Rodríguez Larreta lanzó la 'Aplicación Oficial Consorcio Participativo’

[BPN-10/10/17] El pasado 13 de septiembre, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, presentó un proyecto que constará de dos puntos: primero se desarrollará un sistema informático gratuito, de uso obligatorio para los administradores que concentrará toda la actividad profesional, comercial, societaria y comunicacional de los consorcios y en lugar segundo se ofrecerán productos y servicios bancarios a través del Banco Ciudad y se dispondrá que sea la única entidad financiera habilitada para tal fin.

Rodríguez Larreta presentó su proyecto acompañado de Facundo Carrillo, subsecretario de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía; Vilma Bouza, directora general de Defensa y Protección del Consumidor; Santiago Trezza, responsable del Registro Público de Administradores porteño y Gabriela Pilar Saldivia, excoordinadora de esa misma repartición y actual secretaria general del Sindicato de Empleados de Administradoras de Consorcios (SEARA). Junto a otros, estuvo presente también el Dr. Eduardo Awad, director del Instituto de la Propiedad Horizontal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y expresidente de esa entidad.

Para lograr su propósito, el Gobierno porteño anunció que deberá modificar la Ley 941. Todo hace suponer que incluirá en esa ley una nueva obligación con su correspondiente sanción: mantener actualizada la "Aplicación Oficial Consorcio Participativo".

De acuerdo a la información que proporcionó Rodríguez Larreta el sistema constará de seis módulos: uno de liquidación de expensas y de salarios del consorcio; uno de comunicación entre consorcistas y con el administrador; un sistema de gestión de ticket por reclamos; uno que permitirá la realización de "asambleas virtuales"; un sistema de puntaje que permitiría a cada propietario calificar a su administrador según su propia experiencia y otro módulo para que los administradores realicen sus Declaraciones Juradas (DDJJ) anuales.

El Gobierno de la Ciudad subrayó que sólo podrán ver los movimientos y saldos de la cuenta del consorcio quienes tengan esa cuenta en el Banco Ciudad.

Es de suponer que el sistema de puntaje que se implementaría sería parecido al que se utiliza en las redes sociales para calificar las páginas en Facebook o a los proveedores de bienes y servicios en Mercado Libre. El Adm. Jorge Hernández, presidente de la Fundación Reunión de Administradores (FRA) se pronunció contra este sistema de calificación profesional y vaticinó que entre las calificaciones negativas se encontraran las de aquellos que, por ejemplo, figuran como morosos en el pago de las expensas, fueron apercibidos por incumplimientos con el reglamento de copropiedad o no lograron que prosperen sus ideas sobre temas que se resolvieron por mayoría en una asamblea.

Tanto Rodríguez Larreta como Facundo Carrillo destacaron como principal beneficio del sistema que permitirá la realización de asambleas virtuales, o sea que el copropietario desde su casa u oficina podrá participar activamente en la toma de desiciones del consorcio.

Según los funcionarios todos los consorcios podrán obtener a través del Banco Ciudad una cuenta corriente gratuita para todas las gestiones de pago que realicen. Sostuvieron que esto permitirá un ahorro de 7 mil pesos anuales en promedio porque entienden que el costo mensual de una cuenta de este tipo llega a los 600 pesos mensuales: "los consorcios y vecinos se verán beneficiados con créditos ágiles y flexibles para realizar el mantenimiento de partes comunes o la realización de obras y arreglos particulares", explicaron.

Según un matutino nacional, el Gobierno porteño realizó un acuerdo comercial con el Banco Ciudad según el cual la entidad bancaria aportó 20 millones de pesos para el desarrollo de la plataforma informática y, como contraprestación, será la única entidad financiera habilitada para ofrecer productos y servicios bancarios como préstamos, cuentas gratuitas, inversiones y tarjetas de crédito, entre otros

La polémica instalada

La "Aplicación Oficial Consorcio Participativo" a poco de nacer ya generó dudas y polémica en la comunidad consorcial. 

En el terreno de los administradores, el Adm. Jorge Hernandez desde su programa de radio salió con los tapones de punta contra el proyecto al que le dedicó largos minutos.

La Asociación Civil de Administradores Independientes de Propiedad Horizontal (AIPH) inició una campaña en Change.org para impedir que la iniciativa sea aprobada en la Legislatura porteña <ver nota>.

Por su parte la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) emitió una cauta circular en la que comunicó: "Debemos esperar a que salga la disposición para poder confirmar lo que están adelantando y entonces sí fijar nuestra posición, que lógicamente será en defensa de nuestra profesión. De ser necesario, ya tendremos tiempo para fundamentarnos".

El Ejecutivo ya presentó el proyecto de ley

[BPN-10/10/17] El pasado 5 de octubre, el poder Ejecutivo porteño presentó un proyecto de ley que obligará a los administradores de consorcios de la Ciudad a dar de alta a los consorcios que administre en la "Aplicación Oficial Consorcio Participativo". El mandatario deberá comunicar también a los propietarios e inquilinos de sus consorcios que está "administrando" el alta del mismo en dicha aplicación gubernamental. Esta nueva obligación la impondrá modificando tres artículos de la Ley 941 que en el año 2002 creó un Registro Público de Administradores (RPA) en la CABA.

El programa será de uso obligatorio para la "gestión administrativa" del consorcio y concentrará en sus servidores información sobre los resúmenes y las liquidaciones de expensas de los consorcios, los reclamos y las comunicaciones que se produzcan, los presupuestos presentados y sus facturas, las actas de asamblea, las reservas de espacios comunes, los reglamentos de los edificios, los avisos de obra, cualquier información útil o datos para emergencias y, por último, todos los datos relacionados con el mantenimiento de los edificios y sus seguros.

Quedarán también almacenados en la "Aplicación Oficial Consorcio Participativo" los comentarios, las opiniones y las inquietudes de los vecinos que se viertan en un espacio para chat, foros y debate que se desarrollará especialmente.

Dispondrá de un sistema interno de calificación de la gestión del administrador del cual no brindó detalles aunque todo hace suponer que será parecido al sistema que utiliza Mercado Libre o Facebook en el mundo de los negocios o social.

Por último, la iniciativa asimismo promueve agregar la figura del "Apercibimiento" modificando el artículo 4º de la Ley 941 que trata sobre las sanciones.

Para imponer a los administradores el uso obligatorio de la "Aplicación Oficial Consorcio Participativo" se agregarán dos incisos al artículo 9º de la Ley 941 que trata sobrelas obligaciones del administrador:

El primero es un inciso n) que ordena que es obligación del administrador "dar de alta al consorcio que administra en la plataforma web, Aplicación Oficial ‘Consorcio Participativo’ y mantener actualizada la misma, con las especificaciones establecidas en el Capítulo VI de la Ley" (Artículo 1º).

El segundo agrega un inciso o) a esas misma obligaciones y dictamina que el mandatario debe "comunicar a los propietarios e inquilinos del consorcio que administra el alta del mismo en la Aplicación Oficial ‘Consorcio Participativo’." (Artículo 2º).

Por último agrega un Capítulo VI a la Ley 941 en el que detalla todo lo relativo a la "Aplicación Oficial Consorcio Participativo" (Artículo 6º).

El uso de la Aplicación Oficial "Consorcio Participativo" será de uso obligatorio para toda persona humana o jurídica que administre un consorcio en la CABA (Artículo 23º).

Solo podrán darse de alta en la Plataforma Oficial "Consorcio Participativo" los administradores inscriptos en el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal (Artículo 27º).

Los propietarios de unidades funcionales podrán denunciar ante el Registro Público de Administradores de Consorcios a los administradores que no pongan a disposición los datos de la plataforma oficial "Consorcio Participativo" a fin de darse de alta como usuario, dentro de los diez días de efectuada la comunicación fehaciente del propietario al administrador (Artículo 29º).

La aplicación será de acceso exclusivo de los propietarios, inquilinos y administradores, y deberá contar, como mínimo, con las siguientes prestaciones: Canal de reclamos relacionados con el consorcio y/o la administración y de comunicaciones; resumen y liquidación de expensas detallando las ordinarias y extraordinarias; visualización de presupuestos y facturas; visualización de actas de asambleas; reserva de espacios comunes; reglamento del edificio; chat de vecinos/foros/sala de debate; aviso de obras; información útil/datos para emergencias; gestión de mantenimiento y seguros; gestión administrativa (gastos, pagos, saldos, reportes, etc.) y sistema de calificación interno de la gestión del administrador (Artículo 24º).

Los administradores deberán realizar un curso presencial o virtual con el fin de conocer el alcance de la herramienta. El curso es obligatorio y condición necesaria para dar el alta de los consorcios en la plataforma (Artículo 28º).

Para salvar el fallo de inconstitucionalidad contra el artículo 13º de la Ley 941 el Ejecutivo porteño propuso modificar el artículo. El nuevo texto reza: "El administrador, salvo disposición en contrario establecida en el Reglamento de Copropiedad y Administración de cada consorcio, tendrá un plazo de hasta (1) año para el ejercicio de su función, pudiendo ser renovado por la asamblea ordinaria o extraordinaria, con la mayoría estipulada en el mencionado Reglamento ó con lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación"

Por otra parte, la iniciativa propone una solución a un viejo reclamo de los administradores: incluir entre las infracciones posibles el apercibimiento para pequeñas faltas aunque el proyecto no define cuáles serían esas faltas ni pone un tope (Artículo 4º). Los autores promueven incorporar un inciso "d" al artículo 16º de la Ley N° 941 con el siguiente texto: "Apercibimiento".

Por último el proyecto –de ser aprobado- obligará al administrador a diferenciar las expensas ordinarias de las extraordinarias. Incorporará un inciso j) al artículo 10º de la Ley 941 que trata sobre los contenidos de las liquidaciones de expensas con el siguiente texto: "Indicar en forma separada y diferenciada los importes que correspondan a expensas ordinarias y extraordinarias"

Programas espías, intercambio de datos y ‘big data’ del ANSeS

[BPN-10/10/17] Una semana antes de anunciar el lanzamiento de la "Aplicación Oficial Consorcio Participativo" (AOCP), Horacio Rodríguez Larreta, por intermedio de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), autorizó la licitación para el desarrollo de un programa que proporcionará "una solución de Analítica de Datos para Datos Estructurados y Big Data" el cual, con el argumento de "identificar las conversaciones que indican la intención de cometer fraude", tendrá la misión de espiar las redes sociales de los porteños.

La licitación prevé una inversión de 17,5 millones de pesos, 2,5 millones menos que los destinados al Banco Ciudad para desarrollar la Aplicación Oficial Consorcio Participativo que concentrará en sus servidores toda la información privada, comercial, laboral y societaria de los consorcios, propietarios e inquilinos sometidos al régimen de propiedad horizontal.

La AGIP aprobó los pliegos de bases, condiciones particulares y de especificaciones técnicas destinados a la provisión de una "Solución De Analítica para Datos Estructurados y Big Data" mediante la Disposición 122 (BO: 8/09/17). Con esta compra, Rodríguez Larreta dispondrá –por intermedio de la AGIP- de programas, equipos, servicios de análisis y la posibilidad de realizar cruces de datos de todos los contribuyentes porteños. El plazo de entrega está previsto que sea en 15 días y la licencia durará 3 años o sea que esos mismos contribuyentes porteños que estarán bajo la lupa erogarán 583.333 pesos (u$s 337.773) por año.

La medida inició una importante polémica que se reflejó en la forma en que los diferentes medios titularon las notas consultados: "El Gobierno porteño gastará más de $17 millones en un sistema de datos para espiar contribuyentes" (Nueva Ciudad), "El gobierno porteño gastará casi $18 millones en un sistema de datos para espiar hasta los tuits de los contribuyentes" (Política Argentina), "Larreta gasta 18 millones de pesos para espiar el Twitter de los contribuyentes" (El Destape web), "El gobierno porteño buscará en Twitter a posibles evasores impositivos" (La Nación), "El Gobierno quiere espiarnos: La excusa perfecta para conseguir datos" (Tribuna de Periodistas). "Compra polémica para chequear datos" (Qué), entre muchos otros.

A principio de este año, puntualmente el 10 de febrero, Horacio Rodríguez Larreta había firmado un convenio con la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), la AGIP (Administración Gubernamental de Ingresos Públicos) y la AGC (Agencia Gubernamental de Control) para el intercambio de información fiscal.

En aquel momento fuentes oficiales resaltaron que el acuerdo firmado entre el jefe de Gobierno porteño y el titular de la AFIP, Alberto Abad permitirá el intercambio de información de interés fiscal que pueda aportar el GCBA a la Nación y detallaron: "En especial aquellos que obran en poder del Registro Público de Administradores (RPA) y sobre contribuyentes que brinden servicios que deban ser controlados o habilitados por el gobierno porteño".

El 14 de febrero, El Intransigente informó: "El acuerdo firmado permitirá el intercambio de información de interés fiscal que pueda aportar tanto la AGIP como la AGC sobre el padrón de titulares de inmuebles y sus valuaciones, agentes de retención y recaudación de Ingresos Brutos".

El 21 de julio de año pasado -ya en el terreno del Gobierno nacional-, mediante la Resolución 166 se aprobó un convenio marco de cooperación entre la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) y la Secretaría de Comunicación Pública, dependiente de Jefatura de Gabinete en el que se autorizó al primero a ceder a quienes realizan la comunicación del partido oficialista "nombre y apellido, DNI, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios" de todos los ciudadanos argentinos. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial ese mismo día.

"Hoy la moneda de cambio no es el oro sino los datos"

[BPN-10/10/17] Pequeñas Noticias: El Gobierno porteño pretende obligar a los administradores a cargar los datos comerciales y laborales de los consorcios que administra en un programa que desarrollará. Esta aplicación permitirá realizar asambleas virtuales y las opiniones y decisiones de los propietarios también quedarán almacenadas en los mismos servidores. Quería preguntarle a Ud., que tiene una visión global, si alguna vez escuchó hablar de algo así y cómo fue.

Pepe Gutiérrez: A mí esto me suena a un "Gran Hermano" que realiza una fiscalización y recaba información que no le compete al Estado.

Yo soy de los que piensa que los países que funcionan son aquellos en los que existe la libre competencia y donde no existen los monopolios. Por lo que me está contando se está hablando de un caso donde alguien quiere controlar la vida de los demás con un fin que yo no pongo en duda pero con un resultado que sí puedo poner en duda. Es decir, ¿quién va a usar esos datos?, ¿para qué?, ¿con qué fin?

Tengamos en cuenta que la cuarta revolución industrial –en la que estamos ahora metidos, en la que se está por conformar- la moneda de cambio ya no es el oro sino los datos. Es decir le estoy dando un valor a alguien con datos que no tiene por qué tenerlos.

Nosotros en Europa tenemos unas leyes muy potentes sobre privacidad. Aducían que había motivos de seguridad pero yo no quiero ser espiado constantemente por nadie sin saber cuál es el fin. No sólo que no lo comparto, si no que creo que es un exceso, un abuso, una pretensión no justificada de por qué se quiere hacer. No conozco absolutamente ninguna realidad como ésta en ninguna parte del mundo. En los cinco continentes donde he estado no he conocido algo así. Lo que sí conozco son iniciativas privadas. ¿Quién tiene más datos hoy?: Google, Facebook, Amazon y Apple

PN: ¿Le parece que puede ser peligroso en manos de un gobierno?

PG: Lo veo peligroso en manos de alguien que no sé cuál es el fin [que persigue] y en este caso en concreto no olvidemos que el Gobierno cambia de signo político. Los gobiernos, muchas veces, no voy a decir que propician pero sí que pueden compartirlos con un destinatario muy cercano a ellos para un uso que no es el adecuado. Una base de datos tiene que ser creada para un fin. En este caso concreto no veo cuál es el fin. Es decir ante la duda mi decisión es no.

PN: ¿En Europa -con el argumento de un mayor control fiscal- la población acepta este tipo de controles?

PG: Europa es la más estricta del mundo en la privacidad de los datos. La ley es la misma en toda la Unión Europea pero las sanciones no, y nosotros en España tenemos sanciones muy altas por la utilización de la información con un destino distinto para el que fue recopilada. Si el gobierno es el que está recopilando esa información las multas serían ya insalvables, sería impensable.

PN: ¿O sea que el ciudadano europeo no va a aceptar que lo obliguen a dar datos privados en aras de un supuesto bien mayor o un bien social?

Alicia Giménez: "Una normativa de imposible aplicación"

[BPN-10/10/17] La Sra. Alicia Giménez, presidenta de la Unión de Consorcistas de la República Argentina (UCRA) opinó sobre el nuevo programa "Consorcio Participativo" que "la actual brecha generacional no nos permite entrar en esta suerte de normativas que -independientemente de que haga falta entrar en detalles- son de imposible aplicación".

Consultada por Pequeñas Noticias explicó: "No estamos de acuerdo con la digitalización a la que obligaría este proyecto, por una razón muy sencilla: muchos consorcistas nos han expresado que no tienen acceso aún a Internet ni a teléfonos celulares por lo que quedarían fuera del sistema. Tal vez los más perjudicados serían personas mayores, o no, que dependerían de otras personas para obtener y brindar información".

Pequeñas Noticias: ¿Según los datos de los que se dispone hasta ahora, qué opina sobre el hecho de que se deberá realizar una transferencia masiva de los datos económicos y laborales de los consorcios al Gobierno de la CABA para poder liquidar las expensas y los sueldos?

Alicia Giménez: Para opinar deberíamos conocer la normativa y a la fecha la desconocemos, pero en el caso de tener que informar datos totalmente privados nos opondríamos terminantemente. ¿Para controlar el desempeño de los administradores se necesitan tantos datos? Es obvio que no estamos de acuerdo con elevar la información que dicen solicitar para realizar las liquidaciones de expensas.

PN: ¿Y sobre el hecho de que sólo una entidad financiera -el Banco Ciudad- sea el ente recaudador y el habilitado para dar préstamos a los consorcios en forma obligatoria?

AG: Cada consorcio debería poder operar -como lo hace a la fecha- con la entidad bancaria que elija ya sea por cercanía o por cualquier otro motivo. En cuanto a los préstamos que se puedan obtener para mejorar o mantener el edificio en buenas condiciones, si se trata de créditos blandos que favorezcan a los consorcios, para obtener este beneficio, se podría aceptar operar con el Banco Ciudad.

La transferencia masiva de datos sería inconstitucional

[BPN-10/10/17] La Dra. Rita Lidia Sessa, vicepresidenta de la Liga del Consorcista de Propiedad Horizontal (LCPH) alertó que si el programa "Consorcio Participativo" arbitra legalmente "una transferencia masiva y obligatoria de datos" se conculcarían derechos protegidos constitucionalmente.

En general, explicó: "En general no nos oponemos a que el Estado municipal -dentro de los estrictos límites de sus competencias- intervenga en la temática consorcial siempre que sea con la única y exclusiva finalidad de proveer protección a los derechos de los propietarios e inquilinos y no haya segundas intenciones".

Pequeñas Noticias: ¿Qué opina la Liga del Consorcista sobre el hecho de que sólo una entidad financiera -el Banco Ciudad- sea el ente recaudador y el habilitado para dar préstamos a los consorcios en forma obligatoria?

Rita Lidia Sessa: Consideramos que en caso de imponerse una única forma de recaudación de expensas se conculcarían derechos protegidos constitucionalmente.

Creemos que siendo el consorcio una persona jurídica privada podría acudir al mercado financiero como considere conveniente a sus intereses. Ello así siempre que las contrataciones sean claras, transparentes y aceptadas por los propietarios.

PN: ¿Considera que el programa "Consorcio Participativo" colisiona con leyes de jerarquía mayor?

RLS: Consideramos que eventualmente podría colisionar. Tampoco quisiéramos una ingerencia oculta del gremio de encargados en esta propuesta de la CABA, como quiso hacerlo con la afortunadamente derogada ley CABA 5464, de triste memoria.

Existiendo un acuerdo de colaboración entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gremio de encargados -que fuera publicado oportunamente por vuestro medio- existiría la posibilidad de una indebida injerencia y un ilegítimo acceso a los datos de los consorcios por parte del gremio.

AIPH comenzó a juntar firmas contra la iniciativa de Rodríguez Larreta

[BPN-10/10/17] El pasado 18 de septiembre, AIPH (Administradores Independientes de Propiedad Horizontal) inició una campaña en Change.org contra el programa Consorcio Participativo. Expresaron no estar de acuerdo en que el Estado "se meta" en la intimidad y la privacidad de la vida comercial y laboral de los consorcios. Se preguntaron: "¿quién estará haciendo el gran negocio por detrás?" y especularon que no tienen dudas de que "son los mismos de siempre que pretenden manejar absolutamente la propiedad horizontal [...] como la vergonzosa y derogada Ley 5464 (Ley Muñoz ^[1]) y otros tantos intentos fallidos como el Curso del SERACARH (Ley Zago ^[2]) que pasó de ser una simple resolución a una ley amparada por el poder político de siempre".

Por otra parte, AIPH aclaró que –contra lo que afirmó el Gobierno porteño- el programa Consorcio Participativo encarecerá las expensas porque el personal que haga falta para atender los canales de atención de los administradores lo terminará pagando el consorcio que es el consumidor final del servicio.

Por último subrayó: "Por si fuera poco, colisiona con el Código Civil y Comercial de la Nación".

La petición está dirigida contra los funcionarios porteños: Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno; Diego Santilli, vicejefe de Gobierno; Vilma Bouza, directora general de Defensa y Protección del Consumidor y el Registro Público de Administradores (RPA).

AIPH acompañó la petición con los vínculos a tres notas informativas que a su entender están relacionadas:

Una gacetilla del RPA porteño que se distribuyó el 18 de septiembre –que curiosamente estaba fechada como del 24 de noviembre de 2016- en la que se anuncia el lanzamiento del programa Consorcio Participativo.

Una nota periodística del 19 de septiembre, de Marcelo Rielo, titulada "El Gobierno porteño gastará más de $17 millones en un sistema de datos para espiar contribuyentes" publicada por Nueva Ciudad. Este medio informó: "A través de la AGIP y mediante una millonaria suma, el Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta ordenó la adquisición de ‘una solución de Analítica de Datos para Datos Estructurados y Big Data’ con la cual, con la excusa de ‘identificar las conversaciones que indican la intención de cometer fraude’, van a espiar hasta Twitter".

Y otra nota periodística del mismo tenor del 20 de septiembre, de autoría de Nicolás Sanz titulada "El Gobierno Quiere Espiarnos" que fue publicada por Tribuna de periodistas.

Al día de la redacción de esta nota -6 de octubre- ya había cosechado 223 adhesiones <vínculo>

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[1] El 20 de noviembre de 2015, Fernando Muñoz (Frente para la Victoria) ingresó a la Legislatura porteña un proyecto de ley -bajo el número de expediente 2455-D-2015- para transferirle el control del RPA de la CABA a un Consejo de la Propiedad Horizontal. Trece días después, el 3 de diciembre, la Legislatura aprobó sobre tablas y sin debate parlamentario esa ley que hoy lleva el número 5.464. La conducción del nuevo Consejo está compuesta por 11 miembros de los cuales una importante mayoría son del SUTERH, de las entidades de administradores que firman los Convenios Colectivos de Trabajo y de un nuevo sindicato que agrupa empleados de administraciones de consorcios (SEARA). Poco tiempo después Muñoz fue nombrado por la Defensoría del Pueblo porteño Defensor de los Inquilinos. Finalmente, luego de siete meses, esa ley fue derogada.

Este proyecto de ley nació muerto

[BPN-10/10/17] Marcos Bergenfeld, presidente de la Asociación Propietarios de Inmuebles en Propiedad Horizontal (APIPH) equiparó el proyecto de ley para imponer la "Aplicación Oficial Consorcio Participativo" con la derogada "Ley Muñoz" (Ley 5.464) sobre la que había pronosticado: "esa ley nació muerta".

Por otra parte agregó que la iniciativa faraónica de crear ‘Consorcio Participativo’ es acompañado de una expectativa cuyo análisis defraudó y es similar a aquella Ley N° 5.464 y a muchos otros anuncios del mismo tenor y que han tenido el mismo final.

Recordó: "existieron otros hechos también con el mismo objetivo: la ‘compactadora de residuos’, ‘el incinerador de residuos’, ‘la fecha de nacimiento de los extinguidores’, ‘los once libros de cada consorcio’ y tantos otros, -ya en el olvido- pero que han significado millones de pesos que salieron de los bolsillos de los propietarios consorcistas y para ninguno de los cuales fuimos consultados por los funcionarios de aquel entonces".

El presidente de APIPH consideró que "la ‘Aplicación Oficial Consorcio Participativo’ tiene como consecuencia anular el Registro Público de Administradores (RPA) después de casi ocho años de vigencia y sin haber cumplido objetivo alguno, Éste es otro de los tantos avances del Estado en algo que le pertenece exclusivamente a la propiedad privada como es el ‘casi sagrado objetivo de la vivienda propia y su control por los mismos’ hecho que contradice la política del actual Gobierno".

Con referencia al anuncio de Horacio Rodríguez Larreta -reproducido por un matutino porteño- de que el Banco Ciudad será la única entidad financiera habilitada para ofrecer productos y servicios bancarios como préstamos, cuentas gratuitas, inversiones y tarjetas de crédito, entre otros; Bergenfeld opinó: "Otro objetivo del proyecto es que el Banco de la Ciudad, en forma obligatoria y excluyente aparentemente, tendría el manejo económico y además la peligrosa información sobre todos los habitantes propietarios de sus bienes en la propiedad horizontal".

En resumen subrayó: "vuelvo a reiterar lo ya convertido en un clamor: que los administradores son contratados por cada edificio simplemente para que manejen el consorcio, bajo los lineamientos de las asambleas cuyos resultados deben controlar los propietarios a través de su consejo de propietarios. Así sucede en todos los países del mundo y así debe ser ineludiblemente en principio en la Ciudad de Buenos Aires, y en segundo término en todas las ciudades del país.

Las buenas intenciones no son suficientes

[BPN-10/10/17] El Dr. Eduardo Awad alertó que el Gobierno porteño -si bien consideró que con la "Aplicación Oficial Consorcio Participativo" tiene buenas intenciones- debe presentar propuestas que estén de acuerdo con la legislación vigente. Algunos de los puntos que considera se deben analizar más profundamente es la legalidad de las asambleas virtuales, el aumento de expensas que podría acarrear, la obligatoriedad de ser incluido en esa plataforma, la concentración de los datos privados del consorcio en manos del Gobierno, el monopolio de los servicios bancarios y la seguridad de los datos privados, comerciales y laborales que los consorcios, propietarios e inquilinos almacenarán en los servidores del Gobierno porteño.

Con respecto a la posibilidad de que la "Aplicación Oficial Consorcio Participativo" permita realizar asambleas virtuales reflexionó:" Esto me suena a que hay que ajustarlo, porque hay muchos elementos que todavía están muy traídos de los pelos. ¿Cómo sabemos nosotros que los participantes en una asamblea virtual son quien dicen ser, cuando todavía no tenemos firma electrónica? ¿Cómo hacemos para que esta plataforma no se choque con el Código Civil que dice que las asambleas son presenciales? Es decir, para que una asamblea sea válida tiene que haber presencia o representados por carta poder, ¿cómo hacemos para que estos dos elementos se junten y no choquen entre sí?".

Awad agregó otro punto que considera hay que analizar: "¿Cómo hacemos para que esto no encarezca las expensas? Porque si el administrador tiene que crearle un usuario a cada propietario de cada consorcio que administra lleva horas hombre. Algunos seguramente van a decir que van a tener que poner personal para crearla para cada consorcio y sus propietarios y posteriormente atenderla. Esto no sé cómo lo encarará el GCBA, porque puede traer nuevos gastos para el propietario. Gastos que no están en condiciones de afrontar, porque las expensas llegaron a un límite para muchos impagable".

Por otra parte opinó: "Todos sabemos que hay propietarios que no manejan la informática, gente mayor o menor que no tiene interés. Creo que el Gobierno no puede venir a poner de forma obligatoria una cuestión como esta. También le dije [a los funcionarios]: ‘esto no tiene que ser obligatorio’. El propietario que no quiera incluirse en esta plataforma no tiene que perder ningún derecho que tiene, respecto del control, del pago de expensas o de la participación en las asambleas".

El presidente del Instituto de la Propiedad Horizontal explicó que "los consorcios son personas jurídicas de carácter privado. No veo bien que el Gobierno obtenga datos que son privados de cada persona jurídica por esa vía. Me parece que los puede obtener, y es lógico que los tenga, por una vía más adecuada".

Con respecto a que el Banco de la Ciudad sea la única entidad financiera habilitada para ofrecer productos y servicios bancarios destacó: "Todo esto que se hace obligatorio es como le dije al principio: no me gusta que este tipo de cosas se hagan obligatorias para los consorcistas.

Creo que un sistema como es el de la propiedad horizontal que mueve tanto de dinero de millones de personas no puede estar en manos monopólicas. Tiene que tener diferentes tipos de opciones para que la gente pueda elegir y trabajar con quien mejor le parezca. Si esto se transforma en un monopolio, creo que vamos mal.

Agregó también: "El derecho del propietario de contratar con cualquier entidad bancaria es un derecho constitucional. Todo lo que venga a limitar los derechos que la Constitución protege para los propietarios colisiona, nada más y nada menos que con la Constitución. El derecho a la propiedad, a comprar y vender, a tener sus imposiciones financieras, de trabajar con entidades financieras. No podemos limitar las libertades que se tienen en perjuicio del consorcista, en este caso".

Eduardo Awad: No creo en la confidencialidad de los sistemas operativos informáticos. Entraron en la plataforma del Pentágono. Es imposible garantizarla.

El 88% dijo "No" a la concentración masiva de los datos

[BPN-10/10/17] El 88% de los encuestados por Pequeñas Noticias está en desacuerdo con la centralización de todos los datos de las liquidaciones de expensas y sueldos en forma obligatoria a través del programa "Consorcio Participativo" por parte del Gobierno de la CABA. El 10% de los consultados estuvo de acuerdo y el 2% eligió la opción "No sabe, no contesta" ^[1]. Un 33% expresaron su opinión con el ícono que representa "Me enoja" y un 7% con el de "Me entristece".

La encuesta la realizó el medio en su grupo y su página de Facebook, comenzó el martes 19 de septiembre y finalizó –a los efectos de esta nota- el jueves 5 de octubre.

Si bien en privado muchos administradores manifestaron a Pequeñas Noticias su temor a expresarse públicamente por miedo a represalias por parte de la Dirección de Defensa y Protección del Consumidor, del Registro Público de Administradores (RPA) o del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) una buena cantidad de participantes del grupo de este medio en Facebook y algunos seguidores de la página en esa red social se expresaron sobre el tema de la encuesta ^[2].

Irene expresó estar de acuerdo. Sandra, por su parte, opinó que "sería bueno que [los funcionarios] den el ejemplo y publiquen también todas las entradas y salidas de los gastos de la ciudad, igualito [que pretenden] en los consorcios". Jorge fue más allá y le respondió a Sandra: "Totalmente de acuerdo. A ellos no los controla nadie. [Son] adalides de gastar, romper y hacer gastando de nuevo. ¡Si despilfarráramos los dineros de los consorcistas como ellos lo hacen con los fondos públicos nos echarían a patadas en dos días!".

Por su parte María expresó: "¡¡Cuanta más información tiene el Gobierno de la CABA, más caro será vivir en propiedad horizontal!!", y resaltó: "¡¡Ya no saben qué inventar!!".

En esta misma línea de pensamiento Daniel acotó: "Esto únicamente servirá para encarecer las expensas. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires utiliza a la Ley 941 con fines recaudatorios, total los consorcistas pagamos" y los citó: "Tasa de desinfecciones, tasas de matafuegos, tasa de control de roedores, control trimestral de los matafuegos que en Europa se controlan cada 8 años acá se hace cada tres meses, tasa de ascensores, tasa Ley 257, tasa de termotanques, tasa de calderas, tasa de control contra incendio, curso del SERACARH, formulario "Mis expensas", cantidad de libros por año, etc, etc.".

Gerardo intervino citando una frase del historiador y escritor israelí Yuval Harari que dijo: "Es probable que la nueva historia dominante del siglo XXI sea la historia basada en datos, que yo llamo dataísmo". Harari a los 40 años, fue autor de dos best sellers mundiales, es leído por millones de personas y es recomendado por no sólo por Barack Obama sino también por Mark Zuckerberg, creador de Facebook.

Mientras que Daniel evaluó: [esta iniciativa] únicamente sirve para fines recaudatorios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, total los consorcistas pagamos", Norberto fue más allá y adaptó una cita de Don Quijote de la Mancha para la ocasión: "Ladran Sancho que cabalgamos por nuevos negocios".

Finalmente Juan Carlos de Rosario calificó la iniciativa de excelente

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[1] Todos los decimales fueron redondeados siguiendo las reglas matemáticas convencionales.

El 31 de octubre vencen las DDJJ del año pasado

[BPN-10/10/17] El 5 de octubre, el Registro Público de Administradores (RPA) porteño recordó que el 31 de octubre vence el plazo para iniciar la presentación de las Declaraciones Juradas (DDJJ) anuales. Resaltaron que quienes no cumplan serán considerados incursos en la infracción contemplada por el artículo 12º y el inciso g) del artículo 15º de la Ley 941.

El artículo 12º establece que los administradores inscriptos en el Registro creado por esta ley, deben presentar anualmente un informe con el siguiente contenido, el que tendrá carácter de Declaración Jurada...". El inciso g) del artículo 15º determina que "son infracciones a la presente ley [...] el incumplimiento de la obligación impuesta por el artículo 12º".

El cronograma fue establecido mediante la Disposición 3.920 del 28 de octubre de 2016 (BO: 1/11/16) y que fuera firmada por Vilma Bouza, directora general de Defensa y Protección del Consumidor porteño.

La unidad de la multa se redujo en casi un 50%

[BPN-10/10/17] El 13 de septiembre, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó que las multas de los administradores que infrinjan la Ley 941 se deben basar en el valor del salario de un "Encargado no permanente sin vivienda" y no el de un "Encargado permanente sin vivienda". La diferencia representa una reducción de un 47,36% en el valor de la unidad de cálculo de las sanciones dado que en el primer caso el sueldo mensual actualmente es de 8.685 pesos y el del segundo es de 16.498 pesos mensuales.

El pasado 27, en el curso de una charla que brindó en la CAPHyAI, Santiago Trezza, responsable del Registro Público de Administradores (RPA), alertó a los presentes que una "sanción como todas las normas o decisiones administrativas, no pueden ser retroactivas porque es un principio general de la ley. Las estamos aplicando a los expedientes que están en trámite y a los que todavía no se les aplicó una sanción", y agregó: "Si ya tenemos sanciones firmes aplicadas, no podemos ir para atrás, no podemos alterar el orden jurídico".

Al día siguiente la CAPHyAI mediante una circular informó que desde hace tiempo que viene efectuando diferentes reclamos vinculados al desarrollo de la actividad. Uno de ellos es el relacionado con lo multas por infracciones porque consideran que no es equitativo que el valor base para el cálculo de éstas se realice tomando el sueldo del encargado permanente sin vivienda de 4º categoría mientras que a las empresas multinacionales se les aplica un coeficiente de referencia menor al del sueldo del encargado.

Agregó también que sigue sosteniendo que antes de sancionar con multas a aquellos administradores que omiten por error algún dato en la liquidación de expensas o cometen un error involuntario, en vez de ser sancionados con una multa, se les imponga un apercibimiento.

La Procuración de la Ciudad se expidió sobre este tema a petición de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor. Esta repartición había sancionado a una administradora mediante la Disposición 960 por infracciones cometidas entre noviembre de 2011 y febrero de 2012. En sede judicial, ésta objetó –entre otras cosas- el monto de la condena recibida y logró un fallo favorable a su posición y adverso a la forma en que DyPC interpretaba el inciso a) del artículo 16º de la Ley 941.

Sobre el fallo, ya en detalle, el 31 de octubre de 2016, la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario recordó que "...en el art. 16º, inc. a), de la Ley 941, modificada por la Ley 3.254, se determina que la base del cálculo debe partir del ‘sueldo básico de la menor categoría de los encargados de casas de renta y propiedad horizontal sin vivienda’. La Dirección tomó como base el sueldo básico de aquellos encargados permanentes sin vivienda que tienen como lugar de trabajo un edificio de cuarta categoría (es decir, un edificio ubicado en la menor categoría). Sin embargo, según la propia letra de la norma mencionada debe tomarse como base el sueldo básico de la menor categoría de los encargados -esto es, encargados no permanentes- y no la menor categoría del edificio".

De esta forma una multa que en su momento se determinó en 58.260 pesos se redujo a 30.670 pesos.

El 5 de septiembre de 2017, Defensa y Protección del Consumidor elevó una consulta a la Procuración General sobre la legalidad o no, de aplicar el criterio de la Sala 3 para el resto de los administradores sancionados.

El fallo que permitió a la Sala 3º reconsiderar el monto de las multas nació del análisis del inciso a) de artículo 16º de la Ley 941. Este textualmente reza: "Sanciones: Las infracciones a la presente ley se sancionan con: a) Multa cuyo monto puede fijarse entre uno y cien salarios correspondientes al sueldo básico de la menor categoría de los encargados de casas de renta y propiedad horizontal sin vivienda.".

Sin embargo en el proyecto de ley original que se debatió en la Legislatura porteña el 11 de noviembre y el 3 de diciembre de 2002 ordenaba: "Sanciones. Las infracciones a la presente ley se sancionan con: a) Apercibimiento; b) Multa cuyo monto puede fijarse entre uno y cien salarios mínimos correspondientes al sueldo básico del encargado de casa de renta y propiedad horizontal sin vivienda". En este texto se puede apreciar que existió la figura del apercibimiento y que la definición de la unidad de multa difería de la actual.

Fue Jorge Ricardo Enríquez (UCR) quien eliminó el apercibimiento y modificó la definición "fina" de la unidad de multa a los infractores. Durante el debate en particular de cada uno de los artículos propuso dos modificaciones:

"Señor presidente: simplemente, quiero señalar que el bloque de la Unión Cívica Radical va a solicitar dos modificaciones para este artículo. Una en el inciso a) y que se relaciona con el apercibimiento, por entender que esta sanción resulta inocua, como hemos visto en otros ámbitos, habiendo sido eliminadas algunas otras sanciones semejantes como las amonestaciones en materia educativa y, a la luz de los resultados poco felices que han tenido, en materia contravencional.

"En segundo lugar, quiero señalar que vamos a solicitar una modificación en el inciso b), porque quizás por una redacción un tanto apresurada se ha incluido una multa, cuyo monto puede fijarse entre uno y cien salarios mínimos correspondientes al sueldo básico del encargado de casas de renta y propiedad horizontal sin vivienda.

[...]

"Vamos a solicitar que, en lugar de uno a cien veces el sueldo -como figura aquí: "el salario"-, la multa tome en consideración los salarios mínimos promedios de estas ocho categorías. Porque cada categoría de las ocho existentes tiene un salario mínimo. Es decir que la propuesta es tomar el salario mínimo promedio de las distintas categorías que conforman el marco de los encargados de casas de renta y propiedad horizontal".

Luego de la intervención de otros legisladores en el debate Enríquez redondeó:

"Señor presidente: el inciso b) quedaría redactado de la siguiente manera: ‘Multa: cuyo monto puede fijarse entre uno y cien salarios mínimos correspondientes al sueldo básico…’ aquí insertaríamos la siguiente frase: ‘de la menor categoría de los encargados de casas de rentas y propiedad horizontal sin vivienda’.

Y así se votó 

Proponen modificar seis artículos de la Ley 941

[BPN-10/10/17] El 11 de septiembre, una legisladora porteña presentó un proyecto de ley para cambiar seis artículos de la Ley 941 que en 2002 creó un Registro Público de Administradores (RPA) en la Ciudad de Buenos Aires. De prosperar la iniciativa se agregarán más requisitos para poder inscribirse en el RPA, no podrán matricularse los inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, los interesados podrán consultar cualquier dato consignado en los requisitos de inscripción, el acceso a los datos de las Declaraciones Juradas (DDJJ) será gratuito y público mediante el sitio web del Gobierno de la CABA, se adaptó la renovación de administrador a lo normado por el Código Civil y Comercial de la Nación y se estipuló que las sanciones contra el administrador deben constar durante dos años.

El proyecto es de autoría de Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica). Ingresó a la Legislatura local con el número de expediente 2529-D-2017.

La iniciativa –de ser aprobada- agregará al aspirante a trabajar como administrador profesional en esta Ciudad cuatro nuevos requisitos para ser matriculado:

1.- La nómina de trabajadores en relación de dependencia con que cuenta el administrador y las respectivas constancias de cumplimiento de las obligaciones previsionales en el último año. Del mismo modo deberá presentar constancia del cumplimiento de las obligaciones impositivas en el último año, en caso de corresponder.

2.- La nómina de consorcios administrados, indicando domicilio de los mismos, detalle de compañía aseguradora, número de póliza de cobertura, y copia de la misma.

3.- El certificado de libre deuda de impuestos expedido por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).

4.- El certificado de libre deuda expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM).

El proyecto, no sólo exige en el artículo 4º el certificado de libre deuda del RDAM sino que en el artículo 5º reitera que es un impedimento para inscribirse figurar en él.

Actualmente la Ley 941 establece que "el Registro es de acceso público, gratuito, y debe estar disponible para su consulta en la página web del Gobierno de la Ciudad". A este texto los autores de la iniciativa agregaron: que cualquier interesado "puede informarse respecto a la totalidad de los requisitos e informes exigidos en el artículo 4º de la presente, así como de las sanciones que se hubieren impuesto en los últimos dos años".

Este artículo detalla todos los datos que anualmente deben presentar los administradores en sus DDJJ. Los autores del proyecto agregaron que estos informes serán "de acceso público, gratuito, y deben estar disponibles para su consulta en la página web del Gobierno de la Ciudad".

Este artículo había sido declarado inconstitucional por el Tribunal Superior de Justicia porteño. Los jueces argumentaron que los cómputos de las mayorías necesarias para la renovación del administrador colisionaban con el Código Civil y Comercial que rige desde agosto de 2015.

La autora de la iniciativa propuso un nuevo texto para adecuar la norma local con la legislación de fondo: "El administrador, salvo disposición en contrario establecida en el Reglamento de Copropiedad y Administración de cada consorcio, tendrá un plazo de hasta un (1) año para el ejercicio de su función, pudiendo ser renovado por la asamblea ordinaria o extraordinaria, con la mayoría establecida en el mencionado Reglamento, o en su defecto por mayoría absoluta de conformidad con lo establecido por el artículo 2060 del Código Civil y Comercial de la Nación. Puede ser removido antes del vencimiento del plazo de mandato con la mayoría prevista a tal efecto en el párrafo anterior".

Por último, la Ley 941 actualmente establece que "concluidas las diligencias sumariales, previo informe final del instructor, la autoridad de aplicación dicta resolución definitiva dentro de los veinte (20) días hábiles. La misma será publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

A este párrafo Lago propone agregar a continuación: "y en caso de aplicarse sanciones, las mismas deben ser constar en el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal hasta dos años después de haber sido impuestas".

Como dato curioso en el texto del proyecto, por un error de tipeo, se propuso reemplazar el artículo 20º por el 16º que se ocupa de un tema totalmente distinto: las infracciones a la Ley 941.

La autora aclaró que "la finalidad del proyecto de ley [...] es realizar diferentes mejoras en la norma en cuestión con el objetivo de asegurar el ejercicio del derecho de los habitantes de consorcios de propiedad horizontal, de acuerdo a su carácter de consumidores y usuarios de bienes y servicios, de contar con toda la información necesaria para elegir a los administradores" 

Casi 5 mil porteños piden que bajen las expensas

[BPN-10/10/17] Durante la primera semana de septiembre, Sergio Abrevaya, candidato a legislador porteño por 1País, inició un petitorio de cinco puntos para bajar las expensas. A las tres semanas de haberla comenzado ya había conseguido la adhesión de 4.859 porteños ^[1]. La petición está dirigida a Mauricio Macri, en su calidad de presidente del país, y a Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gobierno porteño. El mensaje a estos funcionarios es muy escueto: "¡Que bajen las expensas!".

Sintéticamente el proyecto de Abrevaya propone: un mayor control de los administradores de consorcios; la quita del 21% del IVA en las tarifas de gas, luz y agua para los consorcios; que los consorcistas puedan participar de las negociaciones paritarias con el SUTERH en lugar de los administradores de consorcios; que el Gobierno de la Ciudad deje de cobrar tasas innecesarias por registraciones anuales o por cada control que hay que hacer en los edificios y, finalmente, que los inquilinos puedan participar con más fuerza de las asambleas de consorcistas.

Para promocionar su petición Abrevaya produjo un video de un minuto y quince segundos en el cual cinco referentes de entidades de consorcistas expresan cuáles son los principales reclamos de los consorcistas y lo difundió el 26 de septiembre por su sitio en Facebook "Consorcios, expensas y administradores".

Su compañero de fórmula Matías Tombolini, candidato a diputado nacional representando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompaña a Abrevaya en la concreción de este programa teniendo en cuenta que la quita del IVA en las tarifas de los servicios y la participación en paritarias son temas que caen en la órbita de la Nación.

Lucila: "Firmo porque estamos en una situación difícil económica y ‘ellos’ no se dan por enterados, además de ser caras, todos los meses viene con aumento, y los jubilados no recibimos aumento todos los meses".

Guillermo: "[Firmo] porque son carísimas y no participamos en las paritarias. Nos tenemos que acomodar siempre a lo que otras partes decidan siendo que pagamos nosotros".

Rosa: "Todos unidos en el logro de tener servicios y expensas justas".

Lydis: "Están más caras las expensas que los alquileres. Como propietaria NO es justo que tenga que bajar el alquiler por expensas y no es rentable. Como inquilina las expensas son un robo y la gente se muda por culpa de las expensas no por el alquiler".

Héctor: "La primera pregunta que hace quien intenta comprar un departamento es el importe de las expensas para saber si las podrá afrontar. Esto es así desde hace no demasiado tiempo. ¿Qué está pasando...?"

Julio: "Muchos jubilados tienen que vender sus departamentos conseguidos a través de muchos años de trabajo por no poder pagar las expensas con lo que cobran de jubilación. ¡Se debe hacer algo y pronto!

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[1] Esa cantidad de adhesiones fueron las registradas al momento de producir esta nota: el 5 de octubre.

[2] UCRA: Unión de Consorcistas de la República Argentina.

[3] FeDeCo: Federación de Asociaciones de Consorcios.

[4] ADEPROH: Asociación Civil de Defensa al Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal RA.

[BPN-11/10/17] Si bien hace sólo seis meses venció el plazo para la presentación del Registro de Empleadores por el año 2016, recientemente se implementó un nuevo Registro de Empleadores on line, el que deberá ser cumplido por todos los empleadores con domicilio legal o establecimiento en la Ciudad de Buenos Aires.

El ingreso de los datos requeridos se realizará a través de la plataforma de tramitación a distancia (TAD) creada por el Decreto 429/GCBA/13, y para hacerlo se deberá contar con Clave Ciudad.

TAD (Trámites a Distancia) es una plataforma que permite realizar trámites ante la Administración Pública de manera virtual desde una PC, pudiendo gestionar y llevar el seguimiento de los mismos sin tener que acercarse a una mesa de entrada.

Además de brindar información sobre el personal dependiente, será necesario adjuntar copia del último formulario F.931 y la inscripción ante AFIP, como así también datos sobre los libros laborales.

Se estableció para el vencimiento el siguiente cronograma:

Si bien la fecha de vencimiento de la mayoría de los consorcios operará en el mes de diciembre, se sugiere no dejar para último momento la obtención de la Clave AGIP.

Estimado Director de Pequeñas Noticias:

En relación a la propuesta de cinco puntos para bajar las expensas, ¿por qué siempre recae el manto de sospecha acotando "Mayor control del Administrador" como unos de los puntos?

Se me ocurrió que muchos de los administradores que trabajamos en forma normal no dispondremos de una posibilidad de baja alguna, es decir, para nuestros consorcios serían sólo cuatro puntos. Qué lástima seguir explicándole a la gente que si bien no se rompe nada, aumentan sueldos, servicios, materiales, exigencias, libritos, sellados, control roedores, obligaciones, etc. Por ende, la expensa aumenta y el administrador debe defender su honorario en una asamblea, tal como si fuera un disco romano, todos contra uno. Después dicen que resolvemos acerca de los sueldos del personal, cuando no podemos resolver dignamente nuestros honorarios.

También me pasó por la cabeza que si la propuesta es de la "oposición", podrían destacar con luces de colores todos los atropellos económicos que vienen sufriendo los consorcistas y proponer que el GCBA devuelva el costo de libros que se debían tener, pero no se sabía cómo usarlos y después quedaban sin uso, y tantas otras cosas. Es una lástima que se limiten a mirar al futuro, sin poner blanco sobre negro lo que se hizo mal. Digo para que no lo repita otro. Además se evalúe o investigue la responsabilidad de quienes recaudaron dinero de los consorcios a cambio de nada. Si son oposición, lo menos que les pedimos es que nos aviven.

Los administradores somos ciudadanos que votamos, pagamos impuestos y sufrimos junto con el resto de los ciudadanos los abusos de la clase política, sin contar con una oposición de turno poco responsable, que sin saber sigue dándole al administrador.

Es una actividad, ni siquiera una profesión. Que todos se autoadministren y listo, o que un delegado comunal –es decir, un político honesto- lo haga, alguien que se desempeña en la justicia. Claro, que no estén procesados ni tengan fortunas que no pueden justificar. Gente nueva, que los de siempre se retiren a disfrutar la que hicieron.

Me tomo el atrevimiento que se toman periodistas que parecen serios, como también políticos con propuestas y público en general: todos en la misma bolsa.

Justicia lenta no es justicia y los políticos que se hacen ricos en cuatro años no pueden ser bien vistos. Por favor, que baje la impunidad.

Estimado Francisco:

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