las comprobaciones necesarias, debiendo contar con la presencia del usuario o del morador en el momento del operativo, el cual deberá ser una persona mayor de edad".

Luego de arreglada la causa del corte la iniciativa ordena un plazo perentorio para verificar la instalación: "La distribuidora de gas debe proceder a efectuar la inspección parcial o final sobre los trabajos realizados, en el plazo de dos días hábiles contados a partir de la presentación del correspondiente formulario de solicitud de inspección por parte del gasista matriculado".

Ordena igual plazo para reconectar el servicio: "En caso de que las instalaciones se encuentren aptas para el servicio, la rehabilitación deberá producirse dentro de los dos días hábiles contados a partir de la fecha en que la inspección resultara aprobada".

Expresamente establece que no se puede exigir la readecuación de las instalaciones a la normativa actual vigente para rehabilitar el servicio: "La distribuidora no podrá cortar el suministro de gas exigiendo adecuaciones constructivas o edilicias a las nuevas normativas que emita el Ente Nacional Regulador del Gas o dicha distribuidora".

Por último el proyecto reitera: "La distribuidora tiene prohibido extender por más tiempo el plazo de rehabilitación del suministro de gas establecido en este punto."

La iniciativa está compuesta de dos artículos de los cuales uno es de forma e ingresó a la Legislatura de la CABA bajo el número de expediente 926-D-2018. Actualmente se encuentra en la Comisión de Planeamiento Urbano <texto original>.

Ana María Huertas solicitó a ENERGÁS una reunión urgente

[BPN-25/04/18] El pasado 17 de abril, Ana María Huertas, presidenta de la Asociación de Consorcistas de la Propiedad Horizontal de Mar del Plata (ACoPH), junto a otras cinco entidades que se ocupan de los derechos de los consumidores le solicitaron al ENERGAS ^[1] una reunión "urgente" para tratar la recategorización del partido de General Pueyrredón. Este pedido se hizo en el marco de los nuevos cuadros tarifarios que rigen en el gas desde el 1º de abril.

La carta solicitando la reunión, que lleva el membrete de la Defensoría del Pueblo de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón, expresa que se solicita la reunión "toda vez que hemos sido recategorizados en 2017 asimilándonos a la zona Bahía Blanca, decisión que dista de lo que desde las autoridades y comunidad se venía pidiendo, y que resulta a nuestro juicio erróneo, por los motivos que se expusieron ya en las presentaciones que se vienen efectuando, y por los que se expondrán personalmente en el momento de reunirnos".

Los cofirmantes de Huertas fueron Fernando Rizzi, Walter Rodríguez y Fernando Cuesta (Defensoría del Pueblo); Verónica Tambascia (Dirección General de Protección al Consumidor); Sergio Procelli (Consumidores Argentinos); Marisa Sánchez (Liga de Amas de Casa); y Gerónimo Rossi de la Asociación Civil de Usuarios Bancarios Argentinos (ACUBA) 

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Presentaron un proyecto para 'democratizar' los sindicatos

[BPN-25/04/18] El pasado 27 de marzo, el diputado nacional Fernando Adolfo Iglesias (PRO) presentó un proyecto de ley para "democratizar" los sindicatos. En diálogo con Radio Nacional explicó brevemente su proyecto: "Tenemos que buscar una vía institucional para que los sindicatos respeten las reglas democráticas: que tengan mandatos de cuatro años, que haya una sola renovación, que las minorías estén representadas en la comisión directiva, que la oposición tenga el control de la revisión de cuentas, que quien sea representante de los trabajadores no sea al mismo tiempo empresario, que presenten declaraciones juradas y que sean considerados Personas Políticamente Expuestas (PPE) y por lo tanto sometidas a un control especial de la AFIP como lo somos los diputados, los senadores y los miembros del Ejecutivo".

Acompañaron a Iglesias con su firma los diputados nacionales Luis Petri de la UCR y Héctor Flores de la Coalición Cívica, y los legisladores del PRO María Carla Piccolomini, Karina Alejandra Molina, María Graciela Ocaña, Julio Enrique Sahad, Eduardo Augusto Cáceres, Pablo Torello y Martin Grande.

El proyecto consta de 11 artículos de los cuales uno es de forma y entró por mesa de entradas del Congreso bajo el numero de expediente 1505-D-2018 <texto original>.

Una semana antes, según un relevamiento realizado por Chequeado en 26 gremios de la Argentina, que incluyó a sindicatos de las cinco centrales de trabajadores, sus secretarios generales tienen un promedio de permanencia en el cargo de alrededor de 20 años. A este listado la redacción de Pequeñas Noticias agregó a "Pepe" y Víctor Santa María del gremio de Trabajadores de Edificios.

El record lo ostenta Ramón Baldassini (Correo) con 51 años de permanencia en el poder. El segundo sería de la familia Santa María (padre e hijo) con 31 años, "Pepe" asumió la conducción en 1985 y su hijo Víctor en 2005. En el tercer y cuarto puesto se ubican Omar Viviani (Peones de Taxis) y Amadeo Genta (Municipales) con 31 años cada uno.

Bastante más abajo, en el puesto 16 se encuentra Omar Maturano (Maquinistas/La Fraternidad) con 20 años, sólo Víctor Santa María con 13 y Antonio Caló (Metalúrgicos) con 10 años al frente de su gremio.

En principio la ley define asociación sindical: "se considera asociación sindical a toda aquella persona jurídica de carácter privado de primer grado o superior ^[1] que tenga por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores conforme a lo regulado por la Ley Nº 23.551" (artículo 1º).

El artículo 3º establece las incompatibilidades: "Como representantes de los trabajadores, los dirigentes de las organizaciones sindicales tienen vedado el desarrollo de actividades empresariales, son considerados Personas Políticamente Expuestas (PPE), deben evitar toda incompatibilidad entre sus funciones y sus actividades privadas y presentar anualmente su declaración jurada de bienes según lo establecido en la Resolución 52/2012 de la Unidad de Información Financiera (UIF). Sus familiares consanguíneos o políticos de primer grado no pueden ser empleados en la organización de cuya dirección formen parte, ni mantener ningún tipo de relación profesional o comercial con ella. Todas estas disposiciones son plenamente aplicables a los directores y administradores de las obras sociales que las asociaciones sindicales designen".

El artículo 4º interviene en la duración de los mandatos y en la representación de las minorías: "Las asociaciones sindicales que designen autoridades a cargo de la administración de las obras sociales deben respetar, tanto en su normativa estatutaria como en sus prácticas concretas de representación y gestión, los principios democráticos rectores de la República Argentina. En particular: A) Los mandatos surgidos de sus procesos eleccionarios tienen una duración máxima de cuatro años, con una sola reelección consecutiva. B) La composición de los cargos titulares de las comisiones directivas respetan la representación proporcional de las minorías de acuerdo con los resultados electorales obtenidos y con arreglo al procedimiento previsto por el Código Electoral Nacional en sus Arts. 159 a 164, Ley Nº 19.945 y modificatorias...".

Por último el artículo 5º sanciona los incumplimiento vedándoles el manejo de sus obras sociales: "Las organizaciones sindicales que no cumplan con las normas de democratización fijadas por el Artículo 4º de la presente ley conservarán su existencia jurídica y su capacidad de representación sindical, pero se verán impedidas de designar las autoridades de las obras sociales según lo establecido en la ley 23.660, artículo 1, inciso a; artículo 12, incisos a, b y c; y artículo 32; así como a participar de su administración, tanto a título individual como colectivo" 

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El 30 de abril será 'no laborable' optativo para el empleador

El concepto de día no laborable surge del artículo 167º de la Ley 20.744 que define: "En los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación".

El artículo establece también la modalidad de pago para ese día: "En dichos días, los trabajadores que presten servicio, percibirán el salario simple. En caso de optar el empleador como día no laborable, el jornal será igualmente abonado al trabajador".

O sea que al trabajador se le paga el salario simple trabaje, o no trabaje siempre y cuando cuente con el aval del empleador.

El 16 de diciembre de 2004 el Congreso de la Nación sanciona la Ley 25.997 que declara "de interés nacional al turismo como actividad socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo del país. La actividad turística resulta prioritaria dentro de las políticas de Estado". A continuación explica que "el turismo receptivo es una actividad de exportación no tradicional para la generación de divisas, resultando la actividad privada una aliada estratégica del Estado."

Su objetivo es: "...el fomento, el desarrollo, la promoción y la regulación de la actividad turística y del recurso turismo mediante la determinación de los mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores público y privado en la actividad".

El 27 de septiembre de 2017, la "Ley de establecimiento de feriados y fines de semanas largos", número 23.399 estableció que días son "Feriados nacionales inamovibles", cuales son "Feriados nacionales trasladables" y cuáles son los "Días no laborables" y su artículo 1º ordenó que el "1º de Mayo: día del Trabajo" sea "Feriado nacional inamovible".

Por otra parte en el artículo 7º dispuso que "el Poder Ejecutivo nacional podrá [...] fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes".

Para abril, nueva escala

[BPN-25/04/18] Abril estrena escala salarial con un incremento del 8% sobre la anterior que se mantendrá vigente hasta el mes de julio inclusive. Así surge del nuevo acuerdo paritario del sector homologado el pasado 21 de marzo.

Finalmente, el acuerdo establece:

Abril: 8% de aumento sobre la escala salarial de enero 2018.

Junio: Pago de $2000 no remunerativos.

Agosto: Pago de $2000 no remunerativos y 4% sobre la escala salarial de abril 2018.

Septiembre: Revisión del convenio (cláusula gatillo).

Octubre: Pago de $2000 no remunerativos.

Como se puede ver en este tramo del año 2018, habrá que estar muy atento porque desde abril y hasta octubre inclusive casi todos los meses hay novedades que liquidar. Se mantienen igual al mes anterior solo el período correspondiente al mes de mayo y julio.

Abril también estrena los días no laborables. Cómo se deben entender estos días está estipulado en el artículo 167º de la Ley de Contrato Laboral que dice: "En los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación. En dichos días, los trabajadores que presten servicio, percibirán el salario simple. En caso de optar el empleador como día no laborable, el jornal será igualmente abonado al trabajador". Por lo tanto será el administrador quien deberá definir si ese día se trabaja o no.

A la hora de liquidar el sueldo de abril, puntualmente sobre el día 30, hay tres posibilidades :

1.- Si el encargado trabaja, se abona normalmente.

2.- Si el trabajador se ausenta sin autorización del administrador, el día se descuenta.

3.- Si el administrador autoriza la ausencia del trabajador el día no se descontará.

En el plano de lo formal, el Decreto presidencial 923 del 2017 estipuló que el 30 de abril es un día no laborable.

El tema que Ud. plantea es de extrema gravedad, y requiere el estudio en profundidad de cómo realmente se suscitaron los acontecimientos para llegar a la autoconvocatoria y a poder considerarse si es o no nula la asamblea en cuestión. Sólo efectuaré un panorama general. Ud. deberá hacerse asesorar con algún letrado en caso de considerar iniciar acciones judiciales y que este profesional le diseñe la mejor estrategia.

En primer término, conforme lo normado por el Art. 9º inc. j) de la Ley 941/10 reformada por la Ley 3254, el administrador está obligado a convocar asambleas ordinarias o extraordinarias, conforme lo establezca el reglamento: En general es una vez al año la asamblea ordinaria para rendir cuentas y -en el ámbito de la CABA- renovar su mandato. Asimismo el Código Civil y Comercial en el artículo 2067 entre los derechos y obligaciones establece que: inc. a) debe convocar asambleas y e) rendir cuenta documentada de su gestión. A su vez el Art 13º de la ley local (941/10 reformada por la ley 3254), el administrador debe convocar a una asamblea antes que se le venza su mandato , que se establece en la misma, que será de un año, salvo que el reglamento establezca un plazo mayor. El decreto reglamentario 550/10 consigna que, de no convocar a asamblea, y vencido su mandato los consorcistas se encuentran habilitados para autoconvocarse y poder nombrar un nuevo administrador.

Para nombrar un nuevo administrador y que se respeten los derechos de todos los propietarios, deben estar debidamente notificados en forma fehaciente, para que concurran al acto asambleario, de lo contrario podríamos estar en presencia de una nulidad en la fase de convocatoria, y si Ud. refiere que votaron quienes no eran propietarios o apoderados estaríamos en una nulidad en la fase de la votación.-

Antes debo dejar aclarado que la nulidad de la asamblea importa un juicio, quienes pueden pedir judicialmente esa nulidad de la asamblea, los que estuvieron presentes e impugnaron [1] o los ausentes y el plazo para pedirla caduca a los treinta días corridos desde la celebración del asamblea. Mientras no se declare una sentencia de nulidad pasada en autoridad de cosa juzgada, la asamblea tiene plena vigencia.-

Al respecto la jurisprudencia ha entendido que: "Para comenzar, es dable destacar que en el análisis de la nulidad de que se trata no debe privilegiarse la defensa de la mera legalidad sino que, conforme lo viene diciendo la doctrina y la jurisprudencia mayoritarias, la nulidad de una asamblea consorcial es una pretensión necesitada de la previa acreditación del perjuicio que pueda sufrirse de convalidarse el acto -pas de nullité sans grief; es decir que no cabe decretar la nulidad por la nulidad misma (Mariani de Vidal, Marina, Curso de Derechos Reales, T° 2, Zavalia, p.303; Gurfinkel de Wendy, Lilian N., Derechos Reales, T° I, Abeledo Perrot, 2010, p. 735; CNCiv., Sala D, LL 131-1096; SCBA, Ac. 51258, del 02/08/1994 "Di Lernia, Osvaldo c. Clínica Estrada S.A. s/Nuli dad de Asamblea General Ordinaria").

Es decir, el consorcista que pretende la declaración de invalidez de la asamblea deberá invocar y demostrar el perjuicio que le causa la decisión que ataca, con fundamento en que la nulidad para ser viable, debe fundarse en un interés serio y legítimo, ya que en ningún caso corresponde declararla por la nulidad misma.

Por otro lado, también es dable destacar que en caso de que no se hayan cumplido las formalidades para la designación de la nueva administradora del consorcio, dicha nulidad será relativa toda vez que solamente se pone en tela de juicio el interés privado de los consorcistas, sin que aparezca afectado el interés público, ya que el acto de designación de administrador atañe a quienes puedan considerarse afectados individualmente, pero no incide sobre bienes superiores de la comunidad. Por lo tanto, nada impide que una asamblea, como acto viciado, sea confirmada por los interesados por medio de otra asamblea posterior, la cual no hace más que dar legitimidad y validez a lo actuado por aquélla, sin afectar los derechos de terceros (Art. 1065 del Código Civil).

A mayor abundamiento, ha establecido la jurisprudencia que el mandato recibido por la administradora es susceptible de confirmación, por lo que si su designación se encontraba viciada de nulidad relativa y con posterioridad a él, los copropietarios le pagaron las expensas comunes, tal nulidad queda purgada, ya que esos pagos implicaron la confirmación expresa de dicho mandato, con los efectos retroactivos que determina el Art. 1065 del Cód. Civil (CNCiv., Sala D, 8/10/68, LL, 133-650, citado en Bueres-Highton, "Código Civil y normas complementarias", t. 5B, p. 421, 2da Ed, ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2005).

En otro orden de ideas, en relación al hecho de que no se haya cubierto el número de consorcistas para autoconvocarse, circunstancia que no se encuentra controvertida por las partes, habré de coincidir con lo resuelto por el Juez de grado al sostener que "la asamblea extraordinaria se realizó, supliendo con ello los eventuales vicios que podía tener la convocatoria, fijándose que el incidentista de la Nulidad de la Asamblea, concurrió a tal Asamblea, lo que me permite señalar que los vicios que pudiere tener la convocatoria quedaron superados con la Asamblea misma, con la votación de la Administración" (conf. f.320). Es que, con la renuncia del administrador A... se verificó el estado de acefalía necesario para habilitar a los copropietarios a convocar a una asamblea extraordinaria con la finalidad de designar un nuevo administrador [2].

Esperando haber respondido a su consulta , lo saludo muy Atte.-

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