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Proyecto de resolución porteño el programa de electromovilidad
[BPN-15/11/26] El pasado 2 de noviembre, los legisladores Matías Barroetaveña y Noemí Geminiani (Fuerza por Buenos Aires) presentaron en la Legislatura porteña un proyecto para que el Poder Ejecutivo responda 17 preguntas vinculadas al programa Electromovilidad Porteña y a los consorcios de propietarios. Uno de los objetivos de esta iniciativa es potenciar la expansión de estaciones de carga eléctrica para vehículos automotores. Mientras que Geminiani se desempeña como trabajadora de edificios, secretaria adjunta del SUTERH y cosecretaria de Estadísticas y Registros de la CGT, Barroetaveña es director del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) -entidad vinculada al Grupo Octubre y dirigida por Víctor Santa María (SUTERH)-, exsecretario de Empleo de la Nación, profesor de la UBA y politólogo. Ocho de las consultas corresponden específicamente al programa, cinco están relacionadas con el Código de Edificación y las obras en espacios comunes, y cuatro se enfocan en seguridad y convivencia. El proyecto, que cuenta con dos artículos (uno de ellos de forma), ingresó por mesa de entradas bajo el número de expediente 3433-D-2026 y será girado a la comisión de Planeamiento Urbano.Programa Electromovilidad Porteña El proyecto apunta a conocer cómo avanza la implementación del programa oficial en los consorcios. En ese sentido, exige al Ejecutivo que detalle si existen políticas de fomento para instalar puntos del Sistema de Alimentación del Vehículo Eléctrico (SAVE) y cuál es el estado actual de las estaciones habilitadas frente a la cantidad de autos eléctricos que circulan por la Ciudad. Asimismo, busca saber cuántos edificios ya incorporaron esta tecnología y cuántos trámites de habilitación pasaron por el sistema de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), especificando los aprobados en total. Otro eje central es la seguridad técnica de las instalaciones. El texto requiere conocer qué controles se aplican para garantizar que los tableros y las conexiones cumplan con la normativa vigente y sean colocados exclusivamente por electricistas matriculados. A esto se suma un pedido para saber si el Gobierno recibió denuncias de vecinos que cargan sus vehículos en tomacorrientes comunes o en redes no preparadas, o si debió intervenir ante accidentes derivados de estas prácticas. Por último, se indaga sobre si se elaboraron proyecciones del crecimiento del parque automotor y si se evalúan líneas de financiamiento, incentivos o acuerdos con las distribuidoras eléctricas para facilitar las obras en los edificios residenciales. Código de Edificación y obras en espacios comunes En lo relativo al Código de Edificación y a las intervenciones en los espacios comunes, la iniciativa busca determinar si el Ejecutivo proyecta reformas para adecuar la infraestructura de los inmuebles. Específicamente, se requiere información sobre pautas de superficie, ubicación, ventilación y accesibilidad, además de consultar cómo se armonizarán estas propuestas técnicas con las mayorías y exigencias previas del Código Civil y Comercial de la Nación. También se consulta sobre el criterio normativo previsto para los casos en que el cargador se ubica en una cochera privada pero sus conexiones obligan a atravesar zonas comunes de la finca. A la par del marco regulatorio, el pedido de informes pone el foco en la capacidad operativa de la infraestructura existente y en el control estatal. Por ello, se solicita precisar si se realizaron estudios técnicos para evaluar el impacto de cargas simultáneas de varios vehículos en un mismo consorcio y la necesidad de incorporar sistemas de gestión dinámica de potencia. Por último, se pide al Gobierno que rinda cuentas sobre las fiscalizaciones efectuadas en los edificios, detallando la cantidad de inspecciones, los incumplimientos detectados, las intimaciones cursadas y las sanciones aplicadas. Seguridad y convivencia En materia de seguridad y convivencia consorcial, la solicitud indaga si el Gobierno porteño elabora propuestas para regular seguros específicos que cubran los riesgos de los cargadores, tales como incendios, daños o la actualización de las pólizas integrales existentes. Asimismo, se pide precisar si se prevén herramientas técnicas para medir y asignar de manera individual el consumo eléctrico de cada usuario, como submódulos de medición o interruptores inteligentes con registro en tiempo real que eviten que el gasto recaiga sobre las expensas comunes. Por último, el proyecto exige precisiones sobre los aspectos operativos y de emergencia. Solicita información sobre los protocolos elaborados junto a Bomberos, las condiciones de ventilación, la accesibilidad para equipos de rescate, los sistemas de corte rápido y la gestión de riesgos de las baterías. Para cerrar, se consulta si se confeccionaron guías para los administradores sobre documentación técnica, trámites de autorización, mantenimiento periódico y distribución de gastos. Fundamentos Como antecedente, se recordó que en diciembre de 2008 se sancionó la Ley 2930 (Plan Urbano Ambiental) que promueve tecnologías para reducir emisiones y alcanzar una ciudad carbono neutral para 2050. Asimismo, se señaló que en septiembre de 2025 se creó el programa Electromovilidad Porteña con el objetivo de potenciar la expansión de estaciones de carga. Sin embargo, el texto advierte que el crecimiento de autos eléctricos particulares plantea desafíos en los edificios de vivienda multifamiliar que exceden la mera regulación eléctrica. Las organizaciones consorciales enfrentan dilemas respecto a las condiciones de carga, el uso de espacios comunes, el sobreconsumo de energía y las pólizas de seguro adecuadas. Por estos motivos, se presentó el proyecto de resolución para conocer el estado de situación y evaluar las medidas necesarias a fin de orientar el curso de acción futuro. |
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